Seis militantes sociales paraguayos se encuentran detenidos desde hace dos años y tres meses en la cárcel de Marcos Paz, acusados del asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas Grau. La huelga de hambre ha sido el último recurso para solicitar lo que hasta ahora el gobierno argentino les ha negado: el refugio político.
Al momento de publicarse esta apostilla, los seis campesinos paraguayos presos en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz estarán cumpliendo 20 días de huelga de hambre “con sus estados de salud debilitados, extremas pérdidas de peso (siendo el más afectado Agustín Acosta, quien además padece dificultades de presión)”. Esto sostuvieron abogados de la causa, familiares, Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa en el Hotel Bauen. También manifestaron los entretelones de la causa y la estrategia a llevar a cabo durante este proceso, e informaron la instancia en que se encuentran las gestiones con el Gobierno argentino.
Agustín Acosta, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera tomaron la enérgica medida luego de esperar más de dos años y tres meses en la cárcel de Marcos Paz el refugio político. Siendo militantes sociales que siempre participaron, junto a su pueblo, en la legítima lucha cotidiana por una sociedad más justa, están siendo acusados de un terrible delito que no cometieron —nada menos que el asesinato de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau—. Paradójico para la conciencia y los sentidos, hoy, estos seis trabajadores de la tierra están detenidos en la misma prisión donde purgan los represores más emblemáticos de la última dictadura militar, “famosos” secuestradores, narcotraficantes y violadores.
“Estos jóvenes son compañeros del campo popular, de la lucha política y social de ese Paraguay terrible, que esperemos que no se repita nunca más. Esperemos el cambio a favor del pueblo por intermedio del nuevo Presidente. Es por ello que cuando llegue a la Argentina esta semana uno de los senadores de Paraguay, podamos brindarle fuerza y compromiso para mantener todos los contactos a nivel de gobierno, ya que los mismos prometieron que van a recibir al parlamentario para que ayude en las gestiones y hacer conocer los entretelones de este asesinato que les están endilgando. Son puros chivos expiatorios”, sostuvo Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Los conferenciantes resaltaron que la huelga de hambre es una última instancia de la lucha, pero que ésto dependerá de la decisión propia de los huelguistas para levantar o seguir con la medida, acción llevada a cabo para ser escuchados, para alertar al gobierno argentino y solicitarle que no se pliegue a los gobiernos anteriores del Paraguay.
“Lo que más nos causa sorpresa es el dictamen desfavorable al pedido de refugio por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Si hay una institución más cercana a las peticiones y reclamos populares es justamente esa área: pero es justamente la que nos ha pegado un facazo por la espalda. Alguien nos tiene que aclarar esto. Más que los abogados, ahí tendrían que ir los dirigentes de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Pedirle las explicaciones al ministro Aníbal Fernández no tiene sentido porque sabemos que expresa otros intereses; ahora bien, la Secretaría de Derechos Humanos, desde su dirección para abajo, teóricamente está de éste lado. Primero deberíamos aclararlo y después no sé si hay posibilidad de emitir otro dictamen, ya que estamos a tiempo aún. Por ejemplo, que se manifieste el Secretario de Derechos Humanos, aunque sea en nombre propio, aunque no tenga el carácter de fuerza. Eso hay que reclamarle a la Secretaría de Derechos Humanos”, sentenciaron los abogados Héctor Trajtemberg, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y Eduardo Soares, de la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA).
Los letrados señalaron que debido a la urgencia y ante el agravamiento del estado de salud, corresponde a algunos funcionarios de gobierno acelerar el caso de los presos y buscar una solución vía presidencial (entre los dos mandatarios), además de sentir voluntad positiva por parte de algunos funcionarios que les mantienen cierto contacto con la Presidenta, aunque cumplan con el compromiso de la formalidad.
Estrategia revelada
Como una de las estrategias a seguir, los abogados y organismos de derechos humanos, planean mantener relación con la Corte Suprema de Justicia, específicamente con Eugenio Zaffaroni, con la intención de plantear la inconstitucionalidad de la detención teniendo en cuenta que los campesinos paraguayos ya llevan más de dos años presos, situación incompatible con las propias leyes procesales argentinas y paraguayas. La paraguaya expresa que ningún detenido puede estar más de dos años en situación de “no resolución”, y las leyes argentinas hablan de un plazo razonable que en general los jueces lo estipulan en alrededor de los dos años, por lo que “la Corte puede destrabar esta situación”. Y argumentan que “dos años sin sentencia firme, además de no estar procesados porque el juicio de extradición es un juicio muy particular donde no se procesa a nadie; nadie adquiere calidad de procesado por un juicio de extradición ya que el ilícito que se le endilga en última instancia no se va a ventilar acá, sino en el juicio de extradición. Solamente se resuelve sobre la procedencia o no de la extradición; y en definitiva, tampoco están procesados en Paraguay. Entonces, ¿qué pasa con estos dos años? Perseguidos políticos es un buen argumento para plantear a la Corte Suprema de Justicia.”
Con este argumento jurídico, los abogados defensores presentan la estrategia a seguir con la intención de que la Corte Suprema afirme que los campesinos paraguayos son presos políticos, y por lo tanto, se deba resolver en los estrados políticos para que finalmente el Ejecutivo les otorgue el refugio, planteando el concepto de prescripción y que no se cometen delitos de lesa humanidad desde la organizaciones sociales ya que solamente son los Estados los que cometen este tipo de delito.
Los abogados expresaron que, según informaciones extraoficiales, la Cancillería argentina ya habría emitido un dictamen favorable al refugio, pero que aún no figura en el expediente de la causa de los campesinos presos.
El caso
El peregrinar de los campesinos presos comenzó en la Embajada Argentina de Paraguay y los llevó a ingresar a la Argentina acompañados por su abogada, la doctora Talavera. Venían a solicitar el refugio político a causa de la persecución y la represión indiscriminadas impartidas desde los organismos estatales paraguayos. Se dirigieron primero al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego al Cepare (Comité de Elegibilidad para Refugiados), para solicitar formalmente la protección referida. Fundamentando su pedido narraron la persecución violenta y arbitraria que, desde hace años, sufren ellos y todos los militantes del partido político paraguayo Patria Libre, así como los integrantes de distintas organizaciones campesinas.
El organismo argentino les expidió un certificado provisorio de reclamantes de refugio. Cuando el gobierno paraguayo se anotició de este pedido apresurado a través de un tribunal incompetente, en franca violación a garantías constitucionales esenciales, dictó la prisión preventiva de todos ellos, en el marco de una causa judicial absolutamente irregular, presionando así al gobierno argentino para que fueran expulsados.
El Cepare citó el día 2 de mayo de 2006 a dos solicitantes de asilo, que fueron acompañados por un tercer compañero. Allí ingresó la policía con una orden de INTERPOL y los arrestaron dentro del Cepare. A otros dos los detuvieron en una modesta casa de Florencio Varela, teniéndolos más de dos horas en el piso sometidos a insultos, golpes y patadas. Y al último, cerca de su lugar de trabajo con helicópteros y una sobreactuación desmedida durante la detención, con Crónica TV incluida. Ya detenidos en el Penal de Villa Devoto, les notificaron que el 2 de mayo el Cepare (en tiempo récord) había resuelto denegar la solicitud de refugio político para todos ellos. El argumento principal utilizado es que Paraguay es un país democrático, donde rige el Estado de derecho.
Mientras los procesos judiciales se dilataban, el tormento de una prisión injusta para Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lezcano Espínola los esperaba en la cárcel de Marcos Paz.
En este lugar de prisión, la solidaridad y el estímulo han sido frecuentes de parte de las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales. El espíritu de los militantes ha sobrepasado el enclaustramiento. Desde la prisión presentaron los libros Poesías escritas en las peores condiciones de Arístides Vera Silguero y Reflexiones Políticas desde la Cárcel de Agustín Acosta González. Incluso están anunciadas otras publicaciones de temática histórica, política y social de Paraguay.
Desde el 15 de agosto de 2008, los seis luchadores sociales presos se declararon en huelga de hambre por tiempo indefinido. El jueves 28 de agosto se realizó otra marcha hasta la Casa Rosada, en la que la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos más otras organizaciones acompañaron a los abogados de FIDELA y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Allí se entrevistaron con el secretario del ministro del Interior, Marcio Barboza Moreira, quien comunicó estar al tanto del caso y prometió dar respuestas en breve.
Para colaborar y solidarizarse con los seis campesinos paraguayos, los interesados pueden recurrir a esta dirección: http://noalaextradicion.blogspot.com/
