Gentileza Prensa Latina, especial para ZOOM. El prefecto opositor del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido y conducido hoy a esta ciudad, acusado de una masacre de campesinos en esa región del norte de Bolivia.
La operación militar se realizó en las áreas de la prefectura de ese territorio en la localidad de Cobija, todavía en estado de sitio, durante la cual Fernández se entregó sin ofrecer resistencia. La víspera, la Fiscalía de la República instruyó un proceso judicial contra Fernández por el delito de genocidio. Al gobernador se le acusa de los hechos violentos en el municipio de Porvernir, el pasado jueves, con saldo de 15 muertos, más de 70 heridos y 106 desaparecidos, en su mayoría labriegos, según informes preliminares.
Genocidio en su categoría de masacre sangrienta
De acuerdo con la máxima autoridad judicial, en la investigación por el delito de genocidio en su categoría de masacre sangrienta, presentarán testimonios Miguel Becerra, ex alcalde de Cobija, ciudad capital de la norteña región, y el senador Abraham Cuéllar, de Unidad Nacional.
El Ministerio Público había sido cuestionado por el Ejecutivo por su pasividad ante los actos violentos suscitados en Pando y otras regiones como Santa Cruz, Tarija y Beni.
En las audiencias comparecerán, además, varios labriegos y sus familiares, víctimas de los ataques, entre ellos, Dionisio López y Roberto Tito. López explicó a Prensa Latina que grupos de paramilitares, francotiradores y sicarios brasileños y peruanos contratados por Fernández, dispararon de forma selectiva el pasado jueves contra campesinos en el poblado de Porvenir, en el momento que se trasladaban hacia un acto de respaldo al gobierno de Evo Morales. López señaló que estuvo en ese puente (de la localidad Tres Barracas) cuando comenzó la balacera contra gente indefensa, desarmada, y que vio a personas que caían heridas de muerte.
Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, recordó que ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno Alicia Muñoz denunció que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza para la seguridad ciudadana.
Llorenti aseguró que el Estado podría solicitar contra Fernández una condena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto por organizar y financiar una masacre. Pedimos de inmediato, señaló, el inicio de una investigación que sancione a este gran criminal. «Que no se sume a la larga lista de impunidad a la que nos acostumbraron en tiempos anteriores», demandó.
También el vicepresidente de la República, Álvaro García, apuntó que «el gobierno no va a negociar a los muertos ni la responsabilidad penal y criminal de los asesinos. Serán perseguidos y enjuiciados». Como presidente del Congreso Nacional, García anunció que este martes el parlamento se reunirá por su parte para abrir la pesquisa sobre la situación suscitada en Pando.
