Bolivia: la guerra de la tierra

La ascensión de Evo Morales es un hecho significativo en la vida democrática de Bolivia. Después de 180 años de vida republicana, un indígena gobierna el país por primera vez. No son menos significativos los cambios que está produciendo la “revolución democrática” del presidente Morales a poco más de dos años de gobierno. Sin embargo, la convocatoria al referendo separatista de Santa Cruz de la Sierra y la violenta resistencia de los terratenientes a la acción oficial para terminar con la esclavitud de los campesinos configuran un escenario de alta tensión.

El país andino vive el segundo momento histórico importante desde la revolución de 1954. El 22 de enero de 2006, Evo Morales Ayma fue ungido como el sexagésimo quinto Presidente de Bolivia, luego de obtener el 53,7 por ciento de preferencia electoral en un hecho histórico de enorme trascendencia para la resistencia de un pueblo que desde su fundación ha sido presa de terratenientes y empresarios, quienes se adueñaron de toda la riqueza del país manteniendo al campesino y al indígena humillado.

Hoy Bolivia vuelve a foja cero. Sus primeros torrentes de liberación y transformación social se avizoran con una lucha cada vez más frontal con los enemigos de siempre.

En una actitud golpista, las autonomías de facto (conocidas como la media luna) que plantean los prefectos y los Comités Cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, inconstitucionalmente llaman a referéndum separatista.

El prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, y el comité cívico santacruceño -organización financiada por empresarios agroindustriales, ganaderos y multinacionales-, atribuyéndose potestad de intérpretes únicos de la Constitución Política del Estado y de las leyes bolivianas, planean imponer un estatuto autónomo para el 4 de mayo próximo. Este referendo, completamente opuesto a los intereses de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios de ese Departamento, pretende ser impuesto por fuera de cualquier legalidad y es considerado por las autoridades bolivianas como “un peligro para la unidad y democracia del país”, como lo afirma el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo. En igual tenor, la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, afirmó que los referendos sobre los estatutos autonómicos de cuatro departamentos deberían ser detenidos, porque no tienen aval de esa máxima instancia de constitucionalidad. El propio Evo Morales aceptó la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de suspender los referendos para aprobar una nueva Constitución y los estatutos de autonomías regionales; sin embargo la oposición declara que no suspenderá los referendos ilegales. “Si esa institución (CNE) toma decisiones, éstas tienen que ser respetadas por todos los bolivianos y por todas las bolivianas”, aseveró Morales en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en La Paz.

El mandatario boliviano había previsto realizar el referendo para el 4 de mayo, pero la CNE decidió posponer la fecha alegando que se requería más tiempo para preparar la consulta.

Según el vicepresidente, Alvaro García Linera, la autonomía departamental va estar garantizada democráticamente en la nueva Constitución que irá a referendo este año. Asimismo, en una entrevista con el periódico La Jornada de México, señaló que incluso le otorga facultad legislativa a las autonomías departamentales. En el referéndum del 2 de junio de 2006, la nueva Constitución determinó el alcance legal de las autonomías.

Por su parte, sectores sociales como campesinos e indígenas del oriente boliviano ya aseguraron que no participarán en el referéndum impulsado por la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz previsto para el próximo mes, por considerarlo ilegal y “logrero”.

Plantean que ese referéndum debe apegarse a lo que establece la nueva Constitución Política del Estado, donde le ofrece todas las garantías para su realización en un marco legal ante el pueblo boliviano.

A las declaraciones del prefecto Costas, quien afirmó que a partir del 5 de mayo firmará decretos y normas en Santa Cruz con el propósito de contrarrestar medidas del Gobierno, los gremios y movimientos santacruceños se hicieron eco de tal declaración, alegando que sólo perjudican a una demanda legítima como son las autonomías que se consagraron por las vías legales. Durante una concentración encabezada por el gobernador y cívicos cruceños, ratificó la celebración del referendo sobre su estatuto autonómico para el 4 de mayo.

En ese aspecto, la Constitución boliviana es muy clara con respecto a la convocatoria de un referendo autonómico, que indefectiblemente deber ser efectuado por el Congreso Nacional y la Corte Nacional Electoral. Cualquiera otra forma estaría fuera del marco legal.

Organismos internacionales como la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) no avalan el llamado a consulta y por lo tanto no enviarán veedores al mismo. No obstante, los cívicos cruceños se limitan a manifestar que no precisan el aval de organismos internacionales ni de países vecinos para imponer su autonomía.

Camiri, ciudad ubicada en el sur del departamento de Santa Cruz de la Sierra, considerada como la capital petrolera de Bolivia, brega por una autonomía provincial. Pero a diferencia de las autonomías departamentales separatistas -impulsadas por los cívicos, empresarios y el prefecto Rubén Costas-, los cívicos camireños buscan “manejar los recursos naturales para la nación boliviana y no para un grupo de oligarcas”, como declaró recientemente Mirko Orgaz, asesor del Comité Cívico de Camiri, durante un acto en esa ciudad.

Sucesos recientes como los manifestados en el poblado de Camiri evidencian que el proyecto autonómico impulsado por las élites políticas y empresariales de Santa Cruz no goza de la confianza de un importante sector del departamento cruceño. Esto se demuestra con acciones como las de cinco pueblos indígenas que comenzaron a redactar un estatuto autonómico propio. Paralelamente, en la capital cruceña, grupos de ciudadanos convocan a la abstención del ilegal referéndum del 4 de mayo.

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