Que se viene el colapso, que falta el gasoil, que se acaban las reservas de petróleo, que desenchufes la heladera. A poco de rascar en la crisis energética revelada por la reactivación económica asoman las discusiones y los intereses acerca de quién debe poner o perder plata ya sea vía tarifas, invirtiendo en exploración, abasteciendo al mercado interno, generando más electricidad. El proceso privatizador dejó un sistema en agonía y las empresas proponen “pasar el invierno”.
La situación energética de la Argentina atraviesa un “momento decisivo” que muchos definen como de crisis, lo cual obligaría a tomar decisiones que incidirán en las próximas décadas sobre toda la sociedad. Pero el abuso del término “crisis” en boca de empresarios -sobre todo los que casualmente tienen intereses en empresas de energía- y comentaristas, así como en las primeras planas de los diarios, invita a transmitir la sensación de un futuro de caos, incertidumbre e improvisación.
Con ser cierto que vivimos una época donde hay mucho de incertidumbre, al rascar en la superficie de la mentada crisis energética se descubre que lo que se está discutiendo es quién pone la plata, dónde y para qué.
Para hablar de crisis, hay que empezar por el petróleo. El crecimiento industrial sostenido tomó por sorpresa a las empresas petroleras, cuyas expectativas se limitaban a extraer rápidamente y exportar, celebrando los precios astronómicos del mercado internacional, con un país que importaba casi todo lo que consumía.
La privatización de YPF y Gas del Estado aceleró la extracción y la exportación, pero paralizó la búsqueda de nuevos yacimientos. La producción del sector pasó de 49 millones de m³ en 1998 a 38 millones en 2005, y sigue en baja. Las reservas comprobadas cayeron de 394 millones de m³ en 2004 a 349,1 millones en 2005. Las probables -que requieren inversión de riesgo- pasaron de 156,4 millones a 153,3 millones. La caída del gas fue peor: 541,8 a 438,9 miles de millones de m³ en las comprobadas, y de 262,7 a 240,8 miles de millones en las probables.
Pero las cifras de la secretaría de Energía se establecen sobre la base de datos que aportan las empresas mediante declaraciones juradas (auditadas por consultoras extranjeras), y el Estado se limita a tomar nota.
Es poco lo que cambió desde 1992, cuando el país ingresó al club de los exportadores. En 1988 había alcanzado su autoabastecimiento, algo que a Brasil le costó 15 años extra. Al contrario de la cosecha de mujeres, el modelo petro-exportador se agota rápidamente: de 19 millones de m³ en 1998, a 6,5 millones hoy en día.
Repsol, como el resto de las empresas, toma como reservas propias sus áreas concesionadas en todo el mundo. Fue el gobierno de Evo Morales el que amenazó con denunciarlo en Wall Street y esa alerta, inconcebible en épocas como las de Menem o Sánchez de Losada, la obligó a reducir en un 20% sus expectativas de extracción en Loma de la Lata.
La consultora norteamericana Standard & Poors predice déficit de crudos entre 2008 y 2010: “Si sigue creciendo el consumo de combustibles, la producción no alcanzará para abastecer la demanda. Para revertir esta situación se necesitan regulaciones previsibles y a largo plazo para captar las inversiones destinadas a explorar nuevas áreas terrestres y off shore», aconsejan. Los ex funcionarios Jorge Lapeña y Rogelio Frigerio están sintonizados en el mismo escenario.
Como principal importador, EE.UU. desearía una Argentina sin crecimiento industrial y dedicada a exportar generosamente su patrimonio, hasta su agotamiento, con un mínimo de inversión privada.
“Lo importaremos a partir de 2009 porque, desde la privatización, no hubo inversiones de capital de riesgo”, señala Ricardo De Dicco (del grupo MORENO), algo que el gobierno pretende recrear librando de impuestos a las empresas.
En este sentido, resulta ridículo que, habiendo una suba casi constante del precio internacional, aquí se premie a las empresas con exenciones impositivas. Pero si las exportadoras liquidan en el exterior el 70% de las divisas que obtienen, es poco probable que sean los impuestos internos los que las desalienten para arriesgar en exploración.
Las refinerías y el gasoil
Desde 1998, las dos principales refinerías (Esso y Shell), ambas fuera del negocio de extracción, destilan unos 12 millones de m³ de gasoil, para un mercado que consideraban de escaso crecimiento. Y no es que lo hagan por amor al arte. Ganan mucho exportando naftas, comprando el crudo a precios internos y vendiendo el subproducto a valor dólar.
Es un esquema similar al del insólito Sistema General de Preferencias que nos permite vender una lista de productos en el mercado de EE.UU. sin pagar aranceles, pero que se compran aquí a precio interno.
Según Manuel García, titular de la Cámara de Estacioneros Independientes, la nafta sale de las destilerías a 25 centavos de dólar y es colocada en el Golfo de México a 65 centavos. En cuanto al gasoil, Repsol tiene el control del mercado, con el 55.6% de la oferta. Le sigue Petrobras, con el 13.5%, Shell con el 12.7% y Esso con el 12.3%. Pero estas dos últimas no tienen yacimientos, y eso hace la diferencia. El crudo paga 45% de retenciones y la nafta un 5%.
El tema de la refinerías está más que relacionado a algo de lo que se habló mucho en los últimos tiempos: la falta de de gasoil. Y es cierto que el gasoil es crítico para la Argentina por dos razones:
Una, el crecimiento industrial a tasas chinas requiere inversiones en energía en infraestructura vial y logística. El mercado no las previó.
Dos, en los últimos años se duplicó la producción agropecuaria y eso llevó a una impensada renovación tecnológica. Este año, Argentina se dispone a cosechar unos 40 millones de toneladas de soja, y algunos expertos consideran que en 2011 el país podría producir 100 millones de toneladas de granos.
El agro necesita 4,5 millones de m³ de gasoil para hacer ese esfuerzo, con picos de demanda ahora mismo, hasta que se termine de sembrar la cosecha gruesa, y la fina, en noviembre.
Unos 6,5 millones más se queman en cargas y transporte, y otro millón los autos particulares.
Como la producción interna no alcanza, hay un déficit de gasoil que va de 58 millones de litros a un millón de m³. Con un precio promedio de $1.47 al pie del surtidor, a las refinadoras les quedarían unos 90 centavos por litro, y por eso lloran: “Podemos importarlo a 400/430 dólares el metro, pero si además nos cobran impuestos, el gasoil se va a 650 dólares los mil litros”, dicen en Shell.
Para entenderlo mejor, el gasoil importado debería venderse a $ 1.70 para que las destilerías sigan haciendo plata a lo pavo. No es lógico que un país que exporta petróleo deba consumirlo a precio internacional, cuando ninguna de las principales variables de la economía está dolarizada, empezando por los salarios.
Si sigue creciendo la industria -cosa más que previsible-, aumentará la demanda. Pero como las refinadoras no invierten en incrementar la producción local, se ven ante la disyuntiva de enfrentarse la la ley de Hidrocarburos o importar el faltante.
Eso explica la ira de Kirchner contra el gigante anglo-holandés Shell, que pretendió sorprender la buena fe del mercado con un gasoil presentado como técnicamente superior, a mayor precio, para financiar parte del quebranto que le produciría la importación. En rigor, esa pérdida está ampliamente cubierta con la ganancia de la nafta que las destilerías exportan.
En este sentido, la autorización previa para cualquier exportación de combustibles no es una medida revolucionaria, ni tampoco arremete contra la “seguridad jurídica”. Consiste simplemente en hacer cumplir las leyes vigentes.
Cuando tiembla el sistema
El efecto gasoil, sumado a la falta de inversión en las generadoras, ha puesto al límite el consumo eléctrico argentino porque la mayor parte de la oferta se abastece precisamente de ese combustible.
Actualmente se generan unos 18.000 MW, y estamos con lo justo. El 31 de julio pasado, por ejemplo, se consumieron 17.395 MW, una prueba de la incidencia del huso horario en el consumo eléctrico.
El gobierno, sin embargo, ya ha adelantado que no se piensa cambiar la hora oficial.
Con no ser el problema principal, vale la pena detenerse brevemente en la cuestión: Argentina adoptó la hora oficial “-3” (tres horas retrasado respecto de la GMT, hora de Greenwich) cuando se privatizó el sistema eléctrico, en 1993. Hasta ese momento, se adelantaba una hora (hasta el huso horario -2) en octubre y se atrasaba con la llegada del invierno.
El ministro De Vido debe creer que, con tarifas congeladas -o más o menos congeladas- no es momento como para bajar un 5% la facturación de las distribuidoras, aunque Marcelo Midlin, titular del Grupo Dolphin, dueño de Transener, la mayor red troncal de transporte de electricidad, y también de Edenor y la represa Piedra del Águila, ha manifestado a la prensa que esas inversiones han sido un excelente negocio para el grupo.
Mientras se discutía si había o no crisis, o si todo se reducía a la presión para aumentar las tarifas virtualmente congeladas por la Ley de Emergencia Económica, comenzaron los problemas.
El 21 de septiembre salió de servicio la central nuclear Atucha I, administrada por Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad de Estado: se informó que existía una pérdida en el circuito de agua pesada. Este inconveniente obligó a postergar la revisión técnica de la central de Embalse. El 28 del mismo mes hubo que detener una turbina de la Central Puerto (de la francesa Total, asociada con el grupo Midlin). El 2 de octubre le tocó el turno a la Central Dock Sud (de una sociedad conformada por Endesa, Repsol y BP) y el 11 se paró la Central Río Grande, de la EPEC cordobesa. En total, 1.447 MW menos, un 8.2% del total del parque eléctrico.
Con el crecimiento económico actual, hay que agregar unos 1.000 MW anuales para acompañarlo, pero no es razonable vivir con lo justo.
En este sentido, la adjudicación a Siemens de las dos nuevas centrales de ciclo combinado (gasoil y gas natural) en Campana y Timbúes, Santa Fe, que costarán 1.000 millones de dólares al Estado, aportarán 1.600 MW y estarán en servicio en 2007 con viento a favor. Si no está operativo el Gasoducto del Norte (más conocido como “gasoducto Techint”) esas dos centrales deberán consumir gasoil, y eso lleva nuevamente al cuello de botella de las destilerías.
También se reflotó el Plan Nuclear, con la promesa de terminar la demoradísima Atucha 2 (prevista originalmente en 1987) para 2010, con sus 400 MW, modernizar la de Embalse (Río Tercero, Córdoba) y resucitar la planta de Pilcaniyeu, donde se produce uranio enriquecido.
La generación mediante reactores nucleares había aportado el 16% de la oferta en 1996, pero se redujo a la mitad en la actualidad. Los medioambientalistas no tendrán mucho motivo para protestar, porque las centrales argentinas son del tipo Candú, que utiliza uranio natural o levemente enriquecido. Finalmente, se decidió subir la cota de Yaciretá y construir el cierre de Aña-Cuá.
La santa leyenda de la confiabilidad
La ultraliberal FIEL (de la que siempre fue devoto Ricardo López Murphy) suscribió una bula donde se afirma: “La Argentina seguramente evitará una crisis energética durante los próximos doce meses, ya que con cortes mínimos se podría pasar el verano 2006 y el invierno 2007, pero la confiabilidad energética, que era un atributo en el pasado, se habrá perdido por varios años”.
Esa mirada melancólica sobre un pasado idílico, energéticamente confiable y en el que no faltaba “seguridad jurídica”, no se refiere por cierto al 50% de la población nacional que carece de servicios de gas natural; y mucho menos a los padecimientos actuales de los usuarios domiciliarios, quienes, -convencidos de la existencia de una crisis energética superpuesta a la de la seguridad, a la de las rutas plagadas de accidentes y a los fenómenos meteorológicos imprevistos- se encuentran en la perspectiva de cocinar próximamente con leña o carbón, o a lo sumo recurrir al delivery.
La única “confiabilidad energética” que hubo en el pasado la tuvieron para sí las multinacionales que financian a FIEL, que construyeron nueve gasoductos hacia Chile -y ni uno solo para el usuario local- a fin de industrializarlo y re-exportar el gas argentino con valor agregado. Tampoco se invirtió en electricidad durante ese pasado añorado, y las empresas se limitaron a gerenciar el parque existente, aunque cambió la cara de las empresas y aumentaron los gastos en secretarias, publicidad, alfombras y pintura.
Mientras el ex empresario Oscar Vicente exaltaba desde Salta las virtudes de privatizar los yacimientos petrolíferos, o en su caso, concesionarlos hasta su total agotamiento, el diario Clarín daba espacio a empresarios no identificados que mostraron su preocupación por una “matriz energética distorsionada” y luego no se anduvieron con chiquitas: “es hora de que el gobierno defina la normalización de las tarifas… siempre que se diseñe una tarifa social que impida que eso afecte a los más pobres”, sostuvo el no identificado.
Y el ex secretario (del gobierno de la Alianza) Daniel Montamat se mostró escandalizado de que el usuario “pague un dólar por millón de BTU de gas” mientras un no identificado afirmaba que la luz eléctrica es más barata que un paquete de velas.
El Gobierno estaría desalentando las cenas íntimas.
De hecho, y aunque se argumente que la suba de tarifas puede hacer estallar el índice de precios, creando expectativas inflacionarias, lo cierto es que su congelamiento -gracias a las sucesivas prórrogas de la Ley de Emergencia Económica- forma parte de una política de distribución del ingreso. Que eso no sea suficiente, es otro tema.
Para pasar el invierno
La AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) no es una ONG de técnicos en electricidad sino el pool de las empresas que controlan desde siempre el negocio de la electricidad en la Argentina: desde la remozada ABB (el consorcio suizo-británico Brown&Bovery, que proveía calderas y transformadores, y era accionista de la ex Ítalo estatizada por Martínez de Hoz, que pagó más de 700 millones de dólares por lo que valía apenas 80), hasta las actuales generadoras, transportistas y distribuidoras, como Transba, Transener, Edelap, Edesur, Edenor, etc.
Sus directivos propusieron un plan de la UIA titulado en torno a la idea de “El cuello de botella de la oferta eléctrica”, que incluía ajustes (aumentos) de las tarifas residenciales y una definición en torno a una tarifa social subsidiada, que incluiría a las viviendas con consumos equivalentes al de 2 lamparitas de 25 W encendidas durante unos minutos; ajustes (aumentos) para las pymes; extender el uso de lámparas de bajo consumo; apagar el alumbrado público (con el aumento de la inseguridad que eso supone); reducir la tensión en las subestaciones (dañando los artefactos eléctricos) aunque por contrato las distribuidoras están obligadas a entregar 220/380 volts; cambiar el horario de funcionamiento de la administración pública, bancos, escuelas, hospitales, shoppings y supermercados; aconsejar a la población que desconecte los electrodomésticos cuando no se usen (¿por ejemplo, la heladera?); apagar marquesinas, vidrieras y carteles; suspender espectáculos deportivos nocturnos; cambiar el huso horario, aunque sin detalles; y diseñar un nuevo PURE de alcance talibán, que obligaría a los usuarios residenciales a vivir en la oscuridad bajo la amenaza de multas astronómicas.
Todo ello en contra de la lógica más elemental del sistema económico, esto es, aumentar el consumo.
Y así fue precisamente, no el plan sino la lógica económica: según el INDEC, en agosto la generación de electricidad creció un 7.9% (¿no estábamos en crisis?) y el consumo un 4.8%. El ministro De Vido lo calificó como “locura” y el plan fue archivado. Pero algunos de los puntos serán tenidos en cuenta.
