Por Causa Popular.- Muchos lo venían anunciando. Desde que Evo Morales, el candidato a presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), pasó al frente en las encuestas, la suspensión de las elecciones previstas para el mes de diciembre era cuestión de tiempo. En una nota publicada el 1 de Octubre, Causa Popular daba cuenta de un fallo del tribunal constitucional del 22 de septiembre en el que se le exigía al Congreso redefinir su número de escaños por región de acuerdo al último censo del 2001. Luego de cuatro semanas de intensos debates, y donde las divisiones entre el Oriente Industrial (con muy buenas relaciones con la embajada norteamericana), y el Occidente indígena y campesino donde se encuentra la base social de Evo Morales, no hubo acuerdo en el Congreso y la Corte Nacional Electoral (CNE) anunció la postergación de las elecciones generales previstas para el 4 de diciembre.
Por la tarde del pasado viernes 28, la CNE anunció la postergación de las elecciones generales del 4 de diciembre. La decisión surgió al vencer el plazo técnico que este ente electoral le concedió al Congreso, e implícitamente al Gobierno, para resolver la distribución de escaños.
Minutos después del anuncio de la postergación, el líder del MAS, Evo Morales, criticó duramente la actuación de los parlamentarios y advirtió sobre el riesgo de una convulsión social. “Cuidado con que se repita un nuevo 52”, señaló aludiendo a la revolución de 1952 que transformó radicalmente el estado boliviano.
“La realización de la elección general del 4 de diciembre de 2005 exige como requisito la aprobación de una disposición sustitutiva del artículo 88 del Código Electoral, derogado por la sentencia del Tribunal Constitucional 66 de este año. Lamentablemente, hasta hoy no se aprobó esa norma.
Por lo tanto, al no contar con este instrumento jurídico indispensable, la Corte Nacional Electoral se ve obligada a informar a la ciudadanía que ya no es posible realizar la elección general el 4 de diciembre de 2005, como estaba previsto, pues no se puede cumplir con todas las actividades técnicas y operativas pendientes hasta la organización de los comicios”, anunció en un comunicado la CNE, inmediatamente después de conocerse que la sesión del Congreso se había suspendido por tiempo indeterminado por falta de quórum.
Los congresistas tenían plazo hasta el viernes para llegar a un consenso para distribuir los escaños parlamentarios entre cinco de los nueve departamentos del país, pero finalmente los intereses regionales pudieron imponerse por sobre el interés de garantizar el cumplimiento del calendario electoral.
El fallo del Tribunal Constitucional -conformado por personajes ligados al MNR, MIR, ADN y NFR, los partidos tradicionales que se pasaron de mano en mano el gobierno del país- fue emitido el 22 de septiembre e intimó al Congreso a modificar la Ley Electoral reasignando congresales según el censo de 2001.
La decisión del Tribunal fue interpretada en su momento como una operación política de los departamentos occidentales del territorio boliviano, ya que si de modificara la Ley según el último censo, las regiones de Oruro, Potosí y La Paz en la que tiene amplia mayoría Evo Morales perderían diputados.
En cambio, la región de Santa Cruz y Cochabamba, en las que están asentadas las multinacionales que extraen el petróleo y el gas, aumentarían sus escaños en el parlamento por el crecimiento poblacional producido gracias a la migración interna.
El Presidente interino Eduardo Rodríguez, tendría la potestad de solucionar la crisis con la emisión de un decreto supremo que determine la asignación de nuevos escaños, como lo sugirieron Jorge Quiroga, candidato presidencial de Podemos, y Evo Morales, candidato del MAS, pero algunos analistas políticos y diputados consideran que esa acción solo complicaría más la confrontación regional.
Los diputados llegaron al día límite para el debate por los escaños sin soluciones y divididos, incluso con sesiones paralelas en La Paz y Santa Cruz. En un marcado cambio de tendencia, cinco brigadas y sus comités cívicos abandonaron el Palacio legislativo y se trasladaron a Santa Cruz.
Allí los representantes de Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y los eventuales anfitriones intentaron sellar un pacto mayoritario sobre la nueva distribución de congresales. Mientras tanto en La Paz 40 diputados, del total de 130, optaron, tras unos minutos de debate por postergar la sesión convocada para la fecha.
Conocida la decisión de la CNE el candidato socialista Evo Morales denunció a la prensa que los ex presidentes Jorge Quiroga, aspirante por la alianza de derecha “Podemos”, y Gonzalo Sánchez de Lozada obligado a renunciar en el 2003 luego de una rebelión popular, pactaron impedir la realización de las elecciones. Para el líder del MAS, esta crisis política que amenaza la estabilidad y la integridad del país sirve a “una conspiración para impedir las elecciones y propiciar un golpe de Estado”.
Para Evo Morales el objetivo de los ex presidentes “es impedir la Asamblea Constituyente prevista para el próximo año y la nacionalización de los hidrocarburos”, el punto central que movilizó al pueblo boliviano en los últimos meses, y el MAS levanta en su programa.
Por último, el líder del MAS llamó a las Fuerzas Armadas a “defender la democracia y la unidad de Bolivia” y dijo que “los militares demócratas e institucionalistas deben ponerse al servicio del pueblo y no mancharse las manos de sangre en una aventura golpista”.
Felipe Quispe del Movimiento Indígena Pachakutik (MIP), coincidió con Morales, y apunto a los partidos de derecha: “viene en realidad -la suspensión de las elecciones- de la mano negra de los que están perdiendo (según todas las encuestas), fundamentalmente de la derecha reaccionaria respaldada por norteamérica como el MNR, Podemos y Unidad Nacional”.
Sin embargo, Quispe se refirió también al MAS, al que acusó de estar “manejando un discurso muy falso”. El MAS según el líder del MIP “cambió su propuesta de compartir al 50 por ciento las regalías petroleras y gasíferas entre el Estado Boliviano y las transnacionales, por la (propuesta) de nacionalización de los hidrocarburos, y han desconcertado a la población”.
No obstante, Quispe reconoció que el MAS será el principal destinatario del voto de los movimientos sociales combativos, que se movilizaron en junio por la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente soberana.
El titular de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, uno de los autores del proyecto de elevar el número de diputados del Congreso para solucionar la crisis desatada por la redistribución de bancas entre las regiones, un poco más optimista, declaró a la prensa que “aún quedan dos o tres oportunidades para el Congreso (mas allá del plazo de mañana viernes que definió el Consejo Nacional Electoral) para que las elecciones se hagan durante el mes de diciembre aunque ya no el 4 de ese mes”, afirmó desde La Paz.
Llorenti precisó que el mandato de Rodríguez y del actual Congreso vence en realidad el 2 de enero, “por lo que puede haber una pequeña postergación electoral durante diciembre, sin crear una situación de vacío de poder”.
La propuesta, que no resta bancas a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí y otorga las que reclaman Santa Cruz y Cochabamba, aparece como la última alternativa de solución, según explicó Llorenti, quien manifestó que incluso puede «flexibilizarse».
En este contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una serie de movilizaciones para la semana próxima, salvo que antes haya un acuerdo en el Congreso.
Estados Unidos parece haber elegido apoyar la desestabilización institucional antes que verse en la obligación de derrocar un gobierno elegido por el pueblo, al mismo tiempo que acusa a Venezuela y Cuba de antidemocráticos.
Pero el problema mayor de la Casa Blanca sigue estando en que ya no tiene como manipular el humor del pueblo boliviano. Los movimientos sociales una vez más serán los protagonistas centrales en el futuro del vecino país. La próxima semana será decisiva para el futuro del pueblo más pobre de América Latina, y uno de los más determinantes en el mapa político de la región.
