El 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero en Argentina, tal efeméride sorprendió acéfala a la dependencia estatal abocada a tal asunto porque su titular, Alberto Baños, había renunciado una semana antes.
En ese lapso, el Poder Ejecutivo no dio señales acerca de quién sería su reemplazante. Y no parecía tener ningún apuro al respecto. Pues bien, ¿acaso la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) puede funcionar realmente sin alguien que la conduzca? O, peor aún: ¿acaso, para el régimen libertario, el país puede funcionar sin la SDH?
Lo cierto es que este es su objetivo a mediano plazo. Sin embargo, para lograrlo es imprescindible vaciar de contenido el concepto mismo de “Memoria, Verdad y Justicia”. A tal efecto, Baños resultaba ideal.
No obstante, al pegar el portazo de manera súbita, dicha misión, en pleno desarrollo, quedó a la buena de Dios.
¿Quién estaría ahora a la altura de llevarla adelante?
El elegido: Joaquín Mogaburu, un personaje prácticamente desconocido para el espíritu público. Pero en la Casa Rosada confían en él.
Su nombramiento se anunció durante la noche de ese miércoles, dándole un sentido local al aniversario de la Declaración Universal de los DD.HH.
En tanto, trascendían los pormenores de la feroz interna que supo sacudir la gestión de su antecesor.
He aquí, en los sótanos del oficialismo, una comedia bizarra.
El bastonero del olvido
A mediados de noviembre, cuando nada aún presagiaba esta crisis, Baños viajó a la ciudad suiza de Ginebra con una importante misión.
Había que ver a este sujeto obeso, sudoroso y desaliñado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU al catalogar de “irreal” la interpretación en boga sobre el terrorismo de Estado aplicado en Argentina durante la última dictadura.
Su intervención fue memorable. Porque no solo puso en tela de juicio la existencia de 30 mil desaparecidos –un clásico en la materia–, sino que, además, se permitió el argumento de que esa contabilidad fue adulterada para así facilitar los subsidios económicos a quienes no les correspondía dicho beneficio.
Por momentos, sus palabras provocaron risas en el auditorio. ¿Se habría dado cuenta de que estaba consumando un papelón histórico?
Claro que él cumplía precisas instrucciones del Ministerio de Justicia, del que depende la SDH, cuya máxima autoridad, Mariano Cúneo Libarona –quien lo convirtió en funcionario–, es su amigote del alma.
En este punto, bien vale reparar en el pedigree de Baños.
De dilatada trayectoria en la magistratura, venía de encabezar, antes de su jubilación, el Juzgado en lo Criminal N°27, al que llegó en 1993 por impulso del entonces presidente Carlos Saúl Menem.
Allí, por caso, supo poner su firma en un fallo “express” para excarcelar, durante el invierno de 2010, a José Alfredo Martínez de Hoz, quien, apenas 24 horas antes, fue enviado al penal de Ezeiza por el juez Norberto Oyarbide.
Más cerca en el tiempo, también se lo recuerda por su absoluta inacción en el expediente sobre la desaparición del policía de la mazorca porteña, Arshak Karhanyan, ocurrida en 2019.
Desde luego que, junto a tales hechos, hubo una larga lista de ineptitudes y arbitrariedades. A lo que se sumaba su perfil ideológico, que él solía resumir con elocuencia: “El mundo se divide en dos. Por un lado, la sociedad occidental y cristiana; por el otro, el ERP”.
Dicho sea de paso, una paradoja: él es primo hermano de Jorge Baños, caído en combate en enero de 1989, durante el intento de copamiento del MTP al Regimiento de La Tablada. Un parentesco que este Baños persiste desde ese entonces en mantener oculto.
En su labor como juez acostumbraba a beneficiar sin más a los defendidos por otro amigote suyo, el penalista Ricardo Saint Jean. Es el hijo del gobernador bonaerense en la dictadura, general Ibérico Saint Jean, un hombre con las manos manchadas de sangre que murió preso en 2007.
También cobijó en su juzgado, con cargo de prosecretario administrativo, a Gonzalo Acosta. Es el hijo del capitán de fragata, Jorge “Tigre” Acosta, quien fuera el amo y señor del “chupadero” que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y que ahora está condenado a perpetuidad.
Los caprichos del destino hicieron que, dos años atrás, el bueno de Baños llegara justamente a la ESMA, ya convertida en sede de la SDH, para llevar a cabo su nueva función.
Desde entonces, redujo el organismo a su tercera parte. Los despidos de empleados fueron cotidianos. Cerró el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”. Prohibía recitales y otras actividades programadas por los organismos de DD.HH. Además, redujo las jerarquías del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio ESMA, que pasaron a la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Y hasta firmó una resolución para considerar las acciones guerrilleras en la década del setenta como crímenes de lesa humanidad.
Ninguna sombra parecía cabalgar sobre él.
Hasta fines de octubre, cuando llegó a la ex–ESMA un tal Alfredo Vitolo en su carácter de flamante director nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH.
Fue el comienzo de una guerra –políticamente fratricida– entre ambos.
La dialéctica del fuego amigo
Fue notable que nadie notificara a Baños sobre el nombramiento de Vitolo. Y, para colmo, él no tardó en advertir su actitud injerencista.
Por tal motivo, lo primero que hizo fue llamar por WhatsApp al ministro de Justicia, quien, con una dicción más paposa que nunca, solo dijo:
—Se me pasó avisarte, querido. Acá también tengo muchos quilombos.
No faltaba a la verdad.
Porque Cúneo Libarona está “pintado” en su puesto. Dicho de otro modo, su presencia en esa cartera es solo simbólica. Y quien, en realidad, corta allí el bacalao es su segundo, Sebastián Amerio, quien responde a Santiago Caputo.
Al concluir la comunicación telefónica, Baños lucía demudado.
Así lo notó el individuo que lo observaba desde un rincón de su despacho.
Era Alejandro Urroz, el director nacional de Coordinación Estratégica y Planificación de la SDH. Mucha pompa para calificar su función primordial: ser el “garrote” de Baños.
No está de más poner el ojo en este personaje de rostro macilento y barba en candado, que recorre los pasillos de la ex–ESMA con sumo sigilo, como para así sorprender a los empleados en alguna inconducta.
Allí, a sus espaldas, lo llaman “El Nazi” por sus obsesiones homofóbicas y antisemitas. De su cuño fueron la mayoría de las iniciativas que configuran el punitivismo extremo sobre el personal: desde los controles de la Policía Federal en los accesos al predio (donde, incluso, se filman los DNI de quienes ingresan), hasta las listas de trabajadores que serán cesanteados.
Una de sus acciones en tal sentido ocurrió el 13 de marzo pasado, cuando, en cumplimiento de una directiva suya, la policía impidió el ingreso a la SDH de quienes rechazaban un plan de retiros voluntarios propuesto por Baños.
En esa ocasión se lo vio a Urroz, fuera de sí, destrozando las pancartas y los afiches de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), secundado por su asistente, Carolina Cordara.
Pero, a principios de noviembre, ya con Vitolo pululando en aquel sitio, sus atribuciones se vieron mermadas.
Aun así, el recién llegado dista de ser el “héroe en este lío”.
Hay que reconocerle que, en cuestión de días, supo minar la autoridad de Baños con una sutileza muy eficaz.
En comparación con la brutal rusticidad del subsecretario, él hasta parece un gentleman. Una impresión, por cierto, engañosa.
En primer lugar, este abogado sexagenario —socio del prestigioso estudio jurídico Nicholson & Cano— no es un desconocido en la ex–ESMA, puesto que, durante la era macrista, fue asesor del entonces jefe de la SDH, Claudio Avruj.
Éste le tenía gran aprecio, al punto de postularlo para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tal iniciativa no llegó a buen puerto. Porque su candidatura tuvo que ser retirada por el rechazo que causaba su prédica contra la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio igualitario, además de patrocinar, a través de sus artículos en el diario La Nación, el “perdón” a los genocidas.
En resumen, Vitolo es un negacionista de manual.
Y –según se dice en los pasillos del Ministerio de Justicia– desembarcó en la SDH por expreso pedido del joven Caputo.
Cabe destacar que, durante los cuatro primeros días hábiles de diciembre, él se tomó, digamos, un franco sin aviso previo.
Eso le causó a Baños una pizca de alivio, aunque también se preguntaba la razón de su ausencia. Y en voz alta ante Urroz, en su despacho.
Corría la mañana del jueves.
Horas después, debía volar hacia Costa Rica para asistir a un cónclave de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte–IDH), invitado por su presidenta, la doctora Nancy Hernández López.
El subsecretario estaba de excelente ánimo.
Hasta que lo llamó por teléfono la secretaria de Amerio para decirle que suspenda el viaje, ahorrándose toda explicación al respecto.
La contrariedad de Baños, claro, no fue menor.
Al rato, Urroz le puso ante la nariz su smartphone para que vea una foto subida a Facebook minutos antes en la cuenta oficial de la Corte–IDH.
Allí se la ve a la doctora Hernández López nada menos que en compañía de Vitolo, quien sonríe de oreja a oreja.
Era como si esa expresión se la dedicara a él.
Baños, entonces, explotó. Y jadeando de furia redactó su renuncia.
Desde el Ministerio de Justicia, Amerio se la aceptó en el acto.
La hoguera de las vanidades
Vitolo fue una de las primeras personas en enterarse de esta noticia, gracias a una llamada telefónica. Del otro lado de la línea estaba Urroz.
Rápido de reflejos para cambiar de bando, su voz sonaba muy cordial.
Y él, al oír desde Costa Rica lo que había ocurrido, fingió pesar.
Al día siguiente regresó al país con un aire triunfalista.
Ya se probaba el traje de subsecretario, envalentonado por la prensa, que no dudó en dar por hecho su nombramiento.
Solo debía esperar el anuncio oficial al respecto.
Sin embargo, los días transcurrían sin ninguna novedad.
¿Habría evocado, en medio de esa espera, su frustrado ingreso a la CIDH? Lo cierto es que su ánimo empezaba a bailotear entre la ansiedad y la desazón.
Mientras tanto, durante la tarde del 9 de diciembre, Amerio recibía en su despacho a un hombre de aspecto juvenil. Ambos se saludaron con un abrazo.
Se trataba de Joaquín Mogaburu.
Hasta hace unos días, este abogado de 41 años había dirigido el área de DD.HH. del Ministerio de Defensa. Y era “pollo” de Luis Petri. Días pasados se reintegró, en calidad de secretario, al Tribunal Oral Federal (TOF) N°7, donde estaba de licencia desde su designación en esa cartera.
El tipo es un negacionista de pura cepa. Para él la “memoria completa” es casi una religión y el “perdón” a los represores, su bandera.
El encuentro con Amerio transcurrió en los mejores términos. Tanto es así que se despidió de él ya convertido en el nuevo titular de la SDH.
¡Pobre Vitolo! Se enteró de eso durante la medianoche siguiente a través de un flash de TN que exhibía una foto del flamante subsecretario.
De manera que su continuidad en la SDH quedó atada de un hilo.
Mogaburu cargará ahora sobre sus hombros una delicada tarea: establecer las condiciones políticas para que los genocidas sean indultados.
No será desde luego, el primero que lo intenta.