Crecen las protestas por aumentos salariales mientras caen presos en Pico Truncado y en la Casa Rosada

Por Causa Popular.- Las grandes empresas de la comunicación presentan el escenario político nacional reducido a la posibilidad de acuerdo ante las próximas elecciones entre Kirchner y Duhalde, y las idas y vueltas que una vez más presentan las negociaciones con el FMI. En un segundo plano -en el mejor de los casos-, o borrados de las decisiones editoriales en toda su dimensión, quedan los numerosos conflictos salariales protagonizados en todo el país por los trabajadores estatales, docentes, médicos judiciales y de servicios. Panorama de los conflictos que estremecen la tranquilidad deseada por el gobierno de Kirchner a cuatro meses del “plebiscito” de octubre.

Apurado por las inminentes elecciones, el gobierno nacional mantiene su duro reacción ante la protesta salarial llegando a pedir la detención de dos representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dentro de la misma Casa Rosada. Con los seis dirigentes de ATE detenidos en Santa Cruz, este gremio llegó a tener el miércoles pasado, 8 presos por reclamar aumentos de salario.

Mientras tanto, Felipe Solá, hace equilibrio para que una provincia prácticamente paralizada no desnude la crisis política de su gobierno en esta coyuntura. Los gremios representantes de los trabajadores cuyo patrón es el Estado, están desbordados por el retraso salarial de sus afiliados que mantienen el salario licuado desde la devaluación, mientras que el gobierno acumula – a pedido del FMI- ganancias millonarias producto del superávit fiscal.

En la provincia de Buenos Aires, los empleados bonaerenses nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el personal médico de los 76 hospitales bonaerenses y los empleados judiciales de la provincia de Buenos Aires realizaron el pasado jueves 30 un paro de actividades en reclamo de una recomposición salarial. La medida incluyó una caravana protagonizada por los empleados judiciales que recorrió las calles céntricas de La Plata para culminar frente a la gobernación provincial, donde se realizó un acto central.

Los judiciales reclaman una recomposición salarial, la restitución del 3 por ciento de la antigüedad y el premio de los 6 meses de sueldo para quienes se jubilan con 30 años de servicio. En tanto ATE, que ayer cumplió con una medida similar, reclama un ingreso inicial de 770 pesos para los trabajadores de la administración central.

Una vez más, en lugar de responder a los reclamos, o al menos explicar qué restricciones existen en la provincia para otorgar los aumentos que reclaman los trabajadores, el gobernador Felipe Solá criticó a los gremios por tomar medidas de fuerza y los acusó de “realizar algunas huelgas como excusas para no trabajar”. Luego de negar que la provincia estuviera paralizada, vinculó los paros al principal chivo expiatorio con el que cuenta el gobernador para explicar todo lo que no funciona -o lo hace de manera deficiente- en la administración provincial: la pelea interna que tiene con el duhaldismo en la provincia.

El mismo jueves 30, el gobierno bonaerense debió además hacer frente a un nuevo paro, que se extendió hasta el viernes, de los docentes nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) en reclamo del blanqueo de sumas que los maestros perciben en negro. El viernes se sumaron a la medida de fuerza los docentes del otro gremio más importante de la provincia, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

El paro de los maestros bonaerenses tuvo un acatamiento de entre el 80 y el 95 por ciento. Lo mismo ya había sucedido durante las huelgas de los días 15, 16 y 23 de junio, y se espera un escenario similar para el cinco de julio próximo.

Pero no sólo en Buenos Aires los docentes luchan por una mejora salarial. El cerco mediático es más fuerte aún en el interior del país, donde en otras siete provincias los maestros buscan recomponer su salario. El jueves fueron cinco las provincias que realizaron medidas de fuerza, manteniéndose un clima de tensión con movilizaciones, escuelas tomadas, ayunos de maestros y amenazas de más huelgas en otras tres.

En este marco, el Ministerio de Educación tiene previsto presentar en la primera semana de julio una ley de financiamiento para la educación, reclamada desde diversos sectores gremiales, para buscar una solución de fondo al problema salarial.

Más provincias en pié de lucha

Además de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y San Luis realizaron una jornada de paro con movilizaciones, en tanto en Salta, La Pampa y Córdoba hay amenazas de huelgas por falta de acuerdo por salarios.

En Mendoza, los docentes fueron el jueves 30 a una huelga en demanda de mejoras salariales y marcharon hacia la Casa de Gobierno provincial para exigir un aumento en las partidas presupuestarias destinadas a la educación. En la manifestación, que cubrió unas siete cuadras del centro de esta ciudad, los maestros portaron una bandera argentina de 400 metros.

En Santiago del Estero, un sector de la docencia de esa provincia, cumplió también la última jornada de un paro de 72 horas con elevado nivel de acatamiento, en reclamo de un aumento salarial y por los recortes en los haberes por otras jornadas de paro realizadas en anteriores administraciones.

En el caso de San Luis, la semana que pasó, se realizó la segunda jornada de una medida de fuerza adoptada por un sector de la docencia puntana, quienes tomaron 22 colegios de la capital provincial en reclamo del reintegro de un descuento que se realizó en sus sueldos. En Córdoba, mientras tanto, los docentes agrupados en el Frente Gremial Docente realizaron el viernes 1 de julio la denominada Marcha de las Antorchas en reclamo de un aumento salarial.

Los voceros del Frente explicaron a la prensa cordobesa que la protesta se realizó al no recibir ningún tipo de convocatoria desde el gobierno para reanudar la discusión del tema salarial, aunque para el gobernador los maestros abandonaron esa instancia por decisión propia. La Marcha de las Antorchas, de la que participaron maestros de toda la provincia, recorrió distintas calles del centro de la capital provincial.

En Salta, el mismo día, los docentes amenazaron con realizar huelgas luego del receso escolar de invierno si no se atienden sus demandas que consisten básicamente, al igual que en la provincia de Buenos Aires, en el blanqueo de las sumas fijas que perciben en negro.

Mientras tanto en La Pampa, los maestros agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) levantaron el miércoles el paro de actividades por 96 horas que se había iniciado el día lunes, luego de que el gobierno provincial los convocara para acordar una recomposición salarial. Pero las negociaciones finalmente fracasaron y se espera una profundización de las medidas para la próxima semana

ATE iniciara acciones legales contra el gobierno

Pero como si el panorama no fuera complejo, la detención de dos delegados a metros del despacho presidencial, recalentaron la situación. La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) iniciará acciones legales contra el Gobierno por “privación ilegítima de la libertad” de dos empleados y “violación a la libertad sindical” por impedir una protesta dentro de la Casa Rosada. La decisión fue tomada por el secretario general de ATE, Pablo Micheli, luego de que el Poder Ejecutivo ordenara la detención de los delegados gremiales Fernando Cardozo y Aldo Flores cuando intentaban reclamar un aumento salarial en el interior de la sede gubernamental.

“Esto es lisa y llanamente una violación a los derechos humanos lo que han hecho”, denunció el sindicalista, que además sostuvo que la actitud de la administración de Néstor Kirchner ante el reclamo de los trabajadores estatales “está más en el marco de una dictadura que de una democracia”. Micheli también le advirtió al Gobierno que “por más que metan presos a los compañeros, no van a parar el conflicto social”, y rechazó el argumento oficial de impedir la protesta por razones de seguridad, al afirmar que “un papelazo no puede poner en riesgo la investidura presidencial”.

Tras la detención de los dos delegados dentro de la Casa Rosada, el titular de ATE anticipó que el gremio va a “recurrir jurídicamente” la prohibición gubernamental de realizar manifestaciones dentro de la Casa Rosada porque “es una violación a la libertad sindical”.

Micheli expresó que “Nosotros somos un sindicato con personería gremial absolutamente legal y legítima. Vamos a seguir con las medidas de acción que dispongan las asambleas porque a nosotros no nos va a autorizar o no nuestro patrón para hacer una protesta”. Luego cuestionó duramente la decisión de Kirchner de ordenar cerrar con candados las puertas de acceso al Patio de las Palmeras para impedir que los empleados pudieran llegar al escenario de la protesta.

“Les vamos a meter una causa por privación ilegítima de la libertad de los trabajadores porque ¿cómo el patrón va a encerrar a sus empleados con candados?”, aseveró. Finalmente, Micheli remarcó que “Kirchner tiene un discurso contradictorio porque dice que es legítimo que los trabajadores reclamen y peleen por aumento salarial, pero lo dice para otros no para él que en definitivamente es nuestro patrón”.

Esta semana, el enfrentamiento entre este gremio y el gobierno nacional, tuvo su pico de confrontación el martes cuando los trabajadores de ATE realizaron un paro nacional para pedir la liberación de los seis sindicalistas encarcelados en la provincia de Santa Cruz. Finalmente los seis dirigentes de ATE que estaban detenidos desde el viernes 24 fueron liberados el pasado jueves luego de pagar una fianza de 500 pesos cada uno.

Julio Fuentes, secretario adjunto de la conducción nacional de ATE, indicó a la prensa que “hubo que pagar una fianza y ahora queremos que se sepa la verdad de lo que ocurrió”. “Recibimos a los compañeros liberados en la entrada de Pico Truncado con una manifestación”, añadió el dirigente y señaló que, en el plano judicial, ya se presentaron “nuevas pruebas y testigos sobre lo que ocurrió ante la firma del acuerdo con el intendente Osvaldo Maimo”.

El dirigente resaltó que ahora “vamos por la verdad”, con lo que rechazó los términos de la denuncia del intendente Maimo que denunció que el domingo 19 de junio fue presionado por manifestantes para firmar un acuerdo salarial en beneficio de los municipales.

El viernes 24 habían sido detenidos por disposición de la jueza Ruata de Leone, el secretario general de ATE Santa Cruz Alejandro Garzón, junto a los delegados Pilar Peralta, Julio Pezolano, David Estere, Belisario Seguel y Pedro Pallaguala.

El caso generó un escándalo en Santa Cruz, luego de que durante casi un mes los municipales de Pico Truncado y Caleta Olivia cortaran el tránsito para reclamar aumentos de sueldos hasta que con una semana de diferencia llegaron los acuerdos en las dos ciudades. Sin embargo, el jefe comunal de Pico Truncado, el justicialista Maimo, desconoció el acuerdo al presentar una denuncia ante la justicia por presunta coacción contra los dirigentes estatales y sostener que el documento lo firmó bajo presión.

Luego de la devaluación, el mercado oligopólico argentino llevo los precios de la canasta básica de alimentos por arriba del 60% de su valor anterior a enero de 2002. La recomposición salarial acordada en más de una oportunidad en el marco del Consejo del Salario, nunca alcanzó a los trabajadores estatales, que se encuentran muy atrasados respecto de los privados que, aunque ya recibieron cuatro aumentos, aún tampoco recuperaron la escasa capacidad de compra del 2001.

El 23 de junio, se conocieron las cuentas de mayo. En este mes el Gobierno logró un superávit primario de $ 3307,2 millones, llevando acumulados $ 9789,2 millones en los primeros cinco meses del año, lo que representa el 70% de la meta fijada en el presupuesto nacional. En Hacienda reconocen que seguramente la meta anual superará los $ 15.000 millones previstos en el presupuesto, aunque descartaron que pueda llegarse a los 20.000 millones estimados por algunas consultoras privadas.

No es muy difícil observar que los números cierran, la plata se acumula, pero los salarios de los trabajadores de este patrón que viene a ser el Estado, aún reciben muy poco. La decisión parece ser política, pero cabe preguntarse:

¿Hasta cuando aguantará el gobierno la protesta gremial?

Aunque algo está muy claro, la campaña electoral tiene costos elevados de todo tipo, pero hay algunos costos políticos que no deberían resultar tan honerosos.

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