Con Zelmar “Chicho” Michelini*: “Los militares siguen mintiendo por omisión”

Por Samuel Blixen desde París, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- -¿Cómo valora los anuncios del lunes 8? -Es otro paso adelante en la lucha por la verdad, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Los militares han mentido tanto y tanto tiempo que cuesta creerles. Madres y Familiares tuvieron acceso al informe y del comunicado que publicaron surge que aún falta mucha información, sobre todo con relación a los desaparecidos en Argentina. Los militares siguen mintiendo por omisión.

– ¿Qué valor le atribuye a la investigación militar?

– Entregaron el informe sin ningún signo de arrepentimiento, no formularon juicio de valor alguno sobre las atrocidades que cometieron. Por lo tanto, no me sumo a la euforia general, tan similar a la que hubo cuando se presentó el informe de la Comisión para la Paz. Prefiero señalar los puntos que me preocupan.

Primero: los militares no asumen todavía, en forma institucional e individual, los crímenes de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos.

Segundo: en este informe no se hace ninguna mención a los uruguayos desaparecidos en Argentina, cuando en realidad algunos elementos de ese mismo informe prueban, de una vez por todas, la participación de militares uruguayos en el Plan Cóndor.

Tercero: el mismo día en que el gobierno comunica que se tiene la certeza del lugar donde se encuentra enterrada María Claudia García de Gelman, el fiscal Enrique Moller recomienda al juez Gustavo Mirabal que archive la causa penal porque la considera cosa juzgada.

Por último, el general Ángel Bertolotti declara que se trata de un punto final, que no van a aportar ninguna otra información.

– ¿Qué dice de la actitud de Moller?

– Me parece inaudita. No puede ser que un fiscal vaya contra la voluntad del Poder Ejecutivo, más en un tema tan sensible como es el asesinato de María Claudia, que compromete por otra parte las relaciones internacionales del país. El compromiso de Tabaré Vázquez es muy claro: el caso de María Claudia está fuera de la ley de caducidad. Sin embargo, para Moller Tabaré Vázquez no existe.

Entre una decisión del ex presidente Jorge Batlle (incluir el caso en la ley para proteger a los asesinos) y una decisión del presidente Vázquez (excluir el caso de la ley para castigar a los responsables de ese crimen repugnante), Moller obedece a Batlle.

Paralelamente -y eso me preocupa- el gobierno no reacciona. Moller actúa como militante activo del partido de la impunidad, que a medida que cede posiciones en el terreno de la verdad intenta frustrar el anhelo de justicia.

Por mi parte, digo claramente: si Moller persiste en su negación de la justicia, si insiste en proteger a asesinos y torturadores, vamos a reaccionar, al menos yo voy a reaccionar, en forma contundente.

No se trata de amenazas ni de presiones, pero estamos hartos de que sigan entorpeciendo el camino de la verdad y la justicia. Hemos tenido mucha paciencia, hemos dado tiempo al tiempo (y ha pasado ya mucho tiempo desde el asesinato de mi padre). Desde 1995, cuando volvimos a movilizarnos, agotamos todos los caminos y golpeamos todas las puertas, ahora no se puede esperar más.

– Hay contradicciones entre la información brindada a la Comisión para la Paz y la brindada a Vázquez…

– Este informe de los mandos a Vázquez y el de la Comisión para la Paz provocaron reacciones similares. Muchas voces, tanto de derecha como de izquierda, dicen que es histórico, que salda el pasado, que no hay más nada para hacer, que pone punto final al asunto.

No estoy de acuerdo. Ya el informe de la Comisión para la Paz era de escaso valor, pues había poca información nueva y era muy ambiguo. El de los mandos confirma que aquel informe era pobre y contenía muchas mentiras. Por ejemplo, la comisión decía que las cenizas de los cuerpos se habían arrojado al mar; ahora que fueron esparcidas en la zona.

– Pero ahora se avanza en el conocimiento…

– Sí, hay un logro: hace tan sólo un año los militares afirmaban: “nunca torturamos, nunca asesinamos, nunca hicimos desaparecer ciudadanos, nunca secuestramos niños”. Hoy, por primera vez, admiten que hay cuerpos enterrados. Pero, antes que nada, aguardemos a que aparezcan los cuerpos; hay que ver de quiénes son, después de realizar todas las pruebas, principalmente de ADN.

Y además, el gesto es limitado: simplemente dicen “aquí hay un cuerpo”, y nada más, como quien entrega un paquete, como si fuera una cosa natural. Los mandos están actuando con la esperanza de que todo quede sin explicaciones.

– A su juicio, ¿la información fue negociada?

– Eso es lo que afirma el doctor Carlos Ramela, que redactó con el actual secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández el informe de la comisión. Por otro lado, el diario Clarín de Argentina afirma, sin que haya sido desmentido, que el informe de los mandos fue redactado por Fernández… Veremos qué dice el gobierno, si desmiente al periodista de Clarín, si refuta las afirmaciones de Ramela, si llama al orden a Moller.

En todo caso es significativo que Moller haya intervenido el mismo día en que Vázquez anunciaba que tenía la certeza del lugar donde se encuentran los restos de María Claudia. Además, por lo que se sabe, la respuesta militar no es completa, falta información sobre todos los desaparecidos de Argentina.

Al asumir el Ejército que María Claudia estuvo en manos militares y que fue enterrada en un predio militar, está confirmando, al fin, el accionar en forma oficial de militares uruguayos en Argentina. Todos los uruguayos desaparecidos en Argentina son responsabilidad de los militares uruguayos del Plan Cóndor.

El llamado “segundo vuelo” (un traslado masivo de prisioneros desde Buenos Aires en octubre de 1976) está confirmado, y tal vez algunos de los prisioneros traídos en ese segundo vuelo estén enterrados en el Batallón 14. Pero todo eso recién se sabrá con propiedad cuando haya una investigación independiente. Si la investigación de la Comisión para la Paz no fue independiente, ésta de ahora menos aun, porque es de los propios mandos.

Como éstos no están actuando en forma honesta y valiente, sino que tratan de mantenerse en la posición anterior, sus informes están viciados por esa misma actitud. Los mandos no asumen absolutamente nada; tendrían que decir, de una vez por todas: hemos asesinado, hemos torturado, hemos violado prisioneros políticos, hemos robado niños; y no lo hacen.

– ¿Cuál es su balance?

– Estamos mejor que hace una semana. A lo largo de los años se ha evolucionado en el buen sentido. Por ejemplo: en 1997, Gonzalo Fernández dijo públicamente que era ridículo excavar en los cuarteles en busca de desaparecidos; hoy está dirigiendo las excavaciones.

Hace dos años Fernández afirmaba en el informe de la Comisión para la Paz que iba a ser muy difícil encontrar restos, que la información estaba muy diseminada; hoy bastó que el presidente ordenara que le trajeran los datos para que apareciera información sobre enterramientos y cuerpos. Eso prueba que la información está muy centralizada y que los datos están muy frescos, razón de más para pedir que se abran los archivos.

– ¿Hasta dónde llegará el gobierno?

– Creo que sigue una política de paso a paso. Vázquez dijo que el caso de María Claudia y el de mi padre están fuera de la ley de caducidad, y ha mantenido su compromiso. Dicho sea de paso: me parece muy bien esa actitud, pero no quiero víctimas con coronita. ¿Por qué se excluye el caso de mi padre y no el de Julio Castro, por dar un ejemplo?

El gobierno actúa en forma pragmática; hasta ahora, todos los casos que fueron consultados quedaron fuera de la ley, algunos por la promesa formulada, otros en virtud de una argumentación estrictamente lógica de la ley. Esto me lleva a insistir en que hay que volver a recorrer el camino de la justicia para que los jueces se dirijan al Ejecutivo preguntando si pueden o no actuar.

No hay caso de desaparición, asesinato o tortura en el que no haya un argumento para sacarlo del amparo de esa ley injusta, inconstitucional y violatoria de los acuerdos internacionales firmados por el país. De lo contrario, se establecería una arbitrariedad, donde algunos casos quedan fuera y otros no. El argumento en el caso de mi padre es muy claro: no está comprendido en la caducidad porque el asesinato fue cometido en Argentina.

Entonces, el argumento sirve para todos los uruguayos desaparecidos en Argentina. Y el argumento en el caso de María Claudia: no está comprendido porque no fue un crimen político. Bien: ¿dónde están las órdenes escritas para que prisioneros fueran torturados, asesinados, desaparecidos? La conclusión es muy clara: debe haber verdad y justicia para todos.

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* Hijo del fundador del Frente Amplio asesinado en Buenos Aires en 1976.

(Por Samuel Blixen. Desde París.)

(*) La presente nota es contratapa de la edición del viernes 12 de agosto de 2005 del Semanario uruguayo Brecha, cedido gentilmente a Causa Popular para su difusión en Argentina.

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