Ya no es una novedad que Bolivia está transitando por un camino de definiciones decisivas para el futuro de su pueblo. El epicentro de este proceso es la nueva Asamblea Constituyente que, si las mayorías populares logran canalizar voluntad, podrían refundar a un país azotado por las peores desigualdades y paradójicamente con uno de los subsuelos más ricos del continente. En medio de esa tensión gobierna Evo Morales, quien esta semana denunció que las trasnacionales energéticas habían destinado 11 millones de dólares para controlar a los constituyentes y así frenar las reformas que consideran afectará sus intereses.
«Quienes dicen que la nueva Carta Magna se defina por dos tercios quieren empantanar la Constituyente, ni los enemigos neoliberales ni nosotros tenemos dos tercios, pero sí tenemos mayoría absoluta», dijo Evo. Y a su lado, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró en Santa Cruz que el MAS no permitirá que «las minorías intolerantes» impongan los dos tercios de votos para la aprobación del reglamento de debates y los artículos de la futura Constitución.
La acusación fue dirigida a «sectores internos y externos» de buscar el fracaso del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y advirtió que el gobierno persistirá en ese objetivo.
Mientras tanto, la nacionalización del gas y petróleo en el país parece no mostrar signos de progresos en el preciso momento en que se comienzan a implementar las medidas que el gobierno de Evo anunció apenas asumió el gobierno. Los primeros reconocimientos oficiales partieron del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, en una interpelación realizada días atrás en el Senado.
El ministro dijo que la empresa estatal de petróleo no controla la cadena productiva hidrocarburífera, como estaba previsto en el proceso de nacionalización. También reconoció que Petrobras no paga 32 por ciento adicional por los campos que tiene en su poder, nacionalizados el 1 de mayo pasado.
La firma estatal brasileña insistió en que no pagará más de 4 dólares por millar de pies cúbicos de gas natural.
Del otro lado del problema, en Río de Janeiro, el director de Gas y Energía de Petrobras, Ildo Sauer, sostuvo que «la novedad en lo que se refiere a Bolivia es que no hay novedad».
Pero lo cierto y más allá de que existan muchos entusiasmos en que los planes del gobierno de Evo fracasen, el proceso de nacionalización atraviesa una etapa de acusaciones cruzadas y por ahora sólo eso. Las denuncias surgieron a fines del mes pasado, cuando la Superintendencia de Hidrocarburos emitió un informe en el que acusó al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Jorge Alvarado de vender petróleo a una empresa brasileña a un precio menor que el ofrecido a otras compañías.
En la misma operación, Alvarado fue acusado de importar diesel al país a un precio mayor al internacional.
Como si esto fuera poco, el opositor partido Unidad Nacional denunció que el principal asesor de YPFB tiene nexos con la empresa que resultó ganadora de una de las licitaciones para efectuar las tareas de auditoría de los campos de gas Colpa y Carandá, por un monto de 310 mil dólares. El estudio de abogados Mostajo Sociedad Civil constituyó supuestamente una empresa «fantasma», llamada Consult System, con el objetivo de adjudicarse el contrato con YPFB, teniendo como socio a Manuel Morales Dávila, dirigente del MAS. El asesor principal de YPFB es un hijo del dirigente, Manuel Morales Olivera.
«Tenemos un caso típico y clásico de colisión de intereses», dijo el diputado opositor Peter Maldonado, de Unión Nacional, en declaraciones a la prensa boliviana, pero Morales Olivera negó ser socio de la empresa Mostajo y dijo que su padre «solamente hizo unas consultorías generales» para esa compañía. «Por lo tanto no existe conflicto de intereses alguno. Soy una persona independiente, sin nexos con esa empresa y menos con Consult System».
Por su parte el representante de esta empresa rechazó tener alguna relación con Mostajo Sociedad Civil y aunque advirtió que no son una empresa fantasma de nadie, las acusaciones ocurren justo cuando la Asamblea Constituyente se apresta para definir el futuro de los hidrocarburos.
Una asamblea de interrogantes
La Asamblea Constituyente, que busca redactar una nueva Constitución, instaló el martes 15 sus sesiones en medio de un debate por la controversia que protagonizan el oficialismo y la oposición por el mecanismo para aprobar el nuevo articulado de la Carta Magna.
Mientras tanto, el partido gobernante en Bolivia busca alianzas para que la Asamblea Constituyente funcione con el voto de mayorías simples, mientras la oposición derechista trata de imponer los dos tercios para frenar al oficialismo.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera el presidente Evo Morales, mantiene conversaciones con el partido de centroderecha Unidad Nacional (UN) y el derechista pero fracturado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), «para conseguir que en la Constituyente se tomen decisiones por mayoría simple», comentó el diario paceño La Prensa.
Los otros partidos, entre ellos la alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), la principal fuerza de oposición, anuncian diferentes medidas que van desde el abandono del foro, la guerra interna o las denuncias internacionales para bloquear la «aplanadora» del MAS, como denominan a la posibilidad de que se imponga un reglamento con mayoría simple.
Sobre un total de 255 asambleístas, el MAS obtuvo 137 en las elecciones del 2 de julio y sumó algunos aliados más, lo que le permitió decir a Morales el fin de semana que ya cuenta con 142 bancas, lo que aún está muy lejos de las 170 que configuran los dos tercios del cuerpo.
Podemos llegó a amenazar con retirarse de la Asamblea Constituyente de Bolivia si el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) impone la mayoría simple para funcionar, actitud no compartida por otras fuerzas de oposición al presidente Evo Morales.
El senador del Podemos, Oscar Ortiz, afirmó que es un hecho y «no amenaza» el anuncio de que sus asambleístas y de algunas regiones se retirarán de la Constituyente si la directiva del cuerpo logra la aprobación de las decisiones por simple mayoría y no por los dos tercios, como reclama la minoría opositora.
«Tenemos un acuerdo, firmado y ratificado por una ley, en la que la cantidad necesaria de votos es de dos tercios, no de simple mayoría, y eso debe ser cumplido», dijo el senador Ortiz, citado por la agencia italiana ANSA, 24 horas después del comienzo de las sesiones de la Asamblea.
La misma posición asumieron los representantes de otras fuerzas «pequeñas», como el ex presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, quien aseguró que si el oficialismo impone su criterio se harán campañas nacionales e internacionales para evitar que se vicie de nulidad la Constituyente.
Morales declaró que propone a los asambleístas aprobar todos los artículos por mayoría simple de votos y que la redacción final del nuevo texto constitucional sea aprobada por dos tercios.
«Para evitar dilaciones y para hacer que el trabajo sea más efectivo es que se debe usar la mayoría simple», dijo el mandatario, lo que fue rechazado por Podemos.
Sin embargo, el máximo representante de la oposición del centroderechista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y otros líderes del fracturado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), criticaron la postura de Podemos, el partido del ex presidente Jorge Quiroga. Doria Medina, opinó que «hay decisiones estructurales que tienen que ser (tomadas) por dos tercios, pero para cuestiones operativas puede ser sólo mayoría».
Los ocho representantes de UN trabajan en una propuesta que separa los temas que deberán ser aprobados por este método y los que deberán considerarse por mayoría simple. Pese a las conversaciones con el oficialismo y a la diferenciación respecto al derechista Podemos, Doria Medina sostuvo que si los masistas quieren imponer la mayoría del 50 más uno para definir todo, «habrá que pelear».
El vicepresidente Álvaro García Linera contestó desde Santa Cruz que el MAS no permitirá que «las minorías intolerantes» impongan los dos tercios de votos para la aprobación del reglamento de debates y los artículos de la futura Constitución. Raúl Prada, constituyente del MAS, dijo que por «sentido común» se entiende que ningún proceso constituyente podría avanzar si cada paso tuviese que definirse por dos tercios de votos. «Sólo la redacción (final) del texto constitucional se puede definir
así», señaló.
Otro masista, Marco Carrillo, explicó que «haber elegido a la Comisión Ad Hoc (primer órgano de conducción de la Constituyente) y a la Directiva (definitiva) por mayoría simple son antecedentes que muestran la viabilidad de este método».
Prada además añadió que los representantes del oficialismo «conversamos con constituyentes de UN y del MNR que están de acuerdo con que se utilicen dos tercios en algunas cosas y mayoría absoluta en otras».
Los miembros de Podemos anunciaron que no negociarán la propuesta del MAS porque, según señaló el constituyente de ese frente Carlos Alberto Goytia, «la Constitución y la ley de Convocatoria a este proceso establecen que el texto constitucional debe aprobarse por dos tercios».
Su compañero Gamal Serham dijo que «si esa propuesta (del MAS) se acepta, la totalidad de los constituyentes de Podemos nos retiraremos de la Asamblea, porque no tiene sentido legitimar una acción absolutista».
La misma posición asumieron los representantes de otras fuerzas «pequeñas», como el ex presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, quien aseguró que si los masistas imponen su criterio se harán campañas nacionales e internacionales para evitar que se vicie de nulidad la Constituyente.
«Incluso se podría hacer campaña para que en el referendo (que debe aprobar la Constitución) se vote por el No si el texto llega sin el debido consenso», señaló Vaca Díez, uno de los principales aliados del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, obligado a renunciar por la rebelión popular de octubre de 2003.
El MAS busca solucionar este bloqueo al funcionamiento de la Constituyente, que comenzó a sesionar en Sucre, capital legal de Bolivia, declarándola «originaria» y, por lo tanto, no dependiente de la actual Constitución ni de la ley de Convocatoria, que exige los dos tercios para tomar decisiones.
La conformación de la Comisión Ad Hoc que comenzó a organizar el funcionamiento de esta estratégica Asamblea fue elegida con una mayoría simple, igual que la directiva definitiva de este foro, antecedentes que el oficialismo quiere extender a la aprobación de los artículos de la futura Constitución.
«Al ser la Asamblea Constituyente originaria no depende de ningún orden jurídico previo, es decir no depende ni recibe su validez de la actual Constitución», dijo Héctor Arce, viceministro de Coordinación Gubernamental, citado por la agencia Bolpress.
