Por Ana T. Lorenzo, especial para Causa Popular.- Después de una década y media, el neoliberalismo educativo dejó una herencia que pone en riesgo la existencia de un sistema nacional de educación y la posibilidad de apropiación del conocimiento por parte de los argentinos.
Uno de sus rasgos más persistentes del modelo heredado es la imposición de un lenguaje que sigue campeando en los discursos oficiales, en cursos de perfeccionamiento docente, en ámbitos académicos y en los medios de comunicación acríticos, todos cooptados por el paradigma neoliberal.
Conceptos como “oferta educativa”, “demanda educativa, “producto”, “usuario de la educación”, “gestión educativa”, “auditoría pedagógica”, “monitoreo”, “agenda” y la ya famosa tríada “calidad-eficiencia-equidad”, entre muchos otros, se imponen como saber experto.
Esconden su correspondencia con el marco teórico propio de las reeditadas teorías del capital humano, típicas del desarrollismo sesentista que, actualizadas en los noventa por el Banco Mundial, consideran a la educación un servicio susceptible de ser comprado y vendido en el mercado, como sin tapujos se establece en los preacuerdos del ALCA.
Pero junto a estas burdas expresiones, aparecen otras mucho más seductoras y pedagogizadas que eran patrimonio de las pedagogías críticas: descentralización, autonomía, autogestión… En el marco de la destrucción del estado, la descentralización se convirtió en fragmentación y desintegración de la nación; y la autonomía y autogestión en escuelas de privilegio para los pudientes. ¿Podrían los miles de pobres cada vez más empobrecidos acceder a ese mercado en el que las propias comunidades deberían construir sus escuelas?
En este discurso único desapareció la didáctica, hoy tildada de conductismo; está escindida esta noble disciplina que interrelacionaba teorías del aprendizaje, epistemología del conocimiento y metodología de enseñanza.
Para el Banco Mundial, que ha reemplazado a la otrora prestigiosa UNESCO en la formulación de políticas educativas, la calidad se obtendría proveyendo “insumos” como televisores y computadoras; no interesa la cantidad de alumnos que se amontonan en un aula, ni el salario docente que nunca se recuperó ni las condiciones de hambre y miseria de las que provienen cada vez mayor número de niños y jóvenes.
La autodenominada “transformación educativa”, implementada como aplicación de la Ley Federal de Educación, provocó un sistema educativo anarquizado, anómico, desigual, que no generó más federalismo sino más desintegración. Funcionan al menos nueve formas de estructura del sistema, varias formas de concebir a la “educación general básica”; las diferencias curriculares son abismales entre provincias aún al interior de cada una y de cada ciudad o barrio.
Cuanto más pobre es el contexto, más funciones asistenciales para la escuela y, por lo tanto, más abandono de su función específica cual es la transmisión crítica del conocimiento. Se condena, así, a otra pobreza más: la de conocimiento. Durante 2005 se consolidó este vaciamiento con la aprobación de los “Núcleos de Aprendizaje Prioritarios” (NAP) por parte del Ministerio y del Consejo Federal de Educación que legalizan una educación para pobres…
Múltiples otros problemas nuevos generó esta transformación. Menor acceso al pensamiento abstracto, negación de aquellos saberes fundamentales para la nación, dificultades no sólo en la lectoescritura sino en la expresión oral cotidiana. Un nuevo tipo de desertor, aquel chico o adolescente que va dos o tres veces por semana a la escuela, que va a comer, que no está en el aula, que pierde sus útiles, que no está aprendiendo; pero no engrosa la cifra de desertores -pésima palabra que intenta esconder a la víctima de la injusticia– …
Se desmotivó la tarea docente; se exige que los maestros y profesores sean “profesionales” pero no se les permite la toma de decisiones, se los responsabiliza de los resultados sin considerar el contexto y se los condena a la pobreza con un salario abonado con cifras no remunerativas ni bonificables casi en la mitad. ¿Cómo pueden recuperar su papel de trabajadores intelectuales con infinidad de horas de clase, sin acceso a libros ni diarios y sin disponibilidad horaria de actualizar su disciplina?
Esta “transformación” ni siquiera cumplió sus escasas y tibias promesas: no se universalizó el nivel inicial ni la educación general básica; pero tampoco se destinó el 6% del PBI para educación, lo que la reciente Ley de Financiamiento Educativo vuelve a postergar… hasta el 2010.
Sin embargo, la resistencia de padres y docentes logró que tampoco el neoliberalismo pudiera cumplir sus mandatos últimos: no se pudo arancelar la universidad argentina, no se pudo municipalizar la educación, no se pudo estimular “la competencia interinstitucional de los establecimientos educativos”, no se pudieron imponer los “contenidos básicos comunes”, no se pudieron cerrar gran parte de los institutos terciarios formadores de docentes… No todo está perdido…
Pocas veces en nuestra historia se registró tal unanimidad: es imprescindible derogar la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior porque son el símbolo político-educativo de una época a superar. Si hubo voluntad y decisión de derogar las leyes de impunidad, ¿qué se espera para hacer otro tanto con las de educación?
Se trata de un momento fundacional de la educación argentina. Otra política educativa para una educación nacional, popular y democrática. Don Arturo Jauretche decía que “hay que volver a la realidad para hacer un sano inductivismo a fin de encontrar nuestras propias categorías de análisis y construir nuestras propias teorías”. En educación, significa la elaboración de una pedagogía nacional que construya respuestas propias a los problemas educativos de nuestro pueblo.
Difícilmente, esta construcción la podrán hacer quienes fueron ejecutores, corresponsables, inspiradores o no críticos de la “transformación educativa” y que, como arte exquisito de transformismo, hoy afirman su antineoliberalismo discursivo mientras mantienen sus canonjías.
