«De esta crisis se sale con más democracia y más distribución del ingreso.»

—¿Qué cree que estaba en juego en el conflicto por las retenciones móviles? ¿Qué posibilidades abría y qué límites presentaba la medida en vistas a una creciente redistribución del ingreso?

—En estos días se ha puesto de manifiesto, nuevamente, la actitud de los grandes exportadores que en octubre del año pasado declararon cantidades inusualmente altas de granos, sin haberlas comprado, para evitar la suba de retenciones, del 27% al 35%, pero luego, cuando las compraron, le descontaron al productor el 35%. Esta cuestión, que la ley 26.351, llamada Ley Martínez Raymonda, resuelve, es más que un tema técnico y tiene una importancia política muy fuerte, porque muestra cómo los grandes exportadores son los que establecen el precio de los granos, y cómo utilizan este mecanismo para aumentar sus ganancias a costa de los productores.

Pero en ningún momento durante el conflicto con el campo, los productores y sus representantes, hicieron referencia a esta injusta cadena de comercialización a la que están sometidos. Por eso expresé en todo momento que el objetivo de este movimiento denominado “del campo» fue deslegitimar el papel del Estado como regulador de los mercados. La pérdida de rentabilidad de los productores por los comportamientos monopólicos, o por la excepcional suba de los arrendamientos no estuvo en discusión.

También puso de relieve que la decisión de redistribuir ingresos es un tema conflictivo. Porque significa quitarles a unos para darles a otros, y ello no se resuelve solamente con las retenciones móviles, sino que se requiere que toda la política económica esté en función de esa redistribución de ingresos.

—Tras la derrota de la 125, ¿qué balance hace?

—Lamentablemente, la negativa en el Senado fue un golpe a esa herramienta de distribución que son las retenciones móviles, pero el juego está abierto para seguir avanzando. El conflicto posibilitó una advocación más fuerte, desde el Ejecutivo, sobre la necesidad de redistribución de la riqueza, y en ese aspecto resulta positivo.
Hay distintas formas de redistribuir ingresos, pero las retenciones siguen siendo una forma posible y necesaria, siempre y cuando se utilice un equilibrio entre el gravamen, para que sea un efectivo recaudador de renta excepcional, y los subsidios para que compensen cuando por condiciones de tamaño o zona las rentas obtenidas son normales. Hay que incrementar la oferta de bienes, pero hay que evitar que esa oferta fomente la ya elevada concentración de los mercados: de ahí la necesidad de ese esquema. La inflación, en la Argentina de hoy, tiene que ver básicamente con la puja distributiva que se ejerce en las cadenas de comercialización, y termina quitándole ingresos al productor y al consumidor.

—¿Y qué diagnóstico respecto de lo que viene? ¿Qué otras medidas podrían llevarse adelante para continuar la avanzada redistributiva?

—Hace falta un Estado que recaude de manera significativa y que asigne correctamente. Si no se recauda y se acumula, la distribución es un eufemismo. Para avanzar en un modelo de distribución existen dos formas. Una, directa: crear más empleo, mejores salarios, combatir la precarización laboral. Otra, tomar recursos de los que tienen y reasignarlos entre aquellos que los necesitan. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de reforma tributaria no se pide sólo subir impuestos, sino también rebajar algunos, porque ésa también es una manera de redistribuir, por ejemplo, dejar de cobrar el IVA a los alimentos o a los medicamentos.

Las exportaciones del sector minero entre 2005-2007 se mantuvieron estables en volúmenes, pero significaron un 80 por ciento más en términos de valores. Si en 2005 ya eran muy rentables, hay que inferir que ahí debe haber un bolsón importante de renta extraordinaria que bien podría redistribuirse al resto de la sociedad.

Con respecto al impuesto a las ganancias, todas las rentas están gravadas, incluida la del trabajo personal. En cambio, la renta financiera está exenta, como están exentos los dividendos de las acciones de las empresas, una situación que se hereda desde Martínez de Hoz y la dictadura. Hay que eliminar esas exenciones, y hay que hacerlo respetando los criterios del mínimo no imponible y permitiendo deducciones, para que no alcance a los pequeños ahorristas que tienen en un plazo fijo el fruto de su ahorro personal. Después hay que gastar bien, con una gestión pública eficiente que pague uno lo que vale uno.

—¿Cómo cree que podría reordenarse el mapa de sustentos del Gobierno ahora que la Concertación se vio cuanto menos muy debilitada?

—En relación con el voto del Vicepresidente Cobos, puede pensarse que votar en contra del poder del que se forma parte significa una alteración de una regla fundamental, o por lo menos, plantea un conflicto. Respecto de si esto significa un fracaso de la Concertación, está por verse. Lo cierto es que el país necesita que la gobernabilidad se asiente no en la fuerza de un partido sino en una conformación política plural y amplia donde puedan expresarse las diferencias de opiniones y puedan lograrse equilibrios básicos. Es una búsqueda necesaria y que no resulta de fácil concreción. El gobierno tiene que construir un plan que sea consecuente con sus definiciones. Si se quiere avanzar en la distribución del ingreso, porque se considera que ése debe ser el eje de la política, debe hacer aquellas cosas necesarias para hacerla posible.

—¿Cómo interpreta el rol jugado por el presidente del Partido Justicialista y ex Presidente de la Nación?

—No creo que la clave sea que deba tener menos protagonismo. Su paso a la conducción del PJ puede tener dos lecturas. Se puede decir que es un alejamiento a la posibilidad de construir esa transversalidad de la que se hablaba, pero también puede preguntarse qué habría pasado si el PJ hubiera quedado en manos de quienes hoy aparecen como opositores. Por eso digo que la asignatura pendiente está hacia adelante: la cuestión sobre la cual se debe reflexionar es si será este PJ que preside Kirchner capaz de ampliarse, en sus contenidos, en sus formas, en su relación con otras fuerzas políticas, para poder efectivamente construir un espacio plural y transversal.

—Y más allá del Gobierno, ¿En qué circuitos y con qué asignaturas básicas cree que puede llevarse adelante un proyecto de país más equitativo?

—Un conjunto de personas pertenecientes a diversas organizaciones y movimientos hizo un llamado público diciendo que de esta crisis se sale con más democracia y más distribución del ingreso. Yo sigo creyendo que, efectivamente, es así. En este conjunto estamos aquellos que no formamos parte del PJ ni del gobierno pero compartimos una cantidad de cosas que tienen que ver con rumbos o políticas que se han adoptado, entre ellas las retenciones móviles. Nosotros, desde el origen, nos hemos definido como autónomos no confrontativos, y por eso estamos en libertad de decir qué política apoyamos y cuál no. Somos críticos, por ejemplo, del proyecto del tren bala, del mal manejo del Indec y reclamamos que se le dé la personería jurídica a la CTA. Pero estamos de acuerdo con el trazo grueso de gran parte de las políticas llevadas a cabo. Se requiere construir una serie de acuerdos desde la base, con pluralidad y amplitud de opiniones, pero que apoyen el modelo de redistribución del ingreso y los cambios necesarios para sostenerlo.

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