El mismo día que Evo Morales ganó las elecciones hace tan sólo dos años seguramente en algún lugar de Bolivia se encontraron los representantes de los sectores más poderosos del país para planificar el derrocamiento del indio que había venido para arrebatarles el poder. No es descabellado pensar que analizaron minuciosamente la realidad boliviana para ver cuáles podían ser los flancos débiles de un gobierno que recién asumía, tomando en cuenta que ya no es tan sencillo golpear los cuarteles para derrocar un gobierno democrático.
En estos últimos veinte años la mayoría de los países de América Latina han consolidado democracias y los grupos económicos y políticos que históricamente apelaron a las Fuerzas Armadas comprendieron que para lograr sus objetivos de poder debían apelar al consenso y la búsqueda de legitimidad. Es así que aquellos temas políticamente correctos para la mayoría de los medios de comunicación y los principales referentes de la política internacional pasaron a engrosar las banderas de casi todos los sectores sociales en su lucha por el poder político.
Es así que los dirigentes de la oposición a Evo Morales han hecho hincapié en la vieja aspiración de las autonomías regionales señalando que desde 1899 el poder político y legislativo funciona en La Paz aunque Sucre es la capital formal del país y que las regiones han sido históricamente relegadas.
El referéndum autonómico planteado por algunos de los departamentos tiene como objetivo central debilitar al gobierno de Evo Morales, provocar su desgaste impidiéndole gobernar y –sin acelerar necesariamente su caída- llevar a que pierda las elecciones dentro de dos años. Es en este contexto que se puede comprender el referéndum programado para el próximo 4 de mayo en Santa Cruz. Aunque el gobierno de Evo Morales trató de frenarlo argumentando que era anticonstitucional y que no había sido autorizado por el Congreso y la Corte Nacional Electoral, la fuerza de la oposición terminó por torcerle el brazo. Por temor a una guerra civil, la OEA mandó representantes de primer nivel para mediar entre el gobierno y Rubén Costas, el prefecto de Santa Cruz, aunque tampoco logró su postergación.
No queda claro que sucederá luego de la consulta. Nadie sabe qué significa exactamente la autonomía y los dirigentes cruceños coquetean con declarar la independencia y convertirse –de facto- en un nuevo país. El propio Costas, seguro de su triunfo, declaró que no sabía si el nombre de la primera autoridad del Departamento después del 4 de mayo será presidente o simplemente prefecto, pero ya adelantó que lanzará un paquete de medidas políticas y económicas que implicarán “una verdadera revolución”.
La marea de apoyo al referéndum viene acompañada de un marketing a todo nivel. En Santa Cruz los colores verde y blanco -que representan la bandera del Departamento- están por todos lados incluyendo calcomanías, llaveros remeras o gorros.
El referéndum del 4 mayo también es parte de la puja por el control directo de los hidrocarburos y de la región más rica del país que origina el 30 % del PBI, genera 62 % de las divisas y produce el 50 % de las exportaciones. Pero en el fondo, lo que está en juego es el control del poder político del país.
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