Todo un país se encuentra sensibilizado por la desaparición de Loan Danilo Peña (5 años), luego de diez días de haber sido secuestrado mientras estaba en la casa de su abuela, con su padre, uno de sus tíos, y otros adultos, en un paraje rural de 9 de Julio (una localidad del interior de Corrientes). Teniendo en cuenta los rastros del chiquito hallados en vehículos de algunos de los asistentes a un almuerzo que pretendía ser en honor a un santo y, donde se lo vio por última vez a Loan, a esta altura, se debe hablar sin eufemismos de un “secuestro”.
A estas horas, mientras punteamos esta nota, ya es noticia confirmada y oficial que uno de los detenidos por el hecho, el ex capitán de navío de la armada, Carlos Guido Pérez, se quebró y pidió “negociar” con la justicia su declaración este lunes 24, en fiscalía. De ratificarse el secuestro del niño, restará por conocerse –antes que nada— dónde está Loan (e inmediatamente operativizar su rescate sano y salvo) y el por qué o para qué del delito cometido, además de quiénes son todos los involucrados. Mientras tanto, la ausencia, o peor aún, la complicidad por acción u omisión del Estado nacional y, sobre todo del provincial, es demasiado evidente y llamativa.
Todas las sospechas están puestas sobre tres de los seis detenidos por la desaparición de Loan: el capitán retirado Carlos Guido Pérez; su pareja, la funcionaria municipal María Victoria Caillava; y el comisario de la policía local, Walter Maciel. Éste último, muy complicado a partir de los dichos del intendente del lugar, Sebastian Ynsaurralde, quien sorprendió fuertemente al pedir a través del canal Crónica en Vivo: “que revisen a la policía” y, rematando luego entre sus declaraciones, “no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa porquería”. Todo eso delante de una gran parte de la comunidad local que había marchado hasta el domicilio del jefe comunal el miércoles 19 de junio, cuando ya habían pasados seis días de la desaparición. Llamativamente Ynsaurralde no consideró “oportuno” hablar antes. ¿No quiso? ¿No pudo? ¿Lo dijo y no lo escucharon, o no le convenía decirlo mucho antes?
Hasta el pasado viernes cuando ya habían transcurrido ocho días de la desaparición, los únicos tres detenidos con prisión preventiva bajo la imputación de “abandono de persona” por la ya descartada hipótesis de que el chico se había extraviado, eran: Bernardino Benítez, un tío político del nene, Daniel “Fierrito” Ramírez, y Mónica del Carmen Millapi. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento las investigaciones por la causa eran exclusividad de la justicia provincial representada en la fiscalía a cargo de Carlos Castillo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, y del fiscal Guillermo Barry de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC). También, hasta aquí, la búsqueda y las pesquisas eran conducidas por integrantes de distintas divisiones de la policía provincial, la misma fuerza sospechada fuertemente de estar involucrada en esta desaparición y, en otros graves casos de corrupción y tinte mafioso ligados a asesinatos, violaciones, desapariciones, torturas, asaltos, misteriosos suicidios del poder más parecidos a magnicidios, narcotráfico, secuestros con fines de trata y explotación sexual, y atracos entre otros innumerables delitos denunciados y comprobados que mayormente gozan de “muy buena impunidad” garantizada desde el poder político de la provincia.
Detallamos la conducta de la fuerza policial como así también de la justicia, entendiendo que en esta provincia feudal ambas instituciones son extremadamente obsecuentes y dependientes del poder político de turno, una como fuerza de choque y mano de obra para trabajos sucios y, la otra, a los fines de oficiar como simple escribanía de los designios impuestos por la alianza gobernante ECO + Vamos Corrientes, que capitanea la Unión Cívica Radical de continuo desde hace ya más de un cuarto de siglo. De hecho, desde el 2001 hasta la actualidad, todos los gobernadores fueron puestos por la UCR: Ricardo Colombi 2001-2005, Arturo Colombi 2005-2009, Ricardo Colombi 2009-2017, Gustavo Valdés 2017-2025, sumados a los dos años desde finales de 1999 hasta el 2001, a manos de los radicales cordobeses, con Ramon Mestre a la cabeza, de la intervención federal dictada por la presidencia de Fernando de la Rúa.
No es una ocurrencia o un simple capricho que hagamos hincapié en la descripción del manejo político que impera en la provincia y sus consecuencias, ya que los tres últimos detenidos en esta causa y, quienes aparentan estar muy involucrados en el hecho, están bastante ligados al gobierno de Gustavo Valdés. De hecho, María Victoria Caillava, quien hasta el viernes antes de ser detenida estaba a cargo de la Secretaria de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, aparece en innumerables fotos de recorridas y campañas políticas junto a Valdés y otros funcionarios, debido a que ella es dirigente de la alianza oficial que tiene el manejo del poder institucional en la mayoría del territorio provincial. Caillava acredita otrora militancia política en varios de los tantos partidos provinciales aliados del gobierno y, casualmente, en los últimos tiempos habría decidido convertirse en referente de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei. ¿Acaso será por eso que el gobierno nacional hasta el momento no ha demostrado mayor interés en involucrarse en la desaparición de un niño de cinco años?
No fue recién hasta este domingo que la responsable de la cartera de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, se expresara sobre el caso –a través de redes sociales— más en modo de justificación ante la critica y el reclamo de todo un país que demanda involucramiento y determinación en el caso por parte del Estado nacional, ante la enorme desconfianza depositada en el manejo del Estado provincial. Casualmente, las conducciones de ambos estados están ligadas fuertemente en lo político, ya que han sido socios en las presidenciales del año pasado, lo que permitió el desembarco de Milei en la rosada. Además, hasta el día de hoy, Valdés ostenta su alineamiento con el dueño de Conan.
¿Negligencia, desidia o incapacidad?
Sumado a la falta de interés y participación por parte del gobierno nacional –ya sea porque sucedió a más de mil kilómetros de la Capital Federal o por los costos políticos que pueda generar según más se conozca sobre el hecho y quienes están involucrados, teniendo en cuenta la sociedad política entre Milei y Valdés— resulta demasiado sospechoso el accionar de la justicia, la policía, y los funcionarios provinciales encargados de garantizar seguridad.
Desde el inicio, la investigación en manos de instituciones provinciales estuvo plagada de decisiones que no aplicacaron los procedimientos protocolares claves y de manual en este tipo de circunstancias. Estos no parecieran haber sido errores, sino más bien maniobras de encubrimiento. Enumeramos por caso algunas de las situaciones irregulares:
La investigación desde un comienzo estuvo a cargo del comisario Walter Adrian Maciel, el mismo jefe policial hoy detenido por estar fuertemente sospechado de ser parte de la red que permitió el secuestro de la criatura. Es el mismo jefe policial que autorizó a Pérez y a Caillava a salir de 9 de Julio en sus automóviles particulares en las siguientes 48 horas luego de la desaparición. Lo que hace presuponer que dicha conducta de Maciel tenía por intención liberarles la zona (para permitir que sacaran al chico del lugar), más que una simple coincidencia.
Vale resaltar que Maciel parece ser poseedor de un prontuario más que de una carrera dentro de la fuerza, además de haber sido sindicado por el intendente Ynsaurralde como uno de los responsables de la desaparición de Loan. En las últimas horas se conoció que fue acusado y denunciado de violación a una subalterna en tiempos en que el comisario prestaba servicios en Monte Caseros. Al parecer, Maciel contó con fuerte respaldo para salir impune de tan grave acusación logrando que simplemente lo trasladen a otra localidad. Distinta suerte corrió la víctima que –según su testimonio— fue muy hostigada y prácticamente obligada a abandonar la fuerza.
Además, fue denunciado por gran parte de sus subordinados en la propia comisaria de 9 de Julio, donde se desempeñaba hasta ahora, por maltratos psicológicos. Sin dejar de tener en cuenta que Yamila Cialone madre de Guadalupe Lucero –una chiquita también de cinco años de edad desaparecida el 14 de junio del 2021, en San Luis— declaró días atras ante medios nacionales que Maciel habría sido parte de la investigación del caso de su hija.
En cuanto al accionar de la justicia provincial, en los días siguientes a que Loan desapareciera, resulta difícil creer que no se haya ordenado inmediatamente el cierre de las fronteras y los operativos de control estrictos en las rutas. Lo que trajo a la memoria de la comunidad correntina el distinto proceder de la misma institución, también en un mes de junio, pero del 2014, cuando fue secuestrada de un jardín maternal la nieta del poderoso empresario de casinos Jorge Goitia. En aquella ocasión todas las instituciones provinciales involucradas en la búsqueda se abocaron de lleno y lograron recuperar a la niña en no más de seis horas y deteniendo a los responsables que luego fueron juzgados y fuertemente condenados. Loan no tuvo la misma suerte. ¿Por qué?
En el caso de Loan la justicia decidió comenzar a tomar testimonio a los detenidos llamativamente pasada ya una semana del hecho. La Alerta Sofía fue lanzada recién pasadas las 24 horas de estar desaparecido Loan, lo que valió que la organización civil de prestigio internacional Missing Children cuestionara por lo tardío y peligroso para el destino del niño.
Quienes estuvieron a cargo de la Dirección Nacional Contra la Trata de Personas en la gestión anterior hicieron una presentación formal ante la Procuraduría Especial de Trata (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el martes 28 de junio, reclamando que la búsqueda sea encabezada por el fuero federal. Dicha demanda no fue tenida en cuenta.
Como se verá existe una secuencia de “errores” gravísimos, por cierto, que no hacen más que acrecentar las sospechas de la sociedad sobre complicidades en torno a lo ocurrido y que difícilmente puedan fundamentarse por parte de los responsables institucionales de la búsqueda, tanto de Nación como de provincia.
Al cierre
Como si algo le faltase a este caso para infundir mayor desconfianza y temor a que no se esclarezca el caso Loan (lo que también imposibilitaría saber quiénes son los involucrados en lo que evidencia ser una red de trata, y hasta qué niveles de poder llegan esas conexiones), al cierre de esta nota se conoció la información de que el capitán de la armada retirado y detenido por el secuestro habría intentado suicidarse. Justo una noche antes de que tuviera que declarar ante la justicia a pedido de él mismo alegando “arrepentimento” y que delataría a todos a cambio de moderar su situación judicial… esperemos llegue vivo a declarar y no ocurra nada “imprevisto” en una provincia que rankea en “suicidios misteriosos” ligados al poder.
Es de destacar también que distintos sectores y actores de la sociedad están convocando para este lunes por la tarde a una movilización, que se prevé será multitudinaria, hacia las puertas de la gobernación en la Capital Correntina para exigirle respuestas a Gustavo Valdés…¿acusará recibo el primer mandatario de la magnitud del hecho o pretenderá, como hasta ahora, eludir otro de los tantos episodios oscuros en torno a su gestión con el blindaje mediático local que la pauta publicitaria le garantiza?
Foto de portada: pareja detenida por el caso Loan. Captura de video.
APARICIÓN CON VIDA DE LOAN
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES
