Hace dos décadas, la instalación de una planta para producir pasta de celulosa frente a Gualeguaychú se convirtió en un problema que terminó con dos países hermanos enfrentándose en la Corte Internacional de La Haya. El origen fue que de un lado del río descubrieron que la planta traía beneficios solo para la otra orilla y, en cambio, todos los perjuicios eran para la orilla propia.
Es cierto que no se cumplieron las peores profecías de quienes promovieron lo que, aun hoy, muchos llaman “la gesta de Gualeguaychú”: no se verificó que “Botnia mata” (como todavía se lee en el cruce de acceso a la ciudad entrerriana, aunque la empresa ahora es UPM Fray Bentos), no nacieron bebés con malformaciones a causa de la planta, ni el río aparece más contaminado de lo que ya registraban los informes previos, ni las propiedades pasaron a valer la décima parte, ni desapareció el turismo. Pero ¿hubiera pasado todo eso si proliferaban más plantas, como se aspiraba originalmente del otro lado?
No hay modo de saberlo. La historia rumbeó para otro lado y hoy UPM funciona sin que a nadie le interese demasiado. Para algunos, el único saldo positivo del conflicto fue el aumento de la conciencia ambiental en la región. Otros marcan, con amargura, que esa nueva conciencia no impidió que Gualeguaychú votara en masa a un Presidente que abjura de la protección ambiental (y que llegó a proponer privatizar los ríos para que, al ser un negocio, deje de “valer cero” y entonces “se termina la contaminación”).
En estos días la región binacional del río Uruguay vuelve a plantear un desafío. La aprobación oriental para la instalación de una planta de producción de hidrógeno “verde” (o de combustibles sintéticos, según quién describa) ya muestra diferencias entre grupos socioambientales de ambas orillas, así como autoridades de las dos márgenes. La controversia alimenta la pregunta: ¿qué aprendimos del conflicto por Botnia?
La planta de HIF Global
HIF Global (Highly Innovative Fuels Global) es una empresa de capitales mayoritariamente chilenos, con participación estadounidense, alemana y un creciente ingreso de capitales japoneses. Fue fundada en 2016 y su sede legal está en Houston, Texas, aunque opera en Chile, Estados Unidos, Australia y Europa.
Se dedica a producir “e-Fuels” o combustibles sintéticos mediante hidrógeno generado con energías renovables. Según su propia narrativa son combustibles “altamente innovadores” que permiten avanzar en la descarbonización global.
De ahí lo de “verde”: permiten reducir la dependencia actual de combustibles fósiles y son producidos, dicen, con mucho menor impacto ambiental. Por ejemplo, se prevé construir en Paysandú un parque solar y un parque eólico para producir la energía que la planta utilizará.
No tan verde
Desde las organizaciones ambientales dicen que no es tan verde el asunto. Evangelina Báez y Carlos Serratti integran la multisectorial Somos Ambiente, y objetan varios aspectos. “Es una picardía de carácter semántico”, aseguran. Carlos es técnico industrial y docente. Evangelina es docente y técnica en Gestión y Mediación Cultural. Ambos son vecinos de Colón.
“Sin entrar en detalles tecnológicos —que además no fueron informados—, es imposible hablar de riesgo cero en instalaciones de esta magnitud. Mucho menos en una planta proyectada para producir 876.000 toneladas anuales de metanol”, explican. El metanol es tóxico, inflamable, explosivo y se evapora desde los 20 grados centígrados.
La zona rural donde se ubicaría la planta es Constancia, con menos de mil habitantes, a unos 18 km al sur de Paysandú. Y a apenas 3,8 kilómetros de la costa entrerriana, frente a Colón, apenas separados por las aguas del “cielo azul que viaja”, el río Uruguay que cantó Aníbal Sampayo. El dato clave es la distancia en línea recta: unos 12 kilómetros del centro de Colón contra 17 del centro de Paysandú.
Si de verdad hay riesgos en las actividades que lleve a cabo, afectarán tanto (o más) a la región costera entrerriana que a la oriental. Y de ahí la raíz del nuevo conflicto.
Más lazos que grietas
A pesar de las heridas que dejó el movimiento antipasteras, los vínculos entre ambas orillas son todavía más fuertes que las grietas. Por ejemplo, el intendente departamental de Paysandú, Nicolás Olivera —entusiasta defensor del proyecto— es nacido en Colón.
La viceintendenta de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, Rossana Sosa Zitto, es sanducera de nacimiento. Casi no hay familias que no tengan parientes o amigos del otro lado del río.
Quizás por eso mismo la preocupación crece: ¿acaso las peleas entre hermanos no suelen ser las más dramáticas?
Es que allí mismo, al lado de donde estará la planta, se desarrolla la microrregión “Tierra de Palmares” (que abarca Colón, San José, Villa Elisa, Ubajay, San Salvador, Liebig, General Campos y el Parque Nacional El Palmar). Es, de hecho, uno de los principales destinos turísticos de la provincia.
Esa es la razón por la que aparece al frente del reclamo el intendente de Colón, José Luis Walser, un ingeniero industrial que llegó al municipio con una propuesta vecinalista.
Walser consiguió respaldo del gobernador Rogelio Frigerio para pedir a sus pares orientales la relocalización de la planta. También reclamó, con apoyo unánime de su Concejo Deliberante, que el gobierno de Javier Milei tome intervención a través de la Cancillería. En vano hasta ahora.
Desde la orilla de enfrente se minimizan los riesgos: el intendente de Paysandú dijo que la inversión (que se calcula entre 4 y 6 mil millones de dólares) “no sirve por más grande que sea si no va de la mano con el cuidado del medioambiente”. Agregó que si la empresa genera “alguna alteración o afectación”, se “deslegitima” para poder vender el producto.
“Los principales interesados son la propia empresa, que necesita certificaciones para no tener vetados los mercados que demandan este producto”, argumentó.
Añadió Olivera que el Estado uruguayo “no será condescendiente con nadie por más grande que sea la inversión”. “No es una pastera, es una planta de hidrógeno verde. Uruguay necesita producir energía limpia y atraer inversiones. Vamos a demostrar que se puede hacer con respeto ambiental.”
Los riesgos
La empresa ya obtuvo la Validación Ambiental de Locación (VAL), el requisito uruguayo para avanzar en el procedimiento administrativo. En base a esa aprobación, la compañía multinacional debe presentar estudios técnicos y evaluaciones de impacto ambiental y social, así como de todas las relaciones que podría generar con el entorno, los efectos positivos como los riesgos sobre el ambiente, el territorio y las comunidades cercanas.
La preocupación en la región entrerriana se ancla en distintos aspectos, según explicaron Carlos y Evangelina: el tipo de producción de la planta es en base a dos insumos básicos, el hidrógeno (que se obtendría mediante electrólisis del agua tomada del río Uruguay) y el dióxido de carbono (producido en un 95 por ciento por incineración de residuos forestales y agrícolas). Con estos insumos se elabora el metanol.
Además de que nunca existe el riesgo cero en este tipo de cuestiones (algo estudiado y discutido desde que hace treinta años se publicó el señero libro Ciencia posnormal, del argentino Ignacio Funtowicz y Jerome Ravetz), el clima de la región agrega un factor de preocupación: los vientos, predominantes del este durante gran parte del año. Un accidente, una falla imprevista, recaería en sus consecuencias sobre la población de la margen argentina. Cerca de sesenta mil personas en un radio de 10 a 12 kilómetros, y difícil de calcular durante la temporada turística, donde se multiplica varias veces.
Estos factores colocan a la región en situación de vulnerabilidad y riesgo, “dada la imposibilidad de prever con certeza el alcance de un eventual incidente, la ausencia de sistemas de alerta temprana y la falta de mecanismos de protección efectivos”. Y agregan que el proyecto se fue modificando: en julio de este año, la empresa proyectó un aumento de la producción que prevé, ya no será de 560.000 toneladas anuales de metanol sino de 876.000 toneladas anuales.
Un aspecto a veces trivializado es el paisajístico. La empresa presenta un plan de mitigación sobre la visualización de las chimeneas (que llegarán a 80 metros), pero para cualquiera que viva en la región es evidente que semejantes chimeneas no se pueden ocultar. La Torre de la Defensa de la ciudad de Paysandú, el edificio más imponente de esa ciudad, tiene una altura de 106 metros y es claramente visible desde ciudades entrerrianas costeras.
Soberanía en disputa
Otro aspecto que reaparece en el conflicto, casi de modo inevitable, tiene que ver con la soberanía en disputa. Apareció de la mano del canciller argentino, Pablo Quirno, quien reclamó respetar las inversiones que se realizan en el país vecino, en tanto decisiones soberanas de ese Estado. Como es típico del gobierno actual, aparece más preocupado por la soberanía “ajena” que por la “propia”.
De este lado del río se le marcó que también debería ser decisión soberana resguardar las inversiones en territorio argentino. En este caso comprenden sectores estratégicos como el turismo, producción de alimentos, cadenas regionales de avicultura, vitivinicultura, apicultura, nuez pecan, entre otras. Todas actividades que configuran el perfil de la microrregión.
“La transformación del entorno ribereño en un corredor industrial altera no solo la vida cotidiana, sino también los sentidos simbólicos que sostienen festividades, oficios, turismo cultural, circuitos recreativos y expresiones comunitarias vinculadas al agua y al territorio”, abundaron Serratti y Báez.
En este contexto, ilustran, la amenaza no se limita al ambiente: “alcanza a la continuidad de un modo de vida y a la capacidad de las comunidades de seguir produciendo cultura desde su propio territorio. El respeto debe ser recíproco e irrestricto. Las decisiones de un gobierno no pueden poner en jaque la historia compartida de pueblos hermanos”.
La discusión de fondo
Serratti hace una aclaración: “No rechazamos la búsqueda de combustibles alternativos. Ni tampoco a que Uruguay decida sobre su territorialidad. El asunto es que esto va a ser justo frente a una ciudad que tiene otro modelo. Si lo hacen dentro del Uruguay es un tema de los uruguayos: habrá gente que lo acepta y gente que no, pero no tenemos por qué meternos. Lo que estamos señalando son los procesos negativos en el lado argentino”.
— ¿Aprendimos algo de Botnia?
— La movilización por Botnia evitó que se instalen ocho, diez, o más papeleras en el polo celulósico que iban a desarrollar en Fray Bentos. Fue un éxito que no se pudo capitalizar en esos términos. Pero cabe la otra pregunta, porque veinte años después vuelven a insistir con un modelo a orillas del río Uruguay que compromete esquemas sociales y productivos del lado argentino. La discusión es más profunda que una empresa, es la discusión de modelos de desarrollo, donde posiblemente este sea el combustible del futuro. Pero ¿se puede hacer en cualquier lugar, o de cualquier manera?
También en Paysandú hay movilización. Javier Dalmas, profesional de la salud y activista ambiental, explicó que si bien no está entre los principales para la discusión pública, ha sido tomado por las organizaciones ambientales. “Hay dos iniciativas populares juntando firmas, entre las dos llevan ya en el entorno de las 25.000 firmas, y muy cerca de juntar las que se necesitan para una consulta popular”, indicó.
La dirigencia política, explica Mauro Goldman, periodista sanducero, apoya plenamente: tanto la intendencia como los diputados que representan al departamento, sin diferencias partidarias. Pero a nivel comunitario “no se discute tanto el tema. La falta de laburo pesa bastante, porque Paysandú tiene índices altos de desocupación”, y la promesa de empleos, aunque sean transitorios, es un aliciente de gran relevancia del lado oriental.
Aprendizajes
El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, defendió la apuesta energética de su gobierno y el papel de HIF Global en su estrategia de “transición justa”. Aclaró que el Uruguay “seguirá apostando a las energías renovables y al hidrógeno verde como motor de empleo y desarrollo”, pero sin comprometer el ambiente “ni la relación con Argentina. Todo lo que se haga será informado en el marco de la CARU”, detalló. La CARU es la comisión binacional que administra el río Uruguay, su navegabilidad pero también el estado de las aguas.
Llegados a este punto, vale preguntarse qué aprendimos del conflicto por Botnia, que tantas heridas dejó y que en la región sigue siendo emblemático.
- ¿Se incorporó a la CARU la representación activa y la consulta a las comunidades ribereñas de ambas márgenes, para que los habitantes del río Uruguay en ambas orillas dejen de ser “convidados de piedra” en las decisiones que se toman? Para nada.
- ¿Se incorporó algún mecanismo de “licencia social” para que las autoridades argentinas tengan la obligación de consultar a las comunidades cuando algún proyecto puede afectar el ambiente o la salud? En absoluto. Los proyectos presentados en el Congreso de la Nación nunca se trataron y perdieron estado parlamentario.
- ¿Se concretó algún convenio entre el Uruguay y la Argentina para que en casos como este se instrumenten los mecanismos que garantiza el Acuerdo de Escazú, del cual ambos Estados son firmantes? (El artículo 7 obliga a los Estados a garantizar el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente en proyectos con impacto significativo, con consulta efectiva a la población). Hasta ahora, ni noticias.
Frente a este panorama, todo indica que el conflicto solo puede acrecentarse.