El Derecho garantizado para la niñez anunciado por Scioli esta semana implica un ingreso por hijo que aun dista mucho de ser universal y, mucho menos, suficiente. La posibilidad de que los niños y los jóvenes tengan otra relación con la política y la cosa pública, está condicionada por un accionar que los segrega y señala como un potencial riesgo para la sociedad.
Para profundizar el debate acerca de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, es menester abrir la mente y mirar más allá de los pibes.
Mientras Scioli y parte de su gabinete ponen piloto automático y repiten el mismo discurso vacío, mediático y aterrorizante, que solo logra que la gente mire de reojo a los pibes de la esquina, la Policía Federal encuentra en un allanamiento a un grupo de mexicanos y tres policías bonaerenses en amigable encuentro.
Un ex comisario y dos suboficiales de la otrora mejor policía del mundo se encontraban en una propiedad allanada por los federales, donde había 750 kilos de cocaína. Lo más sorprendente del caso es que los bonaerenses estaban dentro, los mejicanos sentados en una mesa y no había ningún elemento que permitiera comprobar que estuvieran realizando un allanamiento, como manifestaron: ni computadora, ni máquina de escribir, ni hojas, ni esposas, ni orden del juez, ni nada que hiciera presumir que estuvieran realizando un operativo en un lugar donde una banda de narcos estaban al cuidado de una fortuna.
Alrededor de la droga
Cuando el ministro de Seguridad y el gobernador manifiestan que la droga hace estragos entre los jóvenes, deberían poner el ojo en su propio equipo y no en los barrios más pobres de la provincia. El llamado flagelo de la droga es en realidad un enorme comercio regenteado no por humildes pobladores de las villas, sino por barones entrelazados con sectores vinculados al poder.
Los jóvenes, sin proyecto ni destino, optan por las sustancias tóxicas no para hacer negocios, sino para evadirse de una realidad que los aplasta y los condena al destierro en su propia tierra, al desprecio de quienes los quieren fuera del mapa, y de los gobernantes cuya obsesión permanente es ir un paso delante de los medios masivos, cosa que nunca logran.
Pareciera que las políticas públicas deberían responder a las exigencias de cierta opinión formateada por intereses diversos a los de la sociedad, receptora de las iniciativas del Estado para resolver sus problemas y necesidades. Así, un par de notas sobre delitos cometidos por niños inimputables o el escándalo mediático provocado por ciertos desmanes de un grupo de púberes en los alrededores de la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, provocaron un discurso sumamente peligroso por parte del gobernador, en lugar de instalar la problemática de la niñez desde la perspectiva de los derechos humanos y la responsabilidad del Estado por la promoción y protección de sus derechos.
Las respuestas facilistas son para la tribuna, no resuelven el fondo de la cuestión e instalan un debate pobre.
Ante cualquier hecho público, como el suicidio de dos jóvenes o el estado de los lugares de detención, el ministro Arroyo recurre siempre a la misma receta: 120 millones más al presupuesto y 120 cargos para cubrir necesidades operativas en las instituciones bajo su dependencia. Nadie que conozca la provincia y el estado actual del área responsable de las políticas de niñez cree seriamente que eso resuelve los problemas.
En la provincia de Buenos Aires habitan niños y adolescentes con carencias profundas, producto de políticas antipopulares y el constante vaciamiento y fragmentación de las áreas de gobierno que deberían trazar alguna política publica al respecto. Y como la historia no comenzó con Scioli, haremos un breve repaso de que fue lo que sucedió en la provincia en los últimos 10 años.
2001 y después…
Desde el año 2001 en adelante, con la transformación del ex Consejo del Menor en Subsecretaría, la provincia comenzó a vaciar el área de recursos, reduciendo su presupuesto y bajando su jerarquía institucional. De ser un organismo con rango ministerial, con las ventajas administrativas que esto supone y la autonomía que esto conlleva, pasó a ser un área dependiente de un ministerio, una segunda línea.
Este proceso no fue casual, ya que se inició luego del veto del entonces gobernador Carlos Ruckauf a la ley 12.607 cuyo espíritu pionero fue criticado por los sectores más conservadores argumentando que era un ley para Suiza, por sus características y el presupuesto necesario para su implementación.
La estrategia fue conformar una subsecretaría de Minoridad que se limitaría a atender casos, las demandas de los jueces de menores y el control social represivo del Estado a través de la internación. El organismo se transformo en una especie de mostrador, donde llegarían los niños y las niñas a pedir por sus derechos perdidos. A partir de fines del año 2002 este proceso se concretó sin grandes sobresaltos.
Hoy, la tendencia vuelve a profundizarse. La enorme cantidad de vacantes para detención de adolescentes infractores no logró parar la ingente demanda judicial de alojamiento, estando el sistema nuevamente colapsado a pesar de la apertura de 5 centros cerrados en poco más de 5 años. A partir del debate sobre la baja de la imputabilidad, el gobernador propuso crear más centros: sabemos cuál será el resultado de esa iniciativa.
¿Por qué la provincia de Buenos Aires, a pesar de la aprobación de las leyes 13.298 y 13.634, no tiene un organismo rector que trace las políticas públicas dirigidas a toda la niñez? ¿Por qué recién ahora, luego de varios años de aprobadas las normas, el Gobernador Scioli anuncia un incremento presupuestario por demás escaso?
Dirigir la política económica hacia las necesidades sociales, la focalización de las políticas hacia los sectores más castigados por la pobreza, y la puesta en marcha de políticas de cobertura universal, son deudas de la provincia con su pueblo. Amplios sectores políticos y sociales demandan soluciones de fondo y la imperiosa necesidad de que el Estado se ponga los pantalones largos.
La posibilidad de que los niños y los jóvenes tengan otra relación con la política y la cosa pública, está condicionada por un accionar que los segrega y señala como un potencial riesgo para la sociedad. La derecha blanca con pasado negro apunta bien: el Estado debe socializar las pérdidas de las empresas y los grupos de poder, pero no compartir sus éxitos. Los pobres, pobres son. La intervención estatal solo los acostumbrará a la vagancia.
En lugar de frases efectistas y soluciones imposibles, los gobernantes deben atender las demandas y problemas de su pueblo. Ya no desde el mostrador del clientelismo y la beneficencia, encubiertos con discursos vacuos e intangibles, sino yendo hacia donde están las necesidades, porque donde hay una necesidad existe un derecho.
