Por Causa Popular.- La decisión de llevar ante los tribunales al jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney en el escándalo por la revelación de la identidad de una agente de la Agencia Central de Investigaciones (CIA), es el broche de oro de una semana para la que varios legisladores republicanos sólo tenían un adjetivo poco común en su exitista vocabulario: infernal. Más de 2 mil soldados estadounidenses muertos en Irak, la renuncia impulsada por el propio partido oficialista de la candidata a la Corte Suprema Harriet Miers, calificada en forma unánime por los medios norteamericanos como “humillación” para el presidente, y ahora la acusación formal contra Lewis “Scooter” Libby, todo se conjugó para hacer de éste el peor momento de la administración Bush. Todo, una semana antes de que pise territorio argentino para participar de la IV Cumbre de las Américas.
Por si todo esto fuera poco, y mientras la aprobación de Bush en su propio territorio cae día tras día, la semana “infernal” comenzó con la insistencia por parte del vicepresidente, y hombre fuerte de la Casa Blanca, Dick Cheney, de utilizar la tortura como herramienta fundamental de su llamada “guerra contra el terrorismo”. Como es su costumbre, en nombre de la “democracia”, la “libertad” y la defensa de la “civilización” contra los “terroristas” que no tienen respeto por la vida humana, el gobierno del presidente George W. Bush intentó negociar un acuerdo con la legislatura para legalizar el uso de la tortura.
El vicepresidente Dick Cheney, en persona, está señalado por la prensa norteamericana de presionar al Congreso para que exima a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de una prohibición de todo trato “cruel, inhumano y degradante” de detenidos en manos de fuerzas estadounidenses -militares y de inteligencia-, aprobada recientemente en votación de 90 contra nueve en la Cámara alta, a pesar de las amenazas del presidente Bush que además del veto, incluía el rechazo del presupuesto militar para el próximo año.
En palabras de The New York Times, “en medio de todos los desastres naturales y políticos que afronta, la Casa Blanca ciertamente no cede en su empeño de legalizar la tortura. Esta semana, el vicepresidente, Dick Cheney, propuso una novedosa solución para los problemas legales y morales planteados por la utilización de soldados norteamericanos para cometer abusos contra prisioneros y la práctica de entregar cautivos a gobiernos dispuestos a actuar como agentes sustitutos en la aplicación de la tortura. Cheney pretende legalizarla para que la CIA se encargue de ese trabajo descabellado.”
El Spygate
Lewis «Scooter» Libby, hasta el pasado viernes jefe de Gabinete del vicepresidente de EEUU fue acusado por el fiscal Patrick Fitzgerald de mentir en reiteradas oportunidades en el “caso Plame”. Valerie Plame era una espía de la CIA, hasta que en el 2003 su identidad como agente salió publicada en un artículo. Su marido, el ex diplomático Joseph Wilson, atribuyó la filtración a una venganza de la Casa Blanca en su contra, por haber acusado al Gobierno de invadir Irak con falsos pretextos
El fiscal Fitzgerald presentó una acusación de obstrucción a la justicia, dos de perjurio y dos de falso testimonio contra el hombre de confianza de Cheney. Luego de la presentación el jurado investigador se disolvió, tras casi dos años de pesquisas durante los que, según explicó Fitzgerald, ha tratado de determinar quién dijo qué, a quién y cuándo en el «caso Plame».
Por su parte, el presidente de EEUU, George W. Bush, aseguró que el trabajo del Gobierno continuará. En una breve declaración antes de partir hacia Camp David, donde se disponía a pasar el fin de semana, Bush se declaró “entristecido” por la presentación de cargos y por la dimisión de Libby.
Aunque el grueso de la investigación ha acabado, Fitzgerald aseguró que la pesquisa continúa. Karl Rove, el principal asesor político de Bush, se libró de las acusaciones, pero sigue bajo investigación.
Fitzgerald recordó en rueda de prensa que Libby dijo al FBI que se enteró de la ocupación de Plame a través del periodista de la cadena NBC Tim Russert, y que lo comentó posteriormente con otros reporteros sin saber ni siquiera si era cierto que la esposa de Wilson fuese espía. El fiscal insistió en que esas afirmaciones son falsas.
Para este fiscal de 44 años, al menos cuatro personas en la administración le revelaron a Libby la identidad de Plame antes de que el nombre de la espía saliese por primera vez a la luz, el 14 de julio de 2003. Uno de esos funcionarios fue el propio Cheney. Esas conversaciones no son ilegales, ya que los funcionarios en cuestión tienen permiso para acceder a información secreta, pero difundirlas públicamente a sabiendas sí lo es.
Curiosamente, Fitzgerald no presentó cargos contra Libby por la filtración del nombre de la espía, el motivo por el que se abrió la investigación.
La acusación del influyente asesor del Gobierno promete volver a poner en cuestión durante el juicio los motivos de EEUU para lanzar la guerra contra Irak. Bush dio la orden de invadir Irak en marzo de 2003, diciendo que el programa de armas de destrucción masiva de Sadam Husein suponía una grave e inmediata amenaza para EEUU. Las armas nunca se encontraron y el número de soldados estadounidenses muertos en el país árabe supera ya los 2.000.
“Este es un caso de cómo la Casa Blanca fabricó y manipuló información secreta para reforzar su argumento para ir a la guerra en Irak y para desacreditar a cualquiera que se atreva a retar al presidente”, afirmó en un comunicado Harry Reid, jefe de la oposición demócrata en el Senado.
La acusación contra Libby supone un duro revés para Cheney, cuyas empresas a las que estaba ligado antes de acceder a la presidencia fueron las más beneficiadas en la reconstrucción de dos ciudades arrasadas por motivos bastantes diferentes. Bagdad por los bombardeos norteamericanos en Irak, y Nueva Orleáns, por el paso del huracán Katrina.
