Por Causa Popular.- Desde el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy, Chile no ha pasado un solo día sin presos políticos en sus cárceles. El caso de Galvarino Apablaza Guerra (Salvador) es un poco diferente: está preso en Buenos Aires y el lunes 27 de junio comparecerá ante la justicia argentina por el juicio oral que deberá resolver si será o no extraditado a Chile. Cuando los estrados comiencen la sesión en la capital argentina, al otro lado de la Cordillera de los Andes, 4 presos políticos chilenos habrán cumplido 41 días de huelga de hambre en reclamo de la sanción de una ley que permita su libertad y, al cierre de esta edición los médicos han dicho que su estado es preocupante. Es que aunque estén en cárceles tan distantes, es el mismo estado chileno que los persigue y encarcela. Bajo un régimen legal heredado de la dictadura, tanto en Santiago como en Buenos Aires el gobierno chileno pretende utilizar a los luchadores sociales presos como rehenes de la versión chilena de la teoría de los dos demonios que permite mantener la impunidad a los genocidas que perpetraron miles de vejámenes en durante el régimen pinochetista y que aún no han sido procesados.
Sergio Galvarino Apablaza, ex miembro de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile será sometido a un juicio oral y público de extradición desde el lunes próximo.
El juez federal Claudio Bonadío encabezará las audiencias en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, con el acusado sentado en el banquillo, y ante el fiscal, Carlos Rívolo, el emisario del Estado chileno Gustavo Gené y el abogado defensor, Rodolfo Yanzón.
El debate empezará el lunes próximo a las 14.30 y continuará en horas de la mañana el martes y el miércoles -día en que está prevista su finalización-, en la sala donde se desarrolló el juicio por el ataque a la AMIA. Por allí desfilará media docena de testigos, la mayoría provenientes de Chile.
Como testigos aportados por la defensa, declararán el titular del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier; el sociólogo Tomás Moullián, el historiador Gabriel Salazar, el abogado de derechos humanos Alberto Espinosa, el ex miembro del FPMR Claudio Molina Donoso -que reside aquí- y un dirigente mapuche, Juan Antonio Painecura, todos presentados por la defensa.
Sin embargo, este proceso no es imprescindible para otorgarle el refugio político, una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo argentino, que ya cuenta con elementos de sobra para dar un dictamen favorable e impedir que continúe injustamente encarcelado, apartado de su esposa y sus tres hijos argentinos de 3 y 10 años.
Las acusaciones en su contra son por hechos ocurridos en 1990 y 1991, primeros años posteriores a la salida de Augusto Pinochet de la Moneda. Lo sindican como el “autor intelectual” del atentado contra Jaime Guzmán, una suerte de López Rega trasandino que fundó las brigadas paramilitares de la dictadura que derrocó en 1973 a Salvador Allende y que luego oficiara como autor de los discursos del dictador.
Además de las imputaciones intelectuales por la muerte de Guzmán, los tribunales chilenos acusan a Galvarino Apablaza del mismo modo por el secuestro del empresario periodístico Cristian Edwards. A pesar de que tuvieron que recurrir a la “autoría intelectual” por la falta de pruebas, la derecha chilena utiliza el caso para hablar de hechos ocurridos en “democracia”, aunque hasta hoy se reconoce que en los primeros 5 años de la década siguieron ocurriendo torturas, detenciones políticas y expulsiones por destierro.
Tras prácticas que poco tienen que ver con la vigencia del estado de derecho y que han hecho de la democracia trasandina, una verdadera “democracia blindada” que ahora se propone mantener entre rejas a decenas de luchadores que pusieron en juego su vida para detener el avance de la dictadura pinochetista.
Salvador fue detenido el 29 de noviembre pasado cuando circulaba con un documento falso, bajo el nombre Héctor Mondaca, conduciendo una camioneta en la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno. Su detención ocurrió en los mismos días que en Chile se estaba dando a conocer el “Informe sobre la Tortura” donde se conocieron las torturas inflingidas a más 30 mil chilenos, pero aún no se sabe por qué los torturadores no están presos.
Desde entonces está arrestado en dependencias de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal y en las pesquisas que llevaron a su detención quedó probada la intervención de Miguel Ángel Furci, ex torturador de Automotores Orletti durante la última dictadura argentina y apropiador de hijos de detenidos desaparecidos. Aunque aportó datos erróneos, Furci trató de participar en la investigación para obtener una recompensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Tan objetables fueron los procedimientos de la detención de Salvador, que en Chile provocaron la destitución del jefe de la operación “porque nunca informó al gobierno constitucional sobre la marcha de las pesquisas”.
La injusticia a los lados de la cordillera
En Santiago de Chile, los presos políticos que ya llevan 39 días de huelga de hambre son: Hardy Peña Trujillo (38) lautarista apresado en noviembre de 1992, y castigado a cadena perpetua; Pablo Vargas López (33) integrante del FPMR, aprehendido en 1991 y sancionado a presidio perpetuo; Claudio Melgarejo Chávez (40), lautarista arrestado en febrero de 1993 y recluido a perpetuidad y Fedor Sánchez Piderit (48), FPMR, detenido en 1991 y condenado a cadena perpetua.
Los presos políticos, que no fueron favorecidos por el indulto otorgado en agosto de 2004, mantienen esta huelga de hambre para exigir que se otorgue carácter de urgencia a un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados el 4 de mayo, el cual les permitiría acceder a la libertad condicional.
Sin embargo, en su sesión del miércoles, la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó en general este punto, dejando para una próxima sesión su votación en particular. Con esto, la situación de los presos políticos seguirá postergándose, porque la próxima semana es distrital, y la instancia legislativa recién retomará sus funciones la primera semana de julio, fecha en que los huelguistas ya llevarán unos 50 días de movilización.
Esta dilación, según los médicos, podría resultar fatal. “Si el procedimiento en el Congreso sigue demorándose, corren serio riesgo de muerte”, advirtió el especialista.
Todo parece indicar que la historia en Chile la escriben los neopinochetistas, y que hasta el día de hoy aparecen como vencedores. Lo cual indica que hay otra historia, como dice la canción, la verdadera historia, la de los que no claudican y que, continúan tozudamente a riesgo de sus vidas, trasmitiendo su verdad a las nuevas generaciones.
