Por Causa Popular.- El gobierno de Luiz Inacio “Lula” da Silva atraviesa la crisis política más profunda desde que asumió en el 2002. Sin ninguna prueba, varias denuncias contra funcionarios de su gobierno por haber participado de supuestos actos de corrupción, comenzaron a disminuir su popularidad y a poner en riesgo su reelección el próximo año. Las denuncias de un viejo representante de la derecha brasileña, que supo defender al ex presidente Fernando Collor de Mello, destituído de su cargo por corrupción, apuntaron y lograron la cabeza José Dirceu, la mano derecha del presidente. Un comunicado emitido por las organizaciones sociales más representativas de Brasil, luego de criticar duramente la política económica neoliberal implementada por el presidente, denunciaron maniobras de la derecha para desestabilizar el gobierno. La cabeza del ahora ex jefe de gabinete José Dirceu, fue una permanente ambición de los sectores más conservadores aliados al PT en el gobierno, el terremoto que sacudió a Lula ya lo enterró, pero su reemplazante amenaza con ahogarles la fiesta.
Sin embargo, una larga trama de infiltraciones de la CIA en el gobierno brasileño permiten sostener que avanza una enorme maniobra por sacar a Lula del camino de la reelección el año próximo.
La crisis se originó por un supuesto caso de corrupción, al difundirse el 14 de mayo una grabación en que un funcionario de la Empresa de Correos aparece recibiendo un dinero que se dice fue pagado por una compañía que quería ser beneficiada en un contrato. El caso no implicaba al gobierno, pero quien otrora fuera blanco de graves denuncias, un controvertido político llamado Roberto Jefferson, ahora se convirtió en acusador, pero en otro caso, que fue finalmente lo que agravó la crisis.
En una acción que se interpretó dirigida -como en parte ha ocurrido- a dejar de ser centro de aquella denuncia, el diputado Roberto Jefferson líder del Partido Trabalhista Brasileño (PTB) acusó al entonces jefe de gabinete José Dirceu del Partido de los Trabajadores (PT) de pagar a diputados de otras dos fuerzas por apoyar al Ejecutivo. Jefferson señaló además a Dirceu de haber sido quién montó la escena en la que aparece recibiendo coimas.
La inconsistencia de la denuncias de Jefferson, se convirtieron en una de las bases de las sospechas de una operación fogoneada por los grandes medios de comunicación brasileños y los partidos opositores, que aprovechan la maniobra para desestabilizar a un gobierno que en las encuestas muestra un amplio favoritismo para las elecciones a realizarse en Octubre.
Consultado por los hechos que supuestamente implicaban a Dirceu, el ex aliado de Collor de Mello reconoció no tener pruebas ante el Consejo de Ética de la Cámara de diputados. A pesar de esto, los medios y los partidos opositores difunden y repiten sus afirmaciones como si fueran verdades comprobadas. Quien llegue hoy a Brasil y vea la televisión, la prensa escrita o escuche radio, se llevará la impresión de que hay una corrupción generalizada en el gobierno, y no un hecho específico que aún se investiga.
Desde un inicio, tanto ministros como dirigentes del PT denunciaron que se trataba de una conspiración desestabilizadora y golpista, dirigida a debilitar el gobierno y al presidente Lula, debido a que la oposición no tiene un candidato que le impida reelegirse en el 2006.
Inclusive la semana en que desataron las denuncias cruzadas, se mostró otro hecho curioso en esta sospechosa crisis: Fernanda Ramos, ex secretaria del publicista Marcos Valerio de Souza, confirmaba a una conocida revista brasileña las acusaciones de Jefferson, aunque también sin pruebas, de que su jefe era el que realizaba los supuestos pagos del PT a diputados de otras fuerzas.
La revista «Istoé Dinheiro» adelantó en dos días su salida con una entrevista a Fernanda, e inclusive colocó su contenido íntegro en internet la noche antes, en los momentos en que Jefferson era interrogado en el Consejo de Ética. Pero lo más llamativo es que las declaraciones donde Fernanda Ramos había desmentido ante la Policía Federal los dichos que se le atribuyen, no aparecieron en la publicación.
Según contó su abogado a la prensa brasileña, Fernanda -que enfrenta un proceso por extorsión a su ex jefe-, “aseguró que nunca vio salir maletas con dinero de la empresa SMPandB, donde ella trabajaba”, y de acuerdo con el delegado de la Policía Federal Ricardo Amaro, “básicamente ella negó la entrevista”.
Curiosamente, o no tanto, el tema, desapareció literalmente de los medios de difusión y de las declaraciones de los políticos opositores, que antes del desmentido lo habían destacado con amplitud.
Según algunos analistas políticos brasileños, el continuo bombardeo opositor y mediático consiguió el objetivo que perseguían casi desde el inicio del gobierno hace 30 meses: la renuncia del ministro-jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, quien fue jefe de la campaña electoral de Lula y era su principal colaborador, una especie de Primer Ministro.
Al anunciar su dimisión el jueves 16 en la noche, el político dijo que ocupará su bancada en la Cámara de Diputados para defender al gobierno, al PT y a su persona de las acusaciones formuladas en los últimos días y ayudar en la investigación de estas. “Voy a movilizar el PT para dar combate a aquellos que quieren interrumpir el proceso político-democrático del país y quieren desestabilizar al gobierno del presidente Lula”, remarcó y dijo que se sigue sintiendo parte del gobierno.
La salida de Dirceu debe marcar el inicio de una reestructuración ministerial que hace días se espera realice Lula y que se estima debe implicar la salida de otros tres ministros que son diputados, para que regresen a la Cámara a reforzar la posición del gobierno.
El ex jefe de gabinete hizo este miércoles una defensa del gobierno en la Cámara de Diputados y dejó en claro que retoma su escaño para combatir desde allí a quienes buscan desacreditar a la administración de Lula. En la sesión, un diputado conservador, Jair Bolsonario, lo interrumpió gritándole: «¡terrorista!»
Aunque lo critican, las organizaciones sociales advierten la maniobra de la derecha
Mientras tanto varias organizaciones sociales encabezadas por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), convocaron a una multitudinaria marcha en Brasilia, para protestar contra la corrupción y reclamar cambios en la política económica.
El MST es la organización social más fuerte de Brasil y uno de los principales movimientos que llevaron a Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia en las elecciones de 2002. La organización anunció que exigirá una investigación a fondo de las denuncias de coimas que en las últimas semanas han acorralado al gobierno, pero reclamó que la indagatoria se extienda también a la administración del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
La marcha tuvo un doble objetivo: preservar la administración de Lula ante “las operaciones de derecha” pero también criticar su política económica que redujo la inflación gracias a una severa contención de los gastos públicos.
Además del MST, participaron de la convocatoria la Central Única de Trabajadores (CUT) y la Unión Nacional de Estudiantes, entre otras organizaciones. Esas entidades dicen que las denuncias de soborno en el Congreso que detonaron la crisis que rodea al gobierno de Lula “tienen el objetivo de debilitar al gobierno, aislando el proyecto de cambios” que era parte del plan ejecutivo de Lula.
El máximo dirigente del MST, João Pedro Stedile, advirtió que “la unidad y la movilización (de las organizaciones sociales) son fundamentales, pues estamos en una verdadera guerra”.
A su vez, el secretario de comunicación de la CUT, Antonio Carlos Spis, afirmó que los movimientos sociales quieren la investigación completa de las denuncias, “pero no van a hacer el juego de la derecha que quiere debilitar al gobierno”.
En una “carta al pueblo brasileño” difundida el pasado martes 21 de junio, más de 40 organizaciones sociales encabezadas por el MST, la CUT y la Coordinación de los Movimientos Populares (CMP), se declararon “contra la desestabilización política del gobierno y contra la corrupción: por cambios en la política económica, por la prioridad en los derechos sociales y por reformas políticas democráticas”
En la carta las organizaciones sociales, no se guardan las críticas al gobierno, y expresan que “en las últimas elecciones, con la esperanza de realizar cambios en la política neoliberal que venía siendo practicada desde 1990, el pueblo brasileño eligió al Presidente Lula. Hasta este momento, evaluamos que poca cosa cambió y presenciamos un mandato lleno de contradicciones. De un lado, el gobierno siguió con una política económica neoliberal, resultado de sus alianzas conservadoras. De otro, adoptó un discurso de la prioridad social y una política externa soberana y de alianza con las naciones en desarrollo. La elección de Lula estimuló las esperanzas en América Latina, e influyó de forma positiva en algunos conflictos políticos en la región.”
A pesar de las críticas, creen que las denuncias de corrupción hacia el gobierno están siendo fogoneadas por la derecha que busca desestabilizarlo. “Con miras a las elecciones de 2006 -continua la carta-, las élites iniciaron, a través de los medios de comunicación, una campaña para desmoralizar al gobierno y al Presidente Lula, apuntando a debilitarlo para derrumbarlo u obligarlo a profundizar la actual política económica y las reformas neoliberales, atendiendo a los intereses del capital internacional.”
Para finalizar, y antes de enumerar siete medidas de gobierno para que sean implementadas, la carta al pueblo brasileño interpela al presidente Lula da Silva sobre las políticas de gobierno que de acá en más lleve adelante. “Frente a la actual crisis, el gobierno Lula tendrá la opción de retomar el proyecto por el cual fue elegido, y que movilizó la esperanza de millones de brasileños y brasileñas. Proyecto este que tiene como base a la transformación de la sociedad y del Estado brasileños, una sociedad dividida entre los que todo pueden y todo tienen y aquellos que nada pueden y nada tienen.”
La omnipresente CIA podría estar involucrada.
La periodista Stella Calloni, corresponsal de La Jornada de México, recordó en una nota publicada la esta última semana, la omisión que realizan los medios en su campaña contra el gobierno de los escándalos que se produjeron entre julio y agosto de 2004, cuando agencias de seguridad privada ligadas al espionaje estadounidense se infiltraron en la policía e investigaron los sectores más débiles del PT.
Según Calloni, la investigación ordenada por el presidente Lula al jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Jorge Armando Félix descubrió que la multinacional de seguridad estadunidense Kroll, se había introducido en las líneas gubernamentales, como había denunciado La Jornada en su oportunidad.
El titular de la agencia, señala Calloni, Jules Kroll, cuenta entre los directivos de su empresa con un ex integrante durante la década del 80 del Departamento de Asuntos Latinoamericanos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), Frank Holder. Este personaje cuenta con el prontuario de haber participado en organización de la contra nicaragüense, y estuvo en la embajada norteamericana en Buenos Aires.
Como denunció recientemente el semanario brasileño Carta Capital, estos hombres estaban detrás del espionaje estadounidense en Brasil, no sólo dirigido a los funcionarios del gobierno y especialmente a José Dirceu, sino también sobre otros sectores.
La investigación de La Jornada señala a su vez que, el mismísimo ex jefe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Brasil, Carlos Costa reconoció que en Brasil su agencia trabajaba codo a codo con los “colegas” de la CIA, y mencionó millones de dólares “donados” a la policía federal brasileña. “Por lo que sé no creo que el gobierno (de Lula) tenga noción de cuánto está infiltrada la policía y cuánto depende de nosotros”, dijo el funcionario citado por Calloni.
El gobierno sí se enteró en cambio de que los agentes de Kroll espiaron a ministros de Lula, interfirieron sus comunicaciones y siguieron sus movimientos. La principal figura en la mira fue justamente Dirceu.
La periodista argentina, reconocida por sus investigaciones sobre el Plan Cónodor, recuerda en su nota que desde el 20 de febrero pasado, dirigentes del MST y de la Central Única de Trabajadores (CUT) vienen denunciando un intento desestabilizador de la derecha, mediante el intento de desplazar a Dirceu, utilizando presuntos hechos de corrupción de un ex colaborador suyo. Las más de 40 organizaciones de Brasil perecen no haberle errado en la caracterización, y el momento anunciado ha llegado.
Pero… ¿quién es la sucesora de Dirceu?
Las discusiones entre José Dirceu, y el ministro de Hacienda Antonio Palocci, eran moneda común en el gobierno de Lula. Debido a esto, su desplazamiento despertó sospechas de complicidad por parte del ala conservadora del gobierno representada por Palocci. Sin embargo, su reemplazante, la nueva jefa de gabinete Dilma Rousseff, a menos de una semana en su nueva función, siguió la línea de su antecesor y disintió con el ministro de Hacienda sobre el grado de ajuste económico necesario.
Mientras Lula, anuló una gira que debía realizar la semana próxima a Colombia y Venezuela, para proseguir consultas sobre una reforma ministerial que apunta a dar más cabida a partidos de centro y de derecha en el gobierno y a elaborar una estrategia ante la ola de acusaciones, su flamante jefa de gabinete, Dilma Rousseff, abrió un nuevo frente, proponiendo una política que mire más allá de los ajustes aplicados por el ministro de Hacienda, Antonio Palocci.
“Creo que estamos en una época en que la agenda va a tener que empezar a ser menos árida, para ir más allá de la estabilidad; tenemos que discutir ahora cómo crecer con tasas sustentables; obviamente no de forma populista”, dijo Roussef en una entrevista con la televisión Globo News.
Palocci, por su parte, negó que el modelo económico actual se estuviese agotando. “Debemos perseverar en el camino que adoptamos”, con el fin de reducir la inflación y de mantener una evolución favorable de la deuda pública, afirmó. “Lo que permite discutir avances es la consolidación del éxito de las metas fiscales establecidas”, dijo el ministro, aunque reconoció que Rousseff y él trabajaban “con ángulos diferentes de visión” y que eso “no significa conflicto”.
El pasado guerrillero del ex jefe de Gabinete Dirceu, siempre fue cuestionado por los sectores conservadores de la alianza de gobierno y la oposición, los gritos acusándolo de terrorista en su primera sesión en el Congreso luego de que renunciara a su cargo en el ejecutivo, no son más que una muestra de esto. Como un reto a la virulencia opositora, la nueva jefa del gabinete ministerial brasileño, Dilma Rousseff, reivindicó con orgullo su también pasado guerrillero, en una entrevista divulgada por el diario Folha de Sao Paulo, en la que narró también los métodos de tortura a los que fue sometida.
Rousseff, de 57 años, nombrada el lunes 20 al frente del gabinete del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, se unió en 1969 a la maoísta Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR-Palmares), del guerrillero Carlos Lamarca, un capitán del ejército contrario al golpe militar de 1964.
“Teníamos una generosidad inmensa y creíamos que era posible crear un Brasil más igualitario. Yo tengo orgullo de mi generación, de que hayamos luchado y de haber participado en todo un sueño de construir un país un Brasil mejor”, reveló Rousseff en la entrevista, realizada en 2003 por Luiz Makluf, autor del libro “Mujeres que fueron a la lucha armada”.
Por sus acciones como militante activa fue detenida el 16 de enero de 1970 y llevada a un centro de torturas de Sao Paulo, donde fue sometida a golpes y choques eléctricos y fue colgada de pies y manos. “Aplicaron choques (eléctricos). Muchos choques, pero de verdad, muchos choques. Me acuerdo de los primeros días, estaba tan exhausta físicamente que me quería desmayar, no aguantaba más tanto choque. Comenzé a tener hemorragias”, recordó.
Durante los tres años que estuvo en prisión, Rouseff aprendió métodos para aplacar a sus torturadores. “Tenía que tener una historia. En la relación del torturador con el torturado, la única cosa que no puede pasar es decir ‘no hablo’. Si uno dice ‘no hablo’ en cinco minutos puede ser obligado a hablar, porque ellos saben que uno tiene algo que decir. Si uno dice ‘no hablo’ (…) les entrega un arma para que te torturen y te pregunten”, recordó.
Los torturadores también dejaban a los presos sin comer, desnudos, en salas manchadas de sangre en las que los ponían hasta una nueva sesión de maltratos. “Llega un nivel de dolor en que uno desconecta, en que uno no aguanta más. El dolor tenía que ser controlado por ellos”, narró.
La actual ministra se forjó en la lucha armada una reputación fuerte, que le valió que sus fiscales la conocieran como la ‘Juana de Arco de la guerrilla’. Pese a las torturas, no delató a sus compañeros.
“Aguanté. No dije ni donde vivía ni quien era Max (su compañero de entonces, Carlos Franklin Paixao de Araújo) ni entregué a Breno (Carlos Alberto Bueno, otro de sus correligionarios) porque tenía mucho dolor (…), vi mucha gente destruida y no quería que mis compañeros estuvieran en una situación de aquellas”, afirmó.
Rousseff planificó junto con Paixao de Araújo el robo de una caja fuerte que el gobernador paulista Adhemar de Barros, identificado como un símbolo de la corrupción, escondía en la casa de una amante en Rio de Janeiro, el 18 de julio de 1969. Adentro había 2,5 millones de dólares, un récord para una acción guerrillera hasta ese entonces.
La mujer, hoy virtual primer ministro del gobierno de Lula, se formó luego como economista; en 2003, con la llegada del Partido de los Trabajadores al poder, fue nombrada ministra de Minas y Energía por Lula, quien el lunes la designó para sustituir a José Dirceu, quien renunció a la jefatura del gabinete en medio de denuncias de pago de sobornos.
Fue dos veces (1993-1994 y 1999-2002) secretaria de Energía, Minas y Comunicaciones de Rio Grande do Sud y cuenta en su currículo con haber evitado en el 2001 los racionamientos de electricidad que afectaban a casi todo Brasil. En 2001, forma parte de un grupo que emigra del PDT al PT de Lula, y es nombrada ministra de Minas y Energía cuando el ex líder sindical llega al poder, en enero de 2003.
Promovió en estos dos años la definición de un marco regulatorio del sector eléctrico, reclamado para garantizar inversiones y evitar un nuevo apagón como el de 2001.
Su voz pausada y sus explicaciones técnicas meticulosas contrastan con sus gestos vehementes y su mirada intensa y curiosa. En ámbitos del PT le reprochan su “rigidez” para tratar con diputados y senadores, y se teme que eso pueda dificultar la alianza que Lula trata de estrechar con partidos que regatean su apoyo contra cargos en organismos estatales.
Su rigor la llevó a polemizar recientemente con Dirceu, quien apoyaba la construcción de una tercera central nuclear (Angra III) para generar electricidad en Brasil. Rousseff no se opone por principio a la energía nuclear, pero rechaza hacer esas inversiones en nombre de sus presuntas ventajas económicas, ya que cree que la mejor solución para Brasil es focalizarse en las centrales hidroeléctricas.
Ese puede ser uno de los expedientes calientes que le esperan a corto plazo.
