Caso Southern Winds: se cierra el cerco sobre los autores materiales, pero ni hablar de las conexiones políticas

Por Causa Popular.- La Argentina hace tiempo que dejó de ser solamente un lugar de circulación de la droga entre América y Europa. Ahora el consumo en nuestro país pasó a ser uno de los más importantes de la región. Sin embargo, y a pesar de este cambio, el manejo de la droga no se encuentra en manos de “carteles” como los que aquejan desde hace años a Perú, Colombia y Brasil, entre otros países. Si algo ha demostrado el caso Southern Winds (SW), es que el manejo de la droga esta enquistado en las propias estructuras del Estado. Los resortes del narco-estado que el caso SW dejó entrever y que el jefe de gabinete Alberto Fernández, cuando se presentó a la interpelación anual en el Congreso Nacional, no pudo explicar.

Las llamativas conexiones entre el Estado y la empresa aérea en cuyos vuelos era habitual el tráfico de drogas quizás haya empezado con el subsidio millonario que recibía del gobierno por su asociación con la empresa Lafsa.

Esta última fue una creación del gobierno de transición de Eduardo Duhalde para absorber a los trabajadores de las disueltas empresas estatales LAPA y DINAR.

A los subsidios otorgados por Duhalde y propiciados por su secretario de Turismo Daniel Scioli, hay que sumar todas las instancias de control del aeropuerto internacional de Ezeiza que estaban involucradas e hicieron la vista gorda. Desde el jefe del aeropuerto, el brigadier Beltrame; pasando por la disuelta Policía Aeronáutica Nacional, hasta la empresa privada TAS encargada del control de los equipos. Todos, incluida la Fuerza Aérea, aparecen involucrados o al menos con alguna relación con el negocio.

Con tantas instituciones estatales implicadas resulta prácticamente imposible que no hubiera funcionarios nacionales involucrados, o al menos informados de las irregularidades.

El propio Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Alberto Fernández se contradijo en el Congreso Nacional con el otro Fernández del gabinete, Aníbal, en relación al momento en que el gobierno tomó conocimiento de las “valijas voladoras” con cocaína, dejando a la luz que el gobierno no está diciendo todo lo que sabe sobre el caso, y está ocultando parte importante de lo que sabe.

Si para el primero el gobierno tomó conocimiento dos semanas antes que el caso se conociera públicamente, para el ex ministro de Duhalde el gobierno lo supo en octubre de 2004.

A estas irregularidades se sumó el testimonio de un cabo de la Policía Federal Andrés Machado que siendo parte de la custodia presidencial investigó el escándalo de las narcovalijas contratado por la empresa SW. Machado fue empleado de Southern Winds entre febrero del año pasado y este año, y fue enviado por la compañía aérea a Madrid para investigar el caso.

«Este señor es un custodio presidencial y su tarea es estar de consigna en el departamento del Presidente. Es un cabo de la Policía Federal que hacía hora extras para Southern Winds. Cuando supo el hecho lo contó a la Justicia, aclaró el Alberto Fernández en declaraciones a radio América.

Según trascendió, el cabo Machado quien al comienzo del caso decía tener conocimiento de la participación de funcionarios nacionales en el caso, al salir de la fiscalía cambió su declaración y dijo que había sido amenazado por el secretario de la fiscal diciendo para que involucrara funcionarios nacionales en la causa.

El estado de la causa: ahora la justicia confirma procesamientos pero cuestiona a Liporace

Tras el telón mediático y su permanente desgaste, la investigación avanza pero con un nuevo reto para el juez Carlos Liporace por su «confusa», «errática» y «desconcertante» investigación del caso de las «narcovalijas».

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el jueves 31 el procesamiento con prisión preventiva para Fernando Arriete, el gerente de ventas de la empresa Southern Winds, por supuesto contrabando agravado de 60 kilogramos de cocaína a España, pero lo cuestionó duramente al juez de la causa.

El esperado pronunciamiento contra Arriete -que de ser condenado podría ser castigado con hasta ocho años de cárcel- no hizo referencia directa a las autoridades de SW que fueron indagadas por el caso y cuya definición procesal aún está en manos de Liporace.

La Cámara sólo dijo que «si bien aún no se encuentra definitivamente determinado en la causa si la autorización» para enviar las valijas habría sido otorgada «con el conocimiento del presidente de SW, Juan Maggio, o no, de las constancias incorporadas surge que Walter Beltrame (ex encargado de relaciones públicas de SW en el aeropuerto e hijo del jefe de seguridad del mismo) viajó a Madrid» dos días antes de que la droga llegara a Barajas, «con un pasaje autorizado por Arriete».

También se dejó abierta una carta de crédito a la explicación que en su indagatoria dio el vicepresidente de la firma, Enrique Montero -que viajó a España en el mismo vuelo en el que iba la droga-, quien afirmó que fue a ese país a reunirse con inversores.

No obstante, los jueces Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, de la Sala B de la Cámara, aprovecharon su pronunciamiento para ‘tirar de la oreja’ nuevamente al juez Liporace, al frente de la instrucción, por cómo llevó adelante las medidas que se le habían ordenado en la resolución donde se había confirmado el procesamiento del detenido Claudio Baudino, supervisor de tráfico de SW.

Tras analizar las constancias agregadas al expediente luego de aquella resolución, los camaristas advirtieron que «en atención al tiempo transcurrido, a la rapidez y a la eficacia que deben caracterizar especialmente a la actividad instructoria, se advierte la necesidad de encomendar nuevamente al tribunal la urgente realización» de varias de las medidas ordenadas.

Además, la Cámara se quejó porque Liporace hubiera formado un legajo separado a la causa principal «sin una orden del magistrado en tal sentido, ni ninguna referencia sobre el objeto y el contenido de las actuaciones».

«La forma de actuar a que se viene haciendo referencia torna confusa y errática la pesquisa (…), situación que no tiene una justificación lógica y de lo que puede resultado un perjuicio para el adecuado derecho de defensa en juicio y para el debido proceso, resultando reveladora de una desconcertante forma de investigar y desdoblar insustentadamente una única pesquisa», dijo la resolución de 39 puntos que se difundió por la agencia de noticias DyN.

Ante lo que «configuraría una nueva anomalía», los jueces decidieron informar al plenario de la Cámara que ya se encuentra evaluando la conducta del juez Liporace.

Arriete es el máximo integrante de SW que está detenido e imputado por la causa del envío de 58,900 kilos de cocaína en cuatro valijas despachadas sin dueño a la vista el 16 de setiembre del año pasado. El equipaje, que tenía unas etiquetas que decían “Embajada Argentina en Madrid”, terminó dando vueltas en el aeropuerto de Barajas porque nadie lo retiró.

En la causa también están detenidos Baudino, supervisor del vuelo, y Beltrame, el hijo del ex jefe de Ezeiza que había sido nombrado por insistencia de Arriete en el cargo de relaciones públicas del aeropuerto y que viajó a Madrid el 14 de setiembre, dos días antes de que llegara la droga. «Aquel viaje guardaría estrecha relación con el hecho investigado en la causa», sostuvo la Cámara.

En sus indagatorias, Arriete intentó desvincularse de la maniobra minimizando aquella autorización y vinculando esa orden a Juan Maggio, pero la Cámara entendió que sus «explicaciones con respecto a las razones por las cuales se habría decidido que Walter Beltrame viajara a Madrid a entrevistarse con hipotéticos inversores carecen de sustento».

Incluso, los jueces subrayaron que Beltrame «no constituía un interlocutor apropiado para que un supuesto capitalista invirtiera aproximadamente 300 mil euros en una empresa de aeronavegación internacional», máxime cuando el hijo del ex jefe de Ezeiza ocupaba «el último escalón gerencial» en la firma.

También se destacó que «carece de una explicación lógica que si SW, conforme a los dichos de Arriete, necesitaba imperiosamente conseguir dinero, no se hubiera extremado los recaudos para llevar a buen término la propuesta financiera encauzada las tratativas con los presuntos inversores españoles por intermedio del vicepresidente de la empresa, Enrique Montero, quien se encontraba en Madrid en la misma fecha que Beltrame habría comunicado que aquellos, presuntamente, habrían querido dialogar con un directivo de la empresa».

Por último, la resolución destacó que Arriete viajó a España el 27 de setiembre (diez días después de que la droga llegara a Madrid) «por razones que se ignoran» y que entonces tampoco se explica por qué no intentó «retomar las tratativas» con los «ignotos inversores».

Así las cosas y a pesar de los desacuerdos entre el juez de la causa y la cámara de apelaciones, se está cerrando el cerco sobre los protagonistas directos del tráfico, pero nada parece tocar las responsabilidades políticas del caso.

Si bien es cierto que hasta el momento no han aparecido pruebas irrefutables sobre el involucramiento de funcionarios nacionales en el tráfico de drogas, muchos se preguntan de qué manera viaja la droga en Argentina para que ya no sea sólo un país de tráfico y por qué no existen los carteles que la trafican en otros países de América Latina.

¿Qué será lo que reemplaza en nuestro país a la violenta y potente red de bandas que pueblan los países hermanos?. ¿Las sospechas aportadas por el caso SW no permitirían avanzar sobre una conexión política que abarque al narcotráfico como un método más para financiar la política argentina?.

Es probable sospecharlo y preguntárselo con interrogantes tan sólidos como la ausencia de bandas armadas narcotraficantes en Argentina, pero lo más seguro es que no se lo pregunten en el juzgado que investiga la causa.

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