Por Guillermo Waksman, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- El gobierno uruguayo nunca imaginó que se vería tan favorecido por la decisión de Argentina de acudir ante la Corte Internacional de Justicia con el propósito de lograr, como medida cautelar, la suspensión de la construcción de las plantas de celulosa de Fray Bentos. El fallo de ayer, jueves, fue para el gobierno de Tabaré Vázquez una bendición y, para el de Néstor Kirchner, un tiro por la culata. Uruguay le ganó a Argentina la primera batalla; lo que aún no está claro es quién gana en Uruguay.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia superó las expectativas más optimistas del gobierno uruguayo y las más pesimistas del argentino.
En primer lugar, porque fue prácticamente unánime; sólo votó discorde el juez ad hoc designado por Argentina, Raúl Vinuesa, de nacionalidad argentina.
En segundo lugar, porque la Corte -aun sin hacer lugar a la demanda argentina- pudo haber adoptado otra medida cautelar, menos gravosa que la suspensión de las obras mientras no se resuelva la cuestión de fondo, como la relocalización de las plantas o la paralización de su construcción durante un plazo más breve (por ejemplo, el tiempo que insumiese la realización de un estudio de impacto ambiental por expertos seleccionados por ambos países).
Tercero, porque la providencia (“ordenanza”, en la jerga del derecho internacional) no contiene siquiera un “tirón de orejas” al gobierno uruguayo por no haber observado los procedimientos de consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay, como lo reconoció el ex embajador Felipe Paolillo en el acto oficial del 29 de mayo, celebrado en el Edificio Libertad, omisión que a su juicio habría quedado salvada por ulteriores acuerdos verbales de los cancilleres y los presidentes.
Con todo, en este aspecto la resolución de la Corte de La Haya desliza, aunque sea entrelíneas, que ese tipo de omisiones no debe repetirse al recordar que las partes “están obligadas a atenerse a las obligaciones que les corresponden de acuerdo con el derecho internacional” y que deben “poner en marcha de buena fe los procedimientos de consulta y de cooperación previstos en el estatuto de 1975, siendo la CARU el ámbito previsto a tal efecto”.
Uruguay ganó, entonces, la primera batalla jurídica a nivel internacional.
Es cierto que la resolución fundamental de la Corte de La Haya, sobre el fondo del asunto, recién se producirá dentro de tres o cuatro años, o tal vez más; en todo caso después de que esté finalizada la planta de Botnia (e incluso la de ence, siempre que esta empresa no siga postergando la iniciación de las obras). Pero no es menos cierto que el principal objetivo de Argentina al presentar su demanda era lograr, en esta instancia, la paralización de la construcción de las plantas de Botnia y ence.
Tampoco puede desconocerse que, cuando existe un conflicto internacional, cualquier decisión -aunque sea de carácter técnico, académico o jurídico, por ejemplo- tiene consecuencias políticas. Puede tener repercusiones también en materia financiera, como en este caso: es claro que ni el Banco Mundial (bm) ni la banca privada querían participar en la financiación de estos emprendimientos antes de conocer la primera decisión de La Haya; que lo hagan a partir de ahora dependerá de otro tipo de consideraciones: entre otras, la evolución del conflicto binacional, los estudios técnicos pendientes -entre ellos el sugerido por la consultora canadiense Hatfield-, y la llamada “licencia social”, esto es la aceptación o el rechazo de los habitantes que viven en la zona, a ambas márgenes del río Uruguay.
Este fallo preliminar de la Corte de La Haya puede incidir asimismo en la actitud de la empresa ence, que hasta ahora no ha comenzado la construcción de su planta y se ha limitado a realizar los trabajos preparatorios de remoción de tierra. Con una lógica empresarial inobjetable, la empresa española ha preferido no invertir en una obra que no está segura de poder concluir. Por si fuera poco, hasta ahora, aunque estuviese dispuesta a arriesgarse, no cuenta con los fondos necesarios para hacerlo. Distinta es en este sentido la situación de Botnia, que ya ha construido casi el 50 por ciento de la obra y debe salvar la inversión ya realizada.
La Haya, un camino equivocado
Entre las consecuencias políticas de la decisión de la Corte de La Haya habrá que observar la evolución de las relaciones entre Argentina y Uruguay y, en especial, la actitud de Néstor Kirchner y de Jorge Busti en relación con las reacciones que puedan surgir de parte de los habitantes de Entre Ríos.
En cuanto a lo primero, habrá algunas señales el jueves 20 y viernes 21, cuando los dos presidentes se encuentren en Córdoba, en oportunidad de la cumbre del Mercosur. Los ojos de los asistentes estarán atentos para apreciar si se repite el gélido apretón de manos del 11 de mayo en Austria, o el afectuoso abrazo del martes 4 en Caracas.
Por lo demás, para la noche de ayer estaba prevista una reunión de los vecinos de Gualeguaychú, con el objeto de definir la estrategia que adoptarán en su lucha contra la construcción de las plantas; en el caso de que resuelvan reiniciar el bloqueo del puente general San Martín -sea ya mismo o dentro de unos meses-, corresponderá a las autoridades nacionales y provinciales argentinas decidir si adoptan medidas para impedirlo.
En este sentido el gobernador Busti ya ha adelantado que si bien él es contrario a los bloqueos de los puentes, no está dispuesto a hacer uso de la fuerza para reprimirlos, sobre todo teniendo en cuenta los legítimos reclamos que a su juicio se reivindican. Y, según declaró el intendente Omar Lafluf a la radio El Espectador, su colega de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen -consultado por él mismo sobre la actitud que asumiría ante las medidas que pudiera adoptar la Asamblea de Ciudadanos-, respondió que acompañaría lo que allí se resuelva, lo cual a juicio de Lafluf es, en el contexto actual, “un hecho muy grave en boca de un gobernante”.
Dirigentes de la Asamblea de Gualeguaychú señalaron que los ánimos estaban muy caldeados y que mucha gente quiso salir a cortar la ruta inmediatamente. Dijeron que si bien no habían descartado un fallo contrario a sus intereses, nunca imaginaron que pudiese ser tan contundente. Por su parte, Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, dijo que su organización siempre se había opuesto a llevar el caso a la Corte de La Haya y que entendía que la vía apropiada para llegar a una solución duradera era el diálogo bilateral.
En el gobierno nacional se prefirió no reconocer el fracaso de la medida cautelar solicitada y disimular el alcance del fallo de la Corte de La Haya. La línea la marcaron el canciller Jorge Taiana, mediante un comunicado oficial, y la titular de la delegación argentina ante la Corte, Susana Ruiz Ceruti. El comunicado señala que la decisión de la Corte “no prejuzga sobre el fondo de la controversia” y expresa la satisfacción del gobierno por el hecho de que el tribunal haya dejado constancia de que podrá “disponer el desmantelamiento de las plantas si, durante la sustanciación del caso se demostrara que ellas causan un daño ambiental irreparable”.
También se destaca en el comunicado oficial que se “recoge con interés la invitación de la Corte a presentar una nueva solicitud de suspensión de las obras si se demostrara que las condiciones de riesgo para el río Uruguay y sus zonas de influencia así lo justifican”. Se omite señalar, a este respecto, que para aceptar nuevos planteos en ese sentido deberá haber hechos nuevos, y no bastará con reiterar los invocados en esta primera presentación. En cuanto a Ruiz Ceruti, sostuvo que “la resolución es simplemente un ‘no por el momento’” y destacó la importancia de que “el tribunal haya marcado que la decisión de mantener la autorización para construir las fábricas es bajo la responsabilidad exclusiva de Uruguay”.
La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, durante una conferencia de prensa ofrecida en Gualeguaychú dejó traslucir otro estado de ánimo ante el fallo y dijo: “Les pido a los bancos y a los inversores que entiendan que no es una inversión segura porque está abierta la posibilidad de suspensión y porque el daño ambiental se va a consumar”. Se trata de la línea que no vio con buenos ojos el pasaje del bloqueo de los puentes a los tribunales internacionales, y que postula además el bloqueo de las fuentes de financiación de los emprendimientos. En todo caso, este camino parece bastante más propicio que el de La Haya para los intereses de la Asamblea de Gualeguaychú.
Quizás el real sentimiento del gobierno argentino pueda deducirse sobre todo a partir de la actitud del propio presidente Kirchner, quien ayer de mañana compareció ante la prensa en la Casa Rosada pero prefirió no hacer referencia alguna al fallo de la Corte, a pesar de que habitualmente habla de todos los temas de la coyuntura.
Uruguay: satisfacción y prudencia
Un discreto entusiasmo ante la resolución de la Corte de La Haya caracterizó a las primeras declaraciones de las autoridades uruguayas sobre su contenido. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa formuló un llamado a la prudencia y exhortó a no “deportivizar” el fallo para no “banalizar la discusión”. Con todo destacó que se trataba de una carta de confianza para el país y sostuvo que era también un éxito para el canciller Reinaldo Gargano.
El propio Gargano, en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, recomendó evitar cualquier actitud de triunfalismo y trabajar con racionalidad y firmeza, así como transitar caminos de entendimiento con el pueblo y el gobierno argentinos. Señaló que “se nos ha dado la razón, pero ésta debe ser administrada con corrección y equilibrio”, según lo aconsejó el presidente de la República. “Queda mucho por hacer para resolver el problema ambiental, el desarrollo económico, la desocupación de nuestra gente y el hambre, que afecta a una parte importante del pueblo de los dos países”, agregó.
A su vez, Arana aseguró que “no estamos para defender empresas, sino para defender el ambiente y los derechos que la población tiene a vivir con dignidad” y, en ese sentido, dijo que “eso pasa por las condiciones ambientales, por las posibilidades de desarrollo económico, social, generador de empleos dignos, de manera de tratar de superar las situaciones desgraciadas de marginación que en estas últimas décadas sufrieron los países latinoamericanos”.
Por su parte, el embajador Héctor Gros Espiell, en declaraciones formuladas desde La Haya a varios medios de prensa, dijo haberse sorprendido por la contundencia del fallo y por la abrumadora mayoría de votos que lo respaldó. Señaló que pocas voces la Corte se había pronunciado en forma casi unánime. Recordó que se trataba sólo de una decisión sobre la medida cautelar solicitada por Argentina y no sobre el fondo del asunto y destacó que ahora se abría una nueva etapa para la negociación diplomática entre ambos países.
En la oposición, el ex presidente Jorge Batlle sostuvo que el fallo le viene bien a los uruguayos, dijo que las plantas de Fray Bentos serán tan buenas como las mejores del mundo y que no hay riesgo de contaminación en ninguna de las dos orillas del río Uruguay, y apostó a que el gobierno de Vázquez logre restablecer el diálogo con las autoridades argentinas. Por su parte, el senador blanco Sergio Abreu coincidió en que la resolución de La Haya no era para “ponerse la camiseta” y que en materia de relaciones con Argentina había que proceder “con firmeza, pero con la mano tendida”.
Más allá de La Haya
La Corte de La Haya, por ahora, le ha dado la razón al gobierno uruguayo en su conflicto con el argentino. El Tribunal de Controversias del Mercosur, en otro plano, tendrá que pronunciarse en poco tiempo sobre el reclamo uruguayo sobre la violación, por parte de Argentina, del artículo 1 del Tratado de Asunción, sobre la libre circulación de personas, bienes y mercaderías entre los países que lo integran. Se pronuncie o no el tribunal en favor de Uruguay, es claro que se trata de otro asunto en el cual le asiste la razón: todo país está obligado a garantizar la libre circulación con los estados limítrofes.
Pero hay una controversia que, afortunadamente para Uruguay, no ha sido definida ni por La Haya ni por el Mercosur.
El conflicto sigue siendo si al país productivo que postula el gobierno le conviene o no el modelo forestal y si la instalación de plantas de celulosa -en zonas francas, por añadidura- es conveniente al interés nacional. Hay discusiones en la Universidad: un grupo de químicos dice una cosa, en la Facultad de Ciencias hay enfrentamiento (aunque las objeciones son más de carácter formal que sustancial) y en la de Agronomía habría un informe sobre los efectos de la producción de eucaliptos que no termina de elaborarse o de darse a conocer.
El Frente Amplio, que tuvo antes de ser gobierno una posición contraria a las plantas de celulosa, las apoya a partir de marzo de 2005. En el programa no hay una definición en contra del modelo forestal, pero tampoco la hay a favor; el cambio de actitud se ha dado en los hechos, sin mayores explicaciones. Seguramente la discusión más importante que falta es ésa: la que tiene pendiente la izquierda y el país entero. La que no puede ni debe resolverse desde afuera. Por eso, también, con toda la cautela que se quiera para no irritar a Argentina, corresponde celebrar el fallo de la Corte de La Haya. nEn suma
Los párrafos finales del comunicado de prensa de la Corte Internacional de Justicia resumen los aspectos sustanciales de su fallo de ayer, jueves. Se transcribe a continuación una traducción libre de la versión en francés de ese comunicado.
En suma, la Corte estima que las circunstancias no son suficientes como para ordenar a Uruguay suspender la autorización para construir las fábricas ni los trabajos de construcción propiamente dichos. La Corte aclara, sin embargo, que al proseguir los trabajos, Uruguay “asume necesariamente el conjunto de los riesgos vinculados con cualquier decisión sobre el fondo que la Corte pueda adoptar en una etapa ulterior”, de modo que la construcción de las fábricas en su emplazamiento actual no puede considerarse un hecho consumado.
En cuanto al segundo aspecto de la demanda de Argentina (ordenar a Uruguay que coopere de buena fe con Argentina y velar para que no se agrave el diferendo), la Corte insiste sobre “la importancia de asegurar la protección, en materia del ambiente, de los recursos naturales compartidos, permitiendo a la vez un desarrollo económico durable”.
Al subrayar que la existencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) constituye un “elemento significativo” del régimen de gestión y protección de los recursos fluviales compartidos, la Corte recuerda que las partes “están obligadas a atenerse a las obligaciones que les corresponden de acuerdo con el derecho internacional” y que deben “poner en marcha de buena fe los procedimientos de consulta y de cooperación previstos en el estatuto de 1975, siendo la CARU el ámbito previsto a tal efecto”.
La Corte “alienta (…) a las partes a abstenerse de cualquier acto que pueda hacer más difícil la regulación del diferendo”. Con todo, habiendo reiterado Uruguay, por intermedio de su agente, al término de las audiencias, su voluntad de “respetar plena y totalmente el Estatuto del Río Uruguay”, y habiendo ofrecido, como prueba de esa voluntad, “realizar un monitoreo conjunto y constante” con Argentina, la Corte considera que no hay motivos que justifiquen indicar otras medidas cautelares solicitadas por Argentina.
Finalmente la Corte recuerda que su decisión no prejuzga en absoluto sobre su competencia para conocer acerca del fondo del asunto, ni cuestión alguna relacionada con la admisibilidad de la demanda, ni sobre el fondo del asunto. Asimismo deja intacto el derecho de Argentina de presentar una nueva demanda de medidas cautelares fundada sobre hechos nuevos.
