Dos días después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Cristina Kirchner, el INDEC informó que la inflación de mayo fue del 1,5%, la más baja en cinco años. Pero en la provincia de Córdoba, el Índice de Precios al Consumidor —calculado por el Estado provincial— fue más alto: 2%.
Además, y a contramano de las estadísticas nacionales, que registraron un aumento de apenas el 0,5% en alimentos y bebidas (el rubro que más subió a nivel país fue comunicaciones, con un 4,1%), en Córdoba el alza fue explicada principalmente por los incrementos en los precios de carnes y derivados, alimentos consumidos en restaurantes, y lácteos y huevos.
Paralelamente, también se registraron variaciones en los precios del agua corriente, electricidad, gas y alquileres.
La motosierra y la licuadora que impulsa el Estado nacional impactan también en la alimentación de los habitantes de distintas provincias.
En Córdoba, una noticia generó fuerte impacto a mediados de mayo: por primera vez, se activó el Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor) en el colegio Alejandro Carbó, un establecimiento ubicado en pleno centro de la capital provincial y al que asisten estudiantes de clase media. El programa se aplicó para instalar comedores escolares y así fomentar la asistencia a clases.
“Hubo chicos que se desmayaban adentro de las aulas”, advirtieron las autoridades del Carbó ante las cámaras de televisión.
Esto representa una fuerte señal para las autoridades, ya que en su primer año la gestión nacional había incrementado en términos reales un 13,8% los gastos destinados a programas de ayuda para las infancias, liderados por la Asignación Universal por Hijo, que subió un 47,8%.
Esa es la conclusión de un informe conjunto del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar. Sin embargo, también advierten sobre “un desarrollo preocupante” en la caída de programas dirigidos a jóvenes y adolescentes, como el PROGRESAR, lo que está generando una “creciente exposición a la problemática cada vez más acuciante del mundo de las drogas ilícitas en los barrios populares”.
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No todo es hambre
Esto fue advertido el último día de mayo, durante una plenaria organizada por la Mesa por la Emergencia Alimentaria, que reunió a organizaciones barriales.
“Somos organizaciones sociales de la ciudad, los pueblos y las zonas rurales; fundaciones; instituciones académicas y de la sociedad civil que trabajamos con comedores y merenderos del territorio provincial, así como con productores familiares y comunitarios. Venimos alertando sobre la emergencia alimentaria que vive la Provincia”, señalaron desde el área de prensa.
Se estima que en la capital cordobesa funcionan alrededor de 2.000 comedores, aunque habría muchos más que no están registrados.
“Antes, los vecinos nos acusaban de hacer esto para cobrar un salario. Hoy, con un ingreso de 78 mil pesos, tenemos que destinar esa plata a comprar comida, porque no alcanza”, comenta una de las referentas, en alusión a lo poco que queda del programa Potenciar Trabajo.
A eso se le suman casos en los que una olla completa puede durar apenas quince minutos, e incluso hay colas de vecinos que se forman una hora y media antes de que empiecen a servir los platos.
Desde el barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, Beatriz Silvera, integrante de la organización La Poderosa, sostiene:
“hoy en Córdoba tenemos una pandemia, que es el hambre. Y los responsables son los políticos, porque sus políticas nunca nos incluyen a nosotras: no ponemos ministro de economía, ni votamos leyes. Lo único que hacemos es sostener un trabajo que deberían hacer ellos. Venimos viendo que el corrimiento del Estado ha traído a que los barrios estén cooptados por los narcos. Por eso es muy peligroso, tenemos mucho miedo y nos asusta. Cuando una mujer tiene un niño que se enferma y no tiene plata para los remedios, va a recurrir a los narcos. Sabemos de casos donde los narcos han hecho fiestas por el día de la infancia y que colaboran comida para los comedores. Y no lo hacen porque sean solidarios. Lo hacen para garantizar impunidad. Nadie va a denunciar al que le da de comer”.
Pocos días después, Beatriz encabezará una de las marchas en la capital cordobesa en rechazo al fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.
Referentes barriales advierten que, aunque muchos comedores han cerrado, otros se abrieron sin una organización previa. Ante la escasez de recursos, se limitan a ofrecer la merienda, que en ocasiones se reduce a pan y mate cocido, lo que implica una clara insuficiencia nutricional.
El gusto por las roscas
A pesar de eso, es más que probable que La Libertad Avanza salga triunfante en las elecciones legislativas de octubre en la provincia, para renovar 9 de las 18 bancas que tiene Córdoba en la Cámara Baja. Eso no impide que sean ajenos a las discusiones internas que son sus actuales dos máximos referentes, como son el diputado nacional Gabriel Bornoroni y el ex-secretario de transporte nacional Franco Mogetta (qué llegó paracaídas al armado electoral), luego de dejar su cargo nacional, con olor a los puchos que fuma Santiago Caputo. Las tensiones entre la armadora Karina Milei y el asesor oculto del presidente no consigue llegar a consensos ni siquiera en la provincia que, una vez más, podría ser la que más votos le aporte.
La lista oficialista nacional sería pura, sin participación de otros partidos. Habrá que ver qué hará Luis Juez, que ya se muestra dispuesto a todo con tal de ser el candidato a gobernador de Milei en 2027.
La tiene más difícil la Unión Cívica Radical, que celebrará elecciones internas el 3 de agosto. El partido está dividido en dos listas, impulsadas por el exintendente capitalino Ramón Mestre y el diputado Rodrigo de Loredo. El objetivo: definir si se ponen o no la peluca en la cabeza. Es decir, si juegan como oposición o como “opoficialismo”.
Finalmente, dentro de los espacios peronistas, el kirchnerismo vernáculo mantiene la expectativa de conservar la novena banca. Quien tendría más posibilidades de renovar es el docente Pablo Carro, poco conocido fuera del ámbito universitario cordobés, aunque con cierta presencia en medios opositores por integrar la comisión legislativa que investiga el escándalo $Libra.
Por el lado del peronismo cordobesista, reconocen que la situación es brava frente a los rugidos de los leones. Aparentemente, quienes encabecen la lista serían figuras con mayor visibilidad en la capital, como Manuel Calvo (ministro de Gobierno), el legislador Miguel Siciliano o el funcionario municipal Héctor Campana. Todavía no se descarta que, en un cómodo peldaño, aparezca la diputada Natalia de la Sota, única figura del oficialismo local que repudió el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta.
Por supuesto que para los cordobesistas, la presencia de la hija del fallecido gobernador tiene su peligro latente sabiendo que el justicalismo local pretende borrar toda presencia de kirchnerismo en su aparato. ¿Y si Natalia lograra en 2027 comerse al PJ de Córdoba? Cuenta con la desventaja de tener poca experiencia en política que exceda su portación de apellido. Pero también son tiempos “cuánticos” donde un influencer o un panelista de televisión pueden terminar siendo presidente de la Nación.
