Derechos humanos en Uruguay: La escalera

Por Semanario Brecha, gentileza para Causa Popular.-

Llegar al “nunca más” de los crímenes de lesa humanidad es una construcción paciente, perseverante, y fundamentalmente diaria. Para ello, parece, hay que subir una escalera empinada, resbaladiza, con la baranda rota, o quebrada adrede. En 2005 se pudo subir el primer peldaño y comenzar a transitar paulatinamente por el gran escalón. Ahora, con un pie apoyado en la verdad, el otro debe llegar hasta la justicia. Escalón harto difícil para las costumbres uruguayas. El movimiento del pie no puede ser brusco ni tosco. Y es mejor que los que (ahora) tienen las herramientas apropiadas ajusten las tuercas de la escalera.
Lo bueno de esta escalera es que si verdaderamente se alcanza el segundo peldaño, el tránsito entre un escalón y otro se vuelve fluido: de la verdad a la justicia, y de allí a la memoria y al nunca más.

Esta semana varios abogados y organizaciones identificadas con la lucha por los derechos humanos decidieron que -juntos- tratarán en 2006 que efectivamente llegue el día de la justicia. Lloverán las denuncias.

Todos los casos de secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, aun los que nunca fueron denunciados, serán presentados o re-presentados. Se apuntará a la responsabilidad de las jerarquías, a quienes dieron las órdenes, a quienes pergeñaron los operativos, a quienes mataban y hacían desaparecer desde sus escritorios. Si bien con el paso de este largo tiempo de impunidad han muerto -de muerte natural- muchos de los represores más connotados, otros continúan vivitos y coleando. Y hay dos altamente simbólicos: el ex dictador Gregorio Álvarez y el ex director del Servicio de Información de Defensa Iván Paulós.

Pero el escalón de la justicia es más amplio. Allí caben todos los juicios que aún no se resuelven y los que se han archivado.

El entablado a Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución o, junto a su canciller Juan Carlos Blanco, por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. O el proceso contra Manuel Cordero -que algún día un juez uruguayo deberá dignarse a perseguir allí donde esté-, o los casos en que aparecen involucrados José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, Ricardo Medina Blanco, José Arab y tantos otros que dieron órdenes de secuestrar, asesinar y apropiarse de hijos de desaparecidos.

– Herramientas. Hasta ahora, salvo excepciones, los magistrados -jueces y fiscales- han mirado para otro lado cada vez que les han llegado casos de crímenes de lesa humanidad. No sólo no los abordan de oficio -como debería ser su obligación cuando se ventilan hechos de apariencia delictiva o que rompen los ojos- sino que tampoco reabren procesos archivados aunque las pruebas sean contundentes.

Ya en 1997 se había denunciado la realización de una “operación zanahoria” en los batallones 13 y 14. Un juez, Alberto Reyes, quiso investigar, pero le cortaron las barandas, y por las dudas le marcaron el camino por otra escalera. Y dejó de ser juez penal.

Ocho años después aparecieron cuerpos en el Batallón 13.
Ahora la jueza Aída Vera Barreto puede reabrir el expediente.

¿Caminará de motu proprio por la escalera de la verdad y la justicia?

Los restos hallados en esa dependencia del Ejército no corresponderían, según los trabajos comparativos realizados por la Policía Técnica, con los de las siete personas actualmente desaparecidas que según el el arma de tierra fueron allí enterradas.

Un análisis similar se realiza ahora en Córdoba para ratificar o no esa conclusión de los técnicos uruguayos. Familiares de detenidos desaparecidos entienden que la lista del Ejército no es correcta o está incompleta. Por ello exigirán que se practique el estudio con todas las muestras pertinentes correspondientes a quienes estuvieron detenidos en el 13 hasta su cierre como centro clandestino de detención en 1977. ¿Qué hará la justicia?

Las recientes declaraciones del nuevo comandante de la Armada, Juan Fernández Maggio, sobre la posible destrucción de archivos en esa arma, no motivaron la intervención de oficio de magistrado alguno. El abogado Gustavo Salle se presentó como un ciudadano más y pidió que se investigue el tema. ¿Se destruyeron o no esos archivos?

Si fue así, ¿quién dio la orden? ¿Por qué? Esas serán algunas de las respuestas que el nuevo jerarca naval deberá brindar a la jueza Fanny Canessa y a la fiscal Ana María Telechea.

Los tribunales y la Suprema Corte de Justicia (scj) deberán enfrentar en las próximas semanas otros casos. La scj tendrá que decidir, por ejemplo, si habilita la extradición a Chile de los militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli, y Wellington Sarli por delitos relacionados con el homicidio del ex agente de inteligencia de la dictadura chilena Eugenio Berríos. Éste, asesinado en 1992 en Uruguay, era testigo clave de varios crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. La justicia uruguaya jamás averiguó qué pasó.

– La corporación, llegado el momento, deberá explicar igualmente por qué sostuvo que había cosa juzgada en el caso de la desaparición de María Claudia García -nuera del escritor Juan Gelman- y del secuestro y supresión de identidad de su hija Macarena.

Los jueces uruguayos nunca han aplicado las normativas internacionales en materia de delitos de lesa humanidad, que proteghen los derechos fundamentales de la persona cualquiera sea su país y tienen preeminencia sobre la ley de caducidad.

Esa es otra materia pendiente, esta vez del Parlamento y del partido de gobierno, que este mes debe decidir si mantiene la impunidad o anula la ley que aún protege a los criminales de la dictadura. Las herramientas están en manos de gobernantes, legisladores, jueces y fiscales. Sólo les falta ponerse el overol para fortalecer la escalera.

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