Luego de que se conociera que la justicia cree que al ex prefecto represor Héctor Febrés lo mataron porque iba a hablar, el equipo de querellantes en la causa ESMA, que representa a los sobrevivientes Carlos García y Alfredo Margari, calificó como muy buena la resolución de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que procesó a dos miembros de la Prefectura Naval y a los familiares directos del ex prefecto represor Héctor Febrés por la muerte por envenenamiento que sufrió éste estando recluido en un recinto de la Prefectura Naval de Tigre. Febrés apareció muerto el 10 de diciembre último, a cuatro días de que se dictara sentencia en su contra por los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura. El Prefecto era el primer miembro de uno de los grupos de tareas que allí funcionaron, y que actuaron sobre más de cinco mil prisioneros políticos, en ser llevado a juicio oral luego de la anulación de las leyes de impunidad.
Luego de que se conociera que la justicia cree que al ex prefecto represor Héctor Febrés lo mataron porque iba a hablar, el equipo de querellantes en la causa ESMA, que representa a los sobrevivientes Carlos García y Alfredo Margari, calificó como muy buena la resolución de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que procesó a dos miembros de la Prefectura Naval y a los familiares directos del ex prefecto represor Héctor Febrés por la muerte por envenenamiento que sufrió éste estando recluido en un recinto de la Prefectura Naval de Tigre.
Febrés apareció muerto el 10 de diciembre último, a cuatro días de que se dictara sentencia en su contra por los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura. El Prefecto era el primer miembro de uno de los grupos de tareas que allí funcionaron, y que actuaron sobre más de cinco mil prisioneros políticos, en ser llevado a juicio oral luego de la anulación de las leyes de impunidad.
Según la abogada Luz Palmás Zaldúa la resolución de la jueza está «bien fundada y da cuenta de cuestiones concretas que esta querella siempre ha denunciado». Por ejemplo, las condiciones de privilegio de las que gozaba Febrés estando recluido, las cuales -según la jueza- finalmente «fueron funcionales al homicidio. Cita a Bentham y a Foucault, en lo referido a la implementación de una forma de panóptico, en cuanto a vigilar y castigar.
Montaron un sistema por el cual veían sin ser vistos, tenían una vigilancia permanente a la vez que se ganaban la confianza de Febrés con estas prerrogativas que disfrutaba», remarcó el abogado Rodolfo Yanzón. Y en ese sentido, según Arroyo Salgado, el homicidio se perpetró cuando la institución consideró que había peligro de que Febrés hablara. En su dictamen, la jueza se refiere a «muerte en custodia», por el asesinato de Febrés, insistiendo en la responsabilidad institucional.
Asimismo, es categórica cuando analiza el acondicionamiento de la escena del crimen y por esto procesa por encubrimiento a los familiares de Febrés, «anudando la responsabilidad familiar con la institucional», sostuvo el doctor Yanzón.
El profesional aclaró que aunque ambos prefectos, Roberto Iglesias, jefe del Destacamento Delta, y el custodio Mario Volpi, están procesados por su participación necesaria en el crimen, la jueza es enfática en señalar que aún no halló a los autores de la muerte de Febrés. Asimismo, destacó Yanzón que la jueza usó la calificación de crimen agravado no sólo por la utilización de veneno, el número de participantes y el carácter planificado del hecho, sino también por la circunstancia de que se cometió para ocultar otros delitos. «Y estos otros ilícitos no son ni más ni menos que los cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA.
En conclusión, la jueza sostuvo que el homicidio de Febrés fue llevado a cabo para ocultar lo que pasó en la Esma y eso es lo más preocupante», manifestó el profesional. También se mostró satisfecho con que la jueza esté determinada a investigar a otros miembros de la Prefectura así como a integrantes de la Armada «dado que son los verdaderos beneficiados con la muerte de Febrés».
Descubrieron a los represores con armas en sus domicilios
Poco antes de fin de año, la Fundación Liga Argentina Por Los Derechos Humanos reiteró una sospecha que se agigantó luego de la muerte de Febrés: la existencia de una red de conexiones entre los represores presos. Así fue que este organismo manifestó su su preocupación por el hallazgo de armas en el domicilio donde los represores Sertorio, Campos y Luján cumplen su prisión preventiva de privilegio. A ello se suma que dentro del cuarto donde apareció muerto por envenenamiento Héctor Febres, en la base de la Prefectura Naval, se halló también un arma.
En un comunicado de prensa, el organismo insistió en “la urgencia de que los distintos tribunales a cargo de los juicios por violaciones a los derechos humanos adopten medidas para que los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cumplan cárcel en establecimientos a cargo del Servicio Penitenciario Federal con las mayores medidas de seguridad y sin ningún trato de privilegio.
El hallazgo de armas de guerra revela que no se trata sólo de un trato privilegiado y contrario a la Constitución Nacional en beneficio de quienes han cometido los delitos más graves de nuestra historia, sino también que la cárcel ordinaria y efectiva debe garantizar la seguridad de los testigos y funcionarios que tienen a su cargo el juzgamiento de los represores y de los militantes sociales que apoyan la plena vigencia de los derechos humanos en nuestra Patria.
El caso de Febres y la desaparición de Jorge Julio López desde hace más de un año son hechos elocuentes que ponen de manifiesto el accionar clandestino y orgánico de los represores del terrorismo de estado. A la vez reclamamos que el Estado implemente estrictas medidas de seguridad en todas las unidades penitenciarias donde finalmente se alojen, a fin de evitar que sigan conspirando y poniendo en peligro la vida y la libertad de los ciudadanos, y la eficacia del accionar de la Justicia.
La FUNLADDHH reclama enérgicamente que los jueces que entiendan en estas causas ordenen allanar todos los domicilios donde se cumplen arrestos domiciliarios y se traslade a los represores a unidades de máxima seguridad, tomándose los recaudos para evitar cualquier forma de comunicación entre los detenidos, el uso de aparatos celulares u otras formas que faciliten un probable obrar conspirativo.
Esta situación debe vigilarse muy especialmente con los represores detenidos en el interior del país donde se encuentran alojados en unidades militares confundiendo la restricción de la libertad con hoteles donde comparten con sus camaradas de armas e influyen con su ideario antidemocrático.”
