En las sospechas sobre delitos que se ejercen en la administración pública de La Libertad Avanza se detectan continuidades y disrupciones. El manejo turbio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ya excede al contenido de los audios de su ex director Diego Spagnuolo, tiene ecos de los andamiajes de la patria contratista. Distinto es lo que expone el informe de la Comisión Investigadora $Libra, donde la política fracasó en darle la derecha al mundo de los criptobros como una salida honestista a la apropiación del erario público.
Lo viejo
En las 276 páginas del dictamen firmado por el fiscal Franco Picardi, que ordena la indagación a ex funcionarios, empresarios y operadores, se define a ANDIS como un “centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”. La obtención de dinero “de manera indebida” se logró mediante una “ventanilla de pagos millonarios” con “sobreprecios”, producto de una cartelización de empresas proveedoras del Estado. Muy semejante a los contratistas de la obra pública vial, cercenada por la motosierra.
Picardi toma como prolegómeno la creación, en 2022, de un grupo de WhatsApp llamado “Grupo Museo”. Allí estaban Pablo Atchabahian, ex funcionario de ANDIS en el tramo final de la presidencia de Mauricio Macri (2018-2019), y otras figuras ligadas a las droguerías. En enero de 2024, uno de ellos comentó la noticia sobre la presidencia de Spagnuolo en la agencia: “Hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo”. Para el 3 de junio de ese año, cuando Daniel Garbellini asumió el mismo cargo que tenía Atchabahian, el grupo compartió un meme con la siguiente leyenda: “Se alinearon los planetas”.
He aquí la influencia de personas ligadas al macrismo y a sus sucesores mileístas en decisiones que tocan lo legal. Con el peritaje de los teléfonos, la fiscalía concluyó que Atchabahian había dado órdenes a Garbellini sobre cómo tenía que manejar las licitaciones. “Frená y dormí los pagos” a determinado proveedor “lo más que se pueda”, le escribía en privado. Incluso, en junio de 2024, Garbellini le había entregado a Claudia Ferrari —ex directiva en la gestión de Atchabahian/Macri y ahora empleada de los laboratorios Roche— las claves y usuarios para entrar al portal de administración. Una “gravedad inusitada”, describió el fiscal.
Lo que ocurrió allí es que se invitaba a determinadas empresas para presentar ofertas de medicamentos e insumos, cuando debía invitarse a todas (pág. 179). De las 29 droguerías registradas, solo participaron entre 11 y 14 por semana. Y luego entre 3 y 4. De 21 licitaciones “acotadas” para demandar remedios, las compañías Génesis y Profarma “resultaron adjudicatarias del 93,11%” (pág. 193). Al achicar competidores, se habilitaba la suba de precios.
Un ejemplo: el Burosumab es un medicamento contra una enfermedad rara ligada a la falta de absorción de fósforo. El paquete de 20 mg, entre mayo y septiembre de 2024, cotizaba entre 16 y 19 millones de pesos, según quien lo ofertara. Pero a partir de diciembre, con la entrada de Profarma, se empujó a $21,9 millones. Durante la primera mitad de 2025, al ingresar Génesis, el precio pasó de entre $39,5 millones a $45 millones. Implicó una suba del 108%.
De hecho, Génesis fue dada de alta el 12 de julio de 2024, en la presidencia de los Milei. La fiscalía no pierde de vista que esa empresa, en febrero de este año, había importado un Chevrolet Silverado Z71, con cédulas de autorización para conducir a nombre de Pablo Atchabahian, el creador de “Grupo Museo”. Pero también se detectaron casos donde el sobreprecio podía alcanzar hasta 2.000%, como ocurrió con el Macitentan, cuyas 30 unidades pasaron de $411.764 a $8.290.000.
Ese excedente, transformado en coima, era administrado por el enigmático lobista Mauricio Calvete, el “verdadero director paraestatal de la ANDIS” (pág. 67). En los allanamientos de su domicilio se encontraron cuadernos donde llevaba “la contabilidad de los movimientos de dinero que se efectuaban entre diversas firmas” (pág. 69).
Para colmo, tenía incluidas unas planillas cuyas últimas cuatro columnas tenían los siguientes títulos: “Costos” (con un monto), “Costos” (con otro monto superior), “Diferencia” (entre ambos costos) y “2/3 Partes” (el 67% de esa diferencia). Eso demostraría que se registraron “distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendían”.
Por último, está el tramo del lavado de ese dinero. Aquí aparecen otros dos operadores: Alan Pocoví y Sergio Mastropietro. El primero lo invertía en criptomonedas mediante la aplicación Neblockchain. Y el segundo lo ocultaba mediante transferencias a Baires Fly, a nombre de distintas droguerías, para la “compra de kilómetros nacionales”. Es decir, para “disimular el origen y/o el destino de los fondos” (pág. 157). Mastropietro fue dueño de Avian, otra firma de vuelos privados que compró a su par MacAir, perteneciente a la familia Macri.
Que la fiscalía haya obtenido toda esta información en tres meses se explica por la falta de autocuidados, donde dejaron varias huellas. Falta de experiencia, quizás. Pero también algo de resabio macrista.
Lo nuevo
En el trabajo elaborado por 28 diputadas/os por el caso $Libra, se pueden detectar también otros “agentes externos” o “paraestatales”. Pero con la novedad de que no tenían ninguna experiencia en política, sino en el mundo de las cripto. Hablamos de quienes visitaban reiteradamente al presidente Javier Milei, con el aval de Karina: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Ambos organizaron en 2024 el Tech Forum, con el aval de la Casa Rosada, donde convocaron a experimentados timberos de dudosa reputación. Allí fue cuando el presidente conoció a quienes lanzarían el token en desgracia: el supuesto surcoreano Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y el estadounidense Hayden Davis, quien suministró la infraestructura para sostener $Libra.
Según cálculos del experto informático Fernando Molina, hubo en total 143.142 wallets (billeteras) que operaron con $Libra. 114.410 perdieron dinero. Y dentro de los pocos ganadores, solo 36 ganaron más de un millón de dólares cada uno.
La comisión puntualizó que antes de $Libra ya existía un antecedente muy cercano e involucraba a los mismos personajes. Lo confirmaron con un pedido de informe a la plataforma comercial Gate.io. Así obtuvieron una fecha clave: 10 de diciembre de 2024.
Ese día, a las 7:21 de la mañana, Terrones Godoy recibió un depósito de 6,7 millones de tokens llamados $KIP. Dos minutos después comenzó a venderlos. Pero fue a partir de las 12:24 hs que se empezó a promover desde las redes sociales, con el apoyo de KIP Protocol (la misma que después suministraría $Libra).
Terrones Godoy logró vender más de un millón ese día. A la noche, los canjeó por monedas Tether (medidos en USDT). Con ellas transfirió 59.993,35 USDT a su socio Novelli a las 22:34 hs. Mandó otros 50.000,50 USDT a las 22:45 hs. y otro tanto de 42.720,80 USDT a las 22:49 hs. Total: 152.700 USDT en 15 minutos. Poco tiempo después, $KIP tuvo una caída drástica de su valor, permitiéndole a la dupla Novelli–Terrones Godoy obtener una gran renta.
A la vez, la comisión parlamentaria tomó otra fecha clave: 30 de enero de 2025, día en que Javier Milei se reunió con Davis en la Residencia de Olivos. Minutos después de ese encuentro, el estadounidense transfirió USDT 1.015.000 a una cuenta de la plataforma Bitget. Un día después, una billetera alojada en la red TRON recibió USDT 320.000 desde Bitget. Paralelamente, Novelli recibió en sus cuentas personales USDT 657.500 y 37.500, también provenientes de Bitget. La suma da el mismo monto. Todavía hoy, varios sabuesos siguen el rastro del dinero, dividido y dispersado en distintas billeteras, plataformas y canjeándose por distintos activos.
“Este patrón pone de manifiesto un modus operandi protagonizado por los mismos nombres repitiendo maniobras financieras presuntamente ilícitas: los de Javier Milei (como promotor) y Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (como intermediarios y operadores)”, señala la página 157 del informe.