Con el TLC y el Plan Colombia en jaque, Bush llegó a Bogotá

La gira del inquilino de la Casa Blanca se extendió más allá de los ojos rioplantenses y sus costados menos conocidos encierran las facetas más sórdidas de la relación de Estados Unidos con el continente. Es el caso de Colombia, donde George W. Bush llegó el domingo para entregar un nuevo respaldo político a Alvaro Uribe, su principal aliado en la región, en momentos en que la suerte de la ayuda antidrogas y un
Tratado de Libre Comercio (TLC), depende de un congreso de mayoría opositora que tiene jaqueado al gobierno uribista.

La visita fue por una tarde nada más, donde Bush se reunió con los delegados de las comunidades negras y según dijo la prensa conoció de primera mano los logros de los
programas de sustitución de cultivos ilícitos y generación de productos alternativos financiados por su país. El problema es que los resultados no son muchos y las consecuencias del plan de erradicación de cultivos es una de las esrategias más nocivas sobre los campesinos colombianos.

«Hemos tenido con los Estados Unidos una alianza leal. Nosotros somos aliados leales con los Estados Unidos y hermanos fraternos de América Latina», aseguró el presidente Uribe a la prensa extranjera al enfatizar que esperaba a Bush «con amistad, afecto y con gratitud». «Recibimos al Presidente amigo, quien ha tenido toda la decisión de apoyar a Colombia en el proceso de superar el terrorismo y de superar las drogas. La ayuda de Estados Unidos ha sido una ayuda práctica, no retórica», añadió el mandatario que, sin embargo, se declaró preocupado por el futuro del TLC.

«Sabemos que no es fácil la aprobación de este tratado en el Congreso, (pero) Estados Unidos, que a través de una política bipartidista ha propuesto esquemas de alianza con América Latina, tiene la oportunidad de expresar -con el TLC- a países como Colombia y Perú, su real voluntad de integración».

El gobierno uribista admite que el futuro del TLC suscrito por ambos gobiernos enfrenta problemas entre la bancada democráta del congreso. «El panorama es difícil porque hay opositores, hay dudas, pero nosotros estamos haciendo la tarea de explicar», admiten en el gobierno mientras la escala del Air Force One en Bogotá se produce después que Bush anunció que en el presupuesto de 2008 ampliará los recursos para la continuidad de las estrategias del llamado Plan Colombia de lucha antidrogas y contra las guerrillas revolucionarias.

Pero al mismo tiempo, portavoces demócratas del Congreso estadounidense, que ahora son mayoría, han expresado fuertes críticas al gobierno colombiano en materia de derechos humanos y por vínculos de varios políticos cercanos al mandatario con paramilitares de ultraderecha.

Se puede decir que los más de 4.000 millones de dólares que Washington ha gastado en Colombia desde 2000 no le permitieron a Bush comprar siquiera el derecho a una noche de tranquilidad, en la que sigue siendo una de las esquinas más peligrosas de su vecindario sur, pese a la reducción de las estadísticas de violencia bajo el gobierno de Alvaro Uribe.

Este fin de semana Bogotá y varias ciudades aledañas permanecían fuertemente militarizadas ante la posibilidad de un ataque de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La capital colombiana y sus alrededores fueron blindados por tierra y aire por 22.000 miembros de las fuerzas armadas.

Los ruegos

Antes de que Bush pusiera sus pies sobre suelo colombiano, el presidente Alvaro Uribe rogó al pueblo estadounidense mantener la ayuda para derrotar a la guerrilla y el narcotráfico con el apoyo al Plan Colombia, un tema crucial en esta nación andina ya que sus defensores sostienen que “ha servido para reducir la violencia y hacerla menos corrupta.”

«Le pido al mundo, le pido a los Estados Unidos que nos apoyen, no hemos ganado todavía pero vamos ganando y vamos a persistir»,
expresó el jueves el mandatario en una entrevista exclusiva con The Associated Press.

Las dudas crecen, particularmente entre la ahora mayoritaria bancada demócrata del Congreso estadounidense, respecto a la efectividad de la ayuda que Washington desembolsa a esta misión que en los últimos cuatro años asciende a 4.000 millones de dólares, dado que la cocaína sigue llegando a las calles de Estados Unidos y Europa y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no ha sido derrotada y ni uno de sus altos
comandantes capturado.

Ante ese panorama, Uribe se preguntó «qué le habría podido suceder a nuestro país sin el Plan Colombia y si se compara con el camino de recuperación del país que hoy estamos conduciendo se ve grandemente el beneficio» que ha tenido la ayuda estadounidense que le ha permitido incrementar las fuerzas de seguridad en un 30% para lanzar una ofensiva que arrinconó a las FARC a las junglas del país y ha permitido fumigar hasta 200.000 hectáreas de cultivos
ilícitos de coca al año para contrarrestar la fabricación de cocaína.

Sostuvo que «se puede decir que no hemos ganado todavía pero estamos ganando y sería un inmenso error, en una tarea que se está ganando, abandonarla y dejarla a la mitad del camino».

La conexión paramilitar

Pero cuando el congreso colombiano interrogó a Uribe respecto las investigaciones judiciales que tienen en prisión a quien fue su jefe de inteligencia, ocho congresistas aliados suyos y prófugo al padre de su recién renunciada canciller por supuestos lazos con paramilitares, el gobernante desvió la respuesta afirmando, exacerbando el tono de su voz, que fueron las guerrillas las que «engendraron el paramilitarismo».

«Esas guerrillas marxistas fomentaron la combinación de todas las formas de lucha, infiltraron la política, infiltraron la universidad, infiltraron el movimiento obrero, infiltraron el movimiento campesino, lo que pasa es que esa verdad no se ha revelado. Esas guerrillas marxistas rechazaban el narcotráfico y después se dedicaron al narcotráfico, esas guerrillas que no fueron combatidas por el Estado engendraron el paramilitarismo, que nace como una autodefensa pero termina en el narcotráfico y en las mismas prácticas de la guerrilla», expresó.

Durante la última década, esas organizaciones armadas controlaron vastos territorios del país, pero en los últimos dos años se acogieron a un proceso de paz promovido por Uribe que permitió la desmovilización de más de 31.000 combatientes y ahora tiene encarcelados a unos 60 ex jefes que buscan los beneficios de una ley que los castiga con ocho años de prisión si confiesan todos los crímenes que cometieron y entregan las propiedades malhabidas
para entregárselas a sus víctimas.

La traición a la patria

En ese contexto, el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) de Colombia acusó a Uribe por traición a la patria al firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que su gobierno negoció con el de Estados Unidos.

Colombia y Estados Unidos firmaron el TLC el pasado 22 de noviembre en Washington, nueve meses después de que sus equipos negociadores dieran por terminadas las negociaciones formales, que habían emprendido en mayo de 2004.

Los opositores señalaron que Uribe, en el documento que entregó al congreso, demuestra «cómo la soberanía y el interés nacional resultan gravísimamente vulnerados por el TLC».

Uribe pudo violar los dos artículos del Código Penal del país que definen los delitos de «traición a la patria» y «traición diplomática», explicó el senador. Según uno de esos apartados, la «traición a la patria» se configura cuando alguien menoscaba la soberanía nacional al realizar «actos que tiendan a someterla en todo o en parte al dominio extranjero o a afectar su naturaleza de estado soberano».

En este sentido, aseguraron que «es evidente que el TLC somete la soberanía en todo o en parte al dominio extranjero (en este caso de Estados Unidos) y afecta su naturaleza de Estado soberano».

En «traición diplomática», según el otro artículo, incurre quien «actúe en perjuicio de los intereses de la República, en el caso de gestionar algún asunto con Gobierno o Estado extranjero», recordó el congresista.

El reglamento del Congreso establece que el comité de la Cámara debe valorar la denuncia y decidir si abre una investigación formal contra el gobernante. Si el jefe del Estado es acusado, el proceso debe ir al Senado, para la etapa de juicio.

La denuncia fue formalizada tres días antes de que George W. Bush, pisara suelo colombiano. Una señal más del resquebrajamiento que sufre el gobierno latinoamericano más cercano al Partido Republicano de los Estados Unidos.

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