Autos de fe en Guatemala

“Entonces, sólo entonces…”
Luisa Cardoza y Aragón

Guatemala, es una geografía de desencuentros a la que los terremotos, los huracanes, las revoluciones y dictaduras no han dejado de asolar. Desde la invasión de Pedro de Alvarado, un capitán de Cortés en 1521, una infinidad de cataclismos naturales, sociales y políticos, la persiguen.
La guerra civil la devastó durante treinta y seis años (1960-1996), y fue una consecuencia directa del derrocamiento de gobierno popular de Jacobo Arbenz en 1954, que produjo doscientos mil muertos, cincuenta mil desaparecidos, un millón y medio de exiliados y, según el informe elaborado por las Naciones Unidas, 448 aldeas —la mayoría de la etnia Maya-k’iche— literalmente arrasadas.

Después de quince años y más allá de las víctimas directas, las consecuencias de esa guerra tanta violencia no cesan; Guatemala nos acostumbró a permanentes Autos de fe, en los que prolijamente se inmolan miles de vidas en variados cadalsos.

A principios de siglo XXI surgieron las archi promocionadas Maras, en las que, al igual que en la vecina república de El Salvador, miles de jóvenes a la deriva comienzan a agruparse en clikas, y conforman un fenómeno inédito en el mundo: pandillas compuestas por miles de miembros, con códigos de secta, con un profundo sentimiento de pertenencia y siempre dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la vida, por la Mara.

La incapacidad oficial, sumada a la corrupción política y policial, han permitido que estas bandas manejen a su antojo el crimen en todas sus escalas: tráfico de armas, drogas y personas, secuestros extorsivos y chantajes a todo tipo de empresas, particularmente las de transporte público —solo en 2010 se registraron 296 muertes de trabajadores del autotransporte. Debido a que más del 95% de los homicidios queda impune, la reacción social consiste en hacer justicia por mano propia. Así, desde hace más de un lustro se repiten linchamientos que tanto sirven para castigar a un violador, como para enmascarar una venganza particular, con un falsa acusación. Estas ejecuciones, que incluyen castigos físicos y horca, dejan, en promedio, unos cincuenta muertos al año, de los casi doscientos episodios que se suelen producir.

Guatemala no deja de inventarse exterminios: desde el año 2001 otro azote rasga la piel social del país; el Feminicidio, que a fin de 2010 alcanzó la friolera de 6.000 mujeres asesinadas, muchas de ellas con singular crueldad (cabezas rapadas, pechos cercenados), además de todo tipo de violaciones y torturas que recuerdan demasiado a las practicadas por los grupos paramilitares que actuaron durante la guerra civil, como las PAC (Patrullas de autodefensa campesinas).

De este modo, el cuadro criminal de Guatemala la convierte en una de las sociedades más violentas del mundo, con 54 asesinatos cada cien mil habitantes.

En este país de catorce millones de habitantes —ocho de los cuales bajo la línea de pobreza—, sufre de un nuevo mal ya que su frontera con México, de casi mil kilómetros de selva, cuenta con escasísima vigilancia, y se ha convertido en una línea permeable para todo tipo de tránsito. Cientos de agentes policiales han sido detenidos por connivencia con narcotraficantes, empezando por dos jefes de la Policía Nacional Civil: Baltazar Gómez y la jefa antidrogas Nely Bonilla, en marzo del 2010. Para la lucha contra el narcotráfico y otras acciones delictivas, Guatemala cuenta con 20 mil policías. Esta cantidad de efectivos era la requerida en el año 2000, y va en acenso a causa de las permanentes destituciones y capturas de agentes y oficiales involucrados en casos de corrupción y otros crímenes. En 2010 fueron destituidos 325 policías, y el año anterior 1.500.

Por su parte, México no hace nada para evitar que sus cárteles se infiltren en Guatemala, solo cuenta con ciento veinticinco agentes para resguardar la frontera; es decir, uno cada ocho kilómetros, mientras que en la frontera sur de los Estados Unidos (de tres mil kilómetros) se destinan treinta mil agentes, esto es, diez por kilómetro.

Entre Guatemala y México hay tres pasos fronterizos legales: Playa Grande, Cobán y San Marcos, en tanto que de los otros hay setenta y dos. El presidente guatemalteco Álvaro Colom, encuentra a la disminución de las fuerzas militares, que ha dejado grandes extensiones sin vigilancia, como la causa principal del surgimiento de una troika integrada por cárteles mexicanos, narcos locales y pandilleros que se conjugan para librar una guerra irregular contra los poderes del estado guatemalteco.

Los grandes cárteles mexicanos se han comenzado a instalar en el norte de Guatemala, en Petén, Cobán, Izabal, Quiché, Huehuetenango y San Marcos, adonde llegan, desde Colombia, cientos de avionetas con más de mil doscientos kilos de cocaína cada una.

Esta intromisión de los cárteles mexicanos en territorio guatemalteco ha puesto a las autoridades en estado de guerra, una guerra que hasta ahora lleva perdida con gran solvencia. El ejército guatemalteco, mal pertrechado, peor entrenado y consuetudinariamente corrupto debe enfrentar a una de las organizaciones criminales mejor preparadas del mundo, Los Zetas, agrupación paramilitar, que lleva más de diez años operando en México con macabra eficiencia. Esta estructura criminal nació como cuerpo armado del cártel de Sinaloa, con hombres de las Gafes (Grupo Anfibio Fuerzas Especiales) comandos entrenados del ejército mexicano en la Escuela de las Américas Fort Benning (Georgia), Estados Unidos para luchar contra la guerrilla Zapatista en las selvas de Chiapas. Los Zetas son responsables de muchos de los miles de muertos que lleva la guerra de cárteles en México (solo en 2010 fueron 15.000). Se calcula que, en territorio guatemalteco ya están actuando cerca de mil de estos sicarios, que ganan, en promedio, cinco mil dólares al mes y cuyo sueldo les seguirían pagando incluso si fueran detenidos.

Las avionetas, provenientes de Colombia, aterrizan a toda hora del día y de la noche, en alguna de las 450 pistas ilegales que se encuentran, en su mayoría, en el norte del país. En siete minutos descargan la nave y preparan los camiones, que cruzarán a México con la droga, que será, en su gran mayoría, destinada al mercado norteamericano. En muchas ocasiones las avionetas son quemadas, ya que están incluidas en el costo del envió.

Son varios los cárteles mexicanos que, en la actualidad, operan en el norte y este guatemalteco. Los altos índices de pobreza en el país favorecen la circunstancia de que miles de jóvenes estén dispuestos a servir a los narcos mexicanos, que cubren así los déficits que jamás cubrió el Estado, ganándose la voluntad y el apoyo de sus habitantes. En las comunidades locales de Playa Grande, donde, por ejemplo, el ejército cuenta solo con dos camionetas pick-up y un camión, los pobladores impiden el acceso a los policías y militares. En este sentido, cabe mencionar que en Alta Verapaz el ejército fue particularmente violento durante la Guerra Civil y produjo innumerables matanzas, torturas, desapariciones y todo tipo de abusos contra los pobladores, mayoritariamente campesinos pobres de la etnia Maya-k’iche, quienes hasta la actualidad no dejan de asociar a los uniformados con los momentos más dolorosos de sus vidas.

Los grupos mexicanos han desplazado a las pequeñas organizaciones de traficantes locales que operaban en esas zonas y hoy no solo se disputan entre ellos kilómetro a kilómetro, sino que se enfrentan con un ejército que no consigue impedir que sigan operando.

El mando militar ha desplegado unos seiscientos hombres en la zona fronteriza con Chiapas, a la espera de que los Estados Unidos aporten, según la “Iniciativa Mérida”, unos 30 millones de dólares destinados a generar estrategias para la lucha contra los Zetas y el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Por la misma iniciativa, México recibirá unos mil millones.

Un centenar de sicarios pertenecientes a los Zetas se han adueñado de pueblos como Cobán, la capital de esta región cafetalera, haciéndose fuertes en los barrios populares El Esfuerzo I y II, y en el poblado de San Pedro de Carcha. La policía se ha convertido en escolta de los narcotraficantes, algunos jueces y fiscales aterrorizados se desligaron de toda responsabilidad, otros operan para el Cártel y las autoridades de migración les tramitan rápidamente pasaportes guatemaltecos.

Fieles a su estilo, los mexicanos han empezado a secuestrar productores de la zona, para dejar en claro quiénes mandan allí y, a su vez, obligarlos a venderles sus propiedades. El propósito consiste en formar un corredor de haciendas hasta la frontera de México. Según algunos informantes, en esa región ya funciona un campo de entrenamiento militar para aspirantes a sicarios. Los Zetas habían llegado a esta región asociados con el narco guatemalteco Walter Overdic Mejía, pero este ya fue desplazado.

Alrededor de 30 ex-comandos del ejército guatemalteco, los tenebrosos Kaibiles, experimentados en toda clase de torturas y muy adaptados a luchar en la selva, responsables de miles de muertes y desapariciones durante la guerra civil, se han incorporado desde hace años a Los Zetas, por 700 dólares semanales. Se estima que de los cuatro mil Kaibiles con los que llegó a contar el ejército, hoy solo quedan 500; el resto fue licenciado o desertó en busca de conchabo en los cárteles mexicanos.

El español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala, advirtió en noviembre último que «si las autoridades de Guatemala no frenan la infiltración de cárteles, en dos años ellos se harán con el control del país».

Según los cálculos del Pentágono acerca de la situación en el norte de Guatemala, un 40 % del país está en manos de delincuentes. Esto obligó al presidente Colom a declarar el estado de sitio en diciembre de 2010 en toda la región de Alta Verapaz, para tratar de recuperar el control de las poblaciones tomadas por los Zetas. Esta circunstancia ha abierto una serie de enfrentamientos con elevado números de muertos.

Hasta el 25 de diciembre de 2010, las autoridades reportaron 6.502 homicidios en el país, 60 % de los cuales se atribuye al crimen organizado. Y se calcula que en 2011 esta cifra puede aumentar ostensiblemente ya que es un año electoral.

Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa ha sellado una alianza con Waldemar Lorenzana Lima, líder de La Familia Lorenzana, una de las organizaciones narcotraficantes más fuertes de Guatemala. En este nuevo “joint venture” se conjuga el manejo de las rutas áreas y terrestres en el norte y este de Guatemala, con toda la logística de los mexicanos; y los centroamericanos aportan el tráfico de cocaína entre Colombia y Guatemala, convirtiendo al país en un centro de acopio y distribución de drogas.

Guatemala, conoce ahora un nuevo Auto de fe, en procesión se mira morir como único destino. Quizás, entonces, solo entonces… se encuentre.

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