Por ello, en este Primero de Mayo, día en que se celebra la lucha por la conquista de los derechos de los trabajadores -que hoy se ponen en juego junto al futuro de la patria, creemos que es fundamental una mayor inversión en el sistema universitario, en ciencia y en tecnología. Es necesario redoblar los esfuerzos para crear un país desarrollado con justicia social, donde todos los trabajadores puedan ejercer sus derechos y nos mantengamos en la senda de la construcción de una patria más justa, libre y soberana.
En la Argentina, la universidad pública se encuentra estrechamente ligada al conjunto de los trabajadores de nuestra patria debido, principalmente, a dos hechos históricos fundamentales: la creación de la Universidad Obrera Nacional, hoy devenida en la Universidad Tecnológica Nacional, y el decreto de gratuidad promulgado por el presidente Juan Domingo Perón en 1949. Estas medidas permitieron que las universidades públicas en nuestro país tuvieran una gran cantidad de hijos de trabajadores. De estas circunstancias deriva que más del 50% de la población estudiantil universitaria sea de primera generación, número que asciende a más del 90% en las universidades del conurbano bonaerense. La realidad indica, con toda claridad, que la universidad pública es el principal motor de ascenso social, tanto individual como colectivo, en nuestro país. Es por eso que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen un fuerte compromiso en la defensa del sistema universitario público.
En línea con lo dicho, el pasado 23 de abril se llevó adelante una gran marcha universitaria que tuvo dimensiones históricas. Fue una manifestación que movilizó a cientos de miles de trabajadores docentes y no docentes universitarios, autoridades de las casas de altos estudios de todo el país, estudiantes, y también a gran parte de la ciudadanía de nuestra patria en general. La magnitud de lo ocurrido en esa jornada muestra el gran acompañamiento que tiene nuestra lucha por la universidad pública, no arancelada, de calidad e inclusiva de nuestro país, atributos muy preciados que la mayor parte de la sociedad entiende que deben ser defendidos de quienes pretenden destruirlo.
Ahora, en las vísperas de un nuevo Primero de Mayo, no hay mucho que celebrar en nuestro país, pero sí mucho por lo que redoblar los esfuerzos de la lucha. Al momento de escribir estas líneas, en el Congreso de la Nación se trata una ley denominada “ómnibus”, que atenta principalmente contra los derechos de los trabajadores. El intento del gobierno nacional de imponer una reprimarización de la economía, o sea, ser meros exportadores de materias primas sin valor agregado (reducido a minerales en el norte, alimentos en el centro y energía en el sur) generará una sociedad donde menos del 1% de los argentinos disfrutarán de esa riqueza. Las grandes mayorías populares quedarían sistemáticamente excluidas de esos beneficios. Nosotros, desde el arco nacional y popular, estamos en vereda opuesta: proponemos un modelo donde esas materias primas y esos commodities se transformen en productos con valor agregado, en productos manufacturados, procesados y elaborados, que generen riqueza para nuestro país. A partir de allí, fomentar un modelo de inclusión social donde los trabajadores gocen de derechos y salarios dignos.
En las antípodas, el modelo que intenta llevar adelante el presidente de la Nación, Javier Milei, apoyado en las endebles bases económicas del denominado anarcocapitalismo, no es más que una forma de asegurar la libertad y los derechos únicamente a los poderosos, relegando a todo el resto de la población a sucumbir ante sus designios y deseos. Dentro del dudoso y fragmentario esquema que proponen, uno de sus preceptos para el ámbito educativo está vinculado al homeschooling, que fue planteado ya en la primera ley ómnibus enviada al Congreso de la Nación. Este proyecto proponía que a partir de los 9 años, los niños y niñas pudieran estudiar desde sus hogares. Se siguen aquí los planteos de la escuela austríaca y los preceptos de su mentor, Friedrich Von Hayek, quien llega al límite de decir que no tiene que haber regulación estatal sobre la educación y que, por el contrario, son las familias las que deben decidir sobre la educación de sus hijos sin ninguna interferencia por parte del Estado. Así, serían los padres quienes podrían decidir qué es lo que estudian sus hijos, de qué manera lo estudian o, incluso, si estudian o no. De estas ideas se (mal)nutren algunos de los personajes que componen La Libertad Avanza cuando proponen que tal vez haya familias que “necesitan a sus hijos en el taller” y que “no pueden darse el lujo” de mandarlos a estudiar. Este discurso, que puede confundirse con una ficción distópica, retrata, en cambio, la realidad de las infancias y las sociedades de los siglos pasados, y coincide con los anhelos expresados sin ningún tipo de pudor por el Gobierno acerca de volver a la Argentina de mediados y finales del XIX. Volver, en definitiva, a un sistema de explotación absoluto, con trabajo infantil, y una clase alta que concentre la riqueza. De más está decir que nosotros entendemos que volver a todo aquello no sería más que un craso atropello contra todo el cuerpo de las leyes de nuestro país; un atentado contra la mismísima Constitución Nacional.
El repudio ante este modelo de destrucción de la educación, la Universidad Pública y las áreas de Ciencia y Tecnología, ya fue expresado en los primeros días del pasado enero en un documento firmado por sesenta y ocho premios Nobel de todo el mundo, dirigido al presidente Milei. En la misiva, se expresó un absoluto rechazo al cierre del CONICET y al desfinanciamiento de la Ciencia y la Tecnología, esgrimiendo el irrefutable argumento de que los países hoy más desarrollados son los que más han invertido en Ciencia y Tecnología.
La Argentina se ha distinguido siempre por ser dentro de Latinoamérica uno de los países más justos e igualitarios. Gran parte de esto tiene que ver con el desarrollo de sus universidades públicas, de su gratuidad, su grado de inclusión social y por su desarrollo en materia de ciencia, técnica y tecnología. No es un dato menor que el CONICET se encuentre dentro de los cien organismos de ciencia y tecnología mejor rankeados (primero en Latinoamérica y muy bien catalogado en el mundo), y que la Universidad de Buenos Aires sea una de las cien mejores instituciones de educación superior del mundo, ocupando el primer lugar en Latinoamérica.
Por ello, en este Primero de Mayo, día en que se celebra la lucha por la conquista de los derechos de los trabajadores -que hoy se ponen en juego junto al futuro de la patria-, creemos que es fundamental una mayor inversión en el sistema universitario, en ciencia y en tecnología. Es necesario redoblar los esfuerzos para crear un país desarrollado con justicia social, donde todos los trabajadores puedan ejercer sus derechos y nos mantengamos en la senda de la construcción de una patria más justa, libre y soberana.
