Chile: la esperanza mutilada

En su primer año de gestión, Michelle Bachelet ha tenido que afrontar más de tres crisis: una educativa, otra previsional y la más reciente, de transportes. Incluso hubo crisis en los dos partidos más importantes de la Concertación, la alianza de gobierno, y afloran serios brotes de corrupción cuyos signos más visibles se dan en Municipios y en la entidad estatal Chile Deportes. Esos desaciertos, son la vitamina para una dura oposición derechista. Todo ello en medio en un ámbito latinoamericano que va a contrapelo de las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos, políticas de las que Chile es el principal exponente y que se ufana de mostrar como un modelo exitoso hasta el día de hoy. Cuáles son los peligros de una opción que se declama progresista, pero que en los hechos es una de las más excluyentes de la región.

Seis semanas después del espectacular inicio del plan Transantiago, Sergio Espejo, el ministro de Transportes -principal rostro del modernísimo plan-, tuvo que recoger apresuradamente sus objetos personales para irse a su casa. Pero no se fue solo. Encabezó el obligado éxodo de otros tres ministros: la secretaria general de la Presidencia, el de Justicia y la de Defensa.

Los modernos autobuses del Transantiago embistieron a sus propios creadores. Pusieron en jaque al gobierno de la socialista Bachelet y generaron una ola de protestas populares sin precedentes que hicieron que las encuestas marcaran una declinación sostenida de la popularidad de la mandataria.

Ya cayeron cuatro ministros y hay advertencias que si Transantiago no funciona podría poner en peligro la Concertación, coalición que gobierna Chile desde 1990.

El cese de cuatro ministros y las disculpas públicas de la presidenta Michelle Bachelet no fueron el resultado de la presión política de la oposición, sino, por segunda vez en 17 años -la primera fue el año pasado con los estudiantes-, es el efecto de un tropiezo con la ciudadanía que puso en riesgo el futuro de la coalición que gobierna Chile.

«No es común que un Presidente se pare frente a la nación y diga: aquí las cosas no se han hecho bien, pero eso es exactamente lo que yo quiero decir esta noche en el caso del Transantiago».

Así comenzó el lunes por la noche un discurso al país Michelle Bachelet, al dar la cara ante el fracaso del plan que pretendió cambiar el antediluviano sistema de transporte público en Santiago de Chile por otro moderno pero excluyente e ineficaz.

La reestructuración del gabinete ministerial, el segundo que Bachelet hace en su primer año de gobierno, rompió la paridad de género que la Presidenta impuso cuando asumió. Ahora serán 9 las ministras y 13 los ministros.

Los nuevos ministros son de Defensa, José Goñi, hasta ahora embajador en México; de Transporte, René Cortázar; Justicia, Carlos Maldonado; Energía, Marcelo Tokman; de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.

La mandataria señaló que el desafío de sus ministros es «hacer realidad una aspiración de nuestro pueblo, cual es que el progreso llegue directamente cada vez con mayor calidad de vida, con mayor justicia y con mayor dignidad a las personas.”

Los que no pueden subir al súper jet de la modernidad

El escritor Antonio Skármeta, ganador del Premio Planeta 2003, subrayó que hay países «a los que les puede ir muy bien, como a Chile en este momento, con tratados con todo el mundo, prosperidad, bolsas que suben, pero junto con ese mundo convive otro, el que no se subió al súper jet de la modernidad».

Hoy pareciera que los que no alcanzaron a comprar pasajes a la modernidad se les colmó la paciencia y estallaron con violencia. La causa hoy puede ser el famoso Transantiago, palabrita que para los santiaguinos es sinónimo de abuso, soberbia, discriminación y ha causado hasta el día de hoy más de un centenar de protestas en los barrios populosos del gran Santiago, cuyo hito mayor -hasta el momento- lo constituyó el 29 de marzo, con más de 900 detenidos. Lo impactante es que la gran mayoría de los detenidos es menor de 16 años.

Pero el Transantiago es la punta del iceberg. La base de esta situación esta dada por un sistema que gota a gota esta colmando el vaso y se acerca, -si no hay cambios profundos ahora- a rebasarlo y a llevarse todo por delante.

Los porfiados datos de la desigualdad

De la mano de la Concertación, la desigualdad ha alcanzado límites escandalosos. Informes de CEPAL, PNUD e, incluso, la Conferencia Episcopal, advierten que el desequilibrio económico es una «vergüenza». El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (2004) ubica a Chile entre las 10 economías del planeta con mayor grado de desigualdad. Señala que el 20 por ciento de la población con menores recursos accede sólo al 3,3 por ciento de los ingresos. Mientras, el 20 por ciento más acaudalado obtiene el 62,2. Sólo 750 mil personas -el 10 por ciento más rico-, acumula 209 veces más que el 5 por ciento más pobre. En 1990, la diferencia era de 130 veces.

El Tratado de libre comercio de Chile con Estados Unidos

Por otro lado, el TLC entre Chile y Estados Unidos refleja una notoria disparidad entre las promesas y sus efectos. El único beneficiado por el TLC en las inversiones pareciera ser EEUU, porque las remesas superan en más de 8 veces a los ingresos por inversión extranjera directa.

Las relaciones económicas entre Estados Unidos y Chile ocultan profundas asimetrías en los flujos tanto comerciales como de inversión directa y financiera, siendo éstas mucho más agudas en este último ámbito. Un tratado de libre comercio basado en la “reciprocidad” entre dos países que son profundamente asimétricos, no podría generar un acuerdo equilibrado con beneficios compartidos entre y al interior de ellos.

Chile es un socio muy poco relevante en términos comerciales. Se ubica en el 37º lugar de procedencia de exportaciones a EEUU. La economía chilena equivale a 1,5% del tamaño de la estadounidense. En cuanto a las proyecciones, la Oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR) en un documento titulado “Tratado de Libre Comercio EEUU-Chile: potenciales efectos”, de junio de 2003, dice que el acuerdo produciría beneficios menores, porque EEUU y Chile tienen regímenes comerciales abiertos y bajos aranceles. El acuerdo incluye obligaciones específicas en áreas como propiedad intelectual, servicios, inversiones, entrada de personas de negocios y telecomunicaciones. Este acuerdo ha servido de modelo para negociaciones con otros socios, porque incluye compromisos bilaterales en un amplio rango en las “barreras no arancelarias”, no cubiertas por acuerdos comerciales anteriores; entre ellas, propiedad intelectual.
El documento vaticina -sobre posibles impactos para ambos países- que en 2016 las exportaciones norteamericanas habrán aumentado del 18 al 52 por ciento, mientras que las importaciones desde Chile crecerán sólo del 6 al 14 por ciento.

Es obvio que para Estados Unidos este tratado tiene connotaciones más políticas que económicas. Es y será la cabecera de playa en el MERCOSUR para proyectos como el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y/o para otros TLC con países de la región.

La trampa de las AFP, muy parecido al de las AFJP argentinas

Sin haber asistido a seminarios ni recibido conocimientos especiales, hoy cualquier persona entiende en Chile que la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores sólo ha ocasionado grandes ganancias a quienes administran los 70 mil millones de dólares del sistema, pero no mejora las prestaciones sociales de los ahorrantes. No están alegres los supuestos “beneficiados” por un leonino sistema de pensiones llamado hasta “milagroso” por la propaganda mediática, inventado por José Piñera, hermano de otro candidato presidencial, el archimillonario Sebastián Piñera, considerado el quinto dueño de Chile, que perdió en las últimas elecciones con Bachelet.

La causa de tanto descontento y la percepción de lo que parece una monumental estafa se debe a que ya están comenzando a pagarse las primeras jubilaciones del sistema privado implantado por la dictadura en 1981. Las pensiones son francamente miserables y obligó a Bachelet a tratar de remediar esta situación.

A pasos de ingresar en el top ten de la libertad económica

Un ranking de “libertad económica” que elabora la Fundación Heritage, de Estados Unidos -cuyo corresponsal en Chile es el conservador, ultraderechista y neoliberal Instituto Libertad y Desarrollo- ubicó a la economía chilena no sólo como la más liberal de Latinoamérica, sino en el lugar once entre más de cien países. La información, destacada como hazaña mundial por prensa escrita nacional, fue también celebrada por las autoridades económicas: Chile estaría en las puertas de ingresar en el top ten de la libertad económica. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, calificó como “una buena noticia” el ascenso. “Confirma que Chile tiene políticas económicas modernas, innovadoras, que promueven el crecimiento y el emprendimiento. Una vez más, recibimos reconocimiento en evaluaciones internacionales a la calidad de esas políticas y a la calidad de nuestras instituciones”.

El 4,2% que no conforma

El último informe del Banco Central publicó la tasa de crecimiento del producto del año pasado, y marcó un escaso 4,2 por ciento, variación sensiblemente inferior a los pronósticos que hizo hace exactamente un año.

Lo que había comenzado en una proyección de alrededor de un seis por ciento, finalmente cerró el año con un cuatro por ciento, lo que deja al primer año del gobierno de Michelle Bachelet como uno de los peores -en cuanto a crecimiento del producto bruto interno- registrados por un gobierno de la Concertación.

La misma tendencia que recortó los pronósticos, parece que dominará este año. El Banco Central, en septiembre de 2006, había proyectado que la economía chilena crecería en 2007 sobre el seis por ciento. Hoy, a poco más de tres meses, dice que crecerá menos de un seis. Si se mantiene la tendencia, es muy probable que en el curso de los siguientes meses se achique aún más esta predicción.

¿Puede fortalecerse la gobernabilidad democrática si a una fuerte concentración de las riquezas se suma una precaria generación de empleo genuino?

El modelo económico imperante, de mantenerse tal como se desarrolla, estaría incubando un estallido social de proporciones. La soberbia de sus autoridades más bien constituye una buena receta para la fabricación de “cócteles molotov”.

El sistema binominal: la exclusión eterna

La desigualdad en la distribución de la riqueza se agudizó con la «justicia de lo posible», «los nuevos tiempos» y el «crecimiento con igualdad». Los trabajadores viven esta aplastante realidad completamente marginados de la política nacional. Una disposición constitucional impide que dirigentes sindicales accedan al Parlamento, pero el Congreso esta atiborrado de empresarios y lobbystas de las transnacionales

El sistema binominal impuesto por la dictadura, no sólo deja fuera del Parlamento a los trabajadores y a los conglomerados de izquierda; imposibilita al 65 por ciento de los electores a postularse a cargos parlamentarios, y les arrebata el derecho a voto a los chilenos que viven en el exterior. Lo más grave, es que le otorga a la derecha el poder de boicotear en el parlamento cualquier asomo de avance democrático mediante los antidemocráticos quórums calificados, hecho que hasta hoy los gobiernos de la Concertación han usado como un subterfugio para mantener este estado de eterna transición, que sólo sirve para dejar incólumes los privilegios de los sectores dominantes.

El cuarto gobierno de la Concertación -en el poder desde 1990-, no ha respondido a las esperanzas depositadas en la última elección. Las promesas de la Concertación para cambiar la institucionalidad pinochetista, después de 17 años siguen sin cumplir. Las reformas constitucionales de 2005 fueron efectuadas a presión, en consecuencia, mal hechas. Es imprescindible que todo el legado dictatorial desaparezca definitivamente. Gran parte de los problemas surgidos en 2006 tienen origen en esta institucionalidad defectuosa. Al igual que en los gobiernos precedentes, este gobierno, no da indicios serios de cambios en el modelo económico imperante, ni en la Constitución o de resolver la problemática pendiente de Derechos Humanos.

La diputada Isabel Allende refiriéndose a “la verdadera reconciliación”, se preguntaba en una entrevista al Diario Austral de Temuco el 1° de octubre de 2006: “¿Por qué no plantearnos que al bicentenario – el año 2010- a lo mejor ha llegado la hora de hacer otra Constitución?”.

La contra pregunta inmediata es: ¿Por qué no hacerlo ahora si hay conciencia que es la tranca que no permite avanzar?

La impunidad consagrada y perfeccionada

Los días 14 y 15 de marzo del presente año, el Estado de Chile, fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata del Quinto Informe Periódico sobre las disposiciones que ha adoptado Chile y que den efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso en cuanto al goce de esos derechos.

Nada dice el Gobierno de Chile, sobre la tesis sostenida hasta el año pasado sobre la Amnistía Impropia, que era la consagración de la impunidad, y menos sobre la sistemática negación por parte del Consejo de Estado -CDE- de reconocer, a familiares y víctimas, el derecho a la reparación por las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado en el pasado reciente.

Sobre la vigencia de la Ley de Amnistía, se sostiene que este no recibe aplicación por parte de los tribunales de justicia, y que hay voluntad de modificar dicha legislación, sin embargo, omiten reconocer que ninguna iniciativa legislativa auspiciada por el Ejecutivo ha sido promovida a efectos de anular el espurio decreto ley.

Se pregunta al Estado si se ha acusado de terrorismo a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El gobierno sobre el particular señala: “El Estado de Chile en caso alguno ha utilizado la legislación que sanciona conductas terroristas para evitar las legítimas demandas de comunidades indígenas por hechos vinculados a la lucha social de la tierra y los legítimos reclamos en torno a ello”.

La respuesta proporcionada por el Gobierno es francamente irritante. Es público y notorio, que el Estado, sí ha invocado la ley antiterrorista para sancionar a comuneros y dirigentes Mapuche. Sólo hace un par de días, el subsecretario del Interior,Felipe Harboe, se vanagloriaba de la captura del dirigente Mapuche José Huenchunao, condenado a 10 años de cárcel, precisamente por supuesta infracción a la ley antiterrorista.

Sobre otros temas de preocupación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como la vigencia del sistema electoral binominal, la existencia de jurisdicción militar para sancionar e investigar a civiles, la lucha contra la discriminación y el igual tratamiento de la ley a las minorías, reconocimiento de los pueblos originarios, despenalización del aborto, etc, no se reconoce que a pesar de las casi ya dos décadas de transición democrática, ningún avance efectivo se ha experimentado, persistiendo en todos estos temas la legislación heredada de la dictadura.

La Cancillería chilena en representación del Estado, intenta engañar a la comunidad internacional, comprometiendo gravemente la imagen del país, exponiéndolo a incurrir en responsabilidad internacional al no dar cumplimiento de buena fe a sus obligaciones, derivadas de su condición de signatario de uno de los instrumentos internacionales más importantes en materias de derechos humanos.

La ancestral lucha del pueblo mapuche por su cultura, libertades y su suelo

Como muy bien expresa la poetisa mapuche Juana Calfunao, referente y defensora de su pueblo: Son innumerables las violaciones. Si hubiera que describirlas faltarían cifras pero la más grave de todas, es que el gobierno quiere y se empeña en quitarnos las tierras, y los Mapuches, como bien dice la palabra Mapuche, gente de la tierra, no podemos vivir sin tierra y esa es la disputa que hoy día hay entre las comunidades y el gobierno, por defender nosotros nuestras comunidades, nuestras pequeñas porciones de tierra que tenemos. El gobierno manipula diferentes organismos tales como la CONAL y el Programa Origen, INDAP, pero solo son una serie de personeros que están detrás para engañar a las comunidades y sacarlas y las que se resisten las sacan mediante la fuerza, la violencia, y ahí pasa una cosa muy grave, porque llevan a nuestros maridos detenidos, y las mujeres Mapuches somos las que sufrimos la violación más grande de parte del gobierno, porque estando nuestros maridos encarcelados, nosotras tenemos que luchar por la tierra, luchar por nuestros hijos, luchar también por sacar a nuestros maridos, y tenemos que velar por toda la economía, el sustento de la casa, así es que en este caso tenemos que seguir trabajando y por lo tanto somos las mujeres las más violentadas por parte del estado”.

El encanto original que despertó la elección de la primera presidenta electa en Chile, desacierto tras desacierto, pareciera ir generando decepción y bronca.

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