Conclusiones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad

En el extenso informe sobre las causas de la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, en busca de encontrar una solución al grave problema de la vivienda, llega a estas conclusiones que transcribimos a continuación.

La problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires requiere un giro conceptual. La situación de colapso actual es el resultado de años de políticas ineficaces que han demostrado una escasa capacidad para abordar y resolver este flagelo pero es el resultado de un modo de concebir esta problemática como un hecho coyuntural o episódico producto de un mero desajuste temporal.

El problema de la vivienda y del hábitat informal, al igual que la desigualdad social, la pobreza y la exclusión no son problemáticas accidentales ni de sencilla resolución.

El hábitat informal representa la manifestación espacial de la pobreza urbana. Este tipo de hábitat traduce un nivel de integración urbana pero no social. La población pobre de la ciudad, excluida de los bienes y servicios básicos como la vivienda, el agua corriente, la red cloacal, el gas y la electricidad es también la población pobre excluida del mercado formal del trabajo y, frecuentemente, es también la población excluida de los sistemas de participación política y de toma de decisiones –no son los “ciudadanos” sino los “asistidos” por las prácticas asistenciales del Estado.

Los centros urbanos se expanden a pasos agigantados y en un futuro cercano la mayor parte de la población se concentrará en las ciudades. Sin una adecuada, oportuna, planificada, consensuada y eficaz intervención del Estado la pobreza urbana continuará creciendo de modo exponencial y con ella se agravará la problemática habitacional ya que las ciudades, en su configuración actual, se encuentran lejos de poder ofrecer condiciones equitativas de acceso al suelo urbano, a la infraestructura y a los servicios para los pobres urbanos.

En el estado actual de situación aquellos sectores de la población metropolitana que concentran el poder adquisitivo son los destinatarios de las nuevos emprendimientos y de la expansión urbana. Aquellos otros que sólo tienen la necesidad son los excluidos del mercado y del goce de aquellos derechos que nuestra carta magna local garantiza.

Resulta necesario admitir que la ciudad informal es el resultado de la ausencia de políticas estatales de envergadura, estables, previsibles, consensuadas y sostenibles y no el resultado de la voluntad o el capricho de sus productores. Hay una ausencia notoria de políticas que se orienten a erradicar la pobreza y a radicar a los pobres, mediante estrategias de intervención que tengan su norte en los derechos y no en la posibilidad de pago de este universo poblacional.

El tema central de debate es el planeamiento urbano sostenible que garantice una ciudad equitativa, eficiente e inclusiva, donde los sectores de menores recursos tengan el lugar y gocen efectivamente de los derechos que se le reconocen a todos los ciudadanos.

La percepción y el reconocimiento del nivel de criticidad que presenta el problema en la actualidad, es el primer paso en el camino de la solución.

Reconocer el problema de la vivienda importa discernir las causas que lo determinaron y actuar en consecuencia. Para ello resulta imprescindible estructurar una agenda habitacional que permita abordar eficazmente la problemática de la vivienda en la Ciudad y que incluya algunos de los puntos que se proponen:

Suspensión inmediata de los desalojos de inmuebles o predios de propiedad del Estado local y del Estado Nacional.

Declaración Legislativa de la Emergencia Habitacional en la Ciudad.

Transferencia inmediata de partidas presupuestarias que garanticen la asistencia de los grupos familiares que quedarán en situación de desalojo en los próximos meses.

Convocar a distintos actores de la sociedad civil que trabajen en temas relacionados con el hábitat –ONGs, Organizaciones Confesionales, Universidad, Organismos de Control, Organizaciones Barriales, Sociales y Territoriales- a debatir una Agenda Habitacional que elabore propuestas de corto, mediano y largo plazo y que garanticen la participación efectiva de la sociedad en el diseño y ejecución de las medidas.

Ley marco de vivienda a nivel local que defina la política habitacional y precise los alcances y contenidos del Derecho a la Vivienda y del Derecho a la Ciudad incorporando los estándares internacionales en materia habitacional.

Propiciar herramientas e instrumentos de coordinación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades locales de la Región Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) en materia habitacional y articular programas de vivienda entre ambas jurisdicciones.

Políticas se intervención en el mercado que faciliten el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos (políticas de incentivo a la producción de vivienda en áreas postergadas de la ciudad; incentivos a la producción de ciertas categorías de viviendas -“sencilla” o “confortable”-; desalentar el mantenimiento de tierras vacantes e inmuebles ociosos; entre otras).

Conformación efectiva de un Banco de Inmuebles con fines sociales que incorpore tierras e inmuebles del Gobierno de la Ciudad, del Estado Nacional o Provincial y tierras de dominio privado que resulten aptas para la construcción.

Inventariar y recuperar –afectándolos a programas de vivienda social- el Patrimonio Inmobiliario Estatal que no tenga un fin específico.

Desarrollo de Programas que aborden efectivamente la emergencia habitacional a través de políticas que asistan a las familias en el corto plazo y se articulen con operatorias de mediano y largo plazo que propicien soluciones sustentables.

Incorporar –de modo efectivo- la participación de la ciudadanía en la planificación, diseño, ejecución y control de los programas habitacionales.

Mecanismos de financiación y programas de subsidio a la demanda que sean eficaces, que aseguren un monto que viabilice la compra de inmuebles en la ciudad y modalidades y plazos de ejecución que se ajusten a la celeridad que presentan las transacciones inmobiliarias en el mercado privado.

Programas de subsidio a la oferta de viviendas que prioricen a los sectores de menores recursos.

Diseño consensuado de un Programa Integral de regularización de villas y asentamientos que reconozca explícitamente el derecho de la población residente a ocupar el espacio urbano en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad; que valorice el proceso de producción de hábitat efectuado por los ocupantes; que garantice la disponibilidad del suelo urbano necesario; que establezca metas por etapas y plazos objetivos, que se oriente a resolver los problemas más urgentes –construcción y mejoramiento de viviendas, infraestructura y servicios adecuados, regularización dominial, equipamiento comunitario- y que asegure la participación efectiva de los afectados y de las organizaciones de la sociedad civil en la etapa de diseño y ejecución de los programas. Para el caso de asentamientos que se emplacen en predios que no son susceptibles de ser urbanizados (terrenos lindantes con las vías del ferrocarril, bajo autopistas, etc) se debe asegurar la radicación de la población en tierras aptas cercanas a su lugar de emplazamiento.

Programas de viviendas transitorias

Programas de vivienda en arriendo y/o comodato para adultos mayores autoválidos y mujeres jefas de familia.

Promoción de políticas que favorezcan los procesos de autogestión del hábitat.

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