Cuscatlán, una epidemia llamada violencia

Aquí se hizo muy grande matanza y castigo.
Pedro de Alvarado

En un país tan pequeño todo es muy intenso.
Horacio Castellanos Moya.

Quetzalcoatitán, tierra del quetzal. Cuzcatlán, el lugar de las cosas preciosas, según los pipiles, sus primeros habitantes. A raíz de los permanentes movimientos sísmicos los españoles llamaron a esas tierras “El Valle de las Hamacas”; “Donde bate la mar del sur” la describe Pedro de Alvarado, su conquistador, en sus famosas relaciones a Hernán Cortes; el “Pulgarcito de América” lo bautizaría la poetisa chilena Gabriela Mistral. Nosotros lo conocemos desde 1838 como El Salvador, y esa república centroamericana no ha parado de generar cataclismos políticos que conllevaron a matanzas olvidadas e inenarrables.

La época del patio trasero

La depresión mundial de 1929 lo devasta cuando su principal industria, el café, se desploma a abismos insondables. La crisis económica afecta principalmente a los sectores populares, pequeños campesinos, trabajadores rurales, en su enorme mayoría indígenas y ladinos.

La noche del 22 de enero de 1932 encabezados por el mítico Farabundo Martí, y el líder indígena José Feliciano Ama, grupos de campesinos toman poblaciones del occidente salvadoreño, entre ellas Tacuba, Juayua, Sonzacate, Nahuizalco e Izalco, en pos de reivindicaciones económicas y sociales. La rebelión duró apenas setenta y dos horas: las tropas del dictador Maximiliano Hernández Martínez, en pocas semanas aniquilaron más de treinta mil indígenas, junto a sus líderes.

La matanza provocaría que durante décadas la presencia cultural de los pueblos originarios se redujera a su mínima expresión, soslayando desde su lengua a su vestimenta, desde sus Dioses a sus festejos. Ser originario en El Salvador fue todavía peor que en tiempos de Pedro de Alvarado.

La violencia continuó con momentos de baja intensidad, pero las arbitrariedades contra la población indígena y ladina, se constituyeron en una práctica casi cultural. Los permanentes golpes militares sometieron a los pocos intentos constitucionales del siglo XX.

Guerra y goles

En Julio de 1969 “La guerra de las Cien Horas» o la “Guerra del Fútbol” entre El Salvador y Honduras, generaría una nueva y nunca exacta cantidad de víctimas. Las estimaciones refieren a un total de seis mil personas sacrificadas en honor a los intereses comerciales de las burguesías de ambas naciones. El general salvadoreño Fidel Sánchez Hernández y el coronel hondureño Oswaldo López Arellano, además de las seis mil personas liquidaron el proyecto del Mercado Común Centroamericano que se estaba impulsando.

Para El Salvador aquella batalla no fue más que la prefiguración de una nueva guerra con daños y víctimas infinitamente mayor.

Durante los años sesenta y setenta se forman pequeños grupos insurgentes, como las Fuerzas Populares de Liberación (FPL – Farabundo Martí -); el Partido de la Revolución Salvadoreña-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP); las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN-FARN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). La asunción de la extrema derecha encabezada por el General Jaime Abdul Gutiérrez, alentados por el gobierno de Ronald Reagan, se orienta a aniquilar estos focos insurgentes.

La respuesta no se demoró, constituyéndose el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional.

El país se embarca a partir de 1980 en una larga guerra civil que se llevó doce años de producción y casi ochenta mil vidas, en su gran mayoría indígenas, en su gran mayoría pobres, en su gran mayoría del Farabundo Marti.

La guerra, después de un largo estancamiento, había comenzado a inclinarse a favor de la insurgencia popular, pero el concierto internacional no podía permitirse otro error como la Nicaragua Sandinista y, ahora sí, presionan hasta obligar a firmar el 16 de enero de 1992 en ciudad de México lo que se conoció como los Acuerdos de Chapultepec.

Una sociedad violenta

Sin duda, tantos años de guerra han dejado en el inconsciente colectivo huellas indelebles. Los combates entre insurgentes y el ejército no tardaron en sustituirse por batallas más pequeñas, pero no menos sanguinarias, entre las fuerzas del estado contra una delincuencia a la que no le han dado opción.

Aunque el tratado de paz contempló la recuperación del armamento en manos de la guerrilla y los civiles, el intento fue un fracaso. Muchos de los excombatientes prefirieron mantener sus armas y, hacia finales de 1993, remanentes de escuadrones paramilitares comenzaron a operar como delincuentes comunes, produciendo un rebote de violencia política que puso al país al borde de una nueva la guerra civil.

Naciones Unidas destaca que a un año de la firma de los Acuerdos, se habían recuperado cien armas de los varios cientos de miles que se habían entregado. No se logró averiguar cuántas fueron distribuidas entre los combatientes y los innumerables grupos paramilitares que se movían a la sombra de cualquier legalidad, ni tampoco cuántas seguían en condiciones de ser utilizadas después de los Acuerdos de Chapultepec.

Miles de armas de gran calibre, granadas, lanzacohetes y explosivos plásticos se diluyeron entre la población. La mayor parte de los delitos y agresiones se ejecutan hoy con artefactos explosivos y armas largas, incluso bazucas, contra trasportes blindados de caudales. Con frecuencia las batallas que libran las archifamosas Maras, se resuelven con granadas de fragmentación. Los efectivos policiales han sido superados.

Una guerra que se extiende

La falta de políticas estatales para la reinserción de los combatientes de uno y otro bando, -a finales de 1993 se desmovilizaron unos cincuenta mil efectivos, de los cuales el setenta y cinco por ciento pertenecía a las Fuerzas Armadas y el veinticinco por ciento a la insurgencia-; así como los altísimos índices de desocupación -el cincuenta y uno por ciento de los ciudadanos económicamente activos están en el “empleo informal”-; las políticas neoliberales; los gravísimos hechos de corrupción en todos los estamentos oficiales; las enormes e históricas desigualdades sociales y el incansable anhelo de una vida digna, dispararon a las calles a miles de miserables a procurase lo suyo con el elemento que conocen y manejan: la violencia.

Muchos ex combatientes, en su gran mayoría campesinos y obreros se hacinan en las superpobladas prisiones. Las veinte cárceles existentes con capacidad para siete mil detenidos, hoy son pobladas por casi veinte mil, por delitos tales como homicidios, violaciones, secuestro y robo.

Los informes revelan que en los años setenta El Salvador ya presentaba tasas de homicidio superiores a cualquier otro país americano, pero las cifras actuales de mortalidad intencional asombran a nivel mundial, oscilando entre los doce y catorce asesinatos diarios, para una población de casi siete millones de personas. Lo que equivale a ciento cuarenta cada cien mil habitantes, cuando las tasas normales se estiman en diez de cada cien mil.

Sobre todo los jóvenes

La magnitud de la violencia no afecta del mismo modo a toda la población. Los registros muestran que los hombres en la franja de quince a treinta años son las víctimas más frecuentes del fenómeno. Ellos tienen ocho veces más de probabilidad de morir violentamente que una mujer y un muchacho de dieciséis años tiene cuatro veces más probabilidad de morir por violencia que un hombre de cincuenta. Cualquier joven de El Salvador mantiene los riesgos más altos en el mundo de morir asesinado.

La guerra, ha generado modelos y valores sociales que habilitan el uso de la violencia en las relaciones cotidianas, en que la sociedad no solo no castiga, sino que la incorpora. La cultura de la violencia se ha exasperado. Si bien antes de la guerra tenía una notable presencia, luego de ella se ha militarizado la sociedad, lo que ha deteriorado absolutamente la convivencia social.

Ciudadanos entrenados en la agresión como instrumento para dirimir diferencias, no dudan en apelar a ella en cualquier ámbito, una discusión societaria, sentimental, familiar o comercial puede terminar con la muerte de uno de los contendientes, no siendo extraños los casos, particularmente en zonas rurales, en que toda la familia sea ejecutada por tales motivos. Esta modalidad se implementa con técnicas que recuerdan a operativos militares de exterminio. Según funcionarios policiales, los responsables son ex-militares que en la guerra tenían como metodología eliminar a toda la familia del sospechado de ser insurgente.

Doce años muy intensos, donde la población aprendió de la guerra las ventajas de la violencia para conseguir sus fines, fueron una escuela perversa pero eficiente.
Ese aprendizaje, sumado a miles de armas de fuego que sin control cruzan la realidad salvadoreña en las experimentadas manos de urgidos por todas las necesidades, hacen un cóctel que solo puede dar un resultado de más y más violencia.

El ochenta por ciento de los homicidios y cerca del setenta por ciento de los asaltos y robos a mano armada que son reportados a la Policía Nacional Civil se cometen con armas de fuego.

No hay estadísticas fehacientes de la cantidad de armas que pueden estar circulando en el mercado negro. Una de cada cuatro personas tiene un arma de fuego en su poder. Se estima que más del sesenta por ciento de las armas que circulan en el país, son ilegales. El estado no ha implementado su control, y si lo ha hecho ha fracasado.

A partir de los atentado de 2001 Estados Unidos endurece sus leyes migratorias y comienza a expulsar extranjeros que hayan cometidos delitos que merezcan prisión. Desde esa fecha, llegan a El Salvador miles de jóvenes que emigraron al norte con sus familias durante la guerra civil y vuelven después de veinte años, sin conocer su país y muchas veces su idioma, pero con gran experiencia en asaltos, tráfico de droga, secuestros y resistencia a la autoridad. Estos recién llegados se mezclan con otros miles de huérfanos de la guerra que se criaron en las calles de San Salvador y otras ciudades. Esta mezcla da como resultado la aparición de las Maras.

La derecha en el poder

El actual presidente salvadoreño, un comentarista deportivo y admirador de Pinochet, el ultramontano Elías Antonio Saca, del Partido ARENA, nada ha podido hacer para detener la ola delictiva. No obstante, como por arte de magia resurgieron en su gobierno las bandas paramilitares que durante la guerra civil fueron responsables de miles de muertos, desaparecidos y torturados y que realizan el trabajo que el estado salvadoreño parece no poder cumplir. No es extraño encontrar a los costados del “periférico de la capital” en rutas, zanjones y banquinas jóvenes con los pulgares maniatados a la espalda, acribillados de manera muy similar a la que lo solían hacer los sicarios del Mayor Roberto D’Aubuisson, responsable del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero.

Se encuentran operando en la actualidad varios grupos dedicados a la “limpieza social”. Las estadísticas confirman que dos de cada tres salvadoreños creen en la pena de muerte y apoyan estas actividades. Así, las bandas paramilitares impunes y sin control, respaldados en sus M-16 y su vasta experiencia en el secuestro, tortura y asesinato, hacen que las ejecuciones extraoficiales vuelvan del más oscuro pasado.

El gobierno por su parte ha formado la unidad de combate llamada Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES): policías con capuchas, vestidos de negro y fuertemente armados, cuya misión principal es enfrentar a las Maras. A pesar de ello, en las calles, las motosratas, ladrones y asesinos en moto, a la manera de los sicarios de Medellín, hacen su trabajo en pleno día.

Pero quizás Saca tenga guardado un as en la manga cuando agita el fantasma de otra guerra con Honduras, ya que ha reclamado en octubre último la Isla Conejo, de apenas medio kilómetro cuadrado, localizada en el Golfo de Fonseca, que comparte el Salvador junto a Honduras y Nicaragua. En 1992, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que era territorio hondureño. No sería ésta la primera guerra que se utiliza para distraer al pueblo de sus problemas.

De todas maneras, la epidemia de muerte violenta no resulta perjudicial para todos.

El negocio de la muerte

Existe un pequeño pero eficiente ejército que circula por las calles de la capital buscando cadáveres: son los muerteros. Hombres contratados por las funerarias que gracias a sus contactos con la policía y los hospitales así como con los dueños de cantinas, prostíbulos y centros nocturnos, son avisados inmediatamente cuando se produce una muerte. Los muerteros llegan a todas las colonias de la ciudad, tienen conocidos en todos los ámbitos y no hay lugar donde se mate a alguien al que ellos no accedan. Cuando llegan al lugar del hecho, prácticamente secuestran el cadáver, para luego ofrecerles a los deudos un servicio acorde a las posibilidades económicas de cada familia. Ellos son los que se encargan de todo el papelerío e incluso de acondicionar el muerto para su funeral. Trabajando en lugares poco específicos para tal faena, por ejemplo ocupando un pequeño espacio en un taller mecánico, se dan a la tarea de taponar orificios, maquillar magulladuras, disimular heridas o componer el cuerpo en el caso que alguno o varios de sus miembros vengan cercenados, -en este último caso la tarifa se abultará consecuentemente-, para luego presentarlo para su velatorio perfectamente acondicionado. En la capital salvadoreña hay casi una veintena de pequeñas funerarias que utilizan los servicios de estos operarios de la muerte, quienes hacen un buen negocio en este mercado en pleno crecimiento.

La violencia impregna la historia del El Salvador. Allí hoy no se vive la hora más trágica sino que continúa impasible. La erguida sombra de Pedro de Alvarado, se perpetúa invicta sobre Cuscatlán, en el lugar de las cosas bonitas.

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