Crónica de un apagón anunciado

A raíz del último "apagón", que revela la persistencia de la crisis en el servicio energético, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) realizó un repaso histórico y presente del "derrame" tarifario de Edenor y Edesur. Historia y futuro de un modelo de gestión que colapsó.

Qué sucedió en la década del noventa y hasta el 2000 y qué sucede ahora en tiempos de régimen macrista con la prestación del servicio de estas empresas cuando tenían la tarifa que querían y dolarizada, cuando no había subsidios (al pueblo argentino), cuando nadie las regulaba en sus inversiones, cuando podían ganar a su antojo, a la vez que girando utilidades y pagando dividendos sin el más mínimo control, tal y como sucede desde diciembre de 2015 a esta parte. Actualizamos un informe previo del OETEC (ver bibliografía) con un repaso histórico a los cortes de luz y apagones en las áreas de concesión de Edenor y de Edesur, pero incluyendo la masiva interrupción del servicio padecida por la ciudadanía de la Capital Federal y del conurbano el pasado 9 de noviembre. Recordamos, al final, las ganancias exorbitantes, abusivas y anticonstitucionales percibidas por ambas firmas.

 

La década del ´90, 2000, 2001 y 2002 prosiguieron con apagones masivos todos los veranos. Ni la desregulación tarifaria ni el libre mercado -es decir, el «derrame»- resuelven el recurrente problema de los cortes de luz frente a picos de la demanda por altas temperaturas. Por el contrario, empeoran la calidad del servicio. Con un agravante: el dinero que los usuarios ponen en cantidades crecientes se va por la canaleta del giro de divisas al extranjero (casas matrices) o a los de por sí ya atiborrados bolsillos de accionistas privados argentinos. El retorno a la época dorada del derrame, ahora con Macri, es indiscutible prueba del fracaso del «derrame». Tampoco soluciona los problemas un sistema mixto o dual entre empresas privadas y un rol protagónico y rector del Estado nacional como ocurrió entre 2003 y 2015. Las empresas del servicio público de electricidad deben ser propiedad de los estados nacional, provincial y municipal, según convenga a cada jurisdicción, asegurándose que las ganancias sean reinvertidas en su totalidad y sin excepciones. Aquí la única garantía ciudadana de un sistema energético en calidad de Derecho Humano y servicio público esencial.

 

La pesada herencia energética menemista recibida en 1999, luego de casi una década de privatización, desregulación y tarifazo en energía eléctrica, cerraba con promesas de cambio, nuevas inversiones y más confianza en los clientes. Los mismos cambios que se prometen hoy día. ¿Será que por fin el «derrame» empieza a derramar?

 

Ganancias y «derrame»

Edenor informó a la CNV que «Durante el ejercicio económico 2017, la Sociedad ha registrado una ganancia de $ 682,25 millones en comparación con una pérdida de $ 1.188,6 [millones] registrada en el ejercicio 2016». En 2018, primeros nueve meses, Edenor registró ganancias reconocidas por las RTI por 3.256 millones de pesos, un 226% de mejora respecto del mismo período de 2017.

 

En cuanto a Edesur, luego de un 2017 con resultados negativos, en su comunicado a la CNV correspondiente al primer trimestre de 2018 la empresa informaba ganancias por 395 millones de pesos (contra una pérdida en 2017 de 680 millones). La tendencia siguió su marcha ascendente a septiembre: registró ganancias reconocidas por las RTI por 1.939 millones de pesos, un 437% de mejora respecto del mismo período de 2017.

 

Sumadas ambas, se observa que en los primeros nueve meses del 2018 las ganancias ascendieron a 5.195 millones de pesos, un 282% superior al mismo ejercicio del año anterior.

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas remitidos a la CNV, septiembre de 2018
Conclusión

Edenor y Edesur, que empeoraron la calidad de su servicio en 2016 y 2017 respecto de 2015 según publicó oportunamente este Observatorio en base a datos oficiales (ver bibliografía), cuadruplicaron sus ganancias en lo que va de 2018 (enero a septiembre).

 

Sin embargo, bastó un único día con temperaturas por encima de los 30 grados desde el verano para que decenas de miles de usuarios de la zona metropolitana padecieran interrupción del servicio como en las mejores épocas de la desregulación tarifaria y el libre mercado.

 

En efecto, y de acuerdo a la herramienta digital elaborada por el diario La Nación en base a datos del ENRE y del Servicio Meteorológico Nacional, el 9 de noviembre de 2018 unos 245.050 usuarios de Edesur y 94.983 usuarios de Edenor registraron cortes de luz.

 

En 1995, tres años después de la privatización de SEGBA, Edesur registró una ganancia de 744 millones de pesos (dólares). Pero las promesas de «cortes de luz cero» gracias a la privatización se venían en picada. Claro que la reducción en las interrupciones del suministro comparándose con los tiempos de SEGBA resultaba tan indudable como lógica: la empresa estatal venía siendo saboteada en su normal funcionamiento desde Martínez de Hoz.

 

La década del ´90, 2000, 2001 y 2002 prosiguieron con apagones masivos todos los veranos. Ni la desregulación tarifaria ni el libre mercado -es decir, el «derrame»- resuelven el recurrente problema de los cortes de luz frente a picos de la demanda por altas temperaturas. Por el contrario, empeoran la calidad del servicio. Con un agravante: el dinero que los usuarios ponen en cantidades crecientes se va por la canaleta del giro de divisas al extranjero (casas matrices) o a los de por sí ya atiborrados bolsillos de accionistas privados argentinos. El retorno a la época dorada del derrame, ahora con Macri, es indiscutible prueba del fracaso del «derrame».

 

Tampoco soluciona los problemas un sistema mixto o dual entre empresas privadas y un rol protagónico y rector del Estado nacional como ocurrió entre 2003 y 2015.

 

Las empresas del servicio público de electricidad deben ser propiedad de los estados nacional, provincial y municipal, según convenga a cada jurisdicción, asegurándose que las ganancias sean reinvertidas en su totalidad y sin excepciones. Aquí la única garantía ciudadana de un sistema energético en calidad de Derecho Humano y servicio público esencial.

 

Ver anexo documental e informe completo

 

 

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