Crónicas de un país rematado

¿Quiénes son los dueños del territorio argentino? El proceso de concentración de las propiedades en pocos dueños avanza sin tregua, cada vez más extranjeros se apoderan de las mejores áreas del país y muchas adquisiciones son hechas con fondos de procedencia dudosa, a veces a
nombre de sociedades anónimas de origen incierto.

Estudios de la Federación Agraria Argentina (FAA) arrojan
que el 10% del territorio nacional (alrededor de 270.000 kilómetros cuadrados) se encuentra en manos extranjeras.
Hasta septiembre de 2006, cuarenta millones y medio de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores, es decir, a personas físicas,
empresas o sociedades anónimas.

De ese total, casi 24 millones de hectáreas fueron ya vendidas a grupos trasnacionales, mientras que los otros 16 millones estaban hipotecados en la banca pública, sobre todo en el Banco Nación y el Provincia de Buenos Aires.

La concentración de las tierras en muy pocas manos no se
distribuyó parejamente en todo el país. El fenómeno se percibe con mayor fuerza en la Patagonia y en el Norte. En esas regiones se aglutina también la mayor cantidad de millonarios extranjeros, beneficiados por actitudes flexibles de distintos gobiernos -tanto nacionales como provinciales- para que adquieran millones de hectáreas y recursos naturales no renovables sin restricciones y a
precios módicos.

Se llegó al colmo de que inversores extranjeros
compraran enormes extensiones de tierra al precio de una hamburguesa en McDonald’s o un par de zapatillas Nike o Adidas.

Aunque cueste creerlo, el mayor terrateniente privado de la
Argentina es el grupo Benetton. Esta familia de italianos, conocida en el mundo por sus agresivas campañas publicitarias en contra de la discriminación y por la fabricación de indumentaria, es dueña de casi 900.000 hectáreas. Es decir: 4500 veces la superficie de la ciudad
de Buenos Aires.

Pero hay otros rutilantes nombres extranjeros de los que, si se suman sus posesiones, se podría decir que son dueños del equivalente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba
juntas. O de la suma del territorio de dos países europeos como Inglaterra y Bélgica.

El multimillonario Douglas Tompkins, el inglés Joseph Lewis y Ted Turner -el mayor terrateniente de Estados Unidos y fundador de la cadena informativa CNN- se han apropiado
de gran parte de las tierras y las reservas de agua del país.

Lo mismo ocurre en Santiago del Estero o Misiones, donde pretendidos ecologistas o multinacionales del papel son dueños de extensiones que, en algunos casos, llegan a representar el 10% de la superficie provincial.

Pero así como las tierras de la Patagonia se repartieron entre unos pocos terratenientes, en la provincia de Buenos Aires los grandes tenedores de campos se mantuvieron estables. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) destaca que de los 80.000 propietarios de campos de la región pampeana -la zona más fértil y cara del país- los primeros 1250 acaparan el 35%
de la tierra, es decir, una superficie cultivable de nueve millones de hectáreas.

La investigación determinó además que los cincuenta
propietarios más importantes ya cuentan con 2,4 millones de hectáreas, el 15% más que a finales de la década de 1980.

Si bien estos datos estadísticos se fundan en el último Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2002 -que habla de una “desconcentración” de las tierras bonaerenses-, hay un hecho que no se puede pasar por alto a la hora de analizar la provincia de Buenos Aires: muchas veces
resulta imposible seguir el rastro de los verdaderos dueños de las tierras porque éstas aparecen a nombre de decenas de sociedades anónimas, gran parte de las cuales están radicadas en paraísos fiscales, como Bahamas,Uruguay o Caimán.

Oro y plata

Hablar de tierras en nuestro país es hablar de recursos naturales, muchos de ellos no renovables como la plata y el oro. En San Juan, La Rioja, Jujuy y Catamarca se han instalado las mayores empresas mineras del mundo para extraer de las canteras los metales preciosos.

Pero lo que para algunos gobiernos provinciales constituye
una fuerte inversión en la región, para los vecinos, legisladores y grupos ambientalistas es, en cambio, un verdadero peligro para la salud de la población: los productos químicos utilizados en sus sistemas de extracción podrían contaminar en forma irreversible ríos, napas acuíferas y suelo, y desencadenarían enfermedades mortales.

Quizás algunos datos ayuden a comprender la verdadera dimensión del tema: la producción minera argentina pasó de 481 millones de dólares en 1994 a unos 900 millones en 2005.
El número de empresas extranjeras que interviene en este proceso de expansión pasó en forma abrupta de cuatro en 1986, a cincuenta. Primero Carlos Saúl Menem y, después, Fernando de la Rúa alentaron la instalación de mineras extranjeras en el país. Es más, De la Rúa aseguró que 2000
iba a ser “el año del oro en la Argentina”.

Fue después de un viaje a los Estados Unidos de donde se trajo la promesa de que empresarios americanos invertirían 1000 millones de dólares en la explotación y exportación minera. Claro que en esa oportunidad, y según una investigación de la revista Noticias del 17 de junio de 2000, el entonces primer mandatario omitió decir que un primo suyo y un contador familiar tenían inversiones millonarias en el sector.

Zonas de seguridad

En la Argentina hay muy pocos datos oficiales sobre las compras y ventas de tierras. Lo mismo pasa con las operaciones inmobiliarias que realizan los extranjeros y los grupos nacionales a través de las sociedades anónimas.

Así, según Santiago Montoya, el secretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, un mismo
terrateniente divide sus tierras en varias sociedades para evadir impuestos.

La investigación para este libro demandó tres años de
trabajo de campo. Se consultaron más de 300 fuentes, se recorrió la mayoría de las provincias y se habló con productores, campesinos, peones, aborígenes y vecinos que, por temor, pidieron muchas veces no ser citados. Además, se realizaron entrevistas a legisladores y funcionarios tanto nacionales como provinciales.

La escritura y el proceso de edición demandaron doce meses.
Durante ese tiempo, requerimos información oficial a las oficinas de Catastro de todas las provincias. El resultado fue sorprendente: ninguna de ellas nos aportó datos sustanciales y, en muchos de los casos, se trataba de información desactualizada. Sí, en cambio, recibimos
la colaboración de la Federación Agraria Argentina -la entidad que más se ocupó del tema en las últimas décadas-, del Ministerio del Interior, del Instituto Geográfico Militar, de los ministerios de Economía de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y de distintas legislaturas.

Esta recorrida nos ayudó a descubrir que, por ejemplo, un número cada vez mayor de extranjeros y empresas trasnacionales es dueño de costas y fronteras. Un hecho que no es ilegal, porque las leyes vigentes no lo prohíben.

Un alto funcionario del Ministerio del Interior, que solicitó no ser identificado, aportó una información sumamente sensible y a la vez imprescindible: entre el
año 2002 y mediados de 2006, se recibieron en la Secretaría de Seguridad Interior, exactamente, 2358 pedidos de inversión en zonas estratégicas o en las denominadas “zona de seguridad”. Es decir, lugares clave para el país, tanto por su potencial económico como por sus recursos naturales y su cercanía con otros países.

Durante los primeros cuatro años del gobierno de Néstor
Kirchner, de ese cúmulo de expedientes sólo se habían otorgado quince permisos para compras de tierras en zonas de seguridad por parte de extranjeros. Esto representa unas 160.000 hectáreas.

Sin embargo, los papers oficiales demuestran que, durante el gobierno de Carlos Menem, los extranjeros ya habían adquirido 1.773.000 hectáreas en zonas de seguridad. En este punto, bien vale mencionar algunos casos:
– La empresa norteamericana GNC SRL es dueña de unas
600.000 hectáreas, en zonas de seguridad.
– Nieves de Mendoza, de capitales británicos, adquirió otras
145.000 hectáreas.
– La familia Benetton, 272.000 hectáreas.
– Douglas Tompkins, 90.000.
– El consorcio chileno Alto Paraná es dueño de unas 61.000
hectáreas en zonas de seguridad.

La periodista María Seoane fue una de las primeras en advertir sobre esta situación. Con precisión quirúrgica, escribió que el “proceso de extranjerización de la tierra y de los recursos naturales estratégicos -ocurrido en los últimos quince años, pero que estalló con singular fuerza en la década del noventa- es tan acelerado y complejo, que las consecuencias son aún difíciles de mensurar”.

Las zonas de seguridad son las ubicadas en la franja comprendida en los 150 kilómetros de fronteras; abarcan la cordillera y 50 kilómetros en las costas. Según fuentes del Ministerio del Interior, ésos son los puntos geográficos que tienen una mayor concentración de recursos naturales, agua dulce y, entre otras cosas, tierras cultivables.

La Secretaría de Seguridad Interior, comandada hasta principios de septiembre de 2006 por Luis Tibiletti, informaba que dentro de estas zonas críticas en manos de extranjeros había 75 “explotaciones mineras” y que éstas representaban el 90% del total. Dicho de otra manera, apenas el 10% pertenece a manos argentinas.

Pero estos datos oficiales ya envejecieron. A fines de agosto de 2006, el multimillonario Bill Gates, el magnate de la informática, anunciaba que invertiría en la Argentina alrededor de 120 millones de dólares para extraer plata de las minas ubicadas en Santa Cruz.

Douglas Tompkins, el mayor propietario privado de recursos naturales vinculados al agua en la Patagonia y en los Esteros del Iberá, es dueño de unas 90.000 hectáreas en zonas de seguridad. También controla la naciente y la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia.

El grupo estadounidense AIG posee junto a la finca Jasimaná,
en Salta, un millón y medio de hectáreas, esto es casi el 7% de la superficie de la provincia.

En Catamarca, en la localidad de Fiambalá, el grupo GCN Combustibles SRL tiene casi 700.000 hectáreas, la mayoría de ellas situadas en zona fronteriza. Las extensiones de campos forman parte de la estancia Cazadero Grande y de otro grupo de propiedades, que tenían más de 1.200.000 hectáreas en la cordillera.

Proyectos cajoneados

Hasta el momento, en las cámaras de Diputados y de Senadores
de la Nación y en ocho legislaturas provinciales -entre ellas las de Río Negro y Chubut- están cajoneados treinta y ocho proyectos de ley elaborados por legisladores de distintas extracciones políticas como el justicialismo, el ARI, el radicalismo y el socialismo, pero también de organizaciones como la Federación Agraria Argentina.

Todos esos proyectos impulsan el control y la limitación de semejantes compras.

Entre los legisladores que propician estas medidas
se encuentran, por ejemplo, el jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, y el entrerriano Carlos Daud, también del PJ.

El proyecto del primero se denomina “Restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales”. En su artículo 3º, la iniciativa prohíbe “la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país”.

Esto es: “Persona física de nacionalidad extranjera
cuya residencia en el país tenga antigüedad menor a diez
años. Persona física de nacionalidad extranjera no residente. Y personas jurídicas: es decir empresas constituidas en el extranjero; constituidas en el país y en las cuales, personas físicas extranjeras o jurídicas constituidas en el extranjero, sean propietarias directa o indirectamente de la mayoría accionaria y/o con la mayoría de votos. Que tenga su sede social o principal explotación en país extranjero. Las sociedades anónimas que no adopten la forma nominativa de acciones. O la persona jurídica, constituida en territorio argentino, que sea subsidiaria de empresa extranjera a la que se atribuirá la nacionalidad de esta última”.

El artículo remata diciendo que “las adquisiciones que se efectúen en violación de estas prohibiciones serán
nulas de nulidad absoluta”.

El proyecto de Díaz Bancalari cuenta con el consenso de muchos de sus pares y de un amplio sector social, ya que fue elaborado sobre la base de otros realizados por los
equipos técnicos de la Federación Agraria Argentina.

A pesar de eso, no fue tratado. En sus fundamentos, se deja en claro que la ley propuesta “tiene como objeto corregir los defectos de la estructura agraria representados por la presencia de la acumulación de tierras, principalmente
por grandes grupos económicos, y la exclusión de más
de 200.000 productores agropecuarios en las últimas décadas del siglo XX, tendencia que se mantiene en los inicios del presente siglo”.

Durante una larga entrevista mantenida en su despacho del
Congreso de la Nación, Díaz Bancalari opinó que, a diferencia de países como Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña, la Argentina “no cuida sus tierras y sus recursos naturales”, y que hasta en naciones de la región como Perú y México se imponen condiciones excepcionales para que los extranjeros compren tierras.

En el país azteca, dice Bancalari, la legislación es tajante:“Sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas”.

El diputado oficialista destaca que en ese país, cuando un extranjero quiere adquirir tierras, debe pedir permiso a la Cancillería y acatar la ley mexicana; y que, en caso de litigio, no puede recurrir a estrados extraterritoriales
o invocar la protección de su gobierno. Tampoco puede comprar en la zona de seguridad. Desde ya, no es lo que sucede en la Argentina.

Los diputados provinciales por la provincia de Chubut, Carlos Alberto Lorenzo y Rolando Néstor Iralde (del bloque Alianza UCR-Frepaso), también presentaron un proyecto de ley que “tiene por objeto regular en forma transitoria el régimen legal de la tierra, ya sea del Dominio Privado Provincial, Municipal y de los Particulares, estableciendo restricciones al dominio en defensa del Interés
Público”.

En el punto 4.3 de la normativa propuesta, los legisladores
avanzan sobre un tema que el resto de sus pares no analizó y que es sumamente interesante. En el proyecto, Lorenzo e Iralde se preguntan “si además de las bondades descriptas y conocidas de la Patagonia, existe alguna otra razón por la que sean buscadas con tamaño interés por los multimillonarios extranjeros”.

Lo interesante de este caso es que los diputados dan una respuesta asombrosa: “Del estudio de los precios comparativos de la tierra promedio/dólar en el mundo surge la siguiente comparación. Tomando el precio de la hectárea promedio para siembra en la Argentina el valor es de 2500
dólares por hectárea antes del proceso de devaluación del pasado mes de enero de 2002, mientras que en Estados Unidos este valor asciende a 7500 dólares la hectárea. En España el valor sube a 15.000 dólares la hectárea, en Nueva Zelanda a 19.250 dólares, en Alemania a 23.750 dólares y en Japón a 283.000 dólares.

De este acotado análisis surge claramente que a la belleza natural se le suma el escaso valor de nuestro territorio”.

El boom sojero

El proceso de extranjerización de la tierra (salvo en el sur delpaís, donde los recursos naturales son otros) llegó acompañado de la denominada “fiebre verde” u “oro verde”.

Se trata de la fascinación de los productores por el cultivo de la soja. Sobre todo en los últimos años, cuando la exportación de esos porotos resultaba sumamente rentable por el tipo de cambio: tres pesos por cada dólar.

En su libro Del genocidio y robo de tierras al boom sojero, el periodista santafesino Oscar Ainsuain aporta también datos estadísticos que son reveladores y que ayudan a comprender el fenómeno de la concentración de las tierras en nuestro país. Según ese trabajo, el “boom sojero se desarrolla en un país donde la concentración de las tierras
es impresionante.

Según datos del Censo Agropecuario 2001, los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas, y en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000”.

Si de fenómenos se trata, nuestro país no deja ninguna letra
del abecedario afuera. Investigaciones parlamentarias y de distintos organismos recaudadores revelan que, como mínimo, casi un millón de las hectáreas más productivas del país se adquirieron gracias al lavado de dinero. Es decir, dinero obtenido de forma ilegal a través de sobornos políticos o de evasión impositiva. Dinero que fue sacado del país, vuelto a ingresar e invertido en transacciones inmobiliarias.

Estos expedientes guardan cientos de nombres, muchos de
ellos de políticos, economistas y hasta comisarios que supieron concentrarla fuerza del poder, o la suma de la autoridad.

Hasta ahora, ninguna de esas investigaciones derivó en sanciones judiciales.

De esto habla esta investigación. En diez capítulos encontrará todas las voces, incluso las de terratenientes
como Douglas Tompkins o la del funcionario nacional y
ex piquetero Luis D’Elia. Ambos, a fines de septiembre de 2006, mantuvieron una disputa pública cuando el ex diputado nacional kirchnerista llegó hasta sus campos correntinos para desalambrarlos.

Esa actitud levantó una andanada de opiniones a favor y en
contra. Entre ellas, la difundida por la cadena norteamericana CNN de Ted Turner, otro de los grandes terratenientes extranjeros que han invertido en campos argentinos.

Diputados como Elisa Carrió, aquella que anunció “vinieron
por las tierras, ahora vienen por el agua”,Magdalena Odarda, la legisladora que denunció a Joe Lewis por cerrar con tranqueras el acceso al Lago Escondido, el gobernador bonaerense Felipe Solá, y hasta escritores e historiadores de la talla de Osvaldo Bayer, el autor de La Patagonia rebelde, desfilan por estas páginas.

También quedarán al desnudo las inmensas propiedades de
ex ministros de Economía como Pedro Pou y Roque Fernández y ex gobernadores como Ramón Puerta; estrellas del deporte como Gabriel Batistuta y “Manu” Ginóbili; y ricos y famosos como Marcelo Tinelli, Huberto Roviralta y Eduardo Eurnekian.

La historia oculta del poderoso Grupo Capózzolo, que entre las décadas de 1970 y 1980 llegó a tener más de 500.000 hectáreas e incluso estuvo a punto de adquirir buena parte de las tierras de Malvinas, lo que habría cambiado
la historia de nuestro país.

O la extraña vida del italiano Domingo Iannozzi, quien en los años noventa llegó a concentrar más de 600.000 hectáreas entre Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y
el sur del país. Tampoco queda fuera de este trabajo la pelea de los aborígenes por mantener la posesión de sus tierras en el sur del país y en el Chaco. Y los desalojos compulsivos en Santiago del Esteropropiciados por empresas sojeras.

Estas páginas también serán recorridas por un fantasma: el del malogrado empresario telepostal Alfredo Yabrán y lo que queda de su imperio.

Tierras S.A. intenta ser apenas la crónica de una realidad que el poder trata de ocultar. Una voz de alerta sobre la pérdida de nuestros recursos naturales. O acaso el relato de un nuevo proceso de colonización.

——————————

* Extraído de Tierras S.A., de reciente publicación en Editorial Alfaguara.

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