Colombia: el portaviones continental de Estados Unidos.

Los últimos hechos sucedidos en Colombia que han desbordado todas las previsiones en este año 2008 deben poner en alerta a América Latina en su conjunto. Estados Unidos está moviendo todos los hilos de las nuevas contrainsurgencias para utilizar a ese país, como su base primera de agresión, contra otras naciones del continente.

La escalada del presidente Alvaro Uribe en los últimos tiempos intenta correr una cortina de humo sobre la realidad que está mostrando que su gobierno es el símbolo de la narcopolítica por excelencia y de los
vínculos paramilitares de la misma.

Desde diciembre de 2007, Uribe ha jugado una política doble con respecto a los llamamientos de varios países de América Latina y el mundo, para la necesaria y urgente pacificación de esa nación que desde los años ‘40 del siglo pasado está gobernado por un esquema de terrorismo de Estado encubierto en sucesivas falsificacciones democráticas.

Dentro del renovado esquema contrainsurgente, que domina en los planes militares de Estados Unidos hacia la región, el terrorismo mediático o desinformativo no es sino un elemento más y en estos momentos esencial en el entramado de la guerra sicológica. Los medios cumplen el papel inicial de dispararla, incrementarla, difundirla masivamente, como se hace con la predeterminada “imagen del enemigo” elegido.

Esto es visible en Colombia por estos días. El despliegue informativo
señala hacia un solo “eje del mal” en el conflicto. A tal punto, que a
pesar de una cantidad de nueva información sobre los testimonios de las matanzas paramilitares y del ejército estatal, no hay ninguna difusión sobre estos hechos.

La muerte de “Tiro Fijo” Marulanda

La muerte de quien fuera líder histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) Manuel Marulanda Vélez —como él eligió llamarse— o “Tiro Fijo”, su apodo guerrillero, puede llevar a confundir al presidente Alvaro Uribe y a sus jefes en Estados Unidos y también de Israel —uno de los países más involucrados con el poder paramilitar colombiano— a creer que pueden dar el golpe final a las FARC.

De esto se trató el bombardeo de un campamento de negociación ubicado en Ecuador, donde se avanzaba muy rápidamente para que fuera liberada la ex candidata presidencial Ingrid Bentancourt, el 1 de marzo pasado.

Este bombardeo y el posterior asesinato de los heridos en el lugar —cercano a la frontera colombo-ecuatoriana— así como la comprobación
de que se usaron bombas de nuevo diseño, que sólo posee Estados Unidos y sólo pueden disparar sus helicópteros, dio la pauta de que se trataba de acabar con la política que podía llevar a la pacificación.

Ni Estados Unidos ni Uribe quieren la paz en Colombia, sino la guerra.
Ahora más que nunca cuando los nuevos diseños estadunidenses anuncian el segundo Plan Colombia que sustenta el proyecto de recolonización geoestratégico del primero, impuesto a partir del comienzo de este siglo XXI.

Vendido como un proyecto de “acción social” el nuevo Plan Colombia viene a perfeccionar la presencia militar estadunidense en ese país, con todo el esquema de acción cívica contrainsurgente, que sirve para establecer el control férreo de la población local, el conocimiento absoluto del terreno y también la creación de infraestructura militar suficiente para usar como trampolín de su otra guerra contra América Latina en su conjunto.

Los movimientos de Uribe

Ante esta situación, en los últimos días, Uribe decidió la “extradición” a Estados Unidos de los más importantes jefes paramilitares, entre ellos Salvador Mancuso, algunos de los cuales sintiéndose algo “abandonados” por su socio político, habían comenzado a hacer declaraciones que indudablemente iban a terminar con el gobierno actual a corto plazo.

De hecho la cortina de humo trata de encubrir que hay más de 60 legisladores acusados por sus vínculos narco-paramilitares, más de 30
están presos, incluyendo familiares de Uribe. La casi absoluta mayoría de todos ellos pertenecen al oficialismo.

Los jefes paramilitares, además, no pueden sentirse incómodos, con quienes los han protegido y asesorado en Estados Unidos desde siempre.

Uribe se asegura el silencio de sus antiguos cómplices, por una parte, y trata de embaucar a Europa con la idea que establece el mismo trato de extradición para los guerrilleros y los paramilitares, aunque en realidad esta es una nueva trampa contrainsurgente diseñada con sus jefes de Washington.

Por eso el presidente colombiano hizo lo imposible para impedir el intercambio de prisioneros con la guerrilla de las Farc y también la acción unilateral de esta organización para entregar a rehenes a mandatarios de la región, a pesar de haber pedido a Hugo Chávez de Venezuela su intermediación en este complicado esquema. Pero la nueva situación latinoamericana superó sus maniobras y el 10 de enero de 2008, fueron entregadas dos rehenes y luego hubo otro proceso de liberación en las mismas condiciones.

Los familiares de las víctimas del largo conflicto, junto a sacrificados organismos de derechos humanos de ese país —diezmados en los últimos años por el ejército de la Doctrina de Seguridad Nacional que aún maneja Colombia y por la contrainsurgencia paramilitar que actúa con toda impunidad— son los protagonistas de este hecho histórico, junto a quienes los respaldaron y actuaron activamente para lograrlo.

El manejo de la información en el caso del asesinato del negociador más importante de las Farc, el comandante Raúl Reyes en Ecuador, cuyos restos trasladaron para exhibirlo inmoralmente en una plaza ante la población de Colombia, mostró con claridad meridiana lo que significa el terrorismo de estado en Colombia.

Miles de muertes

Ese país está en manos de los “señores de la guerra” dueños de vidas y muertes en sus zonas de control y los paramilitares, que desde los años ‘48, después del asesinato del líder liberal Jorge Elíecer Gaitán, han sembrado de muerte todo el territorio.

Después del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, los paramilitares o “pájaros” se regaron por todos los campos y 300 mil colombianos murieron entonces.

Desde principios del siglo XX hasta ahora se calculan entre 600 u 800 mil los muertos por esa violencia criminal. Son miles los desaparecidos y millones los refugiados internos y los externos.

Colombia es el único país que en tres años —entre 1987 y 1990— fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales por las mafias
paramilitares, trabajando en conjunto con el ejército y la policía.

En todos los casos en que la paz estuvo a un paso de establecerse, como en los años ‘80, fueron asesinados unos tres mil dirigentes políticos de la Unión Patriótica o una buena parte de los dirigentes del Movimiento guerrillero 19 de Abril(M-19). Todos los procesos de paz naufragaron por las acciones del terrorismo de Estado encubierto.

Guerra de Baja Intensidad

La Guerra Fría nunca se fue de Colombia. Por eso los sucesos de estos días deben servir al mundo para poner sobre la escena una historia olvidada y reclamar por un genocidio que registra América Latina en silencio.

La imposición del Plan Colombia, el mayor trazado geoestratégico para la recolonización regional que haya esbozado Estados Unidos, con los añadidos contrainsurgentes de otros planes como el Patriota, el Puebla Panamá, la Iniciativa Andina o el Tratado de Libre Comercio para las América (ALCA) elementos clásicos del nuevo diseño de la Guerra de Baja Intensidad reacondicionada en las oficinas del Pentágono y de las instituciones de inteligencia de ese país, impiden todo proyecto de pacificación.

Para Washington, Colombia es la sede de su proyecto geoestratégico para reapoderarse de su “patio trasero” en tiempos de una América Latina díscola.

En Washington existe información suficiente sobre la violación masiva de los derechos humanos y el terrorismo de Estado en Colombia. Baste recordar que el 28 de mayo de 2000 un Comité del senado estadunidense llegó a condicionar los millonarios desembolsos para el Plan Colombia, a que se cumplieran las cláusulas de derechos humanos, ante la gravedad de las violaciones en ese país.

Esto apareció en el texto complementario a la ley sobre asignación presupuestaria para operaciones extranjeras (Financiación de exportaciones y programas conexos, previstos para el 2001).

Se escucharon los testimonios sobre los persistentes y extensos vínculos entre el ejército de Colombia y los grupos paramilitares, en realidad otro ejército.

El informe lo proveyó también la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR) al dar a conocer el incremento de las masacres a manos de grupos paramilitares ya en 1999 —lo que aumentó considerablemente a partir de la Guerra Preventiva e infinita anunciada por el presidente George W. Bush después del 11 de septiembre de ese año.

En este caso se tenía en cuenta que en 1997 el Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que las violaciones graves contra los derechos humanos que se cometían en ese país “debieran ser enjuiciadas por tribunales civiles” porque el ejército colombiano interfería regularmente para que todos los casos fueran transferidos a tribunales militares, donde lo real era que se terminaba protegiendo al acusado.

Pero todo esto naufragó, como siempre sucede en los laberintos de las
necesidades de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. En estos momentos el nuevo plan de Guerra de Baja Intensidad está dirigido a manipular la supuesta información obtenida, de las computadoras que tenía en su poder el grupo negociador de las Farc encabezado por Reyes. La manipulación ha sido tan evidente, que incluso llevó a situaciones vergonzantes a Uribe y los medios que lo acompañan como la acusación a un ministro del gobierno del presidente de Ecuador Rafael Correa, de estar en una fotografía con Reyes. En realidad se trataba del dirigente del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, quien estaba entrevistando al negociador de las Farc.

Otro datos falsos debieron ser anulados por su inconsistencia. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) que bajo el nuevo esquema latinoamericano terminó condenando la actuación de Colombia en Ecuador, habló de las inconsistencias en esas pruebas.

De lo que se trata es de crear una serie de acusaciones contra personalidades colombianas y de todo el mundo, para que Estados Unidos pueda establecer que el terrorismo está agazapado en América Latina y con este argumento impulsar el involucramiento de la OTAN en el sur, para lo cual ha resucitado su Cuarta Flota —inactiva desde 1943— para combatir a este sur díscolo, que debe poner en caja muy rápidamente.

De eso se tratan las nuevas Doctrinas de Seguridad Hemisférica. Colombia es ahora el lobo disfrazado por Washington de abuelita buena.

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Evocamos a la jornada histórica del 17 de octubre en clave jurídica, contemplando lo que posterior a ella será la Constitución del 49 y sus derechos.
En estos días en que Buenos Aires insiste en volver a su pasado de soberbia y ajenidad, recordamos el 17 de octubre de 1945 y observamos como este todos los años trae a la maravillosa primavera del pueblo.
En la región más desigual del mundo, Latinoamérica, los Pandora Papers expusieron a tres presidentes y otras tantas figuras políticas. La riqueza que se escapa y las lagunas en el mapa de la evasión.