De la Redacción de ZOOM. Sólo en un año fueron liberadas en Brasil más de 2.600 personas que habían sido sometidas al estado de esclavitud en el medio rural, mientras cada año mueren decenas de campesinos y dirigentes asesinados. Desde 1995 hasta hoy, más de 28 mil trabajadores fueron rescatados de haciendas en las que trabajaban bajo un régimen de esclavitud.
La imposición del trabajo forzoso se prepara como una trampa: las personas son contratadas casi siempre por terceros que los colocan en una hacienda donde no tienen contacto con el mundo externo. Allí trabajan dos o tres meses, en general sin que se cumplan las promesas que les hicieron, y cuando quieren retirarse del lugar no pueden hacerlo porque todo lo que comieron y el techo bajo el que durmieron les es cobrado a precio de oro. De esta manera, el patrón crea una deuda que el trabajador debe pagar y esto dura hasta que el patrón lo decide. La persona pierde de hecho su libertad y cuando logra salir lo hace sin un peso en el bolsillo.
Esto ocurre generalmente con personas que dejan sus familias esperando, y trabajan sin que les sea respetado ningún derecho laboral, sin contrato firmado y por eso es un delito difícil de probar.
Con una lista de 189 propietarios que utilizaban mano de obra análoga al trabajo esclavo, los movimientos sociales del Brasil están presionando para que se apruebe en forma inmediata la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 438/2001, que confisca las tierras donde fueren identificadas la presencia de trabajo esclavo. Según la enmienda, las tierras en esas condiciones serían destinadas a la reforma agraria.
Un petitorio con firmas pidiendo la urgente aprobación de la PEC ya está circulando en diversas partes de Brasil, en las entidades o a través de Internet. Los interesados en firmar el documento deben entrar en el sitio: http://www.reporterbrasil.org.br/abaixo-assinado.php . También pueden hacerlo en www.humanosdireitos.org .
Desde 1995 hasta hoy, más de 28 mil trabajadores fueron rescatados de haciendas en las que trabajaban bajo un régimen de esclavitud. Después de un acto en el Congreso Nacional Brasileño movimientos sociales del campo y organizaciones de derechos humanos están ahora organizando este documento para ser enviado a los congresistas a fin de que la Cámara dé continuidad a la votación, parada desde 2004.
En el petitorio, los movimientos dicen que 120 años después de la Abolición de la Esclavitud -celebrado este año- «el Congreso Nacional tiene la oportunidad de promover la Segunda Abolición de la Esclavitud en Brasil. Para ello, es necesario confiscar la tierra de los que utilizan trabajo esclavo. La expropiación de las tierras donde fuese encontrada mano de obra esclava es una medida justa y necesaria y uno de los principales medios para eliminar la impunidad».
La Propuesta de Enmienda fue presentada en 1999, por el entonces senador Ademir Andrade (PSB-PA). Con ella, el Artículo 243 de la Constitución Federal -que trata de la confiscación de propiedades en las que fueren encontradas cultivos de plantas psicotrópicas ilegales, como la marihuana- tendría nueva redacción. Así, la expropiación -sin derecho a indemnización- sería extendida también para casos de explotación de mano de obra análoga a la esclavitud.
La PEC 438/2001 define también que las propiedades confiscadas sean destinadas para el asentamiento de la Reforma Agraria. La constitución brasilera define que la tierra «no puede ser utilizada como instrumento de opresión o sumisión de ninguna persona», por eso los hacendados (productores agrarios) que privan de libertad, y usurpan la dignidad -marcas de la esclavitud contemporánea- de los trabajadores no pueden quedar impunes.
La PEC del Trabajo Esclavo ya fue aprobada en el Senado. En la Cámara -con 326 votos favorables, diez en contra y ocho abstenciones-, fue aprobada en primer turno; sin embargo, hace casi 4 años que espera ser aprobada en el segundo turno de votación. En la época de la primera discusión en la Cámara, sólo se produjo la votación por la presión de los movimientos; pues, en enero de 2004, tres auditores fiscales y un chofer del Ministerio de Trabajo y Empleo, en Unaí (MG), fueron asesinados mientras trabajaban, durante una emboscada.
Fuente: Agencia Adital
