El presidente se pasea por distintos puntos de la Argentina. En Mar del Plata se subió a un escenario, cantó un tema de las Ratones Paranoicos y se reconcilió en vivo con su exnovia, la actriz Fátima Flores. Mientras tanto, sus funcionarios aceleran las negociaciones para el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional que arranca este lunes 2 de febrero.
Es posible que se trate de una estrategia planificada. Javier Milei genera hechos faranduleros para distraer la atención mientras por lo bajo el resto del gobierno prepara un zarpazo inédito sobre los derechos de los trabajadores. Al igual que con el resto de las leyes que impulsó desde que asumió en diciembre de 2023, Milei pretende retrotraer a la sociedad argentina a su fase preperonista.
El paquete de leyes enviado por la Casa Rosada al Congreso tiene varios temas estratégicos. El fundamental para el gobierno nacional es la reforma laboral. Es central para mantener la buena sintonía con los “mercados”, los especuladores financieros en cuya confianza se basa el único éxito de la gestión Milei, la estabilidad monetaria y su efecto en una relativa mejora de la inflación. Esa estabilidad tambaleó antes de las elecciones legislativas del año pasado y no terminó en un crash por la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos. Es una estabilidad muy frágil. No está basada en un proceso económico virtuoso que multiplicó las exportaciones o las inversiones.
El proyecto de reforma —o precarización— laboral que el oficialismo envió a fin del año pasado al Senado apunta, a grandes rasgos, a reducir el costo por despidos. También a debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores, haciendo prevalecer los acuerdos por empresa por encima de los que se hagan por rama. Debilita a los sindicatos restándoles el financiamiento de la cuota solidaria y deroga convenios especiales como el de Prensa, entre otras cosas.
Patricia Bullrich, en su rol de flamante jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, olfateó que no iba a ser fácil que el proyecto saliera en diciembre pasado, a pesar del respaldo que el presidente había conseguido en las urnas. Así que todo se pospuso para febrero.
La semana pasada, el ministro de Interior, Diego Santilli, y la propia Bullrich estuvieron al frente de las negociaciones. Fue un juego de pinzas orquestado sobre varios dirigentes que han ayudado a darle gobernabilidad al mileísmo.
El ministro de Interior se reunió con los gobernadores peronistas Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). En el encuentro los mandatarios plantearon su preocupación por la reducción en el Impuesto a las Ganancias. La reforma laboral mileísta es un campo minado plagado de sorpresas explosivas. Entre ellas hay una reforma tributaria encubierta que reduce este impuesto para las empresas, no a los trabajadores. Ganancias y el IVA son de los pocos impuestos que cobra la Nación y se distribuyen de manera automática a las provincias. Una caída en la recaudación de ese tributo va a debilitar todavía más las castigadas cuentas provinciales. Respecto de la reforma de las leyes laborales, los gobernadores se mostraron dispuestos a respaldarlas.
Un día antes, Bullrich se había reunido en el Senado con los senadores Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, y Luis Juez, que forma parte del interbloque de La Libertad Avanza. En el encuentro estuvieron además siete senadores de otras fuerzas. La mayoría responden a los oficialismos de sus terruños. Estaban el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la santacruceña Natalia Gadano y el correntino Carlos “Camau” Espínola.
La información sobre lo que se conversó en ese cónclave es limitada. Desde el oficialismo dejaron trascender que Bullrich llevará las sugerencias que hicieron estos senadores al presidente. De todos modos, en la bancada de LLA confían en que tienen más de 37 votos para sacar adelante en el Senado la reforma que reducirá los derechos de los trabajadores. El debate sería el miércoles 11 de febrero.
La confianza del oficialismo se sustenta en las señales políticas que recibe de los dadores de gobernabilidad. Sin embargo, hay un elemento que parece escaparse del radar libertario. En los últimos días hubo una catarata de reacciones del movimiento obrero organizado, como un oso que despierta del invierno y comienza a moverse. Más de medio centenar de gremios alineados en diversas centrales, la CGT y las dos CTA, anunciaron un frente común para rechazar la precarización laboral. Están los metalúrgicos, aceiteros, los estatales de ATE, entre otros. No se trata de hacer un poroteo sobre el peso numérico de estos sindicatos sino del dato político. El secretario general de la CGT, Jorge Sola (Seguros), reiteró que su rechazo a la reforma es “total”. Cerró, en principio, cualquier posibilidad de negociación.
Lo novedoso de las reacciones no es su intensidad sino su extensión. Hace muchos años que no se veía una reacción tan generalizada del movimiento sindical. Argentina tiene, por lejos, el sindicalismo más potente de toda Hispanoamérica. Por eso es que el objetivo fundamental de la reforma es debilitar a la organización gremial.
La derecha local mira siempre el antecedente de la disputa que Margaret Thatcher tuvo con los sindicatos mineros en Inglaterra entre 1984 y 1985. El Sindicato Nacional de Mineros había decidido una medida de fuerza contra la decisión del gobierno conservador de cerrar las minas en manos del Estado, echar a 20 mil trabajadores y privatizar otras. El conflicto duró casi un año. Finalmente, la huelga se quebró.
La lección que el manual de la derecha extrae de esa experiencia es que hay una prolongación en el tiempo del conflicto que debilita a los trabajadores. Como toda hoja de ruta teórica, basarse en esta experiencia corre el riesgo de la falta de contexto y realismo político. La reforma laboral puede implicar para Milei lo que para Mauricio Macri fue la reforma jubilatoria. Se trató del punto de inflexión del gobierno de Cambiemos. Macri también venía de ganar una elección de medio término con holgura y todo el sistema político creía que tenía la reelección garantizada. Se sabe que no fue así.
El resto de la agenda de las Extraordinarias tiene asuntos estratégicos: la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la reforma de la Ley Penal Juvenil. Son temas claves que por distintos motivos tendrán un debate que se estirará en el tiempo. La precarización laboral, en cambio, es el oxígeno que necesita Milei para seguir mostrándole a los especuladores que está logrando moldear la Argentina a su gusto.