Con Dios o con el Diablo

Por Causa Popular

¿Se puede mantener una buena relación con dios y con el diablo?. Según cual sea la respuesta que se considere correcta para responder esta pregunta, se podrá valorar de manera exitosa o no la forma en la que el gobierno está llevando la negociación con el FMI. Si la respuesta es afirmativa el pueblo argentino puede estar contento: es la primera vez en muchos años que dios aparece en la negociación. En otras palabras, es el pueblo el que es tenido en cuenta por un gobierno que no está dispuesto a vender el alma a cualquier precio y negocia con dignidad en la búsqueda de un desarrollo nacional estratégico. Pero, por el contrario, si la respuesta fuera: “es imposible satisfacer a los dos”, las políticas económicas del gobierno nacional se tiñen de contradicciones, dudas, y continuidades con una época en la que el diablo se disfrazó del dios mercado.

Una tercera revisión del acuerdo para el 2004 no tratada por el directorio del Fondo. Una seudoautocrítica del organismo sobre sus políticas para la Argentina y una posterior carta del Ministerio de Economía hipercrítica del organismo multilateral.

En el medio, sucesivas presiones para que el país avance en las reformas estructurales pendientes y acuerde con los acreedores privados en default. A su vez, un gobierno que responde obedientemente, al mismo tiempo que vuelve a criticar en el marco del Consejo de las Américas, un encuentro organizado por Estados Unidos con los empresarios extranjeros más importantes.

Todos movimientos que no definen una línea estratégica, que no termina de aclarar si el gobierno va a desarrollar el mercado interno y distribuir la riqueza o por el contrario se mantiene en la lógica de los 90 y busca atraer inversiones extranjeras hasta que la riqueza se derrame hacia los pobres.

Un pacto con el diablo.

En los primeros cinco meses del año el ahorro fiscal alcanzó los 10.037 millones. De esta manera el gobierno cumplió una de las metas acordadas en Dubai con el FMI para todo el año. El Ministerio de Economía derrochaba optimismo y descartaban una aprobación de la tercera revisión del acuerdo realizada en los últimos días de junio. Sólo faltaba un detalle, pedir una dispensa al organismo por no haber podido alcanzar las metas cualitativas acordadas.

Alcanzar un acuerdo con los gobernadores a fines de mayo sobre coparticipación y responsabilidad fiscal, reformar el sistema tributario eliminando impuestos distorsivos, compensar a los bancos por la pesificación asimétrica y los amparos judiciales antes que termine marzo, renegociar 39 concesiones de empresas privatizadas para cuando acabe junio, reestructurar la banca pública, y crear una agencia independiente que regule el sistema financiero y sólo rinda cuentas al parlamento. Fueron los compromisos que asumió la Argentina, y que para junio no había cumplido. Luego avanzó en algunos de ellos, pero parcialmente.

En la madrugada del 5 de agosto el Congreso Nacional terminó de aprobar con la sanción de diputados la llama “Ley de Responsabilidad Fiscal”. Esta Ley, que compensa la imposibilidad de sancionar una nueva ley de coparticipación, impone un corsé al gasto público provincial -solo se autorizan nuevos gastos si hay mayor recaudación-, limita el endeudamiento – los servicios de la deuda no podrán superar el 15% de los recursos- y garantiza mayores recursos fiscales para afrontar los pagos de la deuda. Una Ley que para lograr su aprobación, la Nación debió condonar a cinco provincias las deudas que tenían con ella y garantizarle lo mismo a otras 10. Un esfuerzo que no cumplirá finalmente con el objetivo buscado.

El FMI declaró inmediatamente después que el proyecto no prevé sanciones penales contra los funcionarios que violen la ley, por lo cual no considera cumplida esta meta del acuerdo.

En cuanto a la reforma tributaria se llegó a bajar dos décimas el impuesto a las transferencias financieras -el Fondo exigía su eliminación-, y Lavagna pretendía discutir la reforma al momento de la tercera revisión, luego abortada. A medias también quedó la compensación a los bancos. El Banco Central la reglamentó y Economía ratificó el 18 de mayo un criterio menos generoso que el deseado por los bancos y muchos de ellos prefirieron no adherir al esquema.

Las privatizadas también esperan su turno que, en este caso, parece no va a tardar mucho. El acuerdo hablaba de 39 concesiones a renegociar, y aunque el gobierno hasta ahora solo cumplió menos del 10 %, ya se comprometió con varias empresas a comenzar a negociar el aumento de tarifas. A medias, pero con algunas medidas ya implementadas, se encuentra la restructuración de la banca pública. Se nombró una consultora privada para realizar una auditoria del Banco Provincia que fue cuestionada, y aún se encuentra desierta la licitación para la restructuración del Banco Nación. Como ésta meta, también se encuentra pendiente la agencia para regular el sistema financiero, aunque el decreto que la creo ya vió la luz, existe una puja entre Economía y el Banco Central respecto a la competencia de cada uno en la misma.

Otro elemento para analizar, que influye sobre todos los anteriores, es la deuda en default. Detrás de la postergación por parte del FMI de la aprobación del acuerdo, está la presión de los países a los que pertenecen los acreedores privados. Su deuda está en default desde que Rodriguez Saa fue aplaudido por la Asamblea Legislativa en enero de 2002 cuando lo anunció. Luego de una primera oferta con una quita del 75 %, el gobierno nacional tuvo que aflojar y ofrecer pagar el 40 % de lo adeudado. Hay que tener en cuenta que entre los seis países donde se encuentran quienes tienen más bonos argentinos, están Italia (15,6%), EE.UU (9,1%), Alemania (5,1%) y Japón (3,1%), todos pertenecientes al selecto G7, quienes tienen más peso en las decisiones que toma el Directorio Ejecutivo que delinea las políticas del FMI.

A pesar de las declaraciones de los funcionarios sobre la necesidad de negociar con dignidad y presentar ofertas que el país pueda pagar, los montos de la deuda externa global que hasta la última oferta se pide como quita, rondan solo el 22,3% del total. Porcentaje que resulta calculando la quita del 60% de la parte de la deuda pública total que se encuentra en default: solo un 38,3%.

Un guiño para Dios

Luego de que el FMI anunciara lo que ya todos esperaban -postergación de la tercera revisión del acuerdo para septiembre- el gobierno anunció la suspensión de las negociaciones con el organismo multilateral hasta fin de año. El motivo, adujo, es no interferir la negociación con los acreedores privados que debe retomarse durante ese mes. De esta manera el país quedaría liberado, por un tiempo, de las exigencias del Fondo. Incluso, funcionarios de economía dejaron trascender que el Ministerio bucea la posibilidad de cancelar la deuda con este organismo y recuperar la libertad en el manejo de la política económica.

La misma semana, con otro anunció, el gobierno nacional pareció acentuar una posición distinta en la relación con el FMI.

El aumento en las jubilaciones y el estudio de un nuevo incremento de los salarios para estatales y privados se convirtieron en todo un gesto en este contexto. Estos incrementos en el poder adquisitivo de la población, junto a los anunciados planes de obras públicas, acompañados por un mayor gasto público para financiarlos, intentan dar una señal clara para establecer como Néstor Kirchner y su ministro de economía Roberto Lavagna, pese a sus diferencias, pasan de las palabras a los hechos, y encaran el camino del desarrollo nacional.

Este camino se dejó ver también en el documento publicado por el Ministerio de Economía en su página de internet el pasado 5 de agosto. En el mismo se le critica al Fondo las condicionalidades estructurales impuestas, las “que van más allá de las atribuciones del gobierno en un régimen republicano. El documento, una respuesta clara a la seudoautocrítica que se realizara el organismo a fines del mes de julio por las políticas económicas impuestas a la Argentina, fue divulgado el mismo día en que se aprobaba la ley de responsabilidad fiscal. El mismo concluye que “el fondo no parece estar totalmente preparado para hacer frente a una crisis de gran magnitud” ante lo cual desde el Ministerio se pide “mayor margen de acción a las autoridades nacionales para implementar las medidas de política económica necesarias”. Tres días después coherente con esta búsqueda del “margen de acción” se anunció la suspensión de la negociación con el organismo de crédito multilateral.

La misma frecuencia sintonizó Cristina Fernández de Kirchner en su intervención en el Consejo de las Américas, una entidad conservadora que agrupa a empresarios estado unidenses con intereses en América Latina y cuyas figuras más destacadas son David Rockefeller, William Rhodes y David Mulford, indicados por muchos como los verdaderos dueños de los Estados Unidos. Frente a este particular auditorio Cristina declaró que “Estados Unidos nunca le hizo caso al FMI y le fue bastante bien. No propongo un modelo alternativo, sino que sigamos su modelo -en referencia al de EE.UU-“. Parece nada es lo que parece.

Con uno o con el otro

El fortalecimiento de un Estado que permita el disciplinamiento de los capitales nacionales y los asentados en el país, es uno de los modelos que se trasluce entre varias de las medidas que está tomando el gobierno de Néstor Kirchner. Fortalecer el mercado interno mediante un aumento de sueldos, un mayor gasto público y la creación de puestos de trabajo mediante planes de obra pública, son sus rasgos más característicos. Sin embargo, estas medidas son aún muy escasas y se contradicen con las posibilidades reales con las que cuenta el gobierno y a las que aún no echó mano, dando lugar al sostenimiento de un segundo modelo económico ya conocido por todos los argentinos.

Fortalecer el mercado interno permite un crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, quienes son las que absorben la mayor cantidad de mano de obra. Dos factores principalmente fortalecen este mercado: la inversión y el financiamiento. En cuanto a la inversión hoy el Estado solo destina un 1% del PBI, mientras que para el pago de la deuda tiene comprometido destinar el 3%. Claro que si no es la inversión pública la que permite el crecimiento de la economía más haya de la capacidad instalada -en la cual se basa el crecimiento actual-, la inversión extranjera será la salvadora. Esta última y el financiamiento externo de los organismos multilaterales es el factor al que, al menos hoy, parece apostar el Ministerio de Economía, contrariamente a sus declaraciones.

Pero además, no solo el tan anunciado aumento a los jubilados, en la realidad sólo permitirá alcanzar el 70 % del poder adquisitivo que tenía antes de la devaluación una magra jubilación de $150, también las discusiones en torno al aumento de los salarios a estatales y privados dejaron ver que la lógica neoliberal continúa en el seno del gobierno contradiciendo declaraciones e intenciones del Presidente Néstor Kirchner.

Las dudas sobre si efectivizar o no el aumento fueron expresadas por un funcionario de economía mediante el siguiente razonamiento. Las jubilaciones volcarán al mercado interno 1500 millones de pesos en un año, 600 millones de aquí a fin de año.

El problema es que ya empezaron a producirse, los llamados, cuellos de botella en algunos rubros. Estos podrían empezar a escasear en el mercado si se inyecta en éste más dinero con el aumento salarial. Si esto sucede se pondría en juego la ley de la oferta y la demanda con la cual subirían los precios de esos productos generando inflación. Resumiendo, economía no duda sobre la necesidad de aumentar los salarios, encuentra límites objetivos para hacerlo.

Pero este análisis deja muchos cabos sueltos. Cuando sumamos la situación en la que se encuentra el mercado interno luego de la devaluación de 2002 vemos que según datos oficiales os precios de los productos industriales aumentaron un 107% y los agropecuarios el 168%. Los salarios privados registrados -los que otorgaron las mismas empresas que venden más caros sus productos-, por su parte, solo lo hicieron en un 39%. Si le sumamos que el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza, y la mitad del 50 % restante muy cerca de la misma, resulta bastante inverosímil que un aumento salarial pueda recalentar la economía generando inflación.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su intervención en contra del FMI en el Consejo de las Américas, los periodistas que cubrían el evento corrieron presurosos detrás de las declaraciones de los empresarios presentes. Las respuestas textuales fueron las siguientes: “nosotros tenemos previstas inversiones en los centros de compras y no las pensamos suspender” (Elsztain, titular de IRSA, grupo propietario de los principales shoppings); “a mi me gusta mucho la posición de Lavagna” (Vázquez, presidente de Telecom); “Néstor Kirchner tiene una posición de mucho valor, está defendiendo dignamente los intereses de todos” (De Narváez, ex financista de la última campaña de Menem).

No hay mucho lugar para la duda. El crecimiento económico está sostenido por las utilidades que significa producir con tan bajos salarios. Esta es la base fundamental de la satisfacción de los empresarios estadounidenses. Máxime si se continúa avanzando paralelamente en las reformas estructurales con el Fondo mientras se intenta no bajar sus extraordinarias utilidades con un aumento desmedido de salarios que más que generar inflación, desequilibraría sus ganancias.

De todas formas, no parece estar dicha la última palabra. El gobierno nacional ha dado sobradas muestras que mantienen viva la llama de un desarrollo nacional independiente y con justicia social. Además de las medidas y orientaciones ya nombradas, los acuerdos estratégicos con Hugo Chávez están en esa sintonía. De los tres principales países de la región, Venezuela fue está a la vanguardia a la hora de proponer un segundo camino que ponga en el centro a los pueblos, no los capitales. En este sentido el propio Chávez en una conferencia de prensa previa al referendum del 15 de agosto, propuso la conformación de un Banco del Sur con parte de las reservas de los bancas centrales de Venezuela, Brasil, Argentina. Teniendo en cuenta que en la partida se encuentran las tres economías más grandes de sudamérica, y entre ellas Venezuela es el quinto exportador de petróleo del mundo y Brasil una de las economías más pujantes del planeta por fuera de los países centrales, permiten afirmar que divisas no faltarían para alcanzar el “mayor margen de acción” que Lavagna le reclamó al Fondo y que resulta crucial para luchar contra la creciente pobreza de los pueblos de estas latitudes.

Tarde o temprano el gobierno deberá tomar una desición. O consolida la estructura económica existente con eje en los grupos exportadores más concentrados o aumenta el mercado interno, distribuyendo la riqueza y generando empleo con el crecimiento de las PYMES y la economía social. En otras palabras, o continua aplicando las exigencias del Fondo o decide implementar una política económica independiente.

El año y medio de gestión le ha dejado sobradas muestras de que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Se acerca el momento en que deberá elegir entre uno de los dos.

De esta decisión dependerá el futuro de muchos argentinos

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