En recientes artículos publicados en diferentes medios se insistió una vez más en el carácter deficiente del sistema universitario argentino. Si bien algunos argumentos y problemas son totalmente legítimos, no obstante los autores concluyen que la salida para los mismos radica en la instalación de limitaciones de distinta índole y en la presentación de experiencias internacionales privatizadoras como soluciones “mágicas”. Todo ello sumado a las modificaciones en un sentido de corte restrictivo por parte del Gobierno Nacional al programa PROGRESAR.
En esta ocasión queremos advertir sobre un discurso utilizado sobre el ámbito de la educación, y en particular universitaria, que construye lo que llamaremos una demagogia limitacionista y meritocrática. Si en la demagogia punitiva la mano dura es la madre de todas las soluciones, en el discurso que analizaremos el arancelamiento, la restricción, los incentivos al esfuerzo individual, se transforman per se en soluciones para un sistema subsumido en un desastre apocalíptico reinado por la ineficiencia, obviamente de acuerdo a la imagen que proponen sus apologistas.
En primer caso nos referimos a la nota: «¿Cupo para las carreras superpobladas en las universidades públicas?» de Marcelo Zlotogwiazda. La noticia parte de una afirmación: hay carreras superpobladas y carreras con poca matrícula. Ambas comparten la baja tasa de graduación. Las carreras con escasos estudiantes son aquellas que estarían vinculadas a la posibilidad de dinamizar el desarrollo de nuestra nación. Por lo tanto, ante un sistema que mal asigna los recursos, se propone la solución de los cupos para orientar la matrícula hacia carreras prioritarias. Esto nos lleva a preguntamos: ¿es lícito discutir hoy una política de estas características, cuando, basándonos únicamente en los niveles de endeudamiento externo que promueve el Gobierno Nacional, podemos inferir que no hay ningún tipo de desarrollo soberano como horizonte? Ante esta ausencia, ¿qué criterios se utilizarán para asignar estos cupos? En segundo término, dicha política deja sin resolver uno de los problemas centrales de nuestro sistema, como por ejemplo las altas tasas de deserción. Por todas estas razones, hoy afirmar una política de cupos como solución no hace más que nutrir la demagogia limitacionista que propone el Gobierno Nacional como cara amable del ajuste.
La demagogia limitacionista y meritocrática es la que inspiró los cambios en torno al PROGRESAR. Si bien el gobierno ya había anunciado que las universidades nacionales eran ineficientes, ahora se suma que la Beca PROGRESAR estaba siendo otorgada a estudiantes que no avanzaban en sus carreras. Razón por la cual se propone un giro “meritocrático”. Nadie podría estar en contra de que se premie a quien tenga un buen rendimiento académico, pero no deberíamos confundir excelencia con buenas notas, ni esfuerzo con terminalidad de la carrera. Dado que los estudiantes universitarios en nuestro país en su mayoría trabajan o tienen familia o hijos a cargo, estas otras responsabilidades de los estudiantes son la causa de la deserción o de la extensión de los estudios en el tiempo. Tengamos en cuenta que hace unos años gracias a un proceso de democratización universitaria, no sólo acceden a la misma la clase media urbana, sino también los sectores populares. Digamos que tanto aquel que obtiene buenas notas y lleva en los plazos estipulados la carrera se esfuerza tanto como aquel que debe dedicarse a un conjunto de responsabilidades como las que mencionamos y que entonces se ve obligado a demorar sus estudios. ¿Quién tiene mayor mérito? En función de esta realidad un programa de becas desde el Estado debe ser un elemento que debería afirmar la equidad y no aumentar las desigualdades existentes. Ya que el factor económico se encuentra ligado a la posibilidad del inicio de los estudios o su continuación, en el marco de una política económica que tiene como efectos el deterioro del poder adquisitivo de los argentinos, centrar una programa de becas en los avances de la carrera irá en contra de aquel proceso de ampliación de la matrícula universitaria. Va de suyo que estos cambios impactarán negativamente también en el abandono y la baja de la tasa de egreso en el mediano plazo.
En función de estas consecuencias, nos interrogamos ante qué política del mérito y el esfuerzo estamos: ¿cuál sería el mérito de convertir en profesional al hijo de profesionales, de convertir en doctor al egresado del colegio preuniversitario? Es decir, para algunos sujetos el inicio y finalización de una carrera universitaria forma parte de una trayectoria inscripta en determinada situación socio-económica. Lo cual no significa que no existan esfuerzos individuales, pero no sólo debemos circunscribir el mérito a lo individual o a la excelencia entendida en términos de notas. No sería más pertinente que logremos pensar una lógica del mérito hermanada con la de igualdad, en la cual el mérito sea poder revertir las trayectorias signadas por la desigualdad socio-económica, mérito de la sociedad, sus instituciones y los individuos. Los nuevos cambios en el PROGRESAR avanzan en un sentido contrario.
No queremos dejar de mencionar dentro de estos discursos el de la nota publicada en Clarín por Daniel Muchnik hacia fines de enero. Allí se pregunta si aún sigue siendo un tabú arancelar la universidad. En medio de ello rinde un homenaje a la Reforma en sus consecuencias igualadoras, pero advierte el autor que con el tiempo los principios decantan o se transforman. Así nos invita a conocer un mundo, el de la universidad, en decadencia: suciedad, ausencias de docentes, presencia de ideologías de enfrentamiento. Un panorama fatal, a lo que suma que el déficit crónico del Estado obliga a que las universidades piensen salidas novedosas, como por ejemplo, que “pague el que pueda”. En el fondo nada muy novedoso. Antes que nada es menester recordar declaraciones de índole regional, así como en nuestra propia ley que afirman el carácter de derecho que tiene la educación superior. Hechas estas aclaraciones, recordamos que defendemos el carácter desarancelado de la educación porque creemos que es una herramienta de igualdad, que promueve el ingreso de miles de estudiantes. Por lo tanto, el arancelamiento no es un tabú, defendemos el carácter desarancelado, es decir de una educación financiada por el Estado, porque creemos que quienes allí se forman colaborarán en su desarrollo profesional con el engrandecimiento de la Nación. Plantemos la vigencia del carácter desarancelado porque se trata de una herramienta que construye igualdad en una sociedad signada por la desigualdad.
Para concluir, la demagogia limitacionista y meritocrática empalma con aquellas imágenes hollywoodenses donde solo con el esfuerzo individual alcanza para triunfar en un mundo de injusticias. Como hemos visto, esto llevado al marco de las políticas educativas lleva a una lógica antidemocrática que barre con las políticas de inclusión y ampliación de la universidad. Menudo homenaje le realizarán a la Reforma quienes amparados en esto introduzcan más dolores y menos libertades en nuestras universidades.
