De la Redacción de ZOOM. La educación chilena es, otra vez, centro de debate. Tras el escándalo por supuestas irregularidades en la designación de subvenciones escolares y la posterior acusación constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste, en las últimas semanas se sumaron nuevos reclamos que ponen en jaque el consenso que desde el Ejecutivo se pretende demostrar en torno al sistema educativo nacional.
La acción con mayor repercusión fue el llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) a una movilización nacional que se realizó el miércoles 26 de Marzo y que terminó nuevamente con la represión de 3500 manifestantes en Valparaíso y 11 estudiantes detenidos. Las movilizaciones tuvieron lugar también en distintas regiones del país. La marcha pacífica de los alumnos de la Universidad de Tarapacá finalizó con 17 detenidos, entre ellos 8 menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres en el transcurso de la tarde, mientras que los 9 adultos también fueron dejados en libertad. En Antofagasta, el líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, llegó hasta el frontis de la intendencia en la Plaza Colón para solidarizarse con el movimiento. Con un megáfono arengó a unos 200 estudiantes de las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, a los que se sumaron alumnos de enseñanza media. En la Región del Biobío cerca de 1.300 estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción, se adhirieron a las movilizaciones. Además, estudiantes secundarios se unieron a la manifestación.
La demanda nacional de los universitarios estuvo enfocada a exigir al gobierno terminar con la privatización de la educación en Chile. Apuntaban, por un lado, contra la implementación y fijación de tarifas de la Tarjeta Nacional Estudiantil, pidiendo como resolución la unificación de criterios sobre las tarifas para todo el país y la modificación de los decretos correspondientes. Por otro, contra las especificaciones no cumplidas de la Ley General de Educación, y el informe entregado por el Consejo Asesor de Educación Superior a la Presidenta que deja sin resolución temas tan relevantes como el lucro en las Universidades. La impugnación a este informe, según declaró el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, José Piña, se basa en que “si bien esta comisión se formó para hacer cambios estructurales a la educación superior, solamente está tomando ideas vagas sobre los cambios que se quieren hacer. El documento hace una evolución del sistema actual, pero no propone cambios”.
A ese clima convulsionado se sumaron el llamado del Colegio de Profesores a la conformación de la Asamblea Nacional por la Educación Pública que integran el Colegio de Profesores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la CUT, dirigentes universitarios y secundarios, y parlamentarios, solicitando a la Presidenta Bachelet que retire el proyecto de Ley General de Educación «para corregir el rumbo».
Todos estos sucesos dan cuenta de que el pacto entre el gobierno, la Alianza y la Concertación no resolvió la discusión sobre el modelo educativo chileno. El debate queda pendiente.
Fuentes: Informativo – Foro Latinoamericano de Políticas Educativas
Diarios La Estrella de Arica, La Nación, La Tercera, El Centro, El Sur de Concepción.
