Dios se lo pague

El caso de las coimas del senado cumplió seis años y a pesar de todos los pronósticos en contra de su esclarecimiento, ya pasó a juicio oral y si la Justicia logra probar que Fernando de la Rúa compró con fondos públicos el consenso del PJ para conseguir una ley laboral a la medida de las exigencias del FMI, quedará en evidencia la debilidad original con la que comenzó el gobierno de la Alianza, el mismo que el 20 de diciembre de 2001 dejó 30 muertos luego de la rebelión popular que obligó a Fernando de la Rúa a huir de la Casa Rosada en helicóptero.

Tras pedir la elevación a juicio oral del caso, el fiscal Federico Delgado destacó en su dictamen la relevancia histórica de la causa que desató el principio del fin del gobierno de De la Rúa. Hay nueve procesados por el delito de cohecho.

Delgado calificó al pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral, en 2000, como «la crisis más aguda de la vida institucional» argentina «desde la salida democrática» de 1983 y sostuvo que esos hechos ocurrieron «en el centro neurálgico en el que los representantes del pueblo debían (y deben) reunirse a deliberar».

«Más claro: se trata de un hecho que ocurrió en el Parlamento y en la Presidencia, o sea en los centros donde ‘vive’ la democracia en su versión liberal, porque allí debaten, mejor dicho debían debatir, los representantes del pueblo», dijo Delgado al solicitarle al juez Daniel Rafecas que eleve a juicio esta causa, en la que están procesados seis ex senadores y tres ex funcionarios de la administración delarruista.

Delgado hizo esas apreciaciones en un dictamen -contenido en 54 carillas- donde le solicitó a Rafecas que eleve a la instancia del debate oral y público la parte del expediente que concluyó con los procesamientos del ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique; del ex titular de SIDE durante aquellos años, Fernando de Santibañes; del «arrepentido» Mario Pontaquarto y de seis ex senadores.

Los ex parlamentarios con procesamientos confirmados por la Cámara Federal y listos para ir a juicio son el radical José Genoud (Mendoza) por «cohecho activo» (pago de los sobornos al igual que los ex funcionarios); y los justicialistas Augusto Alasino (Entre Ríos), Emilio Cantarero (Salta), Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro) y Ricardo Branda (Formosa), por «cohecho pasivo» (cobro de las coimas).

Tal como se preveía, el fiscal respondió con celeridad a la «vista» que le dio Rafecas tras clausurar la investigación por el pago de alrededor de cinco millones de pesos-dólares para la aprobación de la ley de reforma laboral.

Con una minuciosidad que lo caracteriza desde el comienzo del caso, el fiscal comenzó su presentación con los datos de filiación de los imputados y aclaró que, en todo su extenso dictamen, hizo la distinción «entre el hecho y sus actores», tras afirmar que «la inspección histórica durante la investigación se dirigió, y se dirige, a desentrañar un hecho que está relacionado con la cosa pública».

En uno de los primeros párrafos de su dictamen Delgado anticipó cuál será el temperamento que adoptará a lo largo de todo el trabajo al sostener que el hecho juzgado originó «la crisis más aguda de la vida institucional de la República Argentina desde la salida democrática del 10 de diciembre de 1983».

«No se puede entender esta causa sin hablar de política, porque aquí se comprobó la compra de una voluntad política. Se trató, en definitiva, de un hecho que involucró a actores institucionales en el proceso de sanción de una ley. Es imposible, entonces, abstraerse de los quehaceres políticos de la época, porque hacerlo sería desnaturalizar la investigación», explicó.

Delgado habló de «pacto ilegal» entre los integrantes del Ejecutivo y los legisladores al aludir la «acción concreta que guió el devenir histórico del proceso, expresada fríamente en un cohecho, una coima, un soborno».

En ese sentido, explicó que consiste en «cualquier cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otro». Se trató, dijo, «de una suma de dinero que se dio para que algunas personas actuaran de una manera que, a priori, no era la pensada».

También hizo historia al señalar que «a partir del 23 de agosto del año 2000, desde la fiscalía no aceptamos como verdadero que esta causa estaba edificada sobre un mero ‘rumor’ que escondía una vulgar operación política», sino que «seguimos los segmentos que luego unimos como un todo más complejo».

El fiscal recreó cómo se sucedieron los hechos y recordó, casi con ironía, la reunión del 4 de abril de 2000 «en la casa de gobierno de la República Argentina, ubicada en Balcarce 50 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, aproximadamente al término de la mañana o al mediodía» en un «despacho del primer piso, que era el que corresponde al Presidente de la Nación».

Tras narrar los hechos «en su aspecto material y simbólico», Delgado citó todas las pruebas reunidas en el expediente (indagatorias, testimonios, entrecruzamiento de llamadas y pericias) y dedicó el tramo final al análisis de la «intensidad y gravedad de los hechos» que exigían «apartarse del clásico en virtud de los expuesto y por encontrar finalizada la instrucción la fiscalía solicita que se eleven a juicio …'».

En esa línea sostuvo que «es realmente muy difícil cerrar una presentación de estas características», entre otros elementos, por «las posiciones que ubicaban los imputados en términos institucionales y los restantes condimentos que los rodean» y enfatizó que «el dictamen satisface los requisitos legales y, sin embargo, es como que ‘algo falta’ y no sabemos bien dónde está anclada esa ‘ausencia'».

Para el fiscal Federico Delgado -quien aseguró que De la Rúa cedió a la propuesta del ex senador radical José Genoud de sobornar a la bancada del PJ para obtener un nuevo régimen laboral- el gobierno del radical debía «satisfacer» reclamos del FMI porque necesitaba asistencia financiera y, además, debía mostrar fuerza frente a la aplastante mayoría parlamentaria del peronismo.

Delgado acusó al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, al «arrepentido» Mario Pontaquarto y a seis ex senadores como partícipes de un acto de corrupción que habría costado 5 millones de dólares al erario público.

Para sorpresa de la prensa, Delgado no apela en su dictamen a la jurisprudencia ni las citas de juristas sino a filósofos, escritores y teóricos literarios. Desde el fallecido filósofo francés (en realidad nació en Argelia) Jacques Derrida hasta el desaparecido escritor argentino Rodolfo Walsh son citados en el dictamen de Delgado, que no logra profundizar sobre el pensamiento de ninguno de los teóricos que menciona pero construye un relato contundente y detallado sobre el escándalo por el reparto de coimas.

El fiscal reclamó que el caso sea ventilado en un juicio y es posible que, cuando los acusados enfrenten finalmente a un Tribunal Oral, pueda determinarse qué sucedió en torno al trámite parlamentario de la Reforma Laboral.
«El gobierno debía demostrar que era factible gobernar con un poderoso bloque opositor en el Senado», razonó el fiscal. Y agregó: la administración «del presidente De la Rúa, para poder emitir decisiones autoritativas, necesitaba de la oposición peronista en el Senado (…) Esto significa que toda iniciativa trascendente debía ser consensuada por el bloque del PJ. Este extremo fue reconocido por el propio De la Rúa el 5 de junio» pasado, cuando declaró ante el juez Daniel Rafecas bajo cargos de cohecho.

Delgado recordó que al iniciar las sesiones parlamentarias del 2000, De la Rúa enunció: «merezco la oportunidad que el pueblo me dio en las urnas de implementar mi plan para superar la crisis». No fue la última vez que pidió apoyo al PJ sin obtenerlo. Lo hizo en su último día en el gobierno y terminó renunciando en el sangriento preludio de una crisis que aun no ha terminado de resolverse.

Indudablemente el texto del fiscal Delgado es la muestra patente de que esa crisis late en las catacumbas de la estructura del Estado y para desarticularla no hacen falta citas de jurisprudencia, sino denuncias con nombre y apellido, aun cuando fuera mejor no hacerlo, tal como pasó en este caso.

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