Por Causa Popular.- A menos de un mes de asumir como jefe de Gobierno, Jorge Telerman está enfrentando una crisis que puede convertirse en una pesadilla política. El jueves por la noche, una fábrica textil ubicada en el barrio de Caballito, se incendió dejando 6 muertos, dos adultos y cuatro niños. Antes de Cromañón las posibilidades de que un siniestro de estas características habría pasado al olvido rápidamente, más aún, si la nacionalidad de los muertos, como en este caso, es boliviana. Pero las conexiones con la tragedia del local de Once, no son pocas y amenaza con dañar el poco capital político con el que Telerman asumió la jefatura porteña ocupando el lugar del destituido Aníbal Ibarra. Hasta el momento las reacciones del ejecutivo porteño y el gobierno nacional fueron inmediatas. Podrían denunciar penalmente a la Policía Federal, e intervienen la Dirección General de Protección del Trabajo porteño, cuyo titular, Florencio Varela, fue desplazado del cargo por no controlar adecuadamente el trabajo esclavo en las fábricas textiles. Pero a pesar de los buenos oficios de Telerman y su rapidez para dar la cara ante las cámaras, no le han dado argumentos suficientes como para justificar que el gobierno que ahora encabeza, no haya visto semejante peligro.
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Foto: Sólo queda la resignación • Fernando Rodríguez sujeta a su hijo Kevin Cristian, junto a Sara Gómez, su esposa, tras conocer la noche del jueves la muerte del pequeño Harry Lucas.
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Seis personas de nacionalidad boliviana, entre ellos cuatro chicos de entre 3 y 15 años, murieron encerrados y calcinados al incendiarse un taller textil de dos plantas en la calle Luis Viale 1269, en Caballito. El gobierno porteño indicó que el local figura como habilitado desde el 2001 como taller de bordado y otras actividades textiles. Pero a medida que pasaron las horas se reveló que las actividades que allí se realizaban superaban con creces cualquier habilitación.
Presuroso, e intentando disipar los fantasmas de Cromañón, el propio jefe de Gobierno, Jorge Telerman, no tardó en llegar al lugar donde se produjo la tragedia desde donde denunció que en la fábrica incendiada “se realizaban prácticas salvajes y siniestras”.
El cónsul adjunto boliviano, Albaro Gonzales Quint, también presente, aseguró que en la fábrica “trabajaban y vivían unas cincuenta o sesenta familias de bolivianos y que la mayoría escapó porque están indocumentados y tienen miedo de regresar. ¿Cómo es posible que en una zona residencial haya un taller como éste habilitado?”, se preguntó, y aseguró que en la zona se los puede encontrar por cientos.
Fuentes del Ministerio de Gobierno y Seguridad, a cargo de Diego Gorgal, un funcionario que llegó a este ministerio de la mano de Juan José Alvarez, y uno de los pocos privilegiados que mantuvo su cargo en el nuevo gabinete, confirmaron que el lugar estaba habilitado como taller de bordado y otras actividades del rubro textil desde el 2001 y que fue extendida a nombre de Jaime Geiler y Daniel Fischberg, en apariencia los dueños de la empresa.
El titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, aseguró que en el sudoeste de la Capital Federal hay más de cien talleres supuestamente ilegales y que se “pagan coimas” en forma “sistemática”. Las coimas a los inspectores y la policía también fueron parte de las denuncias realizadas respecto a la habilitación de Cromañón. Según este representante gremial una comisaría de la zona “levanta una caja de entre 45 y 60 mil pesos” por las coimas.
“Tenemos detectado en la zona sudoeste de la Capital alrededor de 110 talleres que es un universo de mil personas, pero las cifras se multiplican por tres o cuatro” debido a los niños que allí se encuentran, hijos de los trabajadores, señaló Vera.
El cónsul adjunto de Bolivia en Buenos Aires, Albaro Gonzáles Quint, declaró a la prensa que “son pocos” los controles que hace la ciudad para clausurar talleres clandestinos en los que se explota a trabajadores extranjeros, y pidió que la problemática se incluya en una “agenda bilateral”, para lograr su erradicación. “Los controles son pocos, y no hay una autoridad de aplicación de normas o de control efectivo de esas actividades”, fustigó Gonzáles Quint en diálogo con el canal TN.
Pero no sólo el gobierno porteño lucha contra los fantasmas de Cromañón. En relación a las denuncias que apuntaron a la policía, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, con una reacción diferente a la que tuvo durante la masacre ocurrida en diciembre de 2004, instruyó al día siguiente al jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, para que presente una denuncia penal ante la Justicia sobre presuntos actos de corrupción policial en relación con el incendio en Caballito.
El fatal accidente a su vez derivó en otra reacción inmediata del ejecutivo porteño. El flamante ministro de Producción porteño, el ex menemista Enrique Rodríguez, anunció a pocas horas del hecho, la separación de su cargo del director general de Protección del Trabajo porteño, Florencio Varela. Además decidió la intervención del área, que quedará bajo su control hasta tanto se nombre a un reemplazante.
El presuroso Rodríguez , es el mismo que cuando era ministro de Menem a cargo de la cartera laboral, hizo la vista gorda al apogeo de las fábricas “de cama caliente” durante los 90. Por aquel entonces las fábricas estaban muy cerca del centro porteño y conformaban un universo de trabajadores inmigrantes que buscaban aprovechar las ventajas de cobrar en pesos convertibles a dólares, una oportunidad para miles de enviar a su familia una remesa que pocas veces un trabajador latinoamericano puede mandar mensualmente.
Rodríguez, aseguró a su vez que si no puede “desarmar” la red de talleres clandestinos como el que se incendió en Caballito, deja el cargo que juró el martes pasado “en el plazo de tres meses”. El ministro de la Producción porteño, no desaprovechó la ocasión para diferenciar la gestión de Telerman, de la de Aníbal Ibarra, y apuntó que “en los últimos años se hizo poco” desde la Ciudad para acabar con la problemática de los talleres clandestinos.
Todos los ministros con algún tipo de responsabilidad en el siniestro se hicieron inmediatamente presentes en el lugar de la tragedia, para tratar de mostrar solvencia ante los hechos y espantar los fantasmas de Cromañón. Pero las palabras de Rodríguez anticipan la complejidad del camino que viene por recorrer. Al apuntar que la Ciudad hizo poco por resolver el problema del trabajo esclavo, el intento por dar comienzo a una primera purga de funcionarios ibarristas de segunda y tercera línea le puede salir por la culata al nuevo gobierno.
Rodríguez olvidó que su flamante jefe, Jorge Telerman, fue secretario de Desarrollo Social. Es posible que en los próximos días la movida por diferenciarse de la gestión ibarrista, haga leña del árbol caído y le deposite todas las culpas por el incendio de la fábrica textil. Eso quizás dispare una cadena de remociones en las áreas vinculadas, un pretexto para dar comienzo a los planes de recambio que el actual jefe de gobierno tiene en carpeta.
Sin embargo, entre la desatención que le propina la Casa Rosada y la necesidad de comenzar a gobernar, Telerman tiene poco margen para evitar que una tragedia se lo lleve puesto son el apoyo del kirchnerismo. Dicen que Telerman sabe que lo presionan para negociar, pero lo cierto es que el tiempo corre y este gobierno sólo tiene 20 meses de mandato. Para Telerman y sus hombres significa una oportunidad, para la Casa Rosada es el tiempo que lasepara de pelear por la reelección del Presidente y evitar que la Capital quede en manos de una derecha que, por ahora, no logra resolver sus contradicciones. Sólo por ahora.
