Aumento de precios: la oligarquía argentina se amotina contra un gobierno que defiende la voluntad popular

Por Julio Fernández Baraibar (*), especial para Causa Popular.- Sabido es que el verdadero artífice y estratega del sangriento golpe de estado de marzo de 1976 fue José Alfredo Martínez de Hoz, un oligarca relamido cuya prosapia delictiva se remonta al siglo XVIII. Curiosamente, mientras sus sicarios uniformados, ya valetudinarios, están encerrados en arrestos domiciliarios o en salas de terapia intensiva, este liquidador de la vida y los bienes de la comunidad argentina pasea su indigna humanidad por la calle Florida, todas estas soleadas mañanas de la primavera porteña. Ese “discreto encanto de la oligarquía”, ese dulce sentimiento de ser, en última instancia, los dueños del país y su gente, esa agradable sensación que da el pensar “a nosotros no nos pueden hacer nada” es lo que explica que este criminal se vuelva invisible a los ojos de compatriotas que se encolerizan con un comisario suburbano o se levantan de la mesa de un restaurante al aparecer el asesino Astiz, valiente frente a monjas y cobarde frente a los ingleses.

Y son esas espirituales razones, asentadas sobre el monopolio de las tierras más feraces del planeta, sobre la prodigiosa concentración de la propiedad agropecuaria experimentada en la Argentina durante los años 90 y sobre el control parasitario y rentístico que ejercen sobre toda la estructura económica nacional, las que han puesto a la oligarquía argentina nuevamente en pie de guerra contra un gobierno que intenta revertir los últimos treinta años de privilegio y saqueo.

El desatinado aumento del precio de la carne, las provocativas declaraciones de los dirigentes de la CRA, de CARBAP y de la Sociedad Rural, las amenazas de realizar un boicot dejando de enviar ganado para el consumo son los prolegómenos del alzamiento que esta clase miserable está organizando contra el gobierno de Néstor Kirchner.

Inmutables a cualquier incentivo económico tendiente a aumentar la productividad agraria, la oligarquía ganadera -verdadero núcleo de los sectores enemigos del país y de su pueblo- pretende que los argentinos paguemos la carne al precio internacional, hoy en aumento por distintas razones coyunturales, como si el asado o la milanesa fuesen un producto de importación.

Mienten cuando rechazan las retenciones o cuando reclaman su inocencia como formadores de precio. Chantajean al gobierno y al resto de los argentinos cuando se niegan a acordar los precios y amenazan con el paro agrario.

La justicia de las retenciones

Las retenciones a las exportaciones cárnicas son la consecuencia directa de una medida gubernamental: el establecimiento del precio del dólar en $2,95-3. El economista cordobés Salvador Treber dejó claramente establecido, en un oportuno artículo aparecido en la Voz del Interior, que si el gobierno permitiera una paridad en el “precio de equilibrio”, la cotización del dólar estaría alrededor de $ 2,15.

Estos 80 centavos de más que el sector agropecuario recibe por sus exportaciones no es el resultado de un aumento de la productividad o una baja en sus costos, sino de una decisión política del Estado que mantiene un precio alto del dólar, comprando en dos años algo así como 11.500 millones de dólares.

Pero la gavilla de parásitos improductivos considera que son de ellos y que esa retención (de un porcentaje variable que va del 23,5 en el caso de la soja al 15 en el caso de la carne) perjudica su rentabilidad y el “desaliento cunde en las sacrificadas filas de los productores agrarios”.

Si el argumento del desaliento fuese cierto, los productores agrarios argentinos deberían figurar en el libro Guinness como récord en la materia: hace más de cincuenta años que viven desalentados, mientras invierten en lujosas propiedades en Punta del Este, Pinamar o Cariló, en suntuosas e importadas 4×4 o en la Bolsa de Nueva York.

Ocultan, como trapaceros y ventajistas que son, que esa retención, en el caso de la soja, le sigue dejando un mayor ingreso de 13,8% que no es producto ni de su capacidad inversora, su pericia planificadora o su preocupación por el aumento constante de la productividad.

Los argentinos sabemos claramente lo las palabras “paro agrario” significan. Vivimos sus efectos en 1976, contra el gobierno de Isabel Perón, y fueron el inicio del golpe militar procesista.

La vieja y nunca enterrada oligarquía pampeana se ha amotinado contra el gobierno. Es un deber denunciarla y es una tarea pendiente hacerla desaparecer como clase social.

Esas tierras y su producción pertenecen al conjunto del pueblo argentino y deben servir para el interés del conjunto de la nación.

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(*)Julio Fernández Baraibar

– Secretario de Acción Política de Patria y Pueblo y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos

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