Por Luis A Gómez desde La Paz, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- De acuerdo con el calendario andino más antiguo ya vamos por el año 5.514, y según las tradiciones solares acabamos de comenzarlo el miércoles 21. Por ello el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue ese día, acompañado de varios miles de personas, a recibir la llegada del nuevo sol a las ruinas de Tiahuanaco.
Pero igual el ambiente se calienta en pleno invierno sin necesidad de ritual alguno. La tierra sigue siendo motivo de disputa, así como el rol de Venezuela en los trabajos del gobierno, y la campaña para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente no termina de cuajar a menos de dos semanas de la elección.
Esta semana le ha tocado el turno otra vez en la historia a la hoja sagrada de los Andes.
Luego de haber presentado la semana pasada su Plan Nacional de Desarrollo, Morales y su gobierno han seguido lanzando documentos, medidas para ajustar el estado de las cosas. El domingo 18 de junio en la localidad de Irupana, región de los Yungas, ha presentado un nuevo reglamento para comercializar más libremente la hoja de coca.
A partir de ese día, los cocaleros podrán prescindir de los intermediarios y vender directamente sus cosechas.
Alrededor de 50 mil potenciales vendedores hay ahora en Bolivia.
Muy oportunamente un informe anual de la onu, que monitorea dicho cultivo en los Andes, demostró el pasado lunes una reducción general de 8 por ciento en el área cultivada en este país, por lo que habría 25.400 hectáreas produciendo coca. Así este año, y de acuerdo a la ley antidrogas y de coca vigente, hay poco más de 10 mil hectáreas excedentes que deberían desaparecer.
Igual, el informe afirma (sin proveer demostración o pruebas) que “hay mucha más coca ahora en Bolivia que la que había en años pasados” y que toda la coca excedentaria es desviada hacia el narcotráfico.
En los Yungas, la zona tradicional boliviana donde el cultivo de coca es milenario, el informe reporta un crecimiento en la superficie cultivada en la región, que va de 17.300 a 18.100 hectáreas.
Pero en el Chapare, donde funciona la totalidad de los programas de erradicación y buena parte de los proyectos de desarrollo alternativo, el área decayó en un año de 10.100 a 7 mil hectáreas.
Pese a este éxito implícito en la política anticoca, el gobierno relativizó el informe de la onu pero ratificó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. El viceministro de la coca, Félix Barra, anunció que el próximo informe, en 2007, será presentado por el gobierno de Evo Morales, con mediciones propias.
MERCADOS Y ARANCELES.
En Bolivia hay por lo menos tres mercados legales para el comercio de hojas de coca. El más reciente, que beneficia a los productores de la zona de Caranavi, al norte de La Paz, fue decretado e inaugurado por el presidente Morales. Sin embargo, y con el nuevo reglamento de comercialización, el gobierno asegura que no se rebasarán los límites permitidos de cultivo y venta fijados por la ley, ya que los mercados son administrados parcialmente por el Estado y controlados por los mismos campesinos.
De esta manera, según el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, esta normativa “no implica de ninguna manera una ampliación de cultivos ni nada por el estilo. Al contrario, significa más bien un autocontrol, que puede permitir que no haya una evasión de coca de manera ilegal, vía sectores informales”.
Y mientras aparecen las reacciones por parte de Estados Unidos o algún otro, los primeros afectados por el reglamento ya anuncian protestas. Los comerciantes autorizados para comerciar la coca en Bolivia, conocidos popularmente como “detallistas” o “cocanis”, se han declarado en alerta. Roberto Patzi, su líder a nivel nacional, ha declarado que “el gobierno pretende convertir a este país en una nueva Colombia, creo que nuestro presidente no quiere droga cero”.
Patzi afirma que la hoja se sigue desviando a la producción de droga porque el Estado carece de los mecanismos de control adecuados, y que hasta 80 por ciento del producto que llega al mercado de Villa Fátima, en La Paz, proveniente de los Yungas, va a las manos de los narcotraficantes. En la mayoría de los casos conocidos, se trata de operaciones realizadas por los detallistas. Y así, dice Patzi, “si el gobierno ni siquiera puede controlar a seis mil detallistas, cómo va a controlar a los 46 mil productores”.
De todos modos, Evo Morales aprovechó la presentación del informe de la onu para reforzar su decisión sobre la comercialización interna de hojas de coca y, además, para insistir en su solicitud de ampliación de la ley de preferencias arancelarias de Estados Unidos, conocida como Aptdea por su nombre en inglés. La ley, que fomenta el comercio con los países andinos, ata sus beneficios arancelarios a los resultados de la lucha antidrogas en la región. El embajador estadounidense, David N Greenlee, no se ha pronunciado al respecto, pero el presidente Evo cree que a lo mejor está molesto por una famosa frase que el mandatario andino ha vuelto a pronunciar el domingo pasado.
“Kawsachun, huañuchun yanquis.”
Eso dijo el presidente frente a unos cientos de cocaleros en Irupana el domingo 18, en la presentación del nuevo reglamento para la comercialización de la coca. En quechua, la frase ha devenido en la consigna más famosa surgida durante la guerra contra las drogas en Bolivia: “Por la causa de la coca, mueran los yanquis”. Evo la gritó una y otra vez en los caminos y carreteras del Chapare, el día de su elección como presidente y en varios actos internacionales.
Ahora el mandatario boliviano cree que “quizá eso pudo enojarlo (al embajador Greenlee). Si reclama, yo también tengo derecho a reclamar”, agregó. De hecho, las relaciones con Estados Unidos son de lo poco que no cambió en el escenario político local: siguen siendo tensas. Inclusive Morales declaró que su posible reclamo a Estados Unidos, en una próxima reunión a pedido del diplomático estadounidense, sería porque ese país “envía soldados a Bolivia camuflados como estudiantes o turistas”. Greenlee hizo ya enviar un comunicado calificando el hecho como “infundado”.
“Reiteramos una vez más que apoyamos a la democracia boliviana de manera consistente”, recalca el pronunciamiento.
“No queremos visa, queremos justicia.”
El jueves por la mañana, el embajador Greenlee tuvo otra visita en su oficina. Esta vez no fue él quien la solicitó y tampoco atendió a las visitas. Luego de una corta marcha que culminó en un mitin de dos horas frente a la legación estadounidense, los familiares de los 67 fallecidos durante la denominada “guerra del gas” demandaron a Estados Unidos que notifique legalmente al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien mora en el país del norte, sobre las cuentas pendientes que tiene con la justicia boliviana.
Viudas, hermanos y padres de los “mártires de octubre de 2003”, como se los conoce, se hicieron acompañar de algunos ciudadanos estadounidenses que, en su nombre, entregaron una carta abierta que contiene su demanda. A casi tres años de las masacres que terminaron con la salida de Sánchez de Lozada del palacio de gobierno, el juicio en su contra (y de nueve de sus colaboradores) avanza muy lentamente. El jueves se cumplió un año, por ejemplo, de que el gobierno de Bolivia entregara la notificación judicial a Estados Unidos, pero el ex presidente no la ha recibido.
Por parte del gobierno de Evo Morales se espera un apoyo a la causa de los familiares y los más de 400 heridos y mutilados en 2003. Varios funcionarios de su gobierno se han manifestado por solicitar la expulsión de Sánchez de Lozada. Pero por ahora los nubarrones vienen de otros lados. Mientras Evo negocia con los comerciantes por su nuevo reglamento sobre la coca, y con las petroleras los nuevos contratos para operar en el país, la elección de la Asamblea Constituyente el próximo 2 de julio podría convertirse en la primera derrota política de su gobierno si no consigue elegir a la mayoría de sus candidatos. La justicia, como la coca, tendrá que esperar su turno en la agenda boliviana.
