Por Causa Popular.- Con sólo tres meses de gobierno, Evo Morales debe hacer frente a las más diversas presiones. Desde los sectores cívicos de Santa Cruz y Tarija, representantes de las regiones donde más influencia tienen las empresas multinacionales, hasta las Central Obrera Boliviana (COB), jaquean la gobernabilidad del país andino. La Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la Federación Departamental de Fabriles y los gremiales de la ciudad de La Paz, por su parte, decidieron no plegarse al paro nacional realizado el viernes 21 por la Central Obrera Boliviana (COB), por considerarlo apresurado, y se mostraron dispuestos a darle el tiempo necesario al flamante gobierno para que atiendan sus demandas en la medida de sus posibilidades.
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Foto: Los ministros de Planificación, Carlos Villegas; Minería, Wálter Villaroel; y Desarrollo Económico, Celinda Sosa, que fueron secuestrados en conferencia de prensa.
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La región de Santa Cruz, considerada el “motor económico” de Bolivia, lanzó el pasado jueves 20 un ultimátum al gobierno del presidente Evo Morales: le dio sólo seis días para que responda a las demandas del oriente del país o, en caso contrario, amenazó con iniciar un paro cívico y otras medidas de presión. La primera respuesta del gobierno fue de apertura al diálogo. El mismo presidente expresó estar dispuesto a entablar un diálogo con los voceros de esta región, cuyos principales sectores cívicos y productivos -aglutinados en el llamado comité Pro Santa Cruz- se declararon en estado de emergencia.
La demanda de los dirigentes de Santa Cruz, al menos formalmente, está centrada en la creación de 800 nuevos puestos de trabajo para los sectores de salud y educación. Santa Cruz, es el departamento más rico de Bolivia, y en consecuencia, impulsora de los índices de crecimiento económico y demográfico del país
Al día siguiente, otra de las regiones que reclama autonomía del poder central, se sumo al comité Pro Santa Cruz. Tarija, en coincidencia con sus similares cruceños, decidieron también darle un plazo al Gobierno, esta vez de 10 días, para que cumpla compromisos de mejoramiento vial y respeto a la ley que faculta a ese departamento a exportar gas, además de exigir que el Ejecutivo no apoye la creación del Chaco como décimo departamento. Amílcar Taboada, vicepresidente del Comité Cívico chapaco, anticipó que, si no reciben una respuesta, tomarán “medidas de hecho”.
El grado de conflictividad con el poder económico de la región oriental del país, pudo observarse a partir de una sus principales demandas: la licitación del yacimiento de hierro de El Mutún, ubicado en cercanías de la localidad de Puerto Suárez -en la frontera con Brasil-. En los últimos días se registraron protestas de lugareños que defienden a la empresa brasileña EBX (ahora MMX), que el gobierno considera “ilegal”.
La situación en Puerto Suárez se complicó la noche del martes, cuando algunos pobladores retuvieron durante unas 13 horas a los ministros de Planificación, Carlos Villegas; Minería, Wálter Villaroel; y Desarrollo Económico, Celinda Sosa, quienes retornaron a La Paz (sede de gobierno) en la mañana del miércoles, después de ser rescatados en una “operación comando” realizada por el ejército y la policía.
Al reaccionar al anuncio de la dirigencia de Santa Cruz, el vicepresidente Alvaro García Linera aseguró que visitará el comité cívico para “informar” sobre la política oficial, pero anticipó que la siderúrgica brasileña deberá someterse a la Constitución. García Linera aclaró que no negociarán la soberanía. “EBX tiene que someterse a las consecuencias de haber violado la Constitución y en eso no vamos a retroceder, no vamos a armar una constitución a la medida de una empresa, no vamos a hacer un decreto ni una ley a la medida de la voluntad o del capricho de una empresa», sostuvo, a tiempo de puntualizar que “ahí no hay punto de negociación”.
La Planta está ubicada en la Zona Franca Industrial de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, produce arrabio resultante de la reducción de mineral de hierro fundido y su presencia en esta región vulnera el artículo 25 de la Constitución Política del Estado. “Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa”, señala la Carta Magna de Bolivia.
Pero el conflicto por la explotación del Mutún no es más que una vidriera de los intereses que se encuentran detrás de los cívicos de Santa Cruz, quienes lanzaron la propuesta de autonomía de la región a medida que vieron crecer el poder de los movimientos sociales en Bolivia. Detrás de la exigencia de explotación “a cualquier precio” de las reservas de hierro del Mutún, se esconden intereses de capitales extranjeros, puesto que la empresa EBX, además de trabajar en Puerto Suárez, está construyendo un gran polo siderúrgico en Corumbá, con una inversión de 300 millones de dólares. La denuncia la hizo el Foro Boliviano del Medio Ambiente (Fobomade) y la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente.
“Ya sabemos más o menos por qué tiene tanta prerrogativa la empresa EBX, hecho un ramal particular, una ley, una licitación y hay muchos socios de esa empresa con mucho poder en Bolivia, entre ellos el grupo empresarial Monasterios, dueño de la red Unitel y antiguos políticos de regímenes anteriores que han trabajado para facilitar el trabajo de EBX en Bolivia”, aseguró el viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, Carlos Iporre
Mientras la COB para, otras organizaciones deciden dar más tiempo a Morales
El pasado jueves, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la Federación Departamental de Fabriles y los gremiales de la ciudad de La Paz confirmaron que no se sumarían al paro nacional convocado para el viernes por la Central Obrera Boliviana (COB). Según comunicaron los dirigentes de estas organizaciones, la medida es apresurada y debe darse el tiempo necesario para que el gobierno atienda sus demandas en la medida de sus posibilidades.
El ejecutivo de la COR alteña, Edgar Patana, explicó que la decisión fue asumida por las organizaciones afiliadas a esa entidad matriz al considerar muy prematuro iniciar medidas de presión a tres meses de iniciado la nueva administración de gobierno. “Somos respetuosos de las decisiones de la COB, creemos que tienen demandas justas, pero nosotros en ningún momento hemos señalado que vamos a participar de la convocatoria, las bases consideran que es muy prematuro las medidas de presión”, aseguró Patana.
El ejecutivo de la COR señaló que después de una evaluación se concluyó que no es conveniente acatar la convocatoria de la COB porque a pesar de que el gobierno no está cumpliendo como debería hacerlo existen muestras para atender las demandas de las diferentes organizaciones.
Por su parte, el secretario de organización de la Federación Departamental de Gremiales del Comercio Minorista de La Paz, Darío Ibáñez, manifestó que no acatarán el paro convocado por la COB, porque consideran que es muy prematuro iniciar medidas de presión a tres meses de un gobierno “que tiene el propósito de aplicar medidas de cambio que beneficien a los bolivianos”.
“No podemos sacar a nuestra gente a las calles, porque nuestras demandas están siendo atendidas poco a poco. Hay que dejar gobernar al presidente Evo Morales que ha ganado las elecciones con amplia mayoría, es hora que los bolivianos nos empecemos a respetar, hemos elegido un gobierno democráticamente y hay que respetarlo”, demandó el gremialista.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz, Francisco Quispe, manifestó que tampoco acatarán esta convocatoria de la Central Obrera, por considerarla oportunista. “Ni en un año se va a poder atender las demandas en su totalidad, porque los gobiernos neoliberales han dejado el país sin recursos económicos”, dijo.
“Además las medidas de presión que pide el compañero Jaime Solares -titular de la COB- sólo favorece a dos sectores que son Salud y Educación. Cuando estos compañeros de Salud y Educación consiguen sus objetivos, a los trabajadores fabriles nos dejan a nuestra suerte, por lo que hemos decidido ya no ser más escalera para estos sectores”, precisó el dirigente.
Mientras tanto el ampliado de emergencia de la COB ratificó el paro nacional que se realizó desde las cero horas del viernes 21. “Aunque seamos pocos vamos a marchar exigiendo el cumplimiento de la agenda de octubre”, aseguró el jueves el ejecutivo de esa entidad laboral, Jaime Solares.
Desde las 15.00 horas, en instalaciones de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FTMB), dirigentes departamentales analizaron los tres meses de gobierno del presidente Evo Morales y llegaron a la conclusión de que “no existe la decisión de concretar los cambios estructurales” para nacionalizar los hidrocarburos sin indemnización y con confiscación, recuperar las empresas petroleras para el Estado boliviano y garantizar un salario mínimo de 1.500 bolivianos.
Solares criticó la decisión del magisterio urbano de abandonar a último momento la movilización tras concretar un acuerdo con el gobierno. “Espero que en el futuro no se vuelva a repetir estos hechos de utilizar los ampliados para exigir demandas, apoyo y después retractarnos”, criticó.
No obstante, según el ejecutivo de la COB, la Confederación de Padres de Familia, los trabajadores en Salud y otras organizaciones acatarán disciplinadamente el paro nacional de 24 horas.
