Por Jorge L. Devincenzi, especial para Causa Popular.- Remedando a una pareja en crisis que asiste a una mediación o al psicólogo, el informe de la Corporación Financiera Internacional sobre el conflicto entre Argentina y Uruguay llegó a una conclusión sorprendente: sólo nos falta comunicación. Firmado por un señor Wayne Dwernychuk, quien fue presentado por el Banco Mundial como experto, el trabajo recorre todas las ambigüedades propias del lenguaje diplomático, de lo que podría concluirse que es un técnico especializado en divagaciones. Esto sirvió para que las cancillerías de ambos países lo presentaran como un triunfo propio. Todo podría resolverse felizmente si se define qué significa sustentable.
Hay un elemento crucial para entender el informe, cuyas conclusiones distan mucho de ser objetivas.
El Banco Mundial es el soporte ideológico de la reconversión productiva del Uruguay basada en la producción masiva de celulosa, una suerte de commodity de valor agregado superior a la tradicional producción de carnes.
Financió la compra de tierras y el cultivo de los eucaliptos que servirán como materia prima y los estudios de factibilidad para levantar las plantas. Desde hace 15 años, monitorea esta reconversión con la anuencia del poder tradicional del Uruguay.
Su organismo dependiente, la misma CFI que suscribió tal informe, será socio -minoritario, pero socio al fin- de las fábricas que se instalen a la vera del río Uruguay. El esquema, conocido, es idéntico al usado en la Argentina con los servicios públicos privatizados, por lo que la opinión del técnico Dwernychuk tiene el mismo valor que resultaría de elegir a una zorra para que clasifique las uvas.
Según la legislación internacional promovida por el propio Banco Mundial como herramienta del Nuevo Orden Internacional, se otorga un poder omnímodo al Comité Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (CIADI), otro de sus organismos dependientes, que arbitra entre estados y empresas mediante jueces designados por esas mismas empresas y con una legitimación basada en la “compensación pronta, adecuada y efectiva” de cualquier alteración provocada por el Estado huésped, que no resultara satisfactorio para el inversor privado.
Cualquier socio del proyecto, por minoritario que sea, puede presentarse ante ese tribunal arbitral exigiendo una indemnización si las fábricas no entran en producción, y generan ganancias, en los tiempos previstos.
Para Argentina, el reconocimiento explícito de que “faltaron datos” le da la razón. Uruguay cree todo lo contrario: como no se concluye que las plantas deban ser relocalizadas, el gobierno de Tabaré entiende que está habilitado para seguir adelante.
Se anticipa, por lo tanto, una dura contienda etimológica, de la que participarán no solo los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, sino los ambientalistas de Gualeguaychú, el gobernador Busti, el intendente Yrigoyen, los sectores del Frente Amplio que defienden la política oficial de Tabaré, los comunicadores y las propias oficinas de relaciones públicas de las empresas Ence y Botnia, entre otros comedidos.
El informe señala que “los comentarios sobre daños ambientales catastróficos carecen de sustento”, es decir, no son sustentables, y tampoco han superado la categoría de opiniones vertidas por legos, dando a entender que los especialistas están en otro lado, sobre todo en el propio Banco Mundial.
Pero tampoco parecen sustentables los propios proyectos, según la cancillería argentina, si es verdad que los créditos están frenados hasta que se cumpla lo que el informe aconseja: más comunicación.
Los términos catastrófico y sustentable constituirán el campo de batalla de los primeros encontronazos lingüísticos.
Con ser un tema complejo, sería preferible asistir a un espectáculo con payadores cultos de ambas orillas, a tener que ceñirse a un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, organismo dependiente de las ONU que reporta directamente al Consejo de Seguridad, donde lo que suceda está abierto a una amplia gama de alternativas, desde las amenazas al Irak de Saddam Hussein y el plan “Petróleo por Alimentos”, hasta las recomendaciones a Israel para que abandone territorios palestinos si se siente con voluntad para hacerlo.
Tanto Argentina como Uruguay han amenazado con recurrir a esa Corte Internacional que, bueno es recordarlo, se inició legitimando ex post facto los juicios de Nüremberg para los jerarcas nazis cuyos delitos inconmensurables no estaban previstos en ninguna legislación anterior y como consecuencia, terminó dando argumentos jurídicos a todos los actos de los Aliados, por injustificables que fueran.
Respecto a lo catastrófico, aunque el informe señala que el daño no llegará a tanto, tampoco lo califica como nulo, despreciable, mínimo, etc., y menos todavía como severo, muy severo o severísimo (una terminología que recuerda al Weather Channel con los huracanes del Caribe), por lo que los ambientalistas de Gualeguaychú pueden quedarse tranquilos: habrá contaminación, pero no será fatal ni apocalíptica.
En efecto, toda industria contamina, y para el Banco Mundial “carecen de fundamento los que sostienen que sólo es aceptable un proceso de blanqueo totalmente libre de cloro”, el más limpio de los conocidos. No es que carezcan de fundamento: harían inviable (no-sustentable) la inversión. Pero no se atrevieron a reconocerlo.
En este sentido, el candidato mediático Mauricio Macri, flanqueado por el divertido Horacio Rodríguez Larreta, defendió a las pasteras y no al interés de la Argentina cuando afirmó que la Comunidad Europea permite el sistema productivo adoptado por Botnia y Ence, luego de adelantar que en la Corte de La Haya perderíamos 2 a 0. Sujeto a lo que le soplan sus asesores publicitarios, olvidó mencionar que la Comunidad está abandonando progresivamente ese proceso de fabricación.
Lo sustentable es mucho más ambiguo, y anticipa un combate duro.
Para los vecinos de Gualeguaychú, los proyectos no son sustentables.
Lo son para Botnia, Ence y el gobierno uruguayo, no importa que la cancillería argentina haya sugerido que han dejado de serlo por el congelamiento temporario de algún tramo de los préstamos.
Al parecer, lo eran para el Banco Mundial hasta antes del informe, aunque no se sabe muy bien por qué.
Y volverán a serlo cuando las empresas se comuniquen con los piqueteros entrerrianos y en el lenguaje sintético, atractivo y divertido de la publicidad les expliquen que están equivocados.
Que todo es un monumental malentendido.
Que el olor a huevo podrido es una exageración de los habitantes de Pontevedra, quienes por la magia de la comunicación se habrán convertido en andaluces.
Que el caudal del río Uruguay puede soportar eso y mucho más.
Y que el turismo será beneficiado por continentes masivos de finlandeses con billeteras generosas, quienes visitarán estas lejanas tierras para apreciar (y hasta fotografiar) cómo se desarrolla un proyecto nacional y sustentable para ellos mismos aunque no tanto para uruguayos y entrerrianos.
Es posible imaginar un número telefónico 0-800 gratuito, blogs de quejas, propaganda televisiva y gráfica, publicidad institucional en la que Botnia y Ence auspiciarán obras caritativas, y otros mecanismos conocidos del marketing, el que ahora mismo están utilizando los laboratorios encargados de producir la vacuna humana contra la gripe aviar.
Claro que estos gastos extras, agregados al costo primitivo, deberán ser sufragados por alguien, y ese alguien será el pueblo uruguayo, a través de esa cuenta que su Banco Central titula sin eufemismos “deuda externa”.
Siempre que no se encuentre algún grado de culpabilidad en la Argentina, por ejemplo, por haber paralizado temporalmente la libre construcción de las plantas (léase, “no haber reprimido a tiempo a los vecinos entrerrianos) o causado daños irreparables a la industria turística oriental.
Lo sustentable es un término que nos cae bien a todos, y suena bastante parecido a sostenible.
Si todo proyecto productivo debe ser sustentable, también deberán serlo el matrimonio, los precios de la carne, la educación, la salud, la política en general, y cualquier otra cosa que merezca distintas miradas ancladas en ningún lado.
En su artículo 48, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, considerada entre las más progresistas del país, promueve el desarrollo sustentable.
Al adelantar sus pagos al FMI, distintos países entre los que se encuentra la Argentina y Brasil, lograron, muy a su pesar, que “las finanzas de ese organismo dejaran de ser sustentables”, lo que podría provocar el despido de 2.600 empleados y secretarias ejecutivas con ingresos muy sustentables de entre 11.000 y 60.000 dólares mensuales, con lo que sus existencias privilegiadas, y eventualmente sus matrimonios, dejarían de serlo.
La ambigüedad se desparrama por toda la realidad.
En el amplio mundo de los defensores de la perspectiva de género -que recorre universidades, ong’s, y estructuras de gobierno- todo escrito, con notoria arbitrariedad, debe incluir una letra arroba @ en reemplazo de la infamante vocal que denote una pertenencia sexual percibida como discriminatoria.
¿Son significantes, tiene algún significado preciso escribir niñ@s, alumn@s, chic@s, l@s, etc.? ¿Cómo pronunciarlas?
Siendo hoy el sexo un aspecto al parecer elegible, el género (de genus = el mismo origen) puede servir para crear un lenguaje suficientemente eufemístico donde todos, o ninguno, estemos incluidos. De paso, abolimos la gramática, reemplazada por la corrección automática de Windows.
Sustentable suele ser sinónimo de “factible”.
Antes de autorizar un proyecto productivo se realizan estudios de pre-factibilidad y factibilidad, de los que se encargan consultoras privadas armadas ad hoc o especializadas en esos temas. Esos estudios abarcan cuestiones técnicas como los suelos donde se construirán las plantas, la electricidad que su usará, el costo del transporte, etc. Cuando esos números dan, las empresas consideran que el proyecto es sustentable.
El Banco Mundial tiene una metodología pública y estricta para sus estudios de factibilidad: “Un análisis social bien realizado -determinan sus expertos- favorece el desarrollo sustentable al poner de manifiesto los sistemas sociales que pueden gravitar en el éxito de un proyecto y contribuir al diseño de la estrategia de desarrollo social de este último.
Con el objeto de asegurar que el análisis social brinde un cuadro cabal de dichos sistemas, los científicos sociales del Banco organizan su labor utilizando cinco dimensiones:
– a) Diversidad social y género,
– b) Instituciones, reglas y conductas,
– c) Actores sociales,
– d) Participación y
– e) Riesgo Social.
Según las circunstancias y el contexto de un proyecto determinado, el alcance de estas dimensiones pueden tener mayor preponderancia que otros” (ver www.worldbank.org).
De lo que se puede concluir que, si los analistas del Banco Mundial son gente seria y responsable, para los proyectos Botnia y Ence se tomaron en cuenta esas cinco dimensiones, aunque se desconoce cómo se ponderó cada una.
Por ejemplo, si se consideró prioritario que al instalarse en la lejana Sudamérica, las pasteras hicieran más sustentables los ecosistemas finlandés y español. O si se consideraron seriamente los daños al medio ambiente del río Uruguay, existiendo la posibilidad de que ni siquiera se los haya tenido en cuenta.
Tampoco se sabe cómo se ponderó la incidencia del costo de transporte de los árboles aserrados que servirían como materia prima para fabricar pasta celulósica frente a otros costos como los de las plantas de depuración y saneamiento o el propio sistema productivo, con o sin cloro. Ni si existía una legislación restrictiva en el plano ambiental pero muy permisiva en lo laboral.
El Banco Mundial (cuyo programa Development Marketplace otorga suculentos premios a las propuestas e innovaciones sostenibles, y en los que la “comunicación”, el “consenso” y la “educación ambiental” son áreas destacadas para su evaluación) ha cargado de fuertes atributos su concepto de sustentable.
En la reunión empresaria denominada “Uruguay en el marco regional – La coyuntura y los cambios necesarios para un crecimiento sustentable” (noviembre 2006, Montevideo) los técnicos del Banco y de la consultora multinacional Price Waterhouse han llegado a las siguientes conclusiones:
“Promover y generar un ambiente positivo para las inversiones. La necesidad de que los países sean proactivos y emprendan acciones si desean obtener resultados, reducir la pobreza, captar inversiones del extranjero, la competitividad, las políticas macroeconómicas, las inversiones necesarias, la reforma del Estado. El tiempo que lleva en Uruguay comenzar un negocio, contratar o despedir trabajadores, obtener un crédito, hacer cumplir los contratos, registrar una propiedad o proteger a los inversores”.
Todas ellas serían cualidades del desarrollo sustentable (ver www.worldbank.org), o si no lo son, esos aspectos atrajeron la atención de los empresarios y técnicos del Banco Mundial reunidos para definir qué significa un crecimiento sustentable para ese país.
Es fácil concluir que el concepto de sustentabilidad del Banco Mundial y las empresas que han elegido a los países sudamericanos para sus estrategias de trasladar industrias contaminantes y agotar los recursos naturales, difiere marcadamente del que tienen, por ejemplo, los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, para quienes el mismo término equivale a seguir desarrollando el turismo, las industrias de la zona, vivir en una atmósfera respirable y consumir las aguas potabilizadas del río Uruguay sin riesgo de enfermedad.
En este contexto, y a riesgo de ser tenidos como aguafiestas, está en juego un concepto no menos impreciso: la calidad de vida, que junto con la sustentabilidad, parecen ser generalidades de las sociedades de consenso. Para las empresas extranjeras y en Banco Mundial, sin embargo, hay un objetivo muy concreto: defender las inversiones, y eso no es nada eufemístico.
