Junto a la necesidad evidente de recuperar los salarios para lograr una más justa distribución de la riqueza, existe una opción complementaria que es la de trabajar sobre su poder adquisitivo. Es aquí donde aparecen con gran fuerza las inversiones del Estado en infraestructura, vivienda y servicios, además de las inversiones privadas, orientadas por la planificación estatal. Es posible aumentar la capacidad salarial de compra bienes y el acceso a una mejor calidad mediante mejoras indirectas.
Todo trabajador gasta una parte de su salario -hoy significativa- en llegar al trabajo y regresar a su casa, además de viajar muchas horas al mes (podemos estimar ese gasto en 6$ por día, que significan mensualmente 132$, es decir… ¡un diez por ciento de un sueldo corriente!). Este valor está moderado por el subsidio a los colectivos y a los ferrocarriles. Si esos subsidios no existieran, subiría fácilmente al doble.
Mejorar los medios de transporte -reduciendo el tiempo que se consume en viajes, aumentando frecuencias, planificando recorridos, promoviendo el uso intermodal- implica reducir su costo para el trabajador y mejorar su eficiencia, evitando faltas, demoras, cansancio, horas perdidas.
Exactamente lo mismo ocurre mediante la inversión pública en las mejoras del hábitat, desde calles y veredas a espacios verdes públicos, acceso a los servicios o la vivienda. Una familia que accede a una vivienda digna mejora su standard de vida en términos de salud, de contención y seguridad, de acceso a posibles puestos laborales, de desarrollar trabajos en su propia casa o de conservar en ella sus herramientas.
De determinadas mejoras menores en el hábitat también surgen efectos positivos. El trazado de nuevas calles y la pavimentación implican mayor accesibilidad, cercanía a los servicios de transporte, de recolección de basura, el paso de la ambulancia o el patrullero.
Los servicios públicos, en la era de la privatización, experimentaron una cierta mejora global pero en un encarecimiento y en consecuencia en la pérdida de acceso para los sectores más pobres o alejados geográficamente.
Actualmente el gobierno ha conseguido mantener pesificados y fijos los costos de agua, electricidad, gas y transportes. Esta ciclópea lucha tiene una importancia muy notable en la economía de los pobres. Basta imaginar una sociedad con los servicios privatizados con tarifas dolarizadas, tal como se propuso pocos años atrás.
Esta posición del gobierno, que es una pieza importante del actual esquema económico, no es suficientemente valorada por aquellos que dependen mucho de estos servicios, no sólo los pobres sino todos los industriales, productores agrarios (aquellos que no tienen sus mercados cautivos) que hoy mantienen costos de energía, transportes, impuestos, pesificados y congelados, lo que les permite ser competitivos, exportar y competir en el mercado interno con productos importados.
Es importante iniciar un proceso enérgico para ampliar el acceso a los servicios. No se trata solamente de las tarifas, sino también del diseño de la extensión de redes, que en la década pasada privilegió la ampliación en la “ciudad rica”, dejando sin acceso a los barrios de menor poder adquisitivo. El “servicio universal” incluido en la mayoría de los contratos de concesión no se ha verificado en la realidad sino que generó un modelo de contraposiciones entre barrios con servicios y redes y muchos otros que dependen del bombeador para el agua (con un alto consumo eléctrico y baja calidad del agua), del pozo negro (con desagotes periódicos, con gastos periódicos y riesgo sanitario), del gas en garrafas (mucho más caro que el de red e inseguro) y hasta de teléfonos celulares cuyas llamadas cuestan doce veces mas caro el minuto que el teléfono fijo.
Territorios fragmentados
Un elemento central del actual modelo regresivo de distribución se verifica en la falta o la oferta insuficiente de equipamiento comunitario para salud, educación, esparcimiento, etc. Tales carencias agregan costos cotidianos muchas veces imposibles de cubrir para los sectores populares.
La mala calidad de la enseñanza pública lleva a realizar enormes sacrificios para pagar servicios de educación privada, postergando otros gastos, o simplemente para pagar el traslado hacia una escuela en una zona “mejor”, que no por casualidad tiene mejor nivel de enseñanza o de atención médica.
La falta de seguridad limita horarios, impone el remise y otros gastos que no existen en una ciudad segura.
La provisión deficiente de infraestructura y servicios no sólo afecta a los más pobres: la productividad, o competitividad, de las empresas, es fuertemente determinada por la infraestructura y los servicios. Aun proyectos importantes de grandes empresas se demoran o desestiman por la falta de infraestructura adecuada o por la incidencia del costo para proveerla. La accesibilidad a una fábrica o un establecimiento rural condiciona fuertemente su competencia: un acceso rápido seguro, y continuo son condiciones que favorecen la producción.
El sobrecosto de los peajes y los impuestos a los combustibles vuelve no viable la producción en lugares alejados. El peaje ha achicado el país, encogiendo la frontera agrícola. El costo de servicios irracionalmente elevado en determinados espacios geográficos desalienta la instalación de industrias (en el interior de la provincia de Buenos Aires la energía eléctrica cuesta un 200% más que en el conurbano).
La falta de ferrocarriles o accesos portuarios encarece la logística de la producción de gran parte del país, especialmente de los productos primarios, de gran volumen o peso en relación a su valor, que conforman una parte importante de nuestra producción.
Tener o no acceso al gas natural determina el aprovechamiento de producciones o ventajas locales. Cuando no se tiene gas se debe trasladar la posibilidad de producir a otros sitios con ese servicio. Esto afecta por ejemplo a actividades tales como el secado de granos, las aceiteras, secaderos de tabaco y frutas, etc. El acceso universal a electricidad, gas natural, transportes adecuados constituye una piedra fundamental para construir industrias competitivas.
Lucro y desierto
La inversión en infraestructura, vivienda y equipamiento tiene dos orígenes: el presupuesto nacional (Estado) y la inversión de empresas, concesionarios, inversores, (sector privado). En cada tema y en cada momento histórico estos vectores varían.
Sabemos que por ejemplo la inversión vial correspondió al Estado hasta la década del 90 y que a partir de entonces se redujo sustancialmente. Una fuerte proporción de lo que se hacía quedó en manos de la inversión privada en base a la concesión de los corredores viales que, mediante el peaje, financiaron el mantenimiento y extensión de caminos. Este sistema, cuyos resultados son muy cuestionados, requiere una urgente revisión, como mínimo para retomar la planificación de las obras.
En lo que hace a los servicios públicos -gas, energía eléctrica, agua, cloacas-, la privatización también derivó la inversión a la gestión privada, reforzándose entonces el sentido lucrativo de tales inversiones y la falta de intervención del Estado en la planificación. De nuevo se comprueba, al analizar el sentido de las inversiones, que éstas se han realizado casi exclusivamente en el “país rico”.
También en viviendas y equipamiento comunitario (escuelas, atención de la salud), la inversión pública fue retirándose a partir de la década del 90, incrementándose la inversión privada, fuertemente dirigida a los deciles superiores de la escala de ingresos y con una instalación física de alta concentración en el “país rico” (los centros de las ciudades, el corredor norte del Gran Buenos Aires, etc.).
Para analizar globalmente los montos de inversión, es ilustrativo tomar como referencia el período comprendido en los primeros años de la democracia (83-89) y compararlo con los años recientes. En la década del 80, la inversión publica en vivienda era del orden del 1% del PBI (lo que en valores de hoy serian cuatro mil millones de pesos), mientras que la inversión en vialidad significa otro 1% (cuatro mil millones más). También se sostenían inversiones en grandes obras de infraestructura energética -Yaciretá, Atucha 2, líneas de transmisión en alta tensión, comunicaciones, etc.-, con lo que en conjunto podemos estimar una inversión global de alrededor de un 4% del PBI.
Las políticas de equipamiento en educación, salud, y cultura por parte del Estado sumaban otro 1% del PBI.
Barranca abajo
A partir de aquellos años la inversión pública, en base a la ideología dominante (el consenso de Washington consideraba todo como gasto, sin diferenciar sueldos o la compra de papel para escribir, de la inversión en una turbina en Yaciretá), disminuyó año a año, llegando en 2001 a ser mínima.
El traslado a las provincias de muchas competencias que estaban a cargo del Estado nacional contribuyó a disminuir la inversión, mientras que los recursos en muchos casos iban a cubrir urgencias presupuestarias, sueldos y gastos corrientes.
La inversión privada tuvo una evolución cambiante. En los primeros años de la Convertibilidad, se registró un crecimiento muy importante, se construyeron gasoductos (en su mayoría dirigidos a la exportación del gas), puertos privados, se invirtió en los puertos concesionados, en comunicaciones. Todo se hizo según la racionalidad del sector privado: ganancias rápidas. Se reforzó de este modo el proceso de segregación territorial y social, el país ínfimo con ingresos del nivel de Bélgica y el inmenso país con ingresos de nivel africano.
El 2002, año de la crisis, muestra un primer semestre de virtual parálisis de inversiones publicas y privadas e inicia una firme recuperación de la inversión publica, que arranca de muy abajo (menos del 1% del PBI) para consolidar esa recuperación, en el 2003.
El presupuesto de ese año asignó 3.600 millones de pesos para vivienda, vialidad, hidráulica etc. casi un 1% del PBI, duplicado por otros ítems. La inversión privada comenzó por entonces, tímidamente, a tomar volumen. Es difícil su evaluación, pero rondó el 1% del PBI.
El 2004 mantuvo ese crecimiento. El presupuesto llegó a 5800 millones, el 1,5% del PBI, más 1% en otros ítems. Las partidas originales se reforzaron con recursos generados por la mejor recaudación, unos 2000 millones de pesos, esto es aproximadamente un 0,5% del PBI.
Ya para ese año la inversión privada empezó a ser importante -puertos, vialidad- mientras que la inversión en viviendas creció aceleradamente y lo mismo la construcción de silos, elevadores, así como renacieron industrias vinculadas a la recuperación del mercado interno y la exportación.
El 2005 significó un nuevo aumento de presupuesto -cerca de 8500 millones, más del 2% del PBI-, que además fue acompañado por mayor inversión en provincias y municipios, los cuales comenzaron a obtener recursos que excedieron el pago de sueldos y gastos corrientes, reforzando la inversión pública. La inversión privada siguió en expansión en muy variados rubros, con un panorama similar al 2004.
Una comparación histórica, leyendo lo sucedido en los años del primer gobierno peronista, genera la sensación de que estas inversiones del sector público parezcan todavía muy reducidas. Por ejemplo, en aquel período histórico, sólo en vivienda, se llegó a invertir el 5% del PBI… ¡en un año! Las cifras también son bajas comparadas con los primeros años de la democracia: recién en el 2005 se llega a los niveles del periodo 83/89.
Finalmente, el 2006 marca una consolidación de la tendencia al crecimiento de la inversión pública: el presupuesto asignado al sector llega a 13.500 millones de pesos, con el agregado permanente de partidas derivadas de otros rubros presupuestarios.
En relación con estos cambios en las políticas de inversión pública hay que tener en cuenta que la extensión de nuestro país es una ventaja y a la vez una dificultad. Si no se apoya en el desarrollo enérgico de infraestructura, el crecimiento es crecientemente difícil y caro y la justicia social con una mejor distribución del ingreso, un deseo arduo de cumplir.
Los bienes que son para el conjunto de sus habitantes (y la infraestructura es eso) hacen a una responsabilidad del Estado, quien debe planificarlos, organizar su financiamiento y controlar su gestión con una amplia participación privada en la operación y/o construcción.
Nuestra sociedad en conjunto ha aprobado y tomado el camino de una política basada en la producción. Para consolidar ese rumbo es necesario planificar y construir la infraestructura que sea el sostén de este proyecto y el modelo físico de la Nación que pretendemos construir.
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– Centro de Estudios de Infraestructura y Sociedad.
