El ex capellán de la Bonaerense comenzará a ser juzgado desde el próximo jueves en La Plata por su colaboración en siete homicidios y 41 tormentos cometidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura. Los otros ex mandos de Inteligencia, entre los que se encuentran Cristino Nicolaides, deberán sentarse en el banquillo desde el 10 de julio.
El inicio de dos juicios, uno contra el ex capellán policial Cristian von Wernich y otro contra diez ex jefes militares de inteligencia marcará en los próximos días la reactivación de la actividad judicial por violaciones masivas a los derechos humanos.
En este último juicio están acusados, entre otros, Cristino Nicolaides, Jorge Arias Duval y Pascual Guerrieri, que serán los primeros ex militares juzgados tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, en el 2003.
Von Wernich, un religioso que asistía regularmente a sesiones de tortura de secuestrados para «confortarlos», será juzgado desde el próximo jueves 5 por siete homicidios y 41 tormentos en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, el mismo que el año pasado condenó a prisión perpetua por genocidio al ex comisario bonaerense Miguel Etchecolatz.
Cinco días después, desde el martes 10 de julio, en el juzgado federal porteño de Ariel Lijo se desenvolverán las audiencias contra los ex oficiales del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército acusados por la desaparición de 15 montoneros durante la denominada «contraofensiva» de fines de 1979 y comienzos de 1980.
Como el caso quedó encuadrado en el viejo código procesal, no se trata de un juicio oral sino del tradicional procedimiento escrito aunque durante cuatro días habrá audiencias públicas en que declararán 19 testigos.
Luego de estas audiencias, en las que declararán entre otros el diputado Miguel Bonasso, de Dante Gullo y del secretario de Derechos Humanos bonaerense Edgardo Binstok, el juez Lijo tiene cuarenta días para expedirse sobre el pedido fiscal de 25 años de reclusión para los acusados.
El juicio contra Von Wernich durará unos tres meses y en el se ventilarán entre otros los casos del periodista Jacobo Timerman, ya fallecido, y al ex funcionario Osvaldo Papaleo, que estuvieron secuestrados en centros de reclusión clandestinos que dependían del jefe de la Bonaerense, el también extinto Ramón Camps.
Los juicios contra los represores, reabiertos tras la derogación de las denominadas «leyes del perdón» sancionadas en 1986 y 1987, tuvieron un impulso inicial el año pasado con la condena a Etchecolaz y al ex policial federal Julio «Turco» Julián por la desaparición del matrimonio Poblete.
Pero este año se produjo una parálisis, que desde el propio gobierno fue adjudicada a las acciones dilatorias de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes afrontan ahora un trámite de remoción en el Consejo de la Magistratura.
El pasado 22 de mayo fue creado el Programa Nacional Verdad y Justicia para hacer un seguimiento de las 950 causa abiertas por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado.
El programa, coordinado por Marcelo Saín, deberá fijar un plan de seguridad de testigos, cuestión apremiante tras la desaparición hace casi diez meses del declarante clave en el juicio contra Etchecolatz, el albañil Jorge Julio López.
Pero la labor central será elaborar en tres meses un diagnostico sobre cómo hacer avanzar estos juicios cuyo desenlace es «central para la consolidación democrática», según los considerandos del decreto 606/07 que creó el programa.
De acuerdo a datos de la Procuración General de la Nación, actualmente están detenidos a la espera de su juzgamiento 259 represores, entre ex militares y miembros de fuerzas de seguridad. Pero el lento trámite judicial impidió hasta ahora fijar fecha de juicio para las dos grandes megacausas que se tramitan en la justicia federal porteña: la de la ESMA y la del Primer Cuerpo de Ejército.
A comienzos de años, en medios forenses se estimaba inminente la elevación a juicio de la Masacre de Fátima, el fusilamiento de treinta detenidos retirados en agosto de 1976 de la ex Coordinación Federal y cuyo cuerpo fue luego dinamitado en cercanía de Pilar. Por ese hecho están acusados cuatro ex comisarios, uno de los cuales ya murió, pero el caso estás empantanado en la casación.
