La víspera de Nochebuena quedó marcada por una fuga masiva de detenidos de la Alcaidía N° 9 de Liniers. En esta ocasión, 17 personas lograron escapar, dejando al descubierto una vez más las graves deficiencias de un sistema carcelario que parece colapsar entre la negligencia, una infraestructura obsoleta y una gestión que prioriza la imagen sobre las soluciones estructurales necesarias para garantizar seguridad y justicia. Una fuga que se suma a las ocurridas recientemente en Barracas y Pompeya, las cuales terminaron de concretar la salida del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, además de provocar un reordenamiento en las cúpulas responsables de las comisarías y alcaidías.
Mientras tanto, el cierre de la semana estuvo marcado por otro anuncio desde la sede del Ejecutivo porteño: el desdoblamiento de las elecciones locales de las nacionales. El jefe de Gobierno confirmó la convocatoria para el 6 de julio, fecha en la que se renovarán 30 de las 60 bancas legislativas. Esta medida, presentada como parte de una supuesta «reforma política», incluye la suspensión de las P.A.S.O. y ocurre en un contexto de evidente retroceso del PRO. Las tensiones con el Gobierno nacional y la familia Macri, como la negociación de ciertos dirigentes históricos con el presidente, exponen la fragilidad en el territorio que dio origen a la fuerza amarilla.
Hasta hace poco, el desdoblamiento electoral era cuestionado por el propio oficialismo porteño, calificándolo como un gasto innecesario y señalando las incomodidades que generaba para la ciudadanía. Pero en este caso, el cambio de estrategia busca evitar que La Libertad Avanza capitalice el descontento social y limite las posibilidades del oficialismo en la Ciudad. Lo que se presenta como una medida pragmática pone en evidencia la falta de atención de la gestión hacia las verdaderas preocupaciones de los vecinos y las vecinas.
El jefe de Gobierno justificó esta decisión asegurando que permitirá «discutir los temas y prioridades de la Ciudad». Resulta llamativo que, tras 17 años de gestión, la idea de una “agenda local” se introduzca como si fuera una novedad. Durante casi dos décadas, la administración priorizó el protagonismo nacional por encima de los problemas cotidianos de quienes habitan Buenos Aires.
En una muestra más de la ofensiva de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, presidenta del partido en el distrito y líder del bloque en la Legislatura, trazó un paralelismo entre la decisión actual y la tomada por la exgobernadora María Eugenia Vidal en 2019 en la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces, Jorge Macri respaldó esa medida considerándola «una decisión acertada, por encima de cualquier especulación electoral».
En los últimos meses, la Legislatura porteña abordó temas que habían quedado rezagados, entre ellos la Ley de Enfermería. Por un margen mínimo de un voto, se aprobó la iniciativa impulsada por el bloque oficialista, que buscaba incorporar a los licenciados a la carrera profesional mediante un régimen especial de empleo. Por su parte, desde el peronismo, Confianza Pública y la Izquierda presentaron una alternativa basada en las demandas del sector, quienes exigían ser incluidos en la Ley 6.035, que regula a médicos y a otras profesiones. Fuera del recinto, asociaciones gremiales fueron reprimidas.
En este mes, también se trató la extensión del boleto educativo universitario y la reforma del Código Urbanístico. Este último, impulsado por la movilización independiente de vecinos, reveló los efectos negativos de la reforma de 2018, que autorizó la construcción de edificios altos en barrios de casas bajas. Los resultados son visibles: pérdida de la identidad barrial, el daño estructural en edificios que sufrieron movimientos, la reducción de espacios verdes y una crisis habitacional marcada por miles de departamentos vacíos, consolidando el fenómeno de la vivienda ociosa.
A esto se suma el tratamiento del presupuesto, que, en una sesión maratónica, expuso nuevamente las tensiones internas del oficialismo. Sin contar con los votos necesarios, recurrieron al apoyo de Ramiro Marra, quien condicionó su respaldo a un recorte de 500.000 millones de pesos, anunciado públicamente a través de un tuit. Ya no sorprende, sino que viene a reafirmar una dinámica extorsiva y confrontativa donde las decisiones claves sobre políticas públicas parecen resolverse más en las redes sociales que en los espacios institucionales.
Los problemas más sentidos en la Ciudad, que no necesitan encuestas para evidenciarse, se escuchan en la calle, en los colectivos o en charlas cotidianas. Encabezan esta lista la acumulación de basura en los espacios públicos, la inseguridad, la inaccesibilidad a la vivienda y el deterioro del sistema de subte. Con sus seis líneas, la mayoría construidas en el siglo pasado, el subte de Buenos Aires, que alguna vez fue un ejemplo pionero en la región, hoy enfrenta una preocupante falta de expansión, tarifas excesivas y vagones en condiciones deplorables.
La Ley 670 de la Legislatura porteña, sancionada el 8 de noviembre de 2001, proyectó la construcción de las líneas F, G e I, un horizonte que, más de dos décadas después, sigue sin materializarse. Mientras tanto, la línea B, una de las más congestionadas del sistema, sufre los efectos de una postergación crónica en la licitación de nuevos coches. Problemas como la presencia de asbesto, sarna, alacranes y el colapso del servicio en horas pico evidencian la crisis estructural de un sistema que, lejos de modernizarse, parece atrapado en un ciclo de deterioro y abandono.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada en la reforma constitucional de 1994, marcó un hito importante. Dejó atrás su estatus de Capital Federal, dependiente del Gobierno Nacional, para transformarse en una ciudad autónoma con sus propias autoridades y un marco institucional propio. A casi 30 años de ese logro, la autonomía plena sigue siendo una meta no alcanzada. Las demandas de los barrios, las necesidades locales y la gestión de los servicios esenciales quedan relegadas, opacadas por la centralización de las instituciones y las agendas nacionales que terminan imponiéndose sobre las prioridades cotidianas de los porteños. La Ley 1777, sancionada en 2005, nació con la esperanza de corregir esta situación. La Ley de Comunas pretendía descentralizar el poder y acercar las decisiones a los barrios, permitiendo a los vecinos y las vecinas participar en la resolución de los problemas locales.
Este desajuste entre las agendas nacionales y las demandas locales afecta directamente el bienestar individual y comunitario. El circuito de la vida cotidiana en Buenos Aires está roto. Es fundamental, entonces, recuperar la proximidad como eje de gestión. La autonomía de Buenos Aires no puede ser solo un concepto legal; debe traducirse en una verdadera descentralización que permita a los barrios gestionar sus propios problemas de forma efectiva y cercana. Recuperar la proximidad implica también reconstruir el bienestar individual y colectivo, hoy fragmentado.
Tal vez como nunca antes, el oficialismo enfrenta un momento crítico. Los gestos simbólicos que definieron su estilo ya no alcanzan para responder a las demandas reales de los porteños. La desconexión, sumada a las crisis internas, plantea una pregunta inevitable: ¿puede esta gestión ofrecer algo más que medidas reactivas y discursos tardíos? Al mismo tiempo, este escenario abre una oportunidad para la oposición. Durante años, la política local careció de trascendencia y de una oposición sólida con capacidad de gobernar. Hoy, con un vecinalismo en ascenso y tras dos elecciones donde el peronismo superó el tercio de los votos, el desafío es construir una fuerza capaz de trascender lo conocido. Sin embargo, el desgaste del oficialismo no garantiza un cambio de mando: ese paso dependerá de una oposición que logre articular algo más amplio y ambicioso.
