Bolivia entre la caída del régimen liberal y la secesión de las multinacionales

Por Causa Popular.- Cinco días de manifestaciones multitudinarias ininterrumpidas jaquean al gobierno de Carlos Mesa, al Congreso Boliviano, y las ganancias de las multinacionales que explotan los hidrocarburos que extraen del suelo de Bolivia. Hace más de dos años el paisaje boliviano resulta impensable sin la presencia de su pueblo peleando todos los días y cada vez las novedades hacen de este país del Altiplano una verdadera caja de Pandora. Los trabajadores, campesinos, vecinos, indígenas y pobladores más pobres del país radicalizan los métodos de lucha exigiendo la renuncia de Mesa, el cierre del Congreso, la nacionalización de los hidrocarburos, y una Asamblea Constituyente, mientras la clase dominante de Santa cruz busca ganar la autonomía de la región donde se extrae la mayor cantidad de gas y de petróleo del país más empobrecido de Sudamérica.

Para el próximo lunes 23 los vecinos y trabajadores de El Alto declararon una huelga general indefinida, mientras el ejército declara que no va a tolerar autonomías regionales de facto. Expectantes los países de la región calculan los efectos económicos de la crisis boliviana, y Estados Unidos afila sus garras intervencionistas.

No le costó mucho esfuerzo al presidente de Bolivia Carlos Mesa dejar al país al borde de la guerra civil. Alcanzó con devolver la Ley de hidrocarburos al Congreso y que este la firmara horas después que el presidente optara por abstenerse a vetarla o promulgarla. Con la promulgación quedó sin efecto la iniciativa del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, que presentó más temprano un proyecto de ley modificatorio que ponía mayor carga tributaria a las empresas privadas, rompiendo el “Pacto de Unidad” firmado con el resto de las organizaciones sociales, que por esas horas ya discutían el cierre del Congreso, donde el MAS es el principal partido de oposición.

“No tengo otra salida que firmar el documento y promulgar esta ley ante la negativa del presidente Carlos Mesa. Ahora sólo pido que haya unidad en el país”, dijo el presidente del Congreso Vaca Díez. Pero ninguno de los principales interesados en las consecuencias de la nueva Ley de Hidrocarburo lo escuchó (ver Causa Popular del 14 de mayo de 2005). Esta nueva ley no conformó ni a las petroleras, ni a las organizaciones populares, que si antes reclamaban la aprobación de la ley original votada en la Cámara de Diputados que garantizaba el 50 % de regalías, hoy van por la nacionalización y piden la cabeza del mismo Mesa y los legisladores que “vendieron el país”.

La radicalidad del pueblo de Bolivia tiene buenas razones. Repsol, British Gas, Petrobras, Total, Enron, Shell y otros amasan millonarias ganancias a costa de la miseria del país más pobre de Sudamérica. Como lo expresa el grupo MORENO en su boletín electrónico Nº 10, “cuesta entender cómo un país asentado sobre riquezas incalculables haya sido siempre despojado de las mismas; ayer fueron el oro y la plata, hoy son los hidrocarburos, especialmente el gas, puesto que menos del 1 % de su población dispone de redes que le permiten un acceso a precios medianamente razonables, siendo la industrialización casi inexistente.

El más reciente ciclo de despojo encabezado por Sánchez de Lozada privó a los bolivianos de disponer de sus bienes hidrocarburíferos, transgrediendo leyes y llegando incluso a la aberración antirrepublicana de otorgar el carácter de ‘secretos’ a los 72 contratos celebrados con las multinacionales del petróleo.”

La nota editorial del boletín del Grupo MORENO dedicada a la situación de Bolivia, continúa diciendo que “este real ente gubernativo integrado por el gobierno y las petroleras ha ideado mecanismos de despojo de especial perversidad, tal como la vigencia del precio internacional en un empobrecido mercado interno de los combustibles que, al quedar fuera del alcance de la gran mayoría de los bolivianos, obliga al Estado a subsidiar a las petroleras, para lo cual debe recurrir asiduamente al auxilio financiero externo; es un círculo perfecto de apropiación ilegítima de riquezas y de expoliación del pueblo; es un moderno esquema de afianzamiento de la dependencia.”

“Mal que le pese al frente gobierno-petroleras, y a pesar de la no comprensión de aquellos bien intencionados -pero que por ambicionarlo todo pueden generar retrocesos que serán más difíciles de remontar- las mayorías populares han seguido avanzando; y esto es lo que les preocupa.”

La editorial del boletín culmina con una acertada frase del Gral. José de San Martín de 1813: “Cuando el pueblo tiene más razón que el gobierno, la patria manda”. Con la fuerza de la verdad, la opresión, y la miseria sobre sus espaldas las organizaciones populares de Bolivia se volcaron a la calle, en lo que amenaza con ser una rebelión dispuesta a buscar una solución definitiva a la pobreza del país. La crisis de Bolivia no está a salvo de encontrarse con una salida represiva de la derecha que insaciable, y con el apoyo militar y político de Estados Unidos, no está dispuesta a perder sus ganancias.

Los mineros por la huelga indefinida

El pasado miércoles, cuando se cumplía el tercer día de las multitudinarias manifestaciones en La Paz por la nacionalización del gas y el petróleo, los vecinos y trabajadores de El Alto declararon la huelga general desde el lunes.

Los mineros bolivianos, el sector más radicalizado de la población, parecen dispuesto a “ponerle dinamita” al conflicto social y terminar con el neoliberalismo y a las transnacionales. El XXIX Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), celebrado el pasado lunes en los combativos socavones de Huanuni, instruyó a sus integrantes a marchar sobre La Paz para recuperar el gas y el petróleo y la soberanía nacional.

“Todos los sectores están levantando como única consigna la nacionalización del gas, dejando de lado las demandas sectoriales”, aseguró el secretario ejecutivo de la FSTMB, Miguel Zubieta.

“Como un sector luchador, los mineros sindicalizados no podemos estar llevando adelante nuestro Congreso, mientras otros sectores están en la lucha, defendiendo los hidrocarburos”, había el secretario permanente de la FSTMB, Nelson Guevara, a poco de suspenderse las deliberaciones que habían congregado a casi una treintena de sindicatos y a una multitud de enfervorizados hombres y mujeres.

El XXIX Congreso Ordinario de la Federación fue declarado en cuarto intermedio, para que todos los dirigentes de los sindicatos, que aglutinan a casi 10 mil trabajadores, retornen a sus distritos y organicen la movilización hacia La Paz.

“Por estrategia no haremos conocer cómo vamos hacer las medidas de presión para evitar que las fuerzas policiales o militares traten de evitar la movilización, pero está decidido que se inician las movilizaciones hacia La Paz”, confió Guevara a un portal boliviano de Internet.

Zubieta aseguró que la marcha hacia La Paz había sido definida en acatamiento a las resoluciones del último ampliado de la COB del viernes 13 de mayo. El dirigente manifestó que el Comité Ejecutivo de la Federación instruyó que los mineros sindicalizados salgan a las carreteras y marchen hacia La Paz a defender los recursos naturales no renovables, fundamentalmente el gas y el petróleo.

Este miércoles, al igual que los últimos tres días, La Paz fue paralizada durante la mañana y la tarde por marchas de miles de trabajadores y vecinos, que han rechazado las propuestas que el martes en la noche hiciera el presidente Mesa en un mensaje televisivo donde presentó en forma detallada su nuevo plan económico, que prometió reactivar el aparato productivo y mejorar la economía de la población. El líder de la COB, Jaime Solares, aseguró que “Mesa estaba queriendo sobornar a los sectores sociales para que olviden la lucha contra las transnacionales petroleras”.

“Mesa es un chantajista (…) No nos va a engañar”, advirtió el líder de la Confederación de Campesinos, el ‘Mallku’ Felipe Quispe, que instruyó movilizaciones y bloqueos en el área rural, especialmente en el Altiplano.

Para el lunes, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y la Central Obrera Regional instruyeron el inicio de una huelga general indefinida y el cerco total sobre La Paz, con lo que conflicto ingresaría en una fase de mayor radicalidad.

En lo inmediato, la decisión del XXIX Congreso fortaleció la radicalizada posición del minero Jaime Solares, líder de la Central Obrera Boliviana (COB) y pareció debilitar la línea de moderación del diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Solares, al igual que los trabajadores y vecinos de los barrios más pobres de La Paz y El Alto y las organizaciones campesinas, demandan la nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización y la expulsión de las transnacionales del gas y del agua, en cambio Morales y sus seguidores no quieren llegar a tanto y exigen que las petroleras que quieran seguir operando en Bolivia paguen el 50% de sus ingresos.

El MAS rechaza un golpe militar y presiones autonomistas

El Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia propuso el pasado jueves concertar las demandas sociales con las presiones regionales -en referencia al pedido de autonomía realizado por la clase dominante de Santa cruz-, en la perspectiva de dar solución duradera a los conflictos, y rechazó un posible golpe militar. La propuesta fue hecha por el líder del MAS, Evo Morales, en una conferencia con la prensa extranjera en la que criticó las presiones autonomistas que pretenden imponerse a costa de la unidad nacional. Para Evo Morales quienes bloquean el país no son los campesinos, cocaleros, indígenas, originarios ni los movimientos sociales sino que es el gobierno, las transnacionales y el propio sistema porque no atienden las legítimas demandas -como la recuperación de los hidrocarburos- en beneficio de las mayorías nacionales.

Señaló que esas presiones expresan sectores de poder político y económico que se rearticulan y usan el tema de la autonomía para mantener sus privilegios e impedir la atención a las demandas sociales de desarrollo, justicia y equidad.

El conflictivo tema de la autonomía de Santa Cruz provocó durante la noche del jueves enfrentamientos entre parlamentarios y el intento de manifestantes sindicales de entrar al Congreso, lo cual, dijo Morales, impidió que la mayoría conservadora apruebe un referendo contrario a la unidad nacional.

Planteó en cambio concertar posiciones y unir la demanda autonomista, principalmente de la región oriental de Santa Cruz, con la nacional y popular de una asamblea constituyente para acabar con el neoliberalismo y establecer nuevos regímenes político y económico.

Para Evo, “Esa armonización se logrará con la celebración simultánea del referendo autonómico y la asamblea constituyente, y no privilegiando al primero en desmedro de la segunda como pretende la mayoría parlamentaria”.

Sobre una propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, para armonizar las dos tendencias y crear un mecanismo de preparación de los cambios a tratar en la constituyente, Morales dijo estar de acuerdo, si participan las organizaciones sociales.

Añadió que los conflictos actuales se superarán con la corrección drástica de una ley de hidrocarburos reformista recién aprobada y con la convocatoria de la constituyente y el referendo en forma conjunta.

El líder del MAS negó que la inestabilidad política y social sea provocada por las protestas, entre las que destacó el avance de una marcha popular de 200 kilómetros a la Paz, por la asamblea y la modificación de la ley.

Señaló que los conflictos son causados por el hambre, la miseria y el desempleo y la demanda de una sociedad justa, lo que exige recuperar efectivamente la propiedad de los recursos naturales, a lo que se oponen las transnacionales, los sectores oligárquicos y las fuerzas políticas afines.

Por otra parte, Morales manifestó su preocupación por rumores de un golpe militar que le fueron consultados por medios de prensa del exterior y advirtió que el pueblo derrotará cualquier intento golpista.

Dijo esperar que la preocupación manifestada por el jefe del Ejército, general César López, por el peligro de desintegración del país, no sea un mensaje golpista, sino de defensa de la unidad nacional, que deben cautelar los uniformados. “De cualquier manera, el pueblo boliviano está decidido a defender la democracia y derrotar cualquier aventura golpista y esperamos que esa defensa no pase por una confrontación con las Fuerzas Armadas”, manifestó.

Un Referéndum Autonómico sin votación en el Congreso

Los parlamentarios aprobaron en general la convocatoria para el Referéndum Autonómico en la región de Santa Cruz pero, en un contexto de fuertes discusiones, no se pusieron de acuerdo en la pregunta y la fecha del plebiscito. En términos políticos la confrontación se acentuó entre las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las del Movimiento de la Izquierda (MIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). La polémica cobró frecuentes acusaciones de tinte racial y regionalista.

Poco después, dos diputadas suplentes del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) empujaron al congresal chaqueño Wilman Cardozo (MIR) al mismo tiempo que decenas de dirigentes sindicales burlaron el resguardo policial y se apostaron en las afueras del Congreso. La protesta fue encabezada por el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y el concejal alteño y dirigente indígena Roberto de la Cruz. Frente al Congreso, la policía reprimió y desalojó con gases lacrimógenos a los manifestantes y reforzó el control en plaza Murillo.

Posteriormente las bancadas de Santa Cruz y Tarija abandonaron el recinto parlamentario y el presidente interino del Congreso, Mario Justiniano (MNR) declaró la suspensión de la sesión y convocó a su reinició para el próximo jueves 26.

El debate se centra en el hecho de que el eje sur – oriental demanda una convocatoria al referéndum para el 12 de agosto, fecha en la que se realizarán las elecciones para prefectos. También demanda que en la consulta se incluya una pregunta en relación a la autonomía económica y la potestad regional sobre los recursos naturales. Los opositores a dicha postura advierten que esta viola la Constitución Política, alienta el secesionismo y desvirtúa la realización de la Asamblea Constituyente.

La crisis boliviana por estas horas muestra una resolución impredecible. Luego del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, la tregua inicial al gobierno de Carlos Mesa, y el levantamiento de los bloqueos de las principales rutas del país al aprobarse una Ley que garantizaba el cobro del 50 por ciento de regalías a las empresas petroleras -luego modificada en Senadores-, las organizaciones del pueblo de Bolivia radicalizaron su lucha y sus consignas, y están dispuestas a todo.

Las petroleras, que también rechazan la ley, amenazaron con reducir las inversiones, pero tienen un ojo puesto en la Autonomía de Santa Cruz que puede garantizarles las condiciones de extracción que fueron perdiendo desde que cayó Sánchez de Lozada.

Las cartas estas echadas, Estados Unidos se prepara a definir la partida como tiene acostumbrado al mundo en los últimos años, mientras los gobiernos de la región hasta el momento sólo cuentan los porotos que perderán sin el gas boliviano.

Como siempre los pueblos del continente tendrán la última palabra. De ellos depende también que la lucha de sus hermanos bolivianos no termine trágicamente y que la sangre nativa no vuelva a derramarse en el suelo latinoamericano.

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