Bailando por un crédito

Tras más de seis años de un gobierno que se presenta como pro industrialista, las pequeñas empresas siguen sin acceder a créditos bancarios. El sector financiero no apuesta a la producción y el Estado tiene buenas intenciones, pero no cambia la realidad. La situación de un sector que aprendió a arreglarse sin ayuda.

Ricardo Fernández es empresario pyme y está a cargo de la metalúrgica MF. La fábrica, ubicada en el barrio de San Andrés, produce engranajes y cajas de velocidades para autos de competición. Tiene más de 30 años de historia y jamás se financió con crédito bancario. “Me prestaron plata para una casa, pero no para comprarme una máquina”, cuenta. No se trata de un caso aislado. El acceso al crédito sigue siendo un capítulo pendiente en la historia de las pymes argentinas. En los últimos años, la expansión del sector se generó a partir de la reinversión de utilidades y no del endeudamiento.

“Después de la crisis de 2001 entendí que no tenía sentido trabajar con bancos usureros, por eso empecé a financiarme con mi propia ganancia”, dice Daniel Moreira, un industrial miembro de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Regional Buenos Aires. Al igual que él, la mayoría de los empresarios chicos optaron por arreglarse solos.

Los bancos privados, por su parte, tampoco apostaron al financiamiento productivo. Lo consideran un negocio de alto riesgo. Hoy el volumen crediticio no supera el 12 por ciento del PBI, mientras que en un país como Chile esta cifra se ubica cerca del 70 por ciento.

El factor confianza

Tanto en la oferta como en la demanda el principal problema parece ser la falta de confianza. “Otorgar un crédito tiene que ver con creer en algo o en alguien, si el mercado no se mueve es porque algo está fallando”, explica Ignacio Bruera, gerente de investigaciones de la Fundación Observatorio Pyme. De acuerdo a un informe del organismo, el 60 por ciento de las pequeñas empresas está en condiciones de acceder al crédito, pero no lo solicita. “Las firmas prefieren autofinanciarse antes de recurrir al banco”, sostiene Bruera. “Lo que observamos es un fenómeno de autoexclusión”.

La masa de pymes que no toma crédito podría representar un mercado potencial para la banca privada. Pero el negocio no parece ser tan tentador. El sistema financiero argentino tiene cada vez menos conexión con el sector productivo. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, a fines de los ’90 el crédito privado representaba el 23 por ciento del PBI, mientras que en 2007 se redujo al 11,6 por ciento.

La banca privada suele tener un comportamiento pro-cíclico. Ofrece capitales cuando la economía va bien, pero lo retira en momentos de recesión, como el actual. “Los bancos le prestan al Estado, a las grandes empresas o a personas particulares, pero no se arriesgan con las pymes”, dice Bruera. Según el analista, la desconexión entre este sector y las empresas se debe a un contexto general de baja estabilidad, falta de confianza y de reglas claras. Frente a esto es necesario “crear instituciones que funcionen por encima de los actores privados y que puedan facilitar el vínculo entre ellos”.

Tasas leoninas

Desde la óptica de los empresarios, el problema principal es la escasa y costosa oferta crediticia. Los préstamos bancarios tienen intereses que van del 35 al 50 por ciento a pagar en 180 días. Son condiciones que, según ellos, hacen naufragar cualquier proyecto productivo.

“El mercado legal de financiamiento es tremendamente caro, por eso un porcentaje enorme de firmas recurren al mercado marginal”, explica Francisco Dos Reis, titular de Apyme. “La realidad es que no somos sujetos de crédito, nos ofrecen tasas leoninas a las que no podemos acceder”. Para Daniel Moreira, “las tasas de interés son usureras. Te comen la ganancia, la liquidez y parte de la producción”.

Sin garantías

Otra limitación para acceder al financiamiento son las garantías que exigen los bancos. Para prestar dinero la entidad debe poder creer en la capacidad de devolución del empresario. Cuanto más exigente es la garantía, menor es la confianza. “En algunos casos piden hasta el 200 por ciento del monto que solicitamos, es una locura”, dice Moreira.

En el mercado también existen líneas de crédito más flexibles, como las que ofrece el sector público y cooperativo. Si bien los requisitos de acceso son menores, “siguen siendo muy rigurosos en las garantías”.

Frente a este problema, una opción que fue ganando lugar es el recurso a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). Son entidades que otorgan respaldo a las pymes a partir de un Fondo de Riesgo, constituido por el aporte de los socios. “Con los requisitos y las tasas de interés que nos piden los bancos, nos conviene la SGR”, explica Moreira.

Compre nacional

“Hay que trabajar mucho para que todo lo que utilicemos en la producción sea de industria nacional». La frase pertenece a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de las palabras bonitas, es poco lo que el Estado está haciendo en los hechos para proteger a la industria de bienes de capital.

El sector, constituido en su mayoría por pymes, tiene una alta capacidad de generación de empleo y su crecimiento potencia el patrimonio científico- tecnológico del país. Sin embargo, desde hace más de 30 años sufre un déficit en términos de competitividad. Hoy es uno de los pocos con arancel cero para la importación, una herencia de los años ‘90.

“En la Argentina existe la creencia de que no es necesario producir bienes de capital. Para nosotros esta idea es equivocada, el nuestro es un sector clave para el crecimiento del país”, explica Luis Manini, presidente de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC).

En un informe difundido la semana pasada, la entidad denuncia la creciente competencia con los productos que vienen del exterior. “Las automotrices generan 22 mil puestos de trabajo y tienen una protección arancelaria del 35 por ciento. La producción de bienes de capital genera empleo para 90 mil personas y no tiene protección”, dice Manini.

El Gobierno y las industrias importadoras argumentan que el arancel cero baja el costo de la inversión de las empresas. También sostienen que si la barrera se elevara al 14 por ciento, como pide el sector, el producto nacional se encarecería.

Frente a la entrada de bienes extranjeros, el Estado otorga a las empresas nacionales un reintegro que funciona como compensación. El beneficio consiste en un bono fiscal del 14 por ciento para el pago de impuestos. Fue puesto en marcha en 2001 por la gestión de Fernando de la Rúa y prorrogado por este Gobierno hasta fines de 2010. Los industriales se quejan por los excesos burocráticos del sistema. Dicen que en la práctica son pocas las firmas que logran acceden. “Es un mecanismo muy arbitrario, hay muchos expedientes demorados y numerosas restricciones por parte de la AFIP”, cuenta un empresario.

La apertura comercial y el cese de las medidas de protección a la industria comenzaron en nuestro país con la última dictadura militar. La desintegración del tejido productivo se profundizó en los ‘90, de la mano de la convertibilidad. Hoy el sector industrial cuenta con un tipo de cambio más competitivo. Sin embargo, la política del dólar alto no alcanza para profundizar el crecimiento de las pymes. El sector sigue sufriendo un déficit financiero y una alta carga impositiva.

Dar un salto cualitativo en la política productiva del país significa apostar a un Estado más activo. El Gobierno puede protagonizar este proceso o bien quedarse pronunciando palabras que endulcen los oídos.

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