Por Causa Popular.- El pueblo ecuatoriano volcó toda su fuerza y valentía para derrocar un tercer presidente en forma consecutiva. Lucio Gutiérrez tuvo que escapar en helicóptero desde el techo de la casa de gobierno, luego de ser destituido por el Congreso ecuatoriano que sesionó en la sede de una ong consultiva de la UNESCO porque el Palacio Legislativo estaba siendo atacado por los manifestantes. La ira popular no se agotaba sólo en “Lucio”, que llegó al gobierno dos años antes con un discurso de izquierda y el apoyo de las organizaciones indígenas, sino que bajo el grito “que se vayan todos”, la bronca llegaba a todo el sistema político ecuatoriano , que fue cuestionado por un país con el 60 por ciento de su población bajo la línea de la pobreza. Una mala noticia para los Estados Unidos que hoy desafía al sucesor del presidente depuesto con no reconocer a su gobierno si no realiza las reformas exigidas. Crónica de un pueblo que sin su componente indígena ejerció su poder soberano y derrocó al “tirano”
Ecuador vivió el miércoles un agitado día político con la destitución por parte del Congreso del presidente Lucio Gutiérrez, en una jornada en la que los hechos se sucedieron a un ritmo vertiginoso. El martes por la noche una sangrienta represión provocó el primer muerto de esta revuelta popular, y terminó por desencadenar la indignación en Quito.
Por si fuera poco, las fuerzas de choque que marcharon hacia la capital por el debilitado Gutiérrez se sumaron a la batalla y potenciaron la ira del pueblo ecuatoriano.
Los extremos resguardos militares y policiales parapetados en el Palacio de Gobierno y el Congreso fueron replegándose cuando a primeras horas de la mañana el comandante de la policía, Jorge Poveda, presentó la renuncia a su cargo. Luego vendría una reunión de los diputados de la oposición que separaron de su cargo al presidente del Congreso, Omar Quintana, afín al gobierno, para inmediatamente destituir por resolución con la causal de «abandono del cargo» a Lucio Gutiérrez y designar como sucesor al vicepresidente Alfredo Palacio.
El alto mando militar retiró inmediatamente su apoyo al presidente destituido y esa fue la estocada final un régimen que duró en el poder dos años y tres meses, poco más de la mitad de los cuatro años para los que fue elegido. Palacio se convirtió así en el quinto jefe de Estado en ocho años del país sudamericano, donde la moneda oficial es desde el 2000 el dólar.
El paradero de Gutiérrez fue un misterio durante horas, luego de que saliera del Palacio de Gobierno donde estaba atrincherado desde el lunes preparando su huida. Horas más tarde, la embajada brasileña en Quito anunció que el ex coronel se encuentra allí y que Brasilia le otorgará asilo político.
En menos de tres horas, Palacio, un cardiólogo guayaquileño de 63 años, fue posesionado como presidente. Con festejos, los quiteños llegaron hasta el Palacio de Gobierno, pero cuando parecía que todo retornaría a la calma, los manifestantes empezaron a exigir la disolución del Congreso, quemaron el edificio del Ministerio de Bienestar Social, y procedieron a retener a Palacio y a los diputados en las instalaciones de la CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, donde se había reunido el Congreso por los ataques que sufría la sede parlamentaria.
Al final los diputados salieron pero tuvieron que soportar un rosario de cuestionamientos e insultos de una clase media enfurecida y que dos años antes los había votado.
Palacio finalmente pudo dar una rueda de prensa en la que aseguró que procederá a la reestructuración del Estado a través de las propuestas que hagan asambleas populares y una Constituyente, uno de los pedidos realizados por los manifestantes que lo mantuvieron retenido. Sin embargo, no disolverá el Congreso (unicameral) como exigen los manifestantes que se mantuvieron en los alrededores del Palacio de Gobierno y en el lugar de sesión del Congreso.
La rueda de prensa fue ofrecida en el Ministerio de Defensa, donde Palacio acudió ante la imposibilidad de llegar a la sede Gobierno por la cantidad de gente que se reunió ahí con consignas que exigen «Que se vayan todos». La confusión y la agitación no cesaron mientras distintos sectores productivos, militares y civiles realizaban llamados al retorno de la estabilidad y la tranquilidad.
Gutiérrez fue depuesto por los votos de 62 de los 100 diputados del Congreso, cuya decisión ignoró una serie de procesos para cesar a un jefe de estado, debido a la presión de las generalizadas manifestaciones callejeras. A ello se sumó el casi inmediato pronunciamiento de las fuerzas armadas que le retiraron el apoyo a Gutiérrez, lo que se constituyó el sello final.
Algunas de las disposiciones legales que se ignoraron en el Congreso para cesar a Gutiérrez fueron: una mayoría simple de diputados (51) que debían aprobar si cabía el enjuiciamiento, luego 75 de los 100 diputados debían aprobar el enjuiciamiento y finalmente la destitución debía ser aprobada por 75 votos. Tampoco la acusación de “abandono de poder”, la causa argumentada para cesar al ahora ex jefe de estado, quedó clara. Gutiérrez permaneció en el palacio de Gobierno hasta último momento, cuando dejó el sitio en un helicóptero militar.
Primero fue Venezuela la que le ofreció “asillo diplomático” al flamante “ex presidente”. Pero la cancillería de Brasil aceptó concederle asilo y Gutierrez se mantiene en la residencia del embajador Sergio Florencio Sobrinho, a la espera de completar los trámites requeridos para recibir el salvoconducto y que garantice su seguridad en el trayecto entre la embajada y el aeropuerto internacional de Quito.
Cómo será el nuevo gobierno
Alfredo Palacio, flamante presidente de Ecuador desde el pasado miércoles, asume el gobierno con problemas de gobernabilidad por la ausencia del respaldo de un partido político y de una bancada parlamentaria. A esa desventaja estructural se suma la fuerza de la protesta popular que ha condicionado que se cumplan sus exigencias bajo amenaza de derrocarlo.
Aunque no existe un planteamiento conjunto ni organizado de la sociedad civil quiteña que salió a las calles para protestar contra el gobierno de Lucio Gutiérrez y no descansó hasta verlo derrocado, en la revuelta ganaron fuerza grupos que se han formado para exigir el no pago de la deuda externa, el abandono del modelo de dolarización, el no ingreso al Tratado de Libre Comercio y la salida de la base militar norteamericana en la ciudad costera ecuatoriana de Manta.
Sin trayectoria ni militancia política, lo cual ha levantado como bandera, Palacio, un estudioso de la medicina y especializado en cardiología, se ha identificado con reclamos sociales como la mejora del sistema de salud pública, que sufre un paro que lleva ya dos meses; la dotación de recursos para la educación y el pago de la deuda social por sobre las deudas adquiridas por esta nación en el exterior.
A esto se suma su ofrecimiento, en el discurso de posesión, de refundar la república y reestructurar todas las funciones del Estado, fuertemente cuestionadas. Ese es su proyecto e intenciones, pero para alcanzarlo necesita alianzas que por el momento no se ven muy claras. Cuenta ya con el apoyo de las Fuerzas Armadas, elemento permanentemente dirimente en la política ecuatoriana y que tardó en dárselo, pues Palacio estuvo sin escolta militar durante más de ocho horas luego de su posesión.
Su gabinete, que se empieza a formar, da cuenta de una tendencia de centro y ha incorporado personajes, en general, desvinculados de la política y con prestigio en sus diferentes ramas. Quizás el más cuestionado por los sectores del poder económico ecuatoriano hasta ahora es el ministro de Economía, Rafael Correa, calificado por muchos sectores productivos e industriales de Ecuador como “terrorista económico” por sus posiciones críticas contra la dolarización y el pago de la deuda externa. Sin embargo, Correa ha desmentido que el modelo dolarizador esté en cuestión.
De todas maneras, la imagen que intenta proyectar Palacio es la de retorno a la tranquilidad, al cauce democrático y al diálogo nacional sin saber aún si gobernará por el resto del período presidencial, del cual quedan un año y nueve meses, o sólo estará en el poder hasta viabilizar el adelanto de las elecciones generales.
El pueblo de Quito se siente muy poderoso. Sus protestas y acciones han derrocado ya a tres presidentes en ocho años: el primero fue Abdalá Bucaram, en 1997, después de seis meses de mandato; el segundo fue Jamil Mahuad, en el año 2000, con menos de tres años de gestión, y el tercero y más reciente, Lucio Gutiérrez, con dos años y tres meses de gobierno. Desde el retorno de Ecuador a la democracia en 1979, tras ochos años de dictaduras militares, el país ha tenido 11 jefes de estado, incluidos los tres cesados. ¿Quién será el siguiente? parece la pregunta frente a una situación de desestabilización que se está volviendo característica de la historia política ecuatoriana.
El ex sacerdote y dirigente del Grupo de Movimientos Sociales, Eduardo Delgado, advirtió que “caerán los presidentes, que caigan hasta que escuchen la voz del pueblo”. “Eso no es caos, porque no se puede pretender que haya un modelo asentado sobre la injusticia, sobre la codicia, sobre el maltrato a un pueblo», destacó.
Lo que pasó en Ecuador, reafirmó Delgado, “no es ninguna locura, es (producto de) un pueblo cuerdo… que se cansó que sigamos oprimidos por clases políticas y económicas que no se han dolido durante tanto tiempo de la realidad de un pueblo pobre”, explicó.
Las Calles de Quito luego de la rebelión popular
Las calles de Quito, que durante una semana estuvieron convulsionadas por las protestas contra el presidente Lucio Gutiérrez depuesto el miércoles, retornaban a la calma el jueves, aunque mostraban los estragos dejados por la protesta y persistían las críticas a la “clase política”. El ritmo de vida volvió rápidamente a su curso regular para los 12,2 millones de habitantes de esta nación andina.
Según informaba la prensa ecuatoriana, por esas horas el sentimiento de los ecuatorianos fluctuaba entre el alivio por haber superado una etapa que para el ciudadano común era de “corrupción” y la expectativa ante un nuevo gobernante en quien mantienen esperanzas aunque sin darle carta blanca.
En la céntrica Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, mientras el flamante presidente asumía el cargo, los mayores denuestos que se escuchaban estaban dirigidos contra el Congreso y los diputados a quienes se tildaba de “hijos de puta” y de “delincuentes”.
Una activista de derechos humanos circuló por el palacio presidencial y por la embajada de Brasil, donde se encuentra el ex presidente Gutiérrez en demanda de asilo político, enarbolando una foto del ex presidente con la consigna “se busca”. Según Sonia Andrade, que se identificó como miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, al ex mandatario se le debe procesar “por corrupto, por vendepatria y por proteger a un grupo de delincuentes”.
Andrade subrayó que “Gutiérrez es uno de los responsables de que la corrupción haya hecho metástasis en la estructura del Estado.” Parece no estar muy lejos de lo cierto: el ex gobernante ha sido acusado por la fiscal general Cecilia Armas de ser responsable de la fuerte represión contra los miles de manifestantes que salieron a las calles de Quito y que lograron la caída de Gutiérrez.
En contraste con la baja en la tensión, se observaban en la capital las secuelas de las protestas, que dejaron destrucción especialmente en las sedes del ministerio de Bienestar Social, el Parlamento y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) el lugar donde sesionó el Congreso, pero sede permanente de un organismo histórico de la comunicación social para el continente donde supieron escribirse estudios realmente trascendentes sobre la comunicación popular. Estos fueron los lugares que eligió el pueblo para descargar su bronca sobre las instituciones políticas que hoy tienen al 60 por ciento de los ecuatorianos bajo la línea de pobreza.
Una revuelta sin la presencia de la CONAIE
Los indígenas, que en las últimas crisis ecuatorianas jugaron papeles protagónicos, se opusieron en su mayoría al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez pero se marginaron de las acciones que llevaron a su destitución el miércoles producto de sus divisiones internas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que agrupa a la mayoría de organizaciones y etnias del país, fue gravitante para el derrocamiento del populista Abdalá Bucaram (agosto de 1996 – febrero de 1997) y del democristiano Jamil Mahuad (agosto de 1998 – enero de 2000) al volcarse a protestar en las calles.
La CONAIE incluso mostró su gratitud con Gutiérrez, quien siendo coronel del Ejército lideró un grupo de oficiales que se insubordinó y apoyó una rebelión indígena que provocó el golpe de Estado que destronó a Mahuad. Pero el movimiento indígena nunca se imaginó que el derrocado mandatario se volvería un enemigo, dividiéndolo al punto de debilitarlo.
“Estamos muy contentos por el triunfo del pueblo de Quito, que protestó hasta derrocarlo a Gutiérrez”, expresó a la Agencia France Presse el vicepresidente de la CONAIE, Santiago de la Cruz, quien reconoció que “no protagonizamos la movilización general”. “Hemos sido bastante realistas en el sentido de que la CONAIE desde hace años ha venido sufriendo una crisis interna, sobre todo a raíz de la asunción de Gutiérrez», agregó.
El líder indígena enfatizó que “Gutiérrez manejó una estrategia para dividir a la CONAIE” luego de que el respaldo de esa organización resultara clave para que el coronel retirado ganara los comicios presidenciales de 2002 para un período de cuatro años, hasta el 15 de enero de 2007. Gutiérrez, quien en su campaña electoral mostró tintes de izquierda y ofreció gobernar para y con el pueblo, inició su administración con varios ministros en representación de la CONAIE y dio un vuelco hacia la derecha. La alianza apenas duró siete meses pues Gutiérrez dio por terminado el pacto y renunció a los colaboradores del sector indígena.
A partir de entonces, el ex jefe de Estado emprendió el trabajo para dividir a la Conaie, designando a Antonio Vargas -nativo de la selva de la Amazonia y destituido presidente de la Conaie- como ministro de Bienestar Social. Eso le permitió asegurar el apoyo de parte de los indígenas de la Amazonía, de donde Gutiérrez es oriundo. Además, recibió el respaldo de organizaciones minoritarias de aborígenes como de los evangélicos a cambio de beneficios.
El resquebrajamiento producido por Gutiérrez es inocultable en la Conaie. “Sufrimos un debilitamiento que no nos ha permitido consolidar al movimiento”, expresó de la Cruz, quien anotó: “Aspiramos, y estamos convencidos de que en las próximas ocasiones (de protesta contra el gobierno) otra vez seremos protagonistas”.
”Hay que admitir que el proceso de división que implementó Gutiérrez es de tal magnitud, que ha desmovilizado a los indígenas ecuatorianos, que restó dramáticamente el poder de convocatoria a la lucha”, afirmó, a su vez, José Luis Bedón, portavoz de la CONAIE. “También hay desconfianza de que el movimiento vuelva a ser utilizado para efectos políticos como en el caso de Gutiérrez”, añadió.
Para el diputado Antonio Posso, del partido Pachakutik -brazo político del movimiento indígena- la traición de Gutiérrez al movimiento indígena fue uno de los factores que lo llevó a su salida del poder, según dijo a la radio colombiana Caracol. “El movimiento indígena fue el factor fundamental para que Gutiérrez ganara las elecciones y, sin embargo, su vil y cobarde traición a la vuelta de la esquina, para entregarse a los grupos de derecha, lo llevó a su derrota”, remató Posso ahorrándole conclusiones a muchos analistas adictos al lenguaje esquivo.
